Este eje propone disputar las lógicas de despojo que atraviesan la Amazonía, sus países y sus pueblos indígenas.. No se limita a denunciar los impactos del extractivismo, la financiarización de la naturaleza y la deuda, sino que busca afirmar horizontes de transformación y propuestas para una agenda de acción colectiva y regional. Su propósito es articular una reflexión crítica sobre las estructuras que subordinan la reproducción de la vida a la lógica del capital, y, al mismo tiempo, visibilizar propuestas, prácticas y marcos políticos orientados a la autodeterminación territorial, la justicia climática, economías locales y estrategias de defensa para enfrentar la arquitectura financiera global.
Dos dimensiones de trabajo
El eje reconoce dos dimensiones que deben ser profundizadas y articuladas entre sí. La primera es una dimensión estructural o macro, que incluye temas como deuda, justicia fiscal, extractivismo, subordinación financiera y gobernanza regional e internacional. La segunda es la dimensión de la economía de la vida cotidiana, donde se ubican las economías indígenas, feministas, comunitarias, del cuidado y otras prácticas orientadas a sostener la vida desde los territorios. La apuesta política y metodológica consiste en relacionar ambas escalas, evitando que el análisis macro quede desconectado de las prácticas concretas de reproducción social y territorial.
Criterios para el desarrollo de cada tema
Cada uno de los temas de esta Casa deberá ser trabajado a partir de seis aspectos comunes.
El marco conceptual que lo define, incluyendo las investigaciones sectoriales necesarias.
El contexto regional en el que se inscribe.
Los eventos previos (Santa Marta) y posteriores al FOSPA que permitan profundizar.
Las luchas territoriales que ya se desarrollan en torno a ese campo.
Su territorialización, es decir, su expresión en políticas públicas, demandas locales y procesos organizativos concretos.
Los trabajos de incidencia ya realizados o que serían necesarios para su consolidación.
Todo esto deberá vincularse además con los debates sobre paz territorial, justicia social y justicia con la naturaleza.
Campos estratégicos de la Casa
La Casa de Economías para la Vida y Justicia Climática se organiza en cuatro campos estratégicos.
El primero es economías para la vida y la transformación. Este campo reúne prácticas, propuestas y horizontes económicos que emergen desde los territorios amazónicos para sostener la vida, fortalecer la autonomía y disputar la organización material de la reproducción social. Aquí se incluyen debates y experiencias vinculadas con economías del cuidado, economía comunitaria, agroecología, formas colectivas de control y uso del territorio, reformas de políticas económicas y otras estrategias orientadas a la soberanía territorial y a la reproducción ampliada de la vida.
El segundo es finanzas climáticas, gobernanza y falsas soluciones. Este campo aborda críticamente las respuestas dominantes frente a la crisis climática, especialmente aquellas que desplazan poder hacia actores financieros, corporativos o tecnocráticos. Se trata de debatir temas como nuevos instrumentos financieros, canje de deuda por naturaleza, falsas soluciones, marcos regulatorios, estándares internacionales y mecanismos de gobernanza, con énfasis en la necesidad de construir control social, transparencia y soberanía territorial sobre las decisiones relativas al clima y la naturaleza.
El tercero es deuda, extractivismo y transiciones estructurales. Este campo examina la relación entre endeudamiento, subordinación financiera y profundización del modelo extractivo. La tesis de fondo es que la deuda no solo subordina a los estados que administran los recursos fiscales, sino que también refuerza trayectorias de dependencia y presión sobre la Amazonía. Al mismo tiempo, este campo abre la discusión sobre salidas estructurales, incluyendo transición energética, cancelación de deudas ilegítimas (Jubileo), tratados bilaterales de inversión y construcción de otros mecanismos más justos para enfrentar las crisis de deuda y financiar transformaciones de fondo.
El cuarto es economías criminales, violencia y fractura territorial. Este campo busca comprender cómo las economías criminales penetran y reconfiguran los territorios indígenas y amazónicos, agravando la violencia, la desposesión y el debilitamiento del tejido comunitario. Así como las respuestas de autonomía indígena y el derechos a la guardia de protección. Su abordaje resulta clave para analizar cómo distintas formas de acumulación, legales e ilegales, se entrelazan en contextos de precariedad estatal, extractivismo y disputa por el control territorial.
Ruta pre-FOSPA
El proceso previo no debe degenerar en una acumulación estéril de reuniones. Cada actividad debe tener un propósito concreto: preparar información, construir acuerdos, reportar avances, planificar incidencia y generar instrumentos comunes.
Se definen cuatro tipos de eventos:
Reuniones temáticas virtuales (quincenales o mensuales): seguimiento operativo, coyuntura, mensajes y validación de documentos.
Seminarios políticos preparatorios (públicos, con invitados regionales): posicionamiento estratégico y ampliación de aliados.
Talleres cerrados de articulación: afinamiento de mandatos, definición de vocerías, reparto de tareas y propuestas de declaración.
Encuentros territoriales o pre-FOSPAs nacionales (presenciales/híbridos): recogida real de mandatos de base, para evitar que todo quede capturado por debates urbanos o de ONG.
Cronograma propuesto:
Abril: elaboración de documentos por eje + webinars.
Mayo-julio: ciclo de preforos y actividades preparatorias.
Agosto: XII FOSPA.
Ruta post-FOSPA
Se plantea como fase de traducción política real de los acuerdos. El foco debe estar en convertir resoluciones en seguimiento concreto, presión política, campañas y agendas operativas.
Actividades clave propuestas:
Reuniones de balance inmediato (resultados, acuerdos y tensiones).
Seminarios de seguimiento temático (transformar mandatos en agendas de incidencia).
Espacios de rendición de cuentas y reporte.
Encuentros de evaluación política (medir impacto real frente a retórica).
Incidencia regional e internacional
Intervenir en espacios donde exista capacidad real de colocar agenda, construir alianzas efectivas o generar presión concreta. No se trata de estar en todos los foros, sino de priorizar aquellos con retorno político.
Objetivos centrales:
Posicionar narrativas amazónicas fuertes sobre deuda, extractivismo y justicia climática.
Disputar el lenguaje dominante en transición energética, financiamiento y resiliencia.
Visibilizar casos concretos de resistencia y violaciones de derechos.
Llevar propuestas, demandas y denuncias específicas ante actores regionales e internacionales.
Espacios prioritarios:
Foros regionales de sociedad civil amazónica y latinoamericana.
Cumbres climáticas (oficiales y paralelos).
Encuentros sobre deuda, financiamiento y justicia fiscal.
Espacios de derechos humanos y pueblos indígenas.
Foros académico-políticos con peso y audiencias ante organismos multilaterales, relatorías y mecanismos internacionales.
Instrumentos propuestos:
Pronunciamientos, declaraciones y cartas abiertas regionales.
Comunicaciones formales a gobiernos y ministerios.
Informes sombra, dossiers y fichas de caso.
Presentaciones y vocerías coordinadas con mensajes unificados.
Campañas comunicacionales estratégicas.
Acciones jurídicas y presencia en territorios en resistencia.
This axis proposes to contest the logics of dispossession that cut across the Amazon region, its countries, Indigenous Peoples, and Amazonian communities. It goes beyond merely denouncing the impacts of extractivism, the financialization of nature, illicit economies, and debt. Instead, it seeks to affirm horizons of transformation and concrete proposals for a collective, regional action agenda.
Its purpose is to articulate a critical reflection on the structural forces that subordinate the reproduction of life to the logic of capital, while simultaneously making visible proposals, practices, and political frameworks aimed at territorial self-determination, climate justice, local economies, and defense strategies capable of confronting the global financial architecture.
2. Two Dimensions of Work
The axis recognizes two interrelated dimensions that must be deepened and articulated. The first is the structural or macro dimension, covering issues such as debt, fiscal justice, extractivism, financial subordination, and regional and international governance. The second is the dimension of everyday-life economies, where Indigenous, feminist, community, care, and other economies are situated—practices oriented toward sustaining life from the territories. The political and methodological wager is to connect both scales, ensuring that macro-level analysis does not remain detached from concrete practices of social and territorial reproduction.
3. Criteria for the Development of Each Theme
Every theme within this Thematic House must be developed according to six common aspects:
a. The conceptual framework that defines it, including the necessary sectoral research. b. The regional context in which it is embedded. c. Previous events (Santa Marta) and post-FOSPA activities that allow for further deepening. d. The territorial struggles already underway in relation to that field. e. Its territorialization—that is, its expression in public policies, local demands, and concrete organizational processes. f. The advocacy work already carried out or that will be required for its consolidation. g. All of the above must also be linked to debates on territorial peace, social justice, and justice with nature.
4. Strategic Fields of the Thematic House
The Thematic House is organized around four strategic fields:
First field: Economies for Life and Transformation This field gathers practices, proposals, and economic horizons emerging from Amazonian territories to sustain life, strengthen autonomy, and contest the material organization of social reproduction. It includes debates and experiences related to care economies, community economies, agroecology, collective forms of territorial control and use, economic policy reforms, and other strategies aimed at territorial sovereignty and the expanded reproduction of life.
Second field: Climate Finance, Governance, and False Solutions This field offers a critical examination of dominant responses to the climate crisis—particularly those that transfer power to financial, corporate, or technocratic actors. It addresses new financial instruments, debt-for-nature swaps, false solutions, regulatory frameworks, international standards, and governance mechanisms, emphasizing the urgent need to build social control, transparency, and territorial sovereignty over decisions concerning climate and nature.
Third field: Debt, Extractivism, and Structural Transitions This field analyzes the relationship between indebtedness, financial subordination, and the deepening of the extractive model. The central thesis is that debt not only subordinates states in the management of fiscal resources but also reinforces trajectories of dependency and intensifies pressure on the Amazon. At the same time, it opens discussion on structural alternatives, including energy transition, cancellation of illegitimate debts (Jubilee), review of bilateral investment treaties, and the construction of fairer mechanisms to address debt crises and finance genuine transformations.
Fourth field: Criminal Economies, Violence, and Territorial Fracture This field seeks to understand how criminal economies—operating alongside armed actors—penetrate and reconfigure Indigenous and Amazonian territories. They exacerbate violence, dispossession, and the erosion of community fabric by imposing criminal forms of governance that dispute territorial control. It also examines responses emerging from Indigenous autonomy, including the right to establish Indigenous guards and other self-managed mechanisms of defense and territorial control. Its analysis is essential for understanding how legal and illegal forms of accumulation intertwine in contexts of precarity, state collusion, extractivism, and territorial disputes, while identifying concrete strategies for collective protection, advocacy, strengthened territorial governance, and viable economic alternatives.
5. Pre-FOSPA Route
The preparatory process must not degenerate into a sterile accumulation of meetings. Every activity must have a concrete purpose: generating information, building agreements, reporting progress, planning advocacy, and producing shared instruments.
Four types of events are defined:
Thematic virtual meetings (biweekly or monthly): operational follow-up, political conjuncture analysis, messaging, and document validation.
Preparatory political seminars (public, with regional guests): strategic positioning and broadening of alliances.
Closed articulation workshops: refinement of mandates, definition of spokespersons, task distribution, and drafting of declaration proposals.
Territorial encounters or national pre-FOSPAs (in-person/hybrid): genuine collection of grassroots mandates to prevent the process from being captured by urban or NGO-driven debates.
Proposed timeline:
April: preparation of axis-specific documents + webinars.
May–July: cycle of pre-forums and preparatory activities.
August: XII FOSPA.
6. Post-FOSPA Route
This phase is conceived as the real political translation of the agreements reached. The focus must be on converting resolutions into concrete follow-up, political pressure, campaigns, and operational agendas.
Key actions include identifying and monitoring new threats to the ecological and economic sustainability of the Amazon: expansion of criminal economies, new forms of extractivism, dynamics linked to the energy transition, and financial mechanisms that intensify pressure on territories.
Key proposed activities:
Immediate balance meetings (results, agreements, and tensions).
Thematic follow-up seminars (transforming mandates into advocacy agendas).
Spaces for accountability and reporting.
Political evaluation meetings and analysis of emerging risks to continuously update priorities for action and advocacy.
7. Regional and International Advocacy
Intervene only in spaces where there is genuine capacity to advance the agenda, build effective alliances, or exert concrete pressure. The goal is not to participate in every forum, but to prioritize those offering real political returns.
Central objectives:
Position strong Amazonian narratives on debt, extractivism, and climate justice.
Contest the dominant discourse on energy transition, financing, and resilience.
Make visible concrete cases of resistance and rights violations.
Present specific proposals, demands, and denunciations to regional and international actors.
Issue alerts on new threats to ecological and economic sustainability, including illicit economies, territorial disciplining, and pressures arising from the energy transition and global markets.
Priority spaces:
Regional forums of Amazonian and Latin American civil society.
Climate summits (official and parallel).
Encounters on debt, financing, and fiscal justice.
Human rights and Indigenous peoples spaces.
Academic-political forums with influence before multilateral organizations, rapporteurships, and international mechanisms.
Proposed instruments:
Pronouncements, declarations, and regional open letters.
Formal communications to governments and ministries.
Shadow reports, dossiers, and case files.
Coordinated presentations and spokespersons with unified messaging.
Strategic communication campaigns.
Legal actions and on-the-ground presence in territories of resistance.
Del 16 al 22 de agosto de 2026, la ciudad de Puyo, en la Amazonía ecuatoriana, será sede del XII Foro Social Panamazónico (FOSPA Ecuador 2026), el principal espacio de articulación política, social, territorial e intercultural de los pueblos y Del 16 al 22 de agosto de 2026, la ciudad de Puyo, en la Amazonía ecuatoriana, acogerá el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA Ecuador 2026). Se trata del principal espacio de articulación política, social, territorial e intercultural de los pueblos y organizaciones de la Panamazonía. Por primera vez el FOSPA se celebra en Ecuador, en un contexto regional marcado por el agravamiento de la crisis climática, la expansión de actividades extractivas, el crecimiento de economías criminales, la guerra y el debilitamiento de las capacidades de protección territorial en amplias zonas de la Amazonía.
En este marco la Casa de Economías para la Vida y Justicia Climática: de la deuda y el extractivismo hacia transiciones y economías transformadoras. Este espacio temático busca analizar de manera crítica las relaciones entre deuda externa, crisis climática, extractivismo, economías criminales, falsas soluciones climáticas y las alternativas territoriales que emergen desde la Amazonía.
La Casa de Economías constituye una de las cuatro Casas temáticas del XII FOSPA, concebidas como núcleos de fortalecimiento político y producción colectiva. Cada Casa se organiza en grupos de trabajo específicos encargados de generar debate, propuestas concretas, agendas de incidencia y articulaciones estratégicas entre actores territoriales, organizativos y técnicos.
Grupos de trabajo de la Casa de Economías:
Economías para la vida y transiciones territoriales
Finanzas climáticas, gobernanza y falsas soluciones
Deuda, extractivismo y transiciones estructurales
Economías criminales, minería ilegal, violencia territorial y defensa indígena
Como parte de este proceso ponemos a disposición la nota conceptual del espacio (disponible también en versión en inglés), elaborada para fortalecer el diálogo, la participación y la articulación entre organizaciones, investigadores, pueblos indígenas y actores comprometidos con la defensa de la Amazonía y la construcción de alternativas de justicia climática y territorial.
Análisis de contexto y oportunidades de la Conferencia de Santa Marta
La Conferencia Internacional sobre la Transición Justa Lejos de los Combustibles Fósiles (Santa Marta, 24-29 abril 2026), está coorganizada por Colombia y Países Bajos, constituye la primera cumbre gubernamental dedicada exclusivamente a la fase-out (salida gradual) de los combustibles fósiles. Surge en un momento estratégico: la COP30 de Belém (2025) terminó sin incluir ninguna mención a los fósiles en su texto final, a pesar del impulso de más de 80 países. Esto convierte a Santa Marta en un espacio de “coalición de ambiciosos” (no de consenso universal como en la CMNUCC), diseñado para generar avances concretos entre países dispuestos a avanzar más allá de los bloqueos tradicionales.
Contexto geopolítico actual
Participan 46 países confirmados, incluyendo productores medianos como Canadá, Australia, Brasil y Noruega, y 24 países que ya firmaron la Declaración de Belém.
Europa juega un rol activo y constructivo (Países Bajos como coanfitrión), y las islas y países vulnerables (Tuvalu, Vanuatu, Fiji, Islas Marshall, etc.) son de los más ambiciosos por su supervivencia directa frente al cambio climático.
En América Latina y el Caribe destacan como aliados fuertes Colombia (anfitrión), Chile, Costa Rica, Panamá, México, Brasil y Uruguay.
Probabilidad de éxito
Alta: Existe una elevada probabilidad de alcanzar un acuerdo político significativo entre los países participantes, que incluya una declaración fuerte, coaliciones temáticas y propuestas operativas sobre caminos legales, económicos y sociales.
Baja a nivel global y vinculante en el corto-mediano plazo, debido a la ausencia deliberada de los mayores productores y consumidores mundiales de petróleo.
Posiciones de los paísesAlta probabilidad de apoyar
Países confirmados (45-46): Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Camerún, Canadá, Dinamarca, España, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Irlanda, Islas Marshall, Italia, Jamaica, Luxemburgo, Maldivas, Mauricio, México, Países Bajos, Noruega, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sierra Leona, Suecia, Suiza, Tanzania, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Vietnam.
Islas y países vulnerables (muy activos): Tuvalu, Vanuatu, Palau, Islas Marshall, Fiji, Micronesia.
América Latina y Caribe (fuertes aliados): Colombia (anfitrión), Chile, Costa Rica, Panamá, México, Brasil, Uruguay.
Alta probabilidad de oponerse o no participar
Principales petrostates ausentes: Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, China, Irán, Iraq, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Venezuela, Nigeria.
Países con alta dependencia fiscal: Bolivia, Turkmenistán, Azerbaiyán, Ecuador.
Bloqueadores históricos más fuertes (controlan más del 56 % de la producción mundial de petróleo 2025):
Bloqueadores históricos más fuertes
Razones principales
Participación en la oferta mundial de petróleo (2025)
Estados Unidos
Mayor productor mundial, fuerte lobby fósil
16.08 %
Rusia
Socio clave de OPEP+
11.69 %
Arabia Saudita
Líder de la OPEP, veto sistemático en COPs
11.26 %
Irán
Bloqueo consistente
4.96 %
Emiratos Árabes Unidos
Bloquea ambición climática
4.52 %
Iraq
Alta dependencia fiscal
5.20 %
Kuwait
Miembro OPEP histórico
3.05 %
TOTAL
—
56.77 %
Oportunidades estratégicas Santa Marta ofrece una ventana única para posicionar una visión plurinacional de la transición: una que fortalezca simultáneamente la soberanía nacional y la autonomía indígena, integre las economías para la vida y proteja efectivamente territorios con PIACI y áreas protegidas. Al ser una coalición de ambiciosos y no una negociación de 197 países, es un espacio propicio para introducir propuestas territoriales ambiciosas que, de otro modo, serían bloqueadas en la CMNUCC.
Contribuciones para los “3 pilares”.
En general se comparte el diagnóstico estructural y las prioridades estratégicas de los 3 Pilares Temáticos, que representan un avance significativo para orientar la transición de manera ordenada y justa. Para enriquecer esta visión y asegurar que la transición responda también a las realidades de los territorios amazónicos, se sugiere los siguientes complementos:
En el Pilar 1: Vincular la ampliación del espacio fiscal y la reestructuración de la deuda externa con sus impactos directos sobre los pueblos indígenas y las áreas protegidas. La reconversión económica debe anclarse prioritariamente en las economías para la vida (reproducción comunitaria, cuidado, reciprocidad y vínculo con la selva), además de los modelos productivos alternos.
En el Pilar 2: Incorporar la prohibición expresa y permanente de hidrocarburos y gran minería en territorios con Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) y en áreas protegidas, como expresión concreta de soberanía plurinacional.
En el Pilar 3:
Exigir que la cooperación internacional incluya mecanismos de acceso directo al financiamiento climático con gobernanza indígena real y efectiva.
Promover el reconocimiento de la deuda ecológica como fundamento legítimo de una cooperación más equitativa entre Norte y Sur.
Garantizar la participación directa y vinculante de organizaciones indígenas y plataformas amazónicas en las coaliciones de pioneros y en la definición de las reglas de la diplomacia climática.
Asegurar que cualquier instrumento o acuerdo internacional respete y fortalezca la protección efectiva de territorios con PIACI y los Derechos de la Naturaleza, evitando nuevas formas de intermediación o condicionalidades que limiten la soberanía nacional y la autonomía territorial.
Resumen y análisis del documento de los “3 Pilares”, propuesta de Colombia y Holanda
Los 3 Pilares Temáticos constituyen el documento marco principal y el insumo conceptual central de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, elaborado conjuntamente por los gobiernos de Colombia y Países Bajos. Este documento estructura toda la agenda de la conferencia alrededor de tres ejes estratégicos: superar la dependencia económica de los combustibles fósiles, transformar la oferta y la demanda, y avanzar en la cooperación internacional y la diplomacia climática. Aunque existen otros insumos preparatorios (encuentros regionales, aportes de sociedad civil, pueblos indígenas y documentos de background), los 3 Pilares tienen la máxima prioridad como guía oficial de discusión y base para las propuestas y eventuales acuerdos de la cumbre.
PILAR TEMÁTICO 1: Superar la dependencia económica de los combustibles fósiles
La dependencia de los combustibles fósiles (FF) es un “cerrojo macroeconómico” para muchos países.
Casi el 78 % de las reservas mundiales de FF están en el Sur Global; al menos 38 países en desarrollo son exportadores netos.
Riesgos diferenciados:
Transición retrasada → mayores impactos físicos del clima (muchos países ya muy expuestos).
Transición rápida → pérdidas agudas y potencialmente permanentes de ingresos fiscales, exportaciones, empleo y balanza de pagos.
Importadores netos también son vulnerables (shocks de precios y suministro).
1. Dependencia fiscal
Exposición fiscal + altos niveles de deuda amenazan el apoyo político a la transición.
Países en desarrollo reciben solo 3 % de la inversión mundial en transición energética (excluyendo China y G20 en desarrollo).
Se necesitan 1,7 billones USD anuales para descarbonización en el Sur Global.
La mayor parte del financiamiento llega como deuda (solo 1 % en donaciones), (promedio 30 % del PIB; 44 % en América Latina y 47 % en África subsahariana).
Muy importante: Se requiere ampliar el espacio fiscal, reducir el costo del capital y alinear las finanzas internacionales con las realidades de economías endeudadas.
La dependencia fiscal está entrelazada con problemas estructurales: alto endeudamiento, ingresos tributarios limitados, desigualdad y dependencia persistente.
Las reformas de precios (eliminación de subsidios y fijación de precio al carbono) deben proteger a los hogares vulnerables y mantener la confianza pública.
2. Reconversión económica y laboral
Oportunidad: la expansión de energías renovables ofrece crecimiento económico real en países que también son ricos en potencial verde y minerales críticos.
Riesgo: sustituir ingresos de FF por nuevo extractivismo (minerales críticos, trasnporte de gas, mega-infraestructuras) que, con gobernanza débil, reproduce despojo, daño ambiental y desigualdad.
Principios de la ONU sobre minerales de transición: la expansión debe ir acompañada de salvaguardias (derechos, participación, transparencia, distribución de beneficios, límites ambientales).
Transición justa = ir más allá de modelos extractivos hacia estrategias diversificadas y territoriales:
Campesinado y agricultura a pequeña escala.
Bioeconomías.
Industrialización cooperativa.
Turismo arraigado en patrimonio natural y cultural.
Modelos productivos locales y comunitarios.
Estos sectores generan empleo, resiliencia y distribución más equitativa de beneficios, especialmente en regiones históricamente dependientes de FF.
3. Responsabilidades y compromisos compartidos
Se necesitan responsabilidades compartidas pero diferenciadas a nivel internacional.
Cooperación entre divisiones: exportador-importador / productor-consumidor / desarrollado-en desarrollo.
Reorientar políticas globales de finanzas, comercio e industriales hacia los objetivos de la transición.
Todos los países deben comprometerse a:
Evitar nuevas formas de extractivismo.
Mantener salvaguardias, trazabilidad, participación significativa y transparencia fiscal.
Objetivo final: estabilizar condiciones macroeconómicas, reducir dependencia estructural y garantizar beneficios equitativos, medios de vida sostenibles y justicia territorial.
PILAR TEMÁTICO 2: Transformar la oferta y la demanda
Según la AIE, para lograr cero emisiones netas a mediados de siglo la demanda mundial debe disminuir drásticamente:
Carbón: ↓ 90 %
Petróleo: ↓ 75 %
Gas natural: ↓ 55 %
1. Demanda
1.1 Sustitución de combustibles
Es la forma más directa de reducir emisiones.
La expansión de energía limpia debe desplazar (no solo complementar) el uso de combustibles fósiles.
Electricidad: sustituir sistemáticamente carbón y gas por renovables.
Transporte: acelerar electrificación (vehículos eléctricos: 60 % ventas en 2030 → 90% en 2050).
1.2 Seguridad y soberanía energética
El gas ya no puede justificarse como “combustible de transición”.
Reduce dependencia de mercados volátiles y shocks geopolíticos.
1.3 Cerrar los motores de nueva demanda
Sin medidas adicionales, la demanda de fósiles seguiría creciendo pese a avances en energía y transporte.
Principal impulsor futuro: sector petroquímico
⅓ del crecimiento de la demanda de petróleo hasta 2030
Casi ½ hasta 2050
Acción necesaria: cerrar activamente nuevas fuentes de demanda.
1.4 Acceso a la energía
La transición debe promover acceso universal a energía asequible, fiable y limpia.
Soluciones más baratas: sistemas solares domésticos, mini-redes y electrodomésticos eficientes (especialmente en zonas rurales).
Bien diseñada, la transición reduce costos energéticos de los hogares y la pobreza energética, alineando mitigación climática con mejoras en salud, educación y equidad.
2. Oferta
2.1 Reducción y cierre planificado de la extracción
Las reservas y proyectos existentes ya son suficientes para la demanda en trayectorias (el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y la AIE confirman que no se necesitan nuevos yacimientos).
Se requiere un declive progresivo y cierre responsable de la extracción.
Debe abordar: restauración ambiental, justicia social/laboral, distribución equitativa de costos y gestión de activos varados (estimados en 13-17 billones USD a nivel global).
2.2 Internalizar los costos y eliminar los incentivos a los combustibles fósiles
Los subsidios a fósiles distorsionan el mercado, mantienen la demanda y retrasan la transición.
Medidas clave:
Eliminación progresiva de subsidios
Fortalecimiento de la tarificación del carbono
Beneficios: mayor competitividad de renovables, liberación de espacio fiscal y reducción de emisiones globales entre 5-10 %.
PILAR TEMÁTICO 3: Avanzar la cooperación internacional y la diplomacia climática
A pesar de décadas de negociaciones y compromisos mundiales, la transición no avanza a la escala, velocidad ni nivel de coordinación que exige la ciencia.
La producción e inversión en combustibles fósiles siguen aumentando (AIE).
Persiste una brecha entre ambición y acción, incluso bajo el Acuerdo de París (Informe de Brecha de Emisiones del PNUMA).
Los países enfrentan restricciones legales e institucionales (ej. cláusulas ISDS).
Clave: se necesita fortalecer la cooperación internacional, acelerar la acción práctica y aumentar la ambición colectiva, reforzando los esfuerzos multilaterales existentes.
1. Abordar las brechas de implementación, cooperación y gobernanza
Existen compromisos políticos (Llamado de Port Vila, párrafo 28 de la Decisión 1/CMA.5, Declaración de Belém), pero no hay regulación internacional explícita para eliminar la producción de combustibles fósiles a gran escala.
Los marcos de la CMNUCC se centran principalmente en emisiones, no en la producción, el consumo ni la transformación de los sistemas energéticos.
Se requiere una reflexión honesta sobre dónde la CMNUCC ha sido eficaz y dónde hacen falta mecanismos adicionales, coaliciones y herramientas complementarias para:
Apoyar la implementación
Acelerar la transición
Fortalecer la gobernanza y cooperación climática global
2. Eliminar las barreras jurídicas internacionales
Las respuestas climáticas tienen que verse con el derecho internacional, donde persisten barreras jurídicas.
Miles de acuerdos de inversión incluyen cláusulas de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS).
Estas permiten a corporaciones demandar a Estados por medidas de interés público (pérdida de ganancias futuras).
Consecuencias:
Restricción a la toma de decisiones soberana
Socavamiento de obligaciones climáticas
Refuerzo de desigualdades estructurales (intereses corporativos sobre derechos humanos y protección ambiental)
3. Cooperación de los pioneros
Las coaliciones voluntarias son cada vez más importantes:
Gobiernos ambiciosos
Ciudades
Sector privado
Sociedad civil
Ejemplos: Coalición Clima y Aire Limpio, Alianza para Dejar Atrás el Carbón, Alianza Solar Internacional.
Estas colaboraciones permiten acción rápida y concreta, superando muchas veces las negociaciones multilaterales formales.
Beneficios: impulsar soluciones prácticas, reforzar objetivos multilaterales y generar el impulso necesario ante la urgencia climática.
4. Llamado a la acción – Conferencia de Santa Marta
Invitación a los Estados y actores reunidos en Santa Marta a debatir:
Implicaciones del estado actual de la gobernanza global
Posibles soluciones colectivas: • Colaboraciones entre vanguardias • Instrumentos jurídicos internacionales vinculantes • Mecanismos de cooperación • También derecho blando
Objetivo: avanzar hacia una transición más efectiva, justa y acelerada.
Conclusiones
La Conferencia de Santa Marta surge como una respuesta necesaria ante los limitados avances de las últimas COPs, cuyas narrativas se ratifican una vez más en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (abril 2026), donde las agendas financieras tradicionales —centradas en la estabilidad fiscal y el servicio de la deuda— siguen prevaleciendo sobre una transición energética estructural y concreta.
En un contexto global marcado por la guerra en Medio Oriente, que acentúa la volatilidad de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en torno a los recursos energéticos, esta cumbre adquiere más relevancia. Que un país como Colombia —sujeto a presiones externas significativas por parte de Estados Unidos— asuma el liderazgo y convoque la primera cumbre gubernamental dedicada exclusivamente a la salida gradual de los combustibles fósiles representa un acto de soberanía y coraje político que merece ser respaldado.
Los 3 Pilares Temáticos ofrecen una base sólida y ambiciosa. Al enriquecerlos con la visión territorial —que equilibra autonomía indígena y soberanía nacional, toma en cuenta las economías para la vida y protege efectivamente los territorios con PIACI—, la transición puede avanzar de manera más justa y duradera, incluso si los acuerdos alcanzados en Santa Marta constituyen solo el primer paso de un proceso más largo y complejo.
Santa Marta tiene la oportunidad histórica de demostrar que una transición real es posible cuando se construye desde la soberanía nacional, de la mano con los territorios que sostienen la vida. En este momento no se trata de exigir perfección inmediata, sino de abrir un camino donde la ambición macroeconómica dialogue con la profundidad territorial amazónica.
On April 15, 2026, during the Spring Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank in Washington, D.C., developing countries took a historic step by launching theBorrowers’ Platform. Driven by finance ministers and central bank governors from around 30 countries of the Global South — including India, South Africa, the Maldives, Egypt, Pakistan, Colombia, Honduras, Nepal, and Zambia — the initiative marks the first formal and permanent space devoted exclusively to sovereign borrowers.
The Platform stems from the mandate of the Sevilla Commitment, adopted at the Fourth International Conference on Financing for Development (FfD4) in July 2025, and is supported by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) as its technical secretariat. United Nations Secretary-General António Guterres described it as “a breakthrough in global finance,” emphasizing that it brings borrowing countries together so they can learn from one another and speak with a collective voice.
What is the Platform, and what is it for?
Until now, the international financial architecture has been asymmetric: creditors have long had established mechanisms such as the Paris Club and the G20 Common Framework, while debtors lacked an equivalent forum through which to coordinate. The Borrowers’ Platform fills that gap.
Its concrete functions include:
exchanging successful experiences and emerging risks in debt management;
providing timely technical support to improve debt transparency and sustainability; and
building common positions for engagement with multilateral forums such as the IMF, the World Bank, and future United Nations conferences.
With developing countries’ external debt reaching $11.7 trillion in 2024, and interest payments absorbing nearly 10% of public revenues — and up to 25% in the least developed countries — 54 nations, home to 3.4 billion people, now devote more resources to debt service than to health or education. This dynamic not only slows growth; it also erodes countries’ capacity to respond to climate shocks.
Implications for the international financial architecture
The creation of the Platform challenges the structural balance of global financial governance. For decades, the rules of the game have been defined predominantly by creditors, with the IMF and the World Bank acting as arbiters that, in practice, prioritize the stability of Northern financial markets.
The Platform introduces an organized counterpart of borrowers that can push for greater transparency in debt sustainability analyses (DSAs), less procyclical conditionality, and more inclusive and predictable restructuring frameworks.
In the medium term, it could catalyze deeper reforms in the IMF and the World Bank, including greater representation of the Global South in their decision-making bodies and the systematic inclusion of disaster pause clauses for climate-related shocks in new lending.
Organizations such as LATINDADD, which were active in the launch, underline that the initiative’s success will depend on its capacity to help build a “fair, democratic and inclusive debt architecture” capable of counterbalancing the current dominance of private and multilateral creditors.
Implications for climate change: from fiscal constraint to transformative action
High debt-service burdens crowd out public investment in adaptation and mitigation. In the context of an accelerating climate crisis — marked by droughts, hurricanes, and biodiversity loss that hit the Global South with particular force — the most vulnerable countries are being pushed to choose between paying creditors and protecting their populations.
The Platform opens three promising avenues for climate action:
Fiscal space freed up: better coordination among borrowers can facilitate more ambitious and timely restructurings, releasing resources now absorbed by interest payments so they can be used to finance Nationally Determined Contributions (NDCs) and adaptation plans.
Momentum for reforming debt instruments: a collective voice can strengthen demands for “loss and damage” clauses in debt contracts and may also help place limits on contractual provisions that are harmful to national sovereignty and the environment.
Influence over the global agenda: the Platform enables more strategic participation in the COPs, in the negotiations on the New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG), and in reviews of the IMF’s debt sustainability framework. By aligning debt management with the goals of the Paris Agreement, it can help break the vicious circle between climate vulnerability and over-indebtedness.
Ultimately, this is not only about “relieving” debt, but about redirecting financial flows toward a just, low-carbon transition.
As the Observatorio de Finanzas y Clima argues, external debt remains one of the main obstacles to Amazon conservation and climate mitigation in Latin America; a coordinated borrowers’ platform can make a significant contribution to changing the rules of the game that have effectively normalized the repayment of external debt through the exploitation of nature.
A first step that requires follow-up and support
The Borrowers’ Platform is a necessary institutional milestone. Its success will depend on sustained participation by countries of the Global South, continued technical support from UNCTAD, and the willingness of creditors and multilateral institutions to accept a fairer set of rules.
The next major test will be the IMF and World Bank Annual Meetings in October 2026. There, the Platform will need to present its work programme and begin turning coordination into concrete results: greater transparency, better financing terms, and, above all, a stronger capacity for developing countries to invest in a viable climate future.
Debt cannot continue to be the chain that blocks climate action. With the Borrowers’ Platform, developing countries have taken the first step. It is now up to the international community — including Northern creditors — to decide whether they are willing to open the door.
El 15 de abril de 2026, en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington D.C., los países en desarrollo dieron un paso histórico al lanzar la Plataforma de los Prestatarios (Borrowers’ Platform). Esta iniciativa, impulsada por ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de alrededor de 30 naciones del Sur Global —entre ellas India, Sudáfrica, Maldivas, Egipto (presidencia), Pakistán (vicepresidencia), Colombia, Honduras, Nepal y Zambia—, marca el primer espacio formal y permanente dedicado exclusivamente a los prestatarios soberanos.
La Plataforma surge del mandato del Compromiso de Sevilla, adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4) de julio de 2025, y cuenta con la Secretaría técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Según el Secretario General de la ONU, António Guterres, representa “un avance decisivo en la financiación global”, al permitir que los países prestatarios se reúnan, aprendan unos de otros y hablen con una voz colectiva.
¿Qué es y para qué sirve la Plataforma?
Hasta ahora, la arquitectura financiera internacional ha sido asimétrica: los acreedores cuentan con mecanismos consolidados como el Club de París o el G20 Common Framework, mientras que los deudores carecían de un foro equivalente para coordinarse. La Plataforma de los Prestatarios cierra esa brecha.
Sus funciones concretas incluyen:
Intercambio de experiencias exitosas y riesgos emergentes en gestión de deuda.
Apoyo técnico oportuno para mejorar la transparencia y sostenibilidad de las deudas.
Construcción de posiciones comunes ante foros multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y futuras conferencias de la ONU.
Con la deuda externa de los países en desarrollo alcanzando los 11,7 billones de dólares en 2024 y los pagos de intereses absorbiendo casi el 10 % de los ingresos públicos (y hasta el 25 % en los países menos adelantados), 54 naciones —donde viven 3.400 millones de personas— destinan hoy más recursos al servicio de la deuda que a salud o educación. Esta dinámica no solo frena el crecimiento, sino que erosiona la capacidad de respuesta a los choques climáticos.
Implicaciones para la arquitectura financiera internacional
La creación de la Plataforma representa una interpelación al equilibrio estructural en la gobernanza financiera global. Durante décadas, las reglas del juego han sido definidas predominantemente por acreedores, con el FMI y el Banco Mundial actuando como árbitros que, en la práctica, priorizan la estabilidad de los mercados financieros del Norte. La Plataforma introduce una contraparte organizada de prestatarios que puede presionar por mayor transparencia en los análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA), condicionalidades menos procíclicas y marcos de reestructuración más inclusivos y predecibles.
A mediano plazo, podría catalizar reformas más profundas en el FMI y el Banco Mundial, como una mayor representación del Sur Global en sus órganos de decisión y la incorporación sistemática de cláusulas de suspensión de pagos por desastres climáticos en los nuevos préstamos. Organizaciones como LATINDADD, activas en el lanzamiento, subrayan que el éxito dependerá de la capacidad de esta plataforma para construir una “arquitectura de deuda justa, democrática e inclusiva” que contrarreste el actual dominio de los acreedores privados y multilaterales.
Implicaciones para el cambio climático: de la restricción fiscal a la acción transformadora
El elevado servicio de la deuda “desplaza” la inversión pública en adaptación y mitigación. En un contexto de crisis climática acelerada —sequías, huracanes y pérdida de biodiversidad que golpean con mayor fuerza al Sur Global—, los países más vulnerables se ven obligados a elegir entre pagar acreedores o proteger a sus poblaciones.
La Plataforma abre tres vías prometedoras para la acción climática:
Espacio fiscal liberado: Una mejor coordinación entre prestatarios puede facilitar reestructuraciones más ambiciosas y oportunas, liberando recursos que hoy se destinan a intereses para financiar Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC) y planes de adaptación.
Impulso de cambios en instrumentos: La voz colectiva fortalecerá demandas como las cláusulas de “pérdida y daño” en los contratos de deuda, o pude ayudar a poner límites a cláusulas lesivas con la soberanía nacional y el medio ambiente.
Influencia en la agenda global: La Plataforma permite una participación más estratégica en las COP, en las negociaciones del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática (NCQG) y en las revisiones del Marco de Sostenibilidad de la Deuda del FMI. Al alinear la gestión de la deuda con los objetivos del Acuerdo de París, contribuye a romper el círculo vicioso entre vulnerabilidad climática y sobreendeudamiento.
En definitiva, no se trata solo de “aliviar” la deuda, sino de redirigir los flujos financieros hacia una transición justa y baja en carbono. Como Observatorio de Finanzas y Clima, consideramos que la deuda externa sigue siendo uno de los principales obstáculos para la conservación de la Amazonía y la mitigación en América Latina; una plataforma de prestatarios coordinada puede contribuir significativamente a cambiar las reglas del juego que han instalado como patrón el pago de la deuda externa con explotación de la naturaleza.
Un primer paso que exige seguimiento y apoyo
La Plataforma de los Prestatarios es un hito institucional necesario. Su éxito dependerá de la participación sostenida de los países del Sur, del apoyo técnico continuo de UNCTAD y de la voluntad de acreedores y multilaterales de aceptar un juego más justo.
El próximo gran test será la Reunión Anual del FMI y el Banco Mundial de octubre de 2026. Allí, la Plataforma debe presentar su programa de trabajo y comenzar a traducir coordinación en resultados concretos: mayor transparencia, mejores términos de financiación y, sobre todo, una mayor capacidad de los países en desarrollo para invertir en un futuro climático viable.
La deuda no puede seguir siendo la cadena que impide la acción climática. Con la Plataforma de los Prestatarios, los países en desarrollo han dado el primer paso. Ahora corresponde a la comunidad internacional —incluyendo a los acreedores del Norte— decidir si están dispuestos a abrir la puerta.
