Análisis, contexto, resumen y propuestas para la Conferencia de Santa Marta

Contenido

1. Análisis de contexto y oportunidades de la Conferencia de Santa Marta 1

2. Contribuciones para los “3 pilares”. 2

3. Resumen y análisis del documento de los “3 Pilares”, propuesta de Colombia y Holanda 3

4. Conclusiones 8

  1. Análisis de contexto y oportunidades de la Conferencia de Santa Marta

La Conferencia Internacional sobre la Transición Justa Lejos de los Combustibles Fósiles (Santa Marta, 24-29 abril 2026), está coorganizada por Colombia y Países Bajos, constituye la primera cumbre gubernamental dedicada exclusivamente a la fase-out (salida gradual) de los combustibles fósiles. Surge en un momento estratégico: la COP30 de Belém (2025) terminó sin incluir ninguna mención a los fósiles en su texto final, a pesar del impulso de más de 80 países. Esto convierte a Santa Marta en un espacio de “coalición de ambiciosos” (no de consenso universal como en la CMNUCC), diseñado para generar avances concretos entre países dispuestos a avanzar más allá de los bloqueos tradicionales. 

Contexto geopolítico actual

  • Participan 46 países confirmados, incluyendo productores medianos como Canadá, Australia, Brasil y Noruega, y 24 países que ya firmaron la Declaración de Belém.
  • Europa juega un rol activo y constructivo (Países Bajos como coanfitrión), y las islas y países vulnerables (Tuvalu, Vanuatu, Fiji, Islas Marshall, etc.) son de los más ambiciosos por su supervivencia directa frente al cambio climático.
  • En América Latina y el Caribe destacan como aliados fuertes Colombia (anfitrión), Chile, Costa Rica, Panamá, México, Brasil y Uruguay.

Probabilidad de éxito

  • Alta: Existe una elevada probabilidad de alcanzar un acuerdo político significativo entre los países participantes, que incluya una declaración fuerte, coaliciones temáticas y propuestas operativas sobre caminos legales, económicos y sociales.
  • Baja a nivel global y vinculante en el corto-mediano plazo, debido a la ausencia deliberada de los mayores productores y consumidores mundiales de petróleo.

Posiciones de los países Alta probabilidad de apoyar

  • Países confirmados (45-46): Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Camerún, Canadá, Dinamarca, España, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Irlanda, Islas Marshall, Italia, Jamaica, Luxemburgo, Maldivas, Mauricio, México, Países Bajos, Noruega, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sierra Leona, Suecia, Suiza, Tanzania, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Vietnam.
  • Islas y países vulnerables (muy activos): Tuvalu, Vanuatu, Palau, Islas Marshall, Fiji, Micronesia.
  • América Latina y Caribe (fuertes aliados): Colombia (anfitrión), Chile, Costa Rica, Panamá, México, Brasil, Uruguay.

Alta probabilidad de oponerse o no participar

  • Principales petrostates ausentes: Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, China, Irán, Iraq, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Venezuela, Nigeria.
  • Países con alta dependencia fiscal: Bolivia, Turkmenistán, Azerbaiyán, Ecuador.

Bloqueadores históricos más fuertes (controlan más del 56 % de la producción mundial de petróleo 2025):

Bloqueadores históricos más fuertesRazones principalesParticipación en la oferta mundial de petróleo (2025)
Estados UnidosMayor productor mundial, fuerte lobby fósil16.08 %
RusiaSocio clave de OPEP+11.69 %
Arabia SauditaLíder de la OPEP, veto sistemático en COPs11.26 %
IránBloqueo consistente4.96 %
Emiratos Árabes UnidosBloquea ambición climática4.52 %
IraqAlta dependencia fiscal5.20 %
KuwaitMiembro OPEP histórico3.05 %
TOTAL56.77 %

Oportunidades estratégicas Santa Marta ofrece una ventana única para posicionar una visión plurinacional de la transición: una que fortalezca simultáneamente la soberanía nacional y la autonomía indígena, integre las economías para la vida y proteja efectivamente territorios con PIACI y áreas protegidas. Al ser una coalición de ambiciosos y no una negociación de 197 países, es un espacio propicio para introducir propuestas territoriales ambiciosas que, de otro modo, serían bloqueadas en la CMNUCC.

  1. Contribuciones para los “3 pilares”.

En general se comparte el diagnóstico estructural y las prioridades estratégicas de los 3 Pilares Temáticos, que representan un avance significativo para orientar la transición de manera ordenada y justa. Para enriquecer esta visión y asegurar que la transición responda también a las realidades de los territorios amazónicos, se sugiere los siguientes complementos:

  • En el Pilar 1: Vincular la ampliación del espacio fiscal y la reestructuración de la deuda externa con sus impactos directos sobre los pueblos indígenas y las áreas protegidas. La reconversión económica debe anclarse prioritariamente en las economías para la vida (reproducción comunitaria, cuidado, reciprocidad y vínculo con la selva), además de los modelos productivos alternos.
  • En el Pilar 2: Incorporar la prohibición expresa y permanente de hidrocarburos y gran minería en territorios con Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) y en áreas protegidas, como expresión concreta de soberanía plurinacional.
  • En el Pilar 3:
  • Exigir que la cooperación internacional incluya mecanismos de acceso directo al financiamiento climático con gobernanza indígena real y efectiva.
  • Promover el reconocimiento de la deuda ecológica como fundamento legítimo de una cooperación más equitativa entre Norte y Sur.
  • Garantizar la participación directa y vinculante de organizaciones indígenas y plataformas amazónicas en las coaliciones de pioneros y en la definición de las reglas de la diplomacia climática.
  • Asegurar que cualquier instrumento o acuerdo internacional respete y fortalezca la protección efectiva de territorios con PIACI y los Derechos de la Naturaleza, evitando nuevas formas de intermediación o condicionalidades que limiten la soberanía nacional y la autonomía territorial.
  1. Resumen y análisis del documento de los “3 Pilares”, propuesta de Colombia y Holanda 

Los 3 Pilares Temáticos constituyen el documento marco principal y el insumo conceptual central de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, elaborado conjuntamente por los gobiernos de Colombia y Países Bajos. Este documento estructura toda la agenda de la conferencia alrededor de tres ejes estratégicos: superar la dependencia económica de los combustibles fósiles, transformar la oferta y la demanda, y avanzar en la cooperación internacional y la diplomacia climática. Aunque existen otros insumos preparatorios (encuentros regionales, aportes de sociedad civil, pueblos indígenas y documentos de background), los 3 Pilares tienen la máxima prioridad como guía oficial de discusión y base para las propuestas y eventuales acuerdos de la cumbre.

PILAR TEMÁTICO 1: Superar la dependencia económica de los combustibles fósiles 

La dependencia de los combustibles fósiles (FF) es un “cerrojo macroeconómico” para muchos países.

  • Casi el 78 % de las reservas mundiales de FF están en el Sur Global; al menos 38 países en desarrollo son exportadores netos.
  • Riesgos diferenciados:
    • Transición retrasada → mayores impactos físicos del clima (muchos países ya muy expuestos).
    • Transición rápida → pérdidas agudas y potencialmente permanentes de ingresos fiscales, exportaciones, empleo y balanza de pagos.
  • Importadores netos también son vulnerables (shocks de precios y suministro).

1. Dependencia fiscal

  • Exposición fiscal + altos niveles de deuda amenazan el apoyo político a la transición.
  • Países en desarrollo reciben solo 3 % de la inversión mundial en transición energética (excluyendo China y G20 en desarrollo).
  • Se necesitan 1,7 billones USD anuales para descarbonización en el Sur Global.
  • La mayor parte del financiamiento llega como deuda (solo 1 % en donaciones), (promedio 30 % del PIB; 44 % en América Latina y 47 % en África subsahariana).
  • Muy importante: Se requiere ampliar el espacio fiscal, reducir el costo del capital y alinear las finanzas internacionales con las realidades de economías endeudadas.
  • La dependencia fiscal está entrelazada con problemas estructurales: alto endeudamiento, ingresos tributarios limitados, desigualdad y dependencia persistente.
  • Las reformas de precios (eliminación de subsidios y fijación de precio al carbono) deben proteger a los hogares vulnerables y mantener la confianza pública.

2. Reconversión económica y laboral

  • Oportunidad: la expansión de energías renovables ofrece crecimiento económico real en países que también son ricos en potencial verde y minerales críticos.
  • Riesgo: sustituir ingresos de FF por nuevo extractivismo (minerales críticos, trasnporte de gas, mega-infraestructuras) que, con gobernanza débil, reproduce despojo, daño ambiental y desigualdad.
  • Principios de la ONU sobre minerales de transición: la expansión debe ir acompañada de salvaguardias (derechos, participación, transparencia, distribución de beneficios, límites ambientales).
  • Transición justa = ir más allá de modelos extractivos hacia estrategias diversificadas y territoriales:
    • Campesinado y agricultura a pequeña escala.
    • Bioeconomías.
    • Industrialización cooperativa.
    • Turismo arraigado en patrimonio natural y cultural.
    • Modelos productivos locales y comunitarios.
  • Estos sectores generan empleo, resiliencia y distribución más equitativa de beneficios, especialmente en regiones históricamente dependientes de FF.

3. Responsabilidades y compromisos compartidos

  • Se necesitan responsabilidades compartidas pero diferenciadas a nivel internacional.
  • Cooperación entre divisiones: exportador-importador / productor-consumidor / desarrollado-en desarrollo.
  • Reorientar políticas globales de finanzas, comercio e industriales hacia los objetivos de la transición.
  • Todos los países deben comprometerse a:
    • Evitar nuevas formas de extractivismo.
    • Mantener salvaguardias, trazabilidad, participación significativa y transparencia fiscal.
  • Objetivo final: estabilizar condiciones macroeconómicas, reducir dependencia estructural y garantizar beneficios equitativos, medios de vida sostenibles y justicia territorial.

PILAR TEMÁTICO 2: Transformar la oferta y la demanda

  • Según la AIE, para lograr cero emisiones netas a mediados de siglo la demanda mundial debe disminuir drásticamente:
    • Carbón: ↓ 90 %
    • Petróleo: ↓ 75 %
    • Gas natural: ↓ 55 %

1. Demanda

1.1 Sustitución de combustibles

  • Es la forma más directa de reducir emisiones.
  • La expansión de energía limpia debe desplazar (no solo complementar) el uso de combustibles fósiles.
  • Electricidad: sustituir sistemáticamente carbón y gas por renovables.
  • Transporte: acelerar electrificación (vehículos eléctricos: 60 % ventas en 2030 → 90% en 2050).

1.2 Seguridad y soberanía energética

  • El gas ya no puede justificarse como “combustible de transición”.
  • Verdadera soberanía = eficiencia + electrificación + energía limpia local.
  • Reduce dependencia de mercados volátiles y shocks geopolíticos.

1.3 Cerrar los motores de nueva demanda

  • Sin medidas adicionales, la demanda de fósiles seguiría creciendo pese a avances en energía y transporte.
  • Principal impulsor futuro: sector petroquímico
    • ⅓ del crecimiento de la demanda de petróleo hasta 2030
    • Casi ½ hasta 2050
  • Acción necesaria: cerrar activamente nuevas fuentes de demanda.

1.4 Acceso a la energía

  • La transición debe promover acceso universal a energía asequible, fiable y limpia.
  • Soluciones más baratas: sistemas solares domésticos, mini-redes y electrodomésticos eficientes (especialmente en zonas rurales).
  • Bien diseñada, la transición reduce costos energéticos de los hogares y la pobreza energética, alineando mitigación climática con mejoras en salud, educación y equidad.

2. Oferta

2.1 Reducción y cierre planificado de la extracción

  • Las reservas y proyectos existentes ya son suficientes para la demanda en trayectorias (el
    Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y la AIE confirman que no se necesitan nuevos yacimientos).
  • Se requiere un declive progresivo y cierre responsable de la extracción.
  • Debe abordar: restauración ambiental, justicia social/laboral, distribución equitativa de costos y gestión de activos varados (estimados en 13-17 billones USD a nivel global).

2.2 Internalizar los costos y eliminar los incentivos a los combustibles fósiles

  • Los subsidios a fósiles distorsionan el mercado, mantienen la demanda y retrasan la transición.
  • Medidas clave:
    • Eliminación progresiva de subsidios
    • Fortalecimiento de la tarificación del carbono
  • Beneficios: mayor competitividad de renovables, liberación de espacio fiscal y reducción de emisiones globales entre 5-10 %.

PILAR TEMÁTICO 3: Avanzar la cooperación internacional y la diplomacia climática

  • A pesar de décadas de negociaciones y compromisos mundiales, la transición no avanza a la escala, velocidad ni nivel de coordinación que exige la ciencia.
  • La producción e inversión en combustibles fósiles siguen aumentando (AIE).
  • Persiste una brecha entre ambición y acción, incluso bajo el Acuerdo de París (Informe de Brecha de Emisiones del PNUMA).
  • Los países enfrentan restricciones legales e institucionales (ej. cláusulas ISDS).
  • Clave: se necesita fortalecer la cooperación internacional, acelerar la acción práctica y aumentar la ambición colectiva, reforzando los esfuerzos multilaterales existentes.
1. Abordar las brechas de implementación, cooperación y gobernanza
  • Existen compromisos políticos (Llamado de Port Vila, párrafo 28 de la Decisión 1/CMA.5, Declaración de Belém), pero no hay regulación internacional explícita para eliminar la producción de combustibles fósiles a gran escala.
  • Los marcos de la CMNUCC se centran principalmente en emisiones, no en la producción, el consumo ni la transformación de los sistemas energéticos.
  • Se requiere una reflexión honesta sobre dónde la CMNUCC ha sido eficaz y dónde hacen falta mecanismos adicionales, coaliciones y herramientas complementarias para:
    • Apoyar la implementación
    • Acelerar la transición
    • Fortalecer la gobernanza y cooperación climática global
2. Eliminar las barreras jurídicas internacionales
  • Las respuestas climáticas tienen que verse con el derecho internacional, donde persisten barreras jurídicas.
  • Miles de acuerdos de inversión incluyen cláusulas de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS).
  • Estas permiten a corporaciones demandar a Estados por medidas de interés público (pérdida de ganancias futuras).
  • Consecuencias:
    • Restricción a la toma de decisiones soberana
    • Socavamiento de obligaciones climáticas
    • Refuerzo de desigualdades estructurales (intereses corporativos sobre derechos humanos y protección ambiental)
3. Cooperación de los pioneros
  • Las coaliciones voluntarias son cada vez más importantes:
    • Gobiernos ambiciosos
    • Ciudades
    • Sector privado
    • Sociedad civil
  • Ejemplos: Coalición Clima y Aire Limpio, Alianza para Dejar Atrás el Carbón, Alianza Solar Internacional.
  • Estas colaboraciones permiten acción rápida y concreta, superando muchas veces las negociaciones multilaterales formales.
  • Beneficios: impulsar soluciones prácticas, reforzar objetivos multilaterales y generar el impulso necesario ante la urgencia climática.
4. Llamado a la acción – Conferencia de Santa Marta
  • Invitación a los Estados y actores reunidos en Santa Marta a debatir:
    • Implicaciones del estado actual de la gobernanza global
    • Posibles soluciones colectivas: • Colaboraciones entre vanguardias • Instrumentos jurídicos internacionales vinculantes • Mecanismos de cooperación • También derecho blando
  • Objetivo: avanzar hacia una transición más efectiva, justa y acelerada.
  1. Conclusiones

La Conferencia de Santa Marta surge como una respuesta necesaria ante los limitados avances de las últimas COPs, cuyas narrativas se ratifican una vez más en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (abril 2026), donde las agendas financieras tradicionales —centradas en la estabilidad fiscal y el servicio de la deuda— siguen prevaleciendo sobre una transición energética estructural y concreta.

En un contexto global marcado por la guerra en Medio Oriente, que acentúa la volatilidad de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en torno a los recursos energéticos, esta cumbre adquiere más relevancia. Que un país como Colombia —sujeto a presiones externas significativas por parte de Estados Unidos— asuma el liderazgo y convoque la primera cumbre gubernamental dedicada exclusivamente a la salida gradual de los combustibles fósiles representa un acto de soberanía y coraje político que merece ser respaldado.

Los 3 Pilares Temáticos ofrecen una base sólida y ambiciosa. Al enriquecerlos con la visión territorial —que equilibra autonomía indígena y soberanía nacional, toma en cuenta las economías para la vida y protege efectivamente los territorios con PIACI—, la transición puede avanzar de manera más justa y duradera, incluso si los acuerdos alcanzados en Santa Marta constituyen solo el primer paso de un proceso más largo y complejo.

Santa Marta tiene la oportunidad histórica de demostrar que una transición real es posible cuando se construye desde la soberanía nacional, de la mano con los territorios que sostienen la vida. En este momento no se trata de exigir perfección inmediata, sino de abrir un camino donde la ambición macroeconómica dialogue con la profundidad territorial amazónica. 

Europa reforma y flexibiliza sus reglas de sostenibilidad para las grandes empresas: implicaciones para América Latina

Europa reforma y flexibiliza sus reglas de sostenibilidad para las grandes empresas: implicaciones para América Latina

Lo que aprobó la UE es, en sencillo, una reforma que recorta y acota dos reglas pensadas para que las grandes empresas rindan cuentas sobre impactos sociales y ambientales (incluida su cadena de proveedores).

1) ¿Qué son esas reglas?

  • CSRD (reportes de sostenibilidad): obliga a empresas a publicar información comparable sobre huella ambiental, riesgos climáticos, derechos laborales, cadena de suministro, etc.
  • CSDDD (diligencia debida): obliga a identificar, prevenir, mitigar y, en ciertos casos, remediar riesgos de derechos humanos y ambiente en la cadena de valor (por ejemplo: trabajo forzoso, deforestación, contaminación, violencia contra comunidades).

2) ¿Qué cambió con la reforma?
La UE decidió que estas obligaciones se apliquen a muchas menos empresas, subiendo los umbrales. Para CSRD, quedan obligadas las empresas con más de 1.000 empleados y más de €450 millones de facturación anual neta. En diligencia debida (CSDDD), el estándar se vuelve principalmente para gigantes (se menciona el umbral de >5.000 empleados y >€1.500 millones). Además, se suavizan “dientes” del sistema: se cae la exigencia de ciertos planes climáticos, se diluyen mecanismos de responsabilidad y se reduce el alcance efectivo del control.

3) ¿Por qué esto importa en América Latina?
Porque Europa es un comprador y financiador enorme. Cuando una empresa europea estaba obligada por ley a reportar y a probar diligencia debida, trasladaba exigencias a su cadena: pedía trazabilidad, pruebas, auditorías, planes correctivos, y a veces cambiaba proveedores si había escándalos o riesgos. Si esa obligación se reduce, baja la presión “desde el mercado europeo” sobre cadenas latinoamericanas en sectores típicamente conflictivos (agroexportación, incluyendo abacá, minería, forestal, textil).

En la práctica, puede ocurrir:

  • Menos demanda formal de información y corrección (porque menos empresas están obligadas).
  • Más sustitución por controles privados voluntarios (sellos, auditorías, certificaciones), que pueden ser opacos, caros y desiguales: no desaparece la presión reputacional, pero se vuelve más arbitraria.
  • Una señal política de “competitividad vs. derechos” que puede ser usada por élites locales para relativizar controles (“si Europa afloja, ¿por qué nosotros endurecer?”).

Aunque esta reforma no significa “barra libre”, sí reduce una palanca pública importante para ordenar cadenas globales. Para América Latina, el riesgo es una carrera a hacían el fondo: competir por precio recortando estándares, mientras los costos reales (ambientales, laborales, territoriales) se trasladan a comunidades y Estados con menor capacidad de control.

Referencias

  1. EFEverde. (2026, 24 de febrero). La UE aprueba definitivamente rebajar los requisitos de sostenibilidad a grandes empresas. EFEverde.
  2. Council of the European Union. (2026, 24 de febrero). Council signs off simplification of sustainability reporting and due diligence requirements to boost EU competitiveness (Press release). Consilium.
  3. Reuters. (2026, 24 de febrero). EU countries give final approval to weaken company sustainability laws. Reuters.
  4. Furukawa Nunca Más – Comité de Solidaridad. (s.f.). Sitio web oficial. Consultado el 26 de febrero de 2026, de https://www.furukawanuncamas.org/
Amicus Curiae: Rechazamos el tratado Ecuador–Emiratos Árabes Unidos por reintroducir arbitraje internacional

Amicus Curiae: Rechazamos el tratado Ecuador–Emiratos Árabes Unidos por reintroducir arbitraje internacional

Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo al Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos, presentamos este Amicus firmado el 6 de diciembre de 2025, en tanto incluye el arbitraje internacional como mecanismo para resolver disputas entre inversionistas y el Estado.

Este tipo de cláusulas no solo comprometen la soberanía jurisdiccional del país, sino que reintroducen un régimen de privilegios para los inversionistas extranjeros que ha sido ampliamente cuestionado por sus efectos fiscales, regulatorios y democráticos.

Es fundamental recordar que este mecanismo ya fue debatido y rechazado de manera expresa por la ciudadanía ecuatoriana. En el referéndum del 21 de abril de 2024, el pueblo votó NO a reconocer el arbitraje internacional para controversias de inversión, contractuales o comerciales, con un 64,88 % de rechazo. Posteriormente, el 16 de noviembre de 2025, la ciudadanía volvió a decir NO a la vía constituyente —asociada, entre otros objetivos, a reabrir los candados constitucionales que impiden la reinstalación de los tratados bilaterales de inversión (TBI)— con un 61,6 %, resultados proclamados por el CNE el 1 de diciembre de 2025. Estos pronunciamientos configuran un mandato democrático claro que no puede ser burlado por la vía de acuerdos internacionales.

A nivel global, múltiples países y regiones están abandonando los TBI y el sistema ISDS. La Unión Europea terminó masivamente los TBI intra-UE; varios Estados europeos se retiraron del Tratado de la Carta de la Energía por el riesgo de demandas multimillonarias que bloquean políticas climáticas; países como India, Indonesia, Sudáfrica o Tanzania han denunciado o dejado expirar TBI y han optado por marcos internos de protección a la inversión. Estas decisiones responden a una evaluación empírica: el arbitraje internacional eleva los riesgos fiscales, produce efectos de congelamiento regulatorio y debilita la capacidad estatal para proteger derechos, ambiente y recursos naturales.

Existen, además, alternativas viables y reconocidas internacionalmente para promover la inversión sin ceder soberanía: marcos legales internos con debido proceso y no discriminación; contratos de inversión con arbitraje comercial acotado o solución Estado-Estado; mecanismos obligatorios de prevención y mediación de disputas; y acuerdos internacionales que excluyen expresamente el arbitraje inversionista-Estado. Reintroducir TBIs con arbitraje no es una necesidad económica, sino una opción política regresiva.

Alertamos que, en el caso ecuatoriano, este tipo de cláusulas puede operar como un candado estructural contra políticas públicas ambientales, laborales y tributarias, especialmente en sectores de alta conflictividad como los extractivos, profundizando asimetrías de poder y trasladando riesgos al erario público.

Por ello, exigimos a los poderes del Estado que actúen conforme al mandato constitucional y democrático vigente. A la Corte Constitucional, que ejerza un control previo riguroso y declare la inconstitucionalidad de las cláusulas de arbitraje inversionista-Estado, así mismo, debe cumplir con remitir el tratado a la Asamblea Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 419 número 7 de la Constitución..

La Asamblea Nacional, debe ejercer su función de control político, y exigir transparencia sobre el contenido y los impactos del tratado. Finalmente, el Ejecutivo debe suspender el proceso de ratificación de dicho tratado, para garantizar un debate público amplio e informado y debe comprometerse con alternativas de promoción de inversiones compatibles con la soberanía, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, la sostenibilidad fiscal y la decisión democrática del pueblo ecuatoriano de dejar a atrás al arbitraje internacional de inversiones.

Firmas:

DECOIN –  Organización de Defensa y Conservación Ecológica de Intag

Observatorio de Clima y FInanzas – OCF

Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente – CEDDMA
Acción Ecológica

Jubileo 2010

CSMM

Tierra y Vida

UDAPT

CDES

Martha Núñez – Activista Ambiental

Pablo José Iturralde . Especialista

Observatorio de la Dolarización

El gobierno no puede destituir a la Corte Constituicional

Por el Observatorio de Finanzas y Clima.

El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional (CC) no es solamente un problema de derecho público, es también un problema político, si la razón de furza se impone, los cimientos de la democracia ecuatoriana estarían a punto de derrumbarse.

El punto de partida es que la CC tiene competencia exclusiva para el control previo y vinculante de consultas populares y procesos de reforma, y sus jueces gozan de un estatuto reforzado de independencia que excluye el juicio político y la remoción por órganos políticos. Así lo establece el artículo 431 de la Constitución, que además fija los cauces de responsabilidad (penal, civil o disciplinaria) por vías no políticas. Este blindaje no es un privilegio corporativo sino una garantía institucional de la supremacía constitucional y del derecho ciudadano a jueces independientes.

Bajo ese marco, algunas decisiones recientes del Ejecutivo pueden leerse jurídicamente como intentos de interferir en el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Primero, la convocatoria a una Constituyente por Decreto 148 pretendió apoyarse en el artículo 444 para sustraerse del control previo; la reacción constitucional —suspensión y revisión— llevó a derogarlo y a emitir el Decreto 153, ya sometido a control. Ese péndulo normativo no invalida, pero sí tensiona el principio de control previo: la regla es que la CC revisa antes y con plazos perentorios (20 días) y, si no lo hace, corre el dictamen favorable ficto del artículo 105 de la LOGJCC. Dicho de otro modo: el diseño constitucional neutraliza la “obstrucción” por demoras, sin necesidad de presiones políticas sobre la Corte.

Segundo, la estrategia comunicacional y de movilización oficial contra la CC —incluida una marcha gubernamental que la señaló como “enemiga del pueblo”— constituye un contexto de hostigamiento incompatible con el estándar interamericano de independencia judicial. En 2013, la Corte IDH condenó a Ecuador por la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional (caso Camba Campos y otros), fijando que la independencia judicial protege tanto a la ciudadanía como a los propios jueces y que no puede ser rediseñada por atajos plebiscitarios o mayorías circunstanciales. Ese precedente vuelve jurídicamente inválidas iniciativas que busquen someter a los jueces constitucionales a sanción política —como el juicio político— sin una reforma constitucional de fondo y respetuosa del derecho internacional.

Tercero, se ha sugerido “sustituir” o “disciplinar” a la CC por “obstrucción de funciones”. El derecho vigente cierra esa puerta: el constituyente de 2008 sacó a la CC del radio del control político ordinario (juicio político), y previó que sus integrantes solo respondan por vías jurisdiccionales (penales o disciplinarias) y con garantías reforzadas; además, el mismo sistema prevé soluciones procesales —como el dictamen ficto— para evitar bloqueos, de modo que la “obstrucción” no habilita a otros poderes a remover o reemplazar al tribunal. La propia CC ha reiterado en su jurisprudencia que la independencia judicial es derecho de los justiciables y exige que toda separación de un juez obedezca a causales legales y a un procedimiento debido.

Desde esta óptica, no es jurídicamente posible destituir a la CC por decisión del Ejecutivo o de la Asamblea. Cualquier intento de someter a sus jueces a juicio político, cesarlos por “obstrucción” o reemplazarlos por un órgano ad hoc contraviene el artículo 431 y quebranta obligaciones internacionales ya declaradas por la Corte IDH. La única vía para rediseñar el régimen de la Corte —por ejemplo, para permitir su juicio político— sería una reforma constitucional de fondo (y aun así debería superar el control de convencionalidad), o un mandato constituyente explícito como el régimen excepcional de 2018, hoy inexistente. Pretender hacerlo por decreto, por consulta parcial o por presión pública sería nulo y generaría responsabilidad internacional del Estado.

El derecho ecuatoriano está construido para que la última palabra sobre la constitucionalidad la tenga un tribunal independiente y no plebiscitario. El Ejecutivo puede defender sus políticas ante la CC, mejorar la técnica normativa y usar los mecanismos procesales disponibles; lo que no puede hacer —ni directa ni indirectamente— es obstruir o sustituir a la Corte. La arquitectura constitucional y los estándares interamericanos convierten esa tentación en un camino jurídicamente cerrado y políticamente costoso