El Observatorio de Finanzas y Clima (OFC) presenta su contribución al estudio temático sobre economías ilícitas, crimen organizado y derechos de los pueblos indígenas, impulsado por Rodrigo Paillalef y Patricia Gualinga, integrantes del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, con el apoyo técnico de las organizaciones de la sociedad civil Amazon Watch y Docip. El documento analiza cómo el endeudamiento externo, la dependencia extractiva, los mercados internacionales del oro y las restricciones financieras contribuyen a crear condiciones que favorecen la expansión de economías criminales y amenazan los territorios indígenas amazónicos. A partir de investigaciones del OFC y QUIPA, plantea propuestas de cooperación y diplomacia internacional para combatir los flujos financieros ilícitos, reformar la arquitectura financiera global y garantizar alternativas económicas que permitan proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios.
Contribución al estudio temático sobre economías ilícitas
1. El aporte: explicar las condiciones de reproducción de las economías ilícitas
La contaminación de ríos, la destrucción de bosques, la violencia y la pérdida de control territorial derivadas de las economías ilícitas amazónicas han sido documentadas por organizaciones indígenas y de derechos humanos. Esta contribución no reitera esos casos, en su lugar examina desde un enfoque de derechos y macroeconomía: ¿qué condiciones financieras y económicas permiten que las actividades responsables de tales afectaciones sigan siendo rentables y se reproduzcan?
La asociación con los derechos indígenas se ofrece de manera que los daños se producen territorialmente, pero parte de sus incentivos, ingresos y condiciones de continuidad se organiza a través de mercados e instituciones que operan fuera de esos territorios. Por tanto, las respuestas internacionales deben actuar sobre sus cadenas económicas y sobre las restricciones que limitan la protección efectiva. [1]
2. Oro, rentabilidad mundial y circulación de ingresos criminales
El oro funciona a la vez como materia prima, activo de inversión y reserva de valor. La demanda financiera y la incertidumbre internacional influyen en su precio y elevan el valor potencial de nuevos yacimientos, incluidos aquellos explotados ilegalmente. La mayor rentabilidad incrementa los incentivos económicos que pueden aprovechar las redes criminales.[2]
La expansión de la minería legal y la ilegal no debe analizarse como dos procesos completamente independientes, pues existen vasos comunicantes que pueden favorecer la reproducción de las economías extractivas ilícitas. La exploración y prospección minera genera información geológica sobre la localización y el potencial económico de los yacimientos que, cuando resulta accesible, puede ser aprovechada por operadores ilegales; asimismo, la información catastral permite identificar áreas concesionadas y zonas de interés minero. La apertura y ampliación de carreteras, caminos de acceso e infraestructura logística vinculada con la expansión extractiva puede reducir los costos de penetración territorial, transporte de maquinaria, combustible, insumos y comercialización del mineral, incluso cuando esas instalaciones fueron concebidas para actividades autorizadas. La demanda compartida de maquinaria, servicios de transporte, combustibles y sustancias utilizadas en el procesamiento genera conexiones adicionales entre ambos circuitos. Sin embargo, el vínculo más preocupante se encuentra en los mecanismos de procesamiento y comercialización: se han documentado casos en los que plantas de beneficio y concesiones formalmente autorizadas permiten incorporar oro de procedencia ilegal a cadenas comerciales regulares, mediante la mezcla de minerales, la atribución ficticia de producción a concesiones legales y la utilización de documentación comercial irregular.[3][4] Estas interconexiones no implican que toda operación minera formal participe en actividades ilícitas, pero muestran cómo la expansión de la frontera extractiva, cuando no está acompañada de controles efectivos, puede proporcionar infraestructura, oportunidades económicas y canales de legitimación comercial a las organizaciones criminales. Para los pueblos indígenas, esta convergencia incrementa los riesgos de expansión extractiva, pérdida de control territorial y reproducción de las actividades responsables de contaminación, violencia y vulneración de sus derechos colectivos.
El oro es transportable, fungible y susceptible de mezcla; por eso, las fallas en la trazabilidad pueden favorecer el blanqueo comercial. Según las series empleadas en el studio del OFC, las exportaciones ecuatorianas registradas alcanzaron alrededor de USD 1.391 millones en 2023 y USD 1.139 millones en 2024.
El OFC sobre Ecuador identifica cadenas de extracción, procesamiento, intermediación y exportación que permiten incorporar oro de procedencia ilegal a circuitos comerciales formales. La magnitud del fenómeno es considerable, aunque difícil de cuantificar. En junio de 2025, la Cámara de Minería del Ecuador estimó que entre el 50 % y el 60 % del oro exportado sería de origen ilícito, mientras que otras estimaciones atribuidas a las Fuerzas Armadas sitúan en el 67 % la proporción de oro extraído ilegalmente.[5] Además, las investigaciones de la OEA y de Global Initiative Against Transnational Organized Crime documentan mecanismos mediante los cuales el oro ilegal puede ingresar a las cadenas formales de comercialización.[6][7]
Mayores rentas potenciales pueden financiar el control armado de accesos, la coerción contra autoridades comunitarias y nuevas operaciones en áreas de importancia territorial, cultural y ecológica. Combatir solamente campamentos y maquinaria deja intactos los eslabones que convierten el mineral en capital disponible para reproducir la actividad.
3. Deuda externa, restricción de divisas y presión extractiva regional
Nuestro estudio regional registra que la deuda externa pública y privada agregada de siete países amazónicos pasó de USD 861.100 millones en 2020 a USD 997.200 millones en 2024 (+15,8 %). Entre 2020 y 2024, los productos primarios representaron, en promedio, el 94,5 % de las exportaciones de bienes de Ecuador, el 90,1 % de Perú, el 78,3 % de Colombia y el 74,3 % de Brasil. Esos porcentajes incluyen productos agropecuarios, además de minerales e hidrocarburos.[8]
El servicio de deuda absorbe presupuesto y exige divisas, mientras las estructuras exportadoras concentradas reducen alternativas inmediatas para obtenerlas. De ello pueden derivarse incentivos para ampliar extracción de petróleo y minerales o acelerar proyectos sin capacidades suficientes de fiscalización. La deuda no causa automáticamente minería illegal, pues esta relación está mediada por decisiones políticas, instituciones, cadenas comerciales y organizaciones criminales. Pero ignorar la restricción externa deja fuera un factor importante de las presiones sobre tierras, recursos naturales y gobierno propio indígena.
Para Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, el estudio compara USD 1,43 billones de pagos por deuda externa en 2016–2023 con USD 54.100 millones de financiamiento climático registrado: 26,5 dólares de servicio por cada dólar climático. Además, en Sudamérica excluido Brasil, el 67 % del financiamiento climático de 2023–2024 se canalizó mediante deuda y el 5 % como donaciones .
El caso del Yasuní, en Ecuador, ilustra cómo la dependencia de ingresos y divisas provenientes del petróleo puede entrar en contradicción con las obligaciones de protección territorial y de los derechos indígenas. Pese a la decisión popular de 2023 de mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43-ITT, la explotación continuaba en septiembre de 2026, en un contexto de restricciones fiscales y externas que dificultan sustituir los ingresos petroleros.[9] Estas presiones no justifican el incumplimiento del mandato popular, pero evidencian las dificultades estructurales para abandonar actividades extractivas sin alternativas económicas y financieras suficientes. El problema trasciende al Yasuní, en la medida que cuando la expansión extractiva deteriora los medios de vida indígenas sin generar opciones sostenibles de subsistencia, puede profundizar el empobrecimiento y la vulnerabilidad de las comunidades, en este caso las comunidades waoranis (pueblos recién contactados), creando condiciones que las redes de minería ilegal y otras economías criminales pueden aprovechar para captar mano de obra y reclutar jóvenes.[10] Así, la transformación de las condiciones económicas internacionales resulta relevante no solo para frenar la expansión extractiva, sino también para reducir los factores de vulnerabilidad que facilitan la reproducción de economías ilícitas.
Estos indicadores revelan las restricciones que reducen las posibilidades de financiar alternativas territoriales, fortalecer fiscalización y sostener decisiones de conservación sin depender de nuevas rentas extractivas.
4. Los marcos internacionales existentes y sus vacíos
La Agenda de Acción de Addis Abeba y la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometen esfuerzos contra los flujos financieros ilícitos, el lavado de activos y las redes criminales. Su aplicación a la Amazonía debe incluir la extracción ilegal de recursos naturales y los mecanismos de legitimación comercial que permiten monetizarla.[11]
El artículo 2.1(c) del Acuerdo de París establece que los flujos financieros deben hacerse compatibles con trayectorias de desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones. El artículo 2.2 incorpora equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas; el artículo 9.1 establece obligaciones de provisión de recursos de los países desarrollados, mientras los artículos 9.3 y 9.4 tratan la movilización del financiamiento y la importancia de recursos públicos y donaciones para adaptación. El artículo 6.8 reconoce enfoques de cooperación no basados en mercados. El preámbulo menciona derechos indígenas y el artículo 7.5 reconoce sus conocimientos en la adaptación.[12]
En este marco proponemos desarrollar una interpretación conjunta: evaluar no solo cuánto financiamiento se etiqueta como climático, sino también cómo las transacciones internacionales, los compromisos de deuda y la financiación extractiva condicionan la integridad de los territorios indígenas.
El Compromiso de Sevilla de 2025, especialmente el párrafo 50(f), abrió un proceso intergubernamental para examinar vacíos de la arquitectura internacional de deuda. Mientras tanto, el Pacto para el Futuro también reconoce la necesidad de revisar la arquitectura de deuda. Estos son son espacios diplomáticos en los que puede impulsarse una evaluación de sostenibilidad que incorpore derechos indígenas, crisis climática y biodiversidad.[13]
La propuesta del Jubileo de la deuda impulsada por el papa Francisco aporta una base ética y política convergente. En Spes non confundit, párrafo 16, llamó a los países ricos a condonar las deudas que otros países nunca podrán pagar y reconoció la deuda ecológica entre Norte y Sur. En junio de 2024, ante la Pontificia Academia de las Ciencias, pidió una arquitectura financiera internacional nueva, audaz y creativa. Esta agenda no constituye un mecanismo jurídico de cancelación, pero ofrece un punto de articulación entre Estados, Santa Sede, organizaciones indígenas y sociedad civil para demandar reformas multilaterales.[14]
La COP29 acordó una meta de al menos USD 300.000 millones anuales hacia países en desarrollo para 2035 y convocó a ampliar los flujos a USD 1,3 billones por año. La escala anunciada no resuelve por sí misma la necesidad de financiamiento no reembolsable, acceso indígena ni reducción de la dependencia extractiva.[15]
5. Recomendaciones
1. Diplomacia comercial contra el oro ilícito: Impulsar acuerdos entre países amazónicos y centros de refinación e importación para verificar origen, balances de producción, beneficiarios finales y trazabilidad de exportaciones. Fortalecer obligaciones exigibles de debida diligencia con base en la guía OCDE para cadenas de minerales de zonas de alto riesgo.[16]
2. Cooperación tributaria y financiera transfronteriza: Coordinar aduanas, administraciones tributarias y unidades de inteligencia financiera para investigar facturación fraudulenta, empresas instrumentales y lavado asociado a cadenas extractivas; promover estándares verificables de transparencia empresarial. Su finalidad debe ser desarticular capitales criminales sin criminalizar a pueblos indígenas y economías de subsistencia.
3. Una alianza diplomática por el Jubileo de la deuda: Proponer que los Estados amazónicos y las organizaciones indígenas se sumen a los esfuerzos de la Santa Sede y de las redes internacionales del Jubileo para promover cancelaciones efectivas de deuda impagable, reconocer la deuda ecológica y reformar las reglas de acreedores. Aprovechar el proceso de Sevilla para impulsar una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Deuda Soberana, propuesta aún no acordada internacionalmente.
4. Financiamiento climático sin nuevas dependencias: Articular una posición regional ante la CMNUCC para priorizar recursos públicos no reembolsables y acceso directo de instituciones indígenas; desarrollar el artículo 6.8 y salvaguardias para instrumentos de carbono y biodiversidad. Reconocer zonas de exclusión extractiva cuando así lo decidan los pueblos titulares de derechos.
5. Cooperación fiscal y liquidez para la transición: Intervenir en las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, aún en curso, para ampliar la capacidad fiscal y reducir la dependencia de rentas extractivas. Promover asignaciones y recanalización de Derechos Especiales de Giro que amplíen liquidez sin transformarse automáticamente en nuevos préstamos.[17]
6. Evaluación de acreedores y garantías indígenas: Solicitar al FMI, Banco Mundial y bancos de desarrollo evaluaciones independientes del impacto de condicionalidades, préstamos y reestructuraciones sobre deforestación, expansión extractiva y derechos humanos, que incluyen los derechos colectivos, económicos, sociales, culturales, ambientales; con participación indígena. Las guías existentes han comenzado a considerar cómo el clima afecta la deuda; es necesario valorar también cómo la deuda afecta al clima y a los territorios.[18]
7. Coordinación en Naciones Unidas: Promover una agenda conjunta entre el Foro Permanente, mecanismos de derechos indígenas, UNODC, UNCTAD, CMNUCC y espacios de financiación para el desarrollo. La cooperación diplomática debe intervenir tanto sobre redes criminales como sobre los marcos financieros que pueden mantener condiciones de vulnerabilidad territorial.
La protección de los pueblos indígenas amazónicos exige actuar no solo donde se producen la violencia y la contaminación, sino también donde se financia, comercializa y rentabiliza la extracción, y donde se definen las condiciones macroeconómicas que hacen más difícil mantener los recursos bajo tierra.
[1] QUIPA y Observatorio de Finanzas y Clima (OFC), Economía política del oro en Ecuador: minería ilegal, crimen organizado y debilitamiento estatal en la Amazonía ecuatoriana (Quito, 2026), secciones III–VI.
[2] World Gold Council, Gold Demand Trends: Q4 and Full Year 2025 (2026), apartado «Gold demand trends». https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends-full-year-2025
[3] Hunter, M. (2025). A golden crisis: Illegal mining and gold supply chains in Ecuador. Global Initiative Against Transnational Organized Crime, pp. 11–14.
[4] OCDE (2025). Illicit flows of gold concentrates in the maritime space. Documenta cómo la mezcla de minerales en plantas de procesamiento puede ocultar la procedencia del oro.
[5] EFE. (2025, 11 de junio). «Más del 50 % del oro exportado desde Ecuador es de origen ilícito, denuncia Cámara de Minería». Primicias.
[8] QUIPA y OFC, Amazonía rumbo a la COP31: deuda, extractivismo, crisis climática y zonas de exclusión (Quito, septiembre de 2026), pp. 2–9 y notas metodológicas.
[9] Observatorio de Finanzas y Clima y QUIPA (2026). Amazonía rumbo a la COP31: deuda, extractivismo, crisis climática y zonas de exclusión. Quito. Véase también Amazon Watch (22 de septiembre de 2026), «Tres años después de la histórica votación del Yasuní en Ecuador, el petróleo sigue fluyendo».
[10] Amazon Underworld, Amazon Watch y Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2023). Inframundo Amazónico: economías criminales en la selva tropical más grande del mundo.
[11] Naciones Unidas, Agenda de Acción de Addis Abeba (2015), párrs. 23–24; Agenda 2030 (2015), meta 16.4.
[12] CMNUCC, Acuerdo de París (2015), preámbulo y arts. 2.1(c), 2.2, 6.8, 7.5 y 9.1–9.4. https://unfccc.int/sites/default/files/paris_agreement_spanish_.pdf
[13] Naciones Unidas, Compromiso de Sevilla (2025), párrs. 47, 50(f), 51–52; Naciones Unidas, Pacto para el Futuro (2024), acciones 47–52.
[14] Francisco, Spes non confundit, bula de convocatoria del Jubileo 2025 (9 de mayo de 2024), párr. 16; «A los participantes en el encuentro Abordando la crisis de deuda en el Sur Global», Pontificia Academia de las Ciencias (5 de junio de 2024). Sitio oficial: www.vatican.va.
[15] CMNUCC, decisión de la COP29 sobre el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de Financiación Climática (2024); CMNUCC, «COP29 acuerda triplicar la financiación a los países en desarrollo», 24 de noviembre de 2024.
[16] OCDE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, 3.ª ed. (2016), suplemento sobre oro. https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
[17] Naciones Unidas, Comité Intergubernamental de Negociación de la Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional, quinta sesión (agosto de 2026); UN DESA, «Making the global tax system work for everyone» (3 de agosto de 2026).
[18] FMI y Banco Mundial, Supplement to 2018 Guidance Note on the Bank-Fund Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries (2024); FMI, Operational Guidance Note on Program Design and Conditionality (2024).
La elección de Efrén Nango Tsetsekip como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) introduce un liderazgo con características distintas a buena parte de los perfiles de la política indígena nacional. Efrén es shiwiar, originario de Pastaza, ingeniero ambiental y tenía 34 años cuando disputó la presidencia de la CONAIE en 2025. Su trayectoria se ha construido en la intersección entre organización indígena, educación intercultural, derechos colectivos, ambiente y cooperación.[3]
La elección de Efrén Nango tampoco ocurre en un momento cualquiera. . La CONFENIAE viene de un período de fuertes tensiones internas y, en un sentido más amplio, el movimiento indígena ecuatoriano atraviesa una disputa sobre su orientación política, su autonomía frente al Estado y su relación con los gobiernos de turno. En un análisis que publicamos después de las elecciones de la CONAIE de 2025 propusimos que esas diferencias no podían reducirse a una oposición simple entre izquierda y derecha: coexistían una izquierda indígena de vocación autónoma y popular, un sector más orientado a la gobernabilidad y un campo intermedio que combinaba autonomismo, ambientalismo institucional y pragmatismo. La propia diversidad territorial e histórica de las organizaciones obliga, sin embargo, a tratar estas categorías como tendencias y no como bloques rígidos.[4]
Efrén puede leerse, provisionalmente, dentro de ese campo intermedio. No porque carezca de posiciones definidas —su crítica al extractivismo y su defensa de los derechos colectivos están documentadas—, sino porque su trayectoria también incluye interlocución institucional, cooperación ambiental y participación en mecanismos de financiamiento climático. Esa combinación es precisamente la que vuelve políticamente relevante su llegada a la CONFENIAE.
La elección de Nango,adquiere además una dimensión política particular por el contexto reciente de la CONFENIAE. Después de un período de fuerte acercamiento de sectores de su dirigencia al Gobierno de Daniel Noboa, la presencia en la contienda de una candidatura identificada por parte de las bases como más cercana al Ejecutivo convirtió la disputa por la presidencia en algo más que una competencia entre dirigentes. La victoria de Efrén Nango puede leerse como una señal de búsqueda de mayor autonomía política y de recomposición interna de la CONFENIAE. Su elección dificulta la continuidad de una conducción identificada con una relación privilegiada con Carondelet y vuelve a colocar en el centro la definición de una agenda amazónica desde las propias organizaciones.
Esto resulta especialmente significativo porque la CONFENIAE se define institucionalmente como una organización autónoma, representa a 23 organizaciones de base que agrupa a 11 nacionalidades; por lo tanto,las decisiones que deberá enfrentar la nueva dirigencia —expansión petrolera, minera, y del catastro minero, el respeto a la consulta previa y control territorial, y debates sobre el financiamiento climático— involucran intereses directos del Estado y de actores económicos privados. La importancia de la elección de Nango no reside, por tanto, en sustituir una alineación gubernamental por otra partidaria, sino en saber si su conducción logra reconstruir una capacidad propia de decisión frente al Gobierno, la CONAIE, la cooperación internacional y las empresas que operan sobre los territorios amazónicos. Reconstruir y llegar a implementar el Estado plurinacional desde la Amazonía, espacio con posibilidades por la misma presencia en incidencia indígena.
Un liderazgo del proceso
Efrén ya había estado cerca de presidir la CONFENIAE. En las elecciones de 2023 obtuvo 261 votos, frente a los 321 de José Esach, mientras Washington Tiwi alcanzó 224 y Manuel Shiguango 46. No era, por tanto, una candidatura marginal: hace tres años ya representaba una de las principales corrientes organizativas de la Amazonía.[5]
Su trayectoria anterior se desarrolló precisamente dentro de su organización la NASHIE () luego de graduarse como ingeniero ambiental en la Universidad Estatal Amazónica, empieza a apoyar como técnico en su organización y es ahí que es reconocido y seleccionado como candidato en la dirigencia de CONFENIAE. Ocupando en la la presidencia de Marlon Vargas la dirigencia de Ciencia, Educación y Tecnología. Desde allí trabajó particularmente sobre las barreras que enfrentan los jóvenes amazónicos para acceder a educación superior y sobre la construcción de una educación intercultural basada en los territorios y conocimientos indígenas.[6] Fue punto focal para el proceso de elaboración de los planes de vida de las 23 organizaciones con fondos de la SCTEA a cargo de IKIAM, enfrentando burocracia y el único momento en que el fondo ha llegado a las organizaciones en 6 años de funcionamiento.
Efrén también representa a la nacionalidad Shiwiar en el Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. Ante la Asamblea Nacional defendió la autonomía del sistema y sostuvo que su fortalecimiento no busca dividir al Estado, sino garantizar derechos colectivos y el ejercicio del derecho ancestral.[7]
En Efrén aparece con más fuerza un perfil técnico-organizativo: educación, ambiente, planificación territorial, derechos colectivos y participación en instituciones interculturales.
Entre Marlon Vargas y una base política propia
La relación con Marlon Vargas es una de las claves para entender su nuevo papel. Efrén formó parte del Consejo de Gobierno de la CONFENIAE presidido por Vargas, pero posteriormente comenzó a disputar espacios de conducción propios.
En junio de 2025 ambos compitieron, en elecciones internas (primarias) de la CONFENIAE, para convertirse en el candidato amazónico a la presidencia de la CONAIE. Vargas consiguió 523 votos, Efrén 157 y Agustín Wachapá 86. Un mes después, Efrén volvió a presentarse como candidato a la presidencia nacional de la CONAIE.[8]
La trayectoria de Efrén, sin embargo, no fue una acumulación política lineal ni una construcción paralela sostenida frente a Marlon Vargas. Después de sus anteriores disputas internas, se retiró durante un tiempo del primer plano organizativo y reapareció principalmente vinculado al Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Proveniente además de una nacionalidad relativamente pequeña dentro de la Amazonía , intentó posteriormente trasladar esa presencia al terreno electoral mediante una candidatura a la concejalía rural por Pachakutik, que tampoco prosperó. Tras esa derrota volvió a mantener un perfil bajo. Su llegada a la presidencia de la CONFENIAE debe leerse, por tanto, menos como la culminación previsible de una trayectoria ascendente que como un retorno al centro de la conducción amazónica después de un período de menor exposición política.
Sobre la posición política
Durante su candidatura de 2025, Efrén buscó diferenciarse de las polarizaciones internas y reivindicó la necesidad de que el movimiento indígena mantenga un proyecto propio, anclado en la plurinacionalidad, los gobiernos territoriales respetando la cosmovisión indígena. También criticó, antes del Congreso, la posibilidad de una reelección inmediata de Leonidas Iza bajo el estatuto entonces vigente.[9], en ese entonces, las elecciones fueron más una pugna de izquierda versus derecha.
Ese posicionamiento no equivale necesariamente a centrismo ni a neutralidad política. La autonomía indígena ha sido históricamente una reivindicación frente a gobiernos y partidos de diferentes signos. La cuestión es cómo se traduce esa autonomía cuando las organizaciones deben decidir entre confrontar, negociar o construir alianzas en coyunturas concretas. En el análisis de las elecciones de la CONAIE de 2025, esta misma cuestión fue planteada como una de las preguntas centrales: ¿es posible sostener la autodeterminación indígena sin subordinación al Estado ni acomodo institucional, y al mismo tiempo construir alianzas sin diluir los objetivos colectivos?.[10]
Su posición frente al Gobierno de Daniel Noboa ilustra esa complejidad. Durante las movilizaciones de octubre de 2025, Efrén cuestionó a la dirigencia nacional de la CONAIE y sostuvo que existía desconfianza en parte de las bases amazónicas. Pero en la misma coyuntura advirtió que la ausencia de diálogo podía provocar nuevas movilizaciones y señaló como una amenaza la propuesta de Asamblea Constituyente, porque consideraba que podía afectar los derechos colectivos reconocidos en los artículos 56 y 57 y los derechos de la naturaleza del artículo 71 de la Constitución.[11]
Una posición anti extractivista
Por otra parte, es claro su apego a la crítica histórica al modelo extractivo. En 2022, al discutir alternativas económicas para Pastaza, Efrén cuestionó la idea de que la generación de empleo y recursos en la Amazonía deba depender de la explotación petrolera o minera. Defendió alternativas vinculadas con las chakras, la agroforestería, la conservación y los planes de vida de las nacionalidades.[12]
Ese posicionamiento tiene además continuidad con las decisiones colectivas de la CONFENIAE. En octubre de 2025, una asamblea extraordinaria de la organización rechazó la Ronda Suroriente y Subandina, cuestionó la expansión petrolera y minera y vinculó la defensa territorial con los derechos de la naturaleza, la autodeterminación y la gobernanza indígena.[13]
El asunto adquiere especial importancia en un momento en que la expansión minera, petrolera y de infraestructura vuelve a colocar a la Amazonía en el centro de la política económica nacional. Para la nueva presidencia de la CONFENIAE, la discusión sobre territorio difícilmente podrá separarse de las decisiones estatales sobre concesiones, consulta previa, nuevas rondas petroleras y apertura de proyectos mineros.
Financiamiento climático y REDD+
Efrén, como dirigente de la CONFENIAE participó directamente en espacios vinculados con REDD+ y financiamiento para conservación de bosques. En 2021 integró reuniones del grupo indígena amazónico de la Mesa REDD+, en las que se discutieron iniciativas de conservación, manejo forestal sostenible, restauración, producción sostenible y la inclusión de los planes de vida.[14]
En Pastaza también defendió una estrategia que buscaba reducir la dependencia de petróleo y minería mediante conservación y sistemas agroforestales, dentro de un programa que incluía financiamiento REDD+. Su discurso de entonces combinaba apertura a mecanismos de cooperación con una advertencia explícita sobre los riesgos de que el Estado utilice programas de desarrollo mientras mantiene concesiones extractivas.[15]
Ese antecedente merece una lectura cuidadosa. Participar en REDD+ no significa necesariamente respaldar, como alternativa óptima, los mercados voluntarios de carbono, los mecanismos de compensación, los canjes de deuda por naturaleza o cualquier forma de financiarización de los bosques. La realidad práctica en la Amazonía es que esos mecanismos existen, y la participación de ciertos sectores en esos mecanismos no implica que no apuesten al mismo tiempo por salidas más estructurales. Por lo tanto, no existe suficiente evidencia pública para atribuirle su posición frente al modelo de finanzas verdes. Lo comprobable es que Efrén conoce desde dentro la arquitectura institucional del financiamiento climático y ha trabajado con mecanismos de conservación vinculados con cooperación internacional.
Esta puede convertirse en una de las discusiones centrales de su gestión. Una parte creciente del financiamiento destinado a la Amazonía llega mediante esquemas climáticos, conservación, carbono y biodiversidad. Al mismo tiempo, organizaciones indígenas de toda la región han cuestionado mecanismos que pueden crear nuevas formas de control externo sobre sus territorios o convertir funciones ecosistémicas en activos financieros. La trayectoria de Efrén se sitúa precisamente en esa frontera: defensa de los territorios y crítica al extractivismo, junto con experiencia técnica en los dispositivos contemporáneos de financiamiento ambiental.
Una CONFENIAE con agenda propia
Reducir el nuevo escenario a una disputa personal entre dirigentes perdería de vista la contradicción principal. La CONFENIAE ocupa una posición particular dentro del movimiento indígena ecuatoriano porque los conflictos fundamentales que enfrentan sus bases están directamente relacionados con control territorial, petróleo, minería, conservación, biodiversidad, economías ilegales y financiamiento internacional.
Efrén proviene de una nacionalidad de menor población, la Shiwiar. Históricamente, en la CONFENIAE han predominado nacionalidades como la Achuar, la Shuar y la Kichwa Amazónica. Sin embargo, su ascenso refleja una acumulación política que superó paso a paso las fronteras de su propia nacionalidad: fue dirigente de Educación en la CONFENIAE (2020-2023),[16] ocupó el segundo lugar en la elección interna de CONFENIAE 2023, compitió como candidato a la CONAIE en 2025 y, finalmente, alcanzó la conducción regional amazónica (2026-2030).
También hay que destacar que la elección de Efrén no elimina las tensiones internas de la CONFENIAE. La salida de la delegación waorani del proceso electoral y las declaraciones sobre un dirigencia cooptada en CONAIE [17] muestra que persisten fracturas que la nueva dirigencia deberá resolver. La NAWE tiene un peso político particular por su papel en la defensa del Yasuní, el territorio y la oposición a la expansión extractiva. Por eso, una de las primeras pruebas de Efrén será reconstruir acuerdos y evitar que la disputa electoral termine debilitando la representación amazónica.
Por ahora, los antecedentes permiten identificar un perfil definido en algunos aspectos y todavía abierto en otros: un dirigente shiwiar joven, formado técnicamente en ambiente, proveniente del trabajo educativo y territorial, crítico del extractivismo, defensor de la autonomía de las nacionalidades y con experiencia directa en la arquitectura institucional de la cooperación y el financiamiento climático. Esa combinación explica tanto las posibilidades como las tensiones que acompañarán su conducción de la principal organización indígena amazónica del Ecuador.
[1] Especialista en política pública regional, comunitaria e indígena, es dirigente del Pueblo Pakkiru.
[2] Economista ecuatoriano y Coordinador General del Observatorio de Finanzas y Clima.
[3]La Hora. “Conaie: ¿habrá un relevo generacional en la presidencia de la organización indígena?”, 17 de julio de 2025; El Universo. “Elecciones en la Conaie: más de 1.400 delegados tienen derecho a votar…”, julio de 2025. Ambas fuentes identifican a Efrén Nango como integrante de la nacionalidad Shiwiar, ingeniero ambiental y exdirigente de Educación de la CONFENIAE.
[4]Iturralde, Pablo José. “Elecciones en la CONAIE: preguntas de fondo”. La Línea de Fuego, 24 de julio de 2025. El artículo propone, como esquema analítico no rígido, tres tendencias: una izquierda indígena autónoma y popular, un sector orientado a la gobernabilidad y un campo intermedio entre autonomismo, ambientalismo institucional y pragmatismo. https://lalineadefuego.info/elecciones-en-la-conaie-preguntas-de-fondo-pablo-jose-iturralde/
[5]El Observador. “José Esach de la nacionalidad Shuar electo presidente de la Confeniae”, 29 de septiembre de 2023. Resultados: José Esach 321 votos; Efrén Nango 261; Washington Tiwi 224. https://elobservador.ec/jose-esach-de-la-nacionalidad-shuar-electo-presidente-de-la-confeniae/
[6]CONFENIAE. “Emergencia Educación Amazonía” y “Inicia proyecto Emergencia de Educación en la Amazonía”. En estas publicaciones Efrén figura como dirigente de Educación y participa en el trabajo sobre acceso a educación superior e interculturalidad. https://confeniae.org/programas/emergencia-de-educacion/ ; https://confeniae.org/inicia-proyecto-emergencia-de-educacion-en-la-amazonia/
[7]Asamblea Nacional del Ecuador. “Comisión revisó el estado de la institucionalización del Sistema de Educación Intercultural”, 2024. Efrén intervino como representante Shiwiar del Consejo Plurinacional y defendió derechos colectivos, autonomía y derecho ancestral. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/99231-comision-reviso-el-estado-de-la-institucionalizacion-del
[8]El Observador. “Marlon Vargas elegido candidato a la presidencia de la CONAIE”, 27 de junio de 2025. Vargas obtuvo 523 votos, Efrén Efrén 157 y Agustín Guachapá/Wachapá 86. https://elobservador.ec/marlon-vargas-elegido-candidato-a-la-presidencia-de-la-conaie/
[9]La Hora. “Conaie: ¿habrá un relevo generacional en la presidencia de la organización indígena?”, 17 de julio de 2025. Efrén sostuvo que la reelección inmediata no constaba en el estatuto vigente y que la decisión final correspondía al Congreso. https://www.lahora.com.ec/listas/Conaie-habra-un-relevo-generacional-en-la-presidencia-de-la-organizacion-indigena-t202507170003.html
[10]Iturralde, Pablo José. “Elecciones en la CONAIE: preguntas de fondo”. La Línea de Fuego, 24 de julio de 2025. El artículo plantea como pregunta central cómo sostener la autodeterminación indígena sin subordinación al Estado ni acomodo institucional y cómo construir alianzas sin diluir objetivos. https://lalineadefuego.info/elecciones-en-la-conaie-preguntas-de-fondo-pablo-jose-iturralde/
[11]La Hora. “Conaie rearma estrategias para mantener el paro en Ecuador”, 15 de octubre de 2025. Efrén afirmó que existía desconfianza desde las bases amazónicas, advirtió sobre una posible reacción si no había diálogo y cuestionó la Constituyente por sus posibles efectos sobre los artículos 56, 57 y 71 de la Constitución. https://www.lahora.com.ec/politica/Conaie-rearma-estrategias-para-mantener-el-paro-en-Ecuador-20251015-0053.html
[12]Mongabay Latam. Dimitri Selibas, “Nace un proyecto de agroforestería para conservar cinco millones de hectáreas en la Amazonía de Ecuador”, 25 de junio de 2022. Efrén cuestionó la visión extractiva del desarrollo amazónico, defendió las chakras y la conservación y expresó cautela frente a acuerdos estatales asociados a concesiones petroleras o mineras. https://es.mongabay.com/2022/06/proyecto-de-agroforesteria-para-conservar-cinco-millones-de-hectareas-en-ecuador/
[13]CONFENIAE. “Resoluciones Asamblea Extraordinaria CONFENIAE”, 20 de octubre de 2025. La organización rechazó los planes petroleros y mineros de la Ronda Suroriente y Subandina y vinculó su posición con derechos colectivos, derechos de la naturaleza, autodeterminación y gobernanza territorial. https://confeniae.org/resoluciones-asamblea-extraordinaria-confeniae/
[14]Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. “Mesa de Trabajo REDD+ Bosques para el Buen Vivir: 1era reunión GTRIA”, julio de 2021. El registro incluye a Efrén Nango por CONFENIAE y discusiones sobre conservación de bosques, manejo forestal sostenible, restauración, producción sostenible y planes de vida. https://reddecuador.ambiente.gob.ec/mesareddmas/wp-content/uploads/2022/04/1era-reunion-GTRIA-jul2021-Ayuda-memoria.pdf
[15]Mongabay Latam. Dimitri Selibas, “Nace un proyecto de agroforestería para conservar cinco millones de hectáreas en la Amazonía de Ecuador”, 25 de junio de 2022. Efrén vinculó conservación y agroforestería con menor dependencia del petróleo y la minería, y expresó cautela frente a acuerdos estatales asociados a concesiones extractivas. https://es.mongabay.com/2022/06/proyecto-de-agroforesteria-para-conservar-cinco-millones-de-hectareas-en-ecuador/
[16]El Observador. “José Esach de la nacionalidad Shuar electo presidente de la Confeniae”, 29 de septiembre de 2023. En esa elección Efrén obtuvo 261 votos y quedó segundo. https://elobservador.ec/jose-esach-de-la-nacionalidad-shuar-electo-presidente-de-la-confeniae/
El caso Sinohydro puede entenderse como una investigación sobre circulación y ocultamiento de dinero, es decir, se trata de un ilícito financiero. Cómo aproximadamente USD 76,1 millones salieron de una empresa estatal china, ingresaron al sistema financiero panameño, pasaron por sociedades vinculadas a empresarios ecuatorianos y terminaron distribuidos entre funcionarios públicos, intermediarios, empresarios y personas relacionadas con el entorno familiar del entonces vicepresidente Lenín Moreno.
El 28 de agosto de 2026, después de 31 jornadas de juicio, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró a Moreno culpable como autor directo del delito de cohecho y le impuso cinco años de prisión. También fueron condenados como autores directos Conto Patiño, Cai Runguo, Yang H. y Song D., mientras que otros integrantes de la estructura recibieron condenas como cómplices, incluyendo a la esposa e hija de Moreno. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.
La importancia de la sentencia reside en que el tribunal consideró probada la existencia de una estructura financiera utilizada para canalizar pagos vinculados con la adjudicación y ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. La Fiscalía presentó 29 testimonios, 20 pericias y 90 pruebas documentales, incluidas evidencias obtenidas mediante cooperación penal internacional (FGE, 2026a).
El punto de partida fue Coca Codo Sinclair
Coca Codo Sinclair fue adjudicado a la empresa estatal china Sinohydro para la construcción de una de las mayores obras de infraestructura energética del Ecuador. El contrato superó los USD 2.000 millones.
La hipótesis de la Fiscalía fue que Sinohydro destinó aproximadamente USD 76,1 millones —cerca del 4 % del valor del contrato— a pagos indebidos relacionados con la obtención y ejecución del proyecto. El mecanismo habría operado entre 2009 y 2018 mediante contratos de consultoría y representación que, según la acusación, sirvieron como cobertura para transferencias que no respondían a servicios comerciales reales (FGE, 2026a; Primicias, 2023).
Es decir, el soborno no apareció como una transferencia única desde Sinohydro hacia un funcionario. Se construyó una cadena de sociedades, cuentas bancarias, transferencias, cheques y adquisiciones que dificultaba identificar inmediatamente al beneficiario final.
La primera capa: Sinohydro hacia Panamá
La reconstrucción financiera presentada durante el juicio identifica como punto central a Comercial Recorsa C. A., empresa vinculada al empresario Conto Patiño.
Según la pericia contable presentada en junio de 2026, Comercial Recorsa Ecuador recibió de Sinohydro un total de USD 76.185.373,21 entre 2010 y 2018, mediante 50 transferencias realizadas a través de dos cuentas en Panamá.
La primera era una cuenta de Comercial Recorsa en Banco Pichincha Panamá. Allí habrían ingresado aproximadamente USD 75,6 millones.
La segunda correspondía a Recorsa S. A. Panamá, registrada en Canal Bank, que habría recibido aproximadamente USD 585.061 (El Universo, 2026a).
En términos financieros, Recorsa funcionó como una especie de «cuenta madre» del esquema donde el dinero procedente de Sinohydro llegaba a una estructura empresarial aparentemente privada antes de comenzar a fragmentarse.
Una investigación de diario Primicias había establecido que aproximadamente el 99,3 % del dinero habría ingresado a la cuenta de Banco Pichincha Panamá, mientras que el restante 0,7 % habría sido depositado en Recorsa Panamá, en Canal Bank (Primicias, 2023).
El gobierno de Noboa, en agosto del 2025, retiró a Panamá de la lista de paraísos fiscales del SRI. (Lexis, 2025) Aunque estar fuera de la lista de paraísos fiscales reduce los controles, actualmente, y más cuando Moreno era entonces vicepresidente, las sociedades en Panamá también deben justificar qué actividad económica justificaba los pagos, quién controlaba las sociedades y qué ocurrió con el dinero después de recibirlo.
El papel de Conto Patiño
El segundo elemento de la arquitectura financiera es Conto Patiño. Fue representante de Sinohydro en Ecuador y, al mismo tiempo, estaba vinculado a Comercial Recorsa y a otras sociedades que aparecen en la ruta financiera investigada.
El tribunal determinó que Patiño controló entidades societarias que recibieron los fondos y que posteriormente dispuso su distribución hacia funcionarios y personas vinculadas con la adjudicación, financiamiento y ejecución de Coca Codo Sinclair.
La pericia presentada en el juicio identificó 26 transferencias y un cheque desde cuentas de Comercial Recorsa Ecuador y Recorsa Panamá hacia Patiño por aproximadamente USD 1,58 millones. En el caso de su hija María Auxiliadora Patiño, la pericia identificó 54 operaciones por cerca de USD 19,99 millones (El Universo, 2026a).
Las sociedades interpuestas
La investigación identificó cuatro empresas ecuatorianas y siete sociedades extranjeras utilizadas, según la Fiscalía, para movilizar parte de los fondos.
Entre las empresas ecuatorianas apareció Ginepri, vinculada a Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto Patiño. Según la reconstrucción periodística del expediente (Primicias, 2023), Ginepri recibió dinero de Recorsa y posteriormente emitió cheques a personas vinculadas con los procesados, entre ellas Irina Moreno y Cai Runguo.
Es decir, el dinero no necesariamente tenía que pasar directamente de la cuenta original de Recorsa al beneficiario final. Podía circular por una segunda sociedad, lo que multiplicaba las capas entre el origen y el destinatario. Habitual en investigaciones de lavado de activos y corrupción transnacional porque genera una separación entre tres elementos:
el origen del dinero;
la entidad que lo recibe formalmente;
la persona que finalmente obtiene el beneficio.
El caso Sinohydro es un clásico ejemplo.
Las offshore y el problema del beneficiario final
La parte más sensible del caso es la utilización de sociedades offshore. La investigación identificó siete compañías extranjeras ubicadas en jurisdicciones consideradas de baja transparencia fiscal o societaria. Cinco de ellas estaban relacionadas, con la familia Patiño (Primicias, 2023).
Aquí aparece INA Investment Corp., vinculada a María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías, aparece en la ruta financiera relacionada con determinados beneficios atribuidos al entorno de Moreno.
INA muestra, de manera muy relevante, una coincidencia entre la sociedad y determinadas operaciones que terminaron beneficiando al expresidente. Una de ellas fue la adquisición de muebles por USD 19.342 a la empresa Moinat S. A. Los muebles fueron entregados en el departamento registrado por Moreno en Ginebra, Suiza. Según la cobertura de la sentencia, el tribunal consideró probado este hecho (Primicias, 2026).
Este tipo de operación es financieramente más interesante que una transferencia directa:
Si A paga directamente a B, el vínculo es sencillo de identificar.
Si A transfiere a una sociedad offshore, la offshore paga a una empresa comercial y esta entrega un bien que termina en poder de B, se genera una cadena de titularidades y pagos que exige reconstrucción.
El vínculo con la familia Moreno
La condena de Moreno no descansó únicamente en demostrar que existía una red alrededor de Patiño.
El tribunal también analizó operaciones que beneficiaron directamente a miembros del entorno familiar de Moreno.
La pericia financiera identificó, por ejemplo, un cheque de USD 1.568 emitido por Comercial Recorsa a nombre de Rocío González, esposa de Moreno. González sostuvo que correspondía al pago de 100 agendas turísticas de 2015, pero la perito señaló que no pudo establecerse el hecho económico o generador que justificara el pago (El Universo, 2026a).
En el caso de Irina Moreno, hija del expresidente, se identificaron tres cheques provenientes de Recorsa por un total de USD 12.000 (El Universo, 2026a).
Pero estos valores son pequeños frente al elemento que el tribunal consideró central: el grupo familiar de Moreno habría recibido en conjunto más de USD 1,11 millones relacionados con la estructura de pagos investigada (El Universo, 2026c).
Lo relevante es la acumulación de operaciones, su origen, las relaciones entre quienes enviaban y recibían el dinero y la ausencia —según las pericias y la valoración judicial— de una justificación comercial suficiente en determinadas transacciones.
Del dinero ilícito al beneficiario final
La arquitectura que emerge de las investigaciones puede simplificarse de la siguiente manera: Sinohydro; cuentas de origen / Bank of China; Comercial Recorsa Ecuador; Banco Pichincha Panamá / Recorsa Panamá – Canal Bank; Conto Patiño y sociedades relacionadas; empresas ecuatorianas y offshore; transferencias / cheques / pagos de bienes; funcionarios, intermediarios y personas vinculadas con los beneficiarios finales.
Esta representación siguen siendo una simplificación de un circuito mucho más complejo, pero permite entender el problema central. La operación no dependía de fragmentar su recorrido.
¿Dónde aparece exactamente Moreno?
Moreno ha sostenido que no firmó el contrato de Coca Codo Sinclair, que no tenía a su cargo el proyecto y que no recibió dinero de Sinohydro. Durante el juicio cuestionó que se lo responsabilizara por un proyecto cuya conducción correspondía a otras autoridades (Reuters, 2026). La dificultad para la acusación era demostrar el vínculo entre dos hechos diferentes:
primero, la existencia de una estructura de sobornos alrededor del contrato de Sinohydro;
segundo, la participación consciente de Moreno en esa estructura.
Pero el tribunal consideró que ese vínculo estaba probado. Según la sentencia, Moreno fue autor directo del cohecho y el grupo familiar recibió más de USD 1,11 millones (como ya lo mencionamos antes) vinculados con la intervención en el proyecto. La Fiscalía había argumentado que la estructura financiera, las pericias bancarias, la documentación societaria, los testimonios y la cooperación penal internacional permitían reconstruir tanto el origen como la distribución de los recursos (FGE, 2026a).
La prueba financiera
La fortaleza de este caso está en la combinación de evidencia de distinta naturaleza.
La Fiscalía presentó:
registros y movimientos bancarios;
documentación societaria;
contratos;
documentos comerciales;
pericias financieras;
pericias informáticas;
testimonios;
información obtenida mediante cooperación penal internacional.
Se identificaron 50 transferencias de Sinohydro hacia las cuentas utilizadas por Recorsa en Panamá por USD 76.185.373,21. Después se siguieron los movimientos hacia personas naturales y jurídicas vinculadas al proceso (El Universo, 2026a).
Esta es la diferencia entre una acusación política y una acusación financiera. La primera puede decir: «Moreno tuvo influjo psíquico[1] en Patiño».
La segunda demostró: «Sinohydro transfirió X cantidad a Recorsa; Recorsa transfirió Y a determinada sociedad; esa sociedad transfirió Z a determinada persona; y esa persona estaba vinculada con el funcionario que intervino en la operación».
La función de las offshore
El problema de una offshore aparece cuando concurren varios elementos:
la sociedad no tiene una actividad económica proporcional a los fondos que recibe;
los beneficiarios finales están ocultos detrás de estructuras societarias;
los recursos proceden de una empresa que tiene un contrato multimillonario con el Estado;
existen transferencias sucesivas entre sociedades relacionadas;
los fondos terminan beneficiando a funcionarios o personas de su entorno;
y no existe una justificación comercial verificable para determinados pagos.
En Sinohydro, la Fiscalía presentó precisamente una hipótesis de ese tipo y el tribunal concluyó que existió una estructura de pagos indebidos.
Una lectura financiera del caso
Sinohydro presenta una arquitectura relativamente clásica de ocultamiento y distribución: origen corporativo; intermediario; cuenta offshore; sociedad relacionada; transferencia/cheque; beneficiario final.
Lo novedoso es la combinación: el dinero habría sido generado en el contexto de un contrato público de miles de millones de dólares; enviado desde una empresa estatal china; transferido a cuentas panameñas; recibido por una sociedad vinculada a un intermediario ecuatoriano; redistribuido mediante una red de sociedades y personas; y, según la sentencia, una parte terminó beneficiando al entorno familiar de quien posteriormente llegó a ser presidente de Ecuador.
La sentencia, sin embargo, no cierra la discusión sobre la ruta financiera. Además hay que decir que la sentencia se puede apelar en segunda y tercera instancia. De esta manera, si la decisión es confirmada en las siguientes instancias, el caso Sinohydro quedará como un precedente relevante sobre cómo una estructura transnacional de sociedades, cuentas bancarias y beneficiarios finales puede ser reconstruida a partir de la trazabilidad de los recursos. Pero precisamente por eso, la cuestión decisiva seguirá siendo determinar, operación por operación, quién ejercía el control efectivo de las sociedades, quién ordenó cada transferencia y cuál fue su justificación económica.
Llegando el proceso en este punto, podemos decir: esta historia continuará…
[1] Influjo psíquico es la figura con la que se condenó a Rafael Correa
Bibliografía Fiscalía General del Estado. (2026a, 28 de agosto). Caso Sinohydro: Fiscalía obtiene sentencia contra 20 personas por cohecho.
Fiscalía General del Estado. (2026b, 17 de junio). Caso Sinohydro: Fiscalía concluye la presentación de pruebas en el juicio por presunto cohecho.
El Universo. (2026a, 9 de junio). Pericia define el camino que habrían tomado los dineros depositados por la empresa Sinohydro en cuentas de Panamá y que llegaron a poder de los procesados.
El Universo. (2026b, 28 de agosto). Conto Patiño es declarado culpable del delito de cohecho en el caso Sinohydro.
El Universo. (2026c, 28 de agosto). Caso Sinohydro: tribunal determina la responsabilidad de Lenín Moreno como autor directo del delito de cohecho.
Primicias. (2023, marzo). Sinohydro: “Entramado empresarial” movió coimas durante ocho años.
Primicias. (2026, 28 de agosto). Expresidente Lenín Moreno es condenado a cinco años de cárcel por el caso Sinohydro.
Reuters. (2026, 28 de agosto). Ecuador finds ex-President Moreno guilty in hydro plant bribery case.
El Plan de Acción de Puyok ha sabido recoger una construcción política que viene de Belém y Rurrenabaque y da continuidad a procesos que ya habían comenzado en la región, entre ellos el Foro para salir de los Hidrocarburos de Santa Marta. Puyok da otro paso más y convirtió esa acumulación de mandatos y propuestas en una agenda de acción común.
Esto hay que ubicarlo en el nuevo contexto de la diplomacia internacional. La disputa por la amazónico no ocurre solamente alrededor de petróleo, minería o deforestación. Ahora también se juega en las negociaciones sobre deuda, comercio, inversiones, minerales estratégicos, transición energética, financiamiento climático, mercados de carbono y nuevas formas de control territorial. En un escenario donde la región avanza con mayor extractivismo, dependencia financiera y neoliberalismo autoritario.
El Plan de Acción puede cumplir esa función si se lo entiende como una herramienta política, más allá del documento final del Foro. Su debe ser conectar lo construido desde Belém, Rurrenabaque y Santa Marta con lo que viene después de Puyok: organizar agendas regionales, identificar responsables, producir evidencia, activar acciones jurídicas y políticas y llevar posiciones de los pueblos a los espacios internacionales donde se están definiendo las reglas del próximo ciclo económico y climático… en otras palabras, hay que echar a andar Plan de Acción. Para eso el propio Plan plantea responsables, plazos y mecanismos de reporte para evitar que los compromisos queden solamente en el papel.
Puyok fue para todo un punto de llegada, pero debe ir más allá de eso, y convertirse en un punto de acumulación. Que el XIII FOSPA pueda evaluar qué se hizo con los mandatos anteriores y llegar con mayor capacidad política, jurídica y diplomática. La continuidad del proceso es, en sí misma, una forma de disputar poder. Pasar de reaccionar frente a las decisiones que otros toman sobre la Amazonía a construir una agenda propia, popular, plurinacional y profundamente ecológica.
Entre 2020 y 2024, la deuda externa total de los siete países amazónicos con información disponible aumentó de 857.254 millones a 984.308 millones de dólares. El incremento fue de 127.054 millones, equivalente al 14,8 %.
El endeudamiento podría alcanzar 1,07 billones de dólares en 2026. Esto representaría un crecimiento aproximado del 25 % respecto de 2020.
Fuente: Observatorio de Finanzas y Clima con datos del Banco Mundial.
Brasil concentra la mayor parte de la deuda externa debido al tamaño de su economía. Los mayores aumentos porcentuales se observan en Guyana, Surinam y Colombia. Entre 2020 y 2026, la deuda de Guyana habría crecido 219 %. La de Surinam aumentaría 46 % y la de Colombia 45 %.
La deuda externa de los países amazónicos debe pagarse principalmente en dólares. Por esta razón, los países se ven presionados a generar mayores exportaciones de materias primas. En muchos países la deuda externa se paga con extractivismo.
Fuente: Observatorio de Finanzas y Clima con datos del Banco Mundial.
La explotación petrolera, la minería, la agroindustria y la construcción de infraestructura aparecen entonces como respuestas rápidas frente a las necesidades fiscales y externas. La Amazonía se convierte en una fuente de petróleo, minerales, madera, electricidad y productos agrícolas destinados al mercado internacional.
La deforestación y el extractivismo también dependen de los precios internacionales, las políticas nacionales, la demanda global y el avance de las economías ilegales. Sin embargo, el endeudamiento aumenta los incentivos para ampliar las exportaciones y reduce el espacio político para mantener recursos bajo tierra.
El Yasuní lo demuestra. En 2023, la mayoría de la población ecuatoriana votó por dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43-ITT, pero la decisión no se ha cumplido, todavía se explota petróleo en una de las zonas más mega biodiversas del planeta. El caso muestra que una decisión democrática puede quedar subordinada a una estructura financiera ordenada por la deuda.
La deuda también limita la capacidad de los Estados para financiar una transición ecológica, porque el pago de intereses compite con los presupuestos destinados a protección ambiental y adaptación climática. Y cuando el financiamiento climático llega mediante nuevos préstamos, el problema se reproduce. Los países reciben recursos para enfrentar una crisis que no provocaron en la misma proporción, pero deben devolverlos con intereses.
Por eso, la defensa de la Amazonía también requiere una agenda sobre deuda. Esta agenda debe exigir financiamiento climático no reembolsable, reducción de obligaciones insostenibles y transparencia sobre el destino de los créditos. También debe evaluar los impactos ambientales de los programas económicos promovidos por acreedores internacionales.
Mientras el pago de la deuda dependa de producir más petróleo, minerales y exportaciones agrícolas, la presión sobre la naturaleza no cesará .
En la Asamblea Nacional de Ecuador se tramita actualmente una reforma al Código Orgánico del Ambiente que incluye disposiciones sobre mercados de carbono. El proyecto, originalmente presentado como una ley específica para el combate y la adaptación al cambio climático, fue transformado por la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales en una reforma parcial al marco ambiental vigente. El informe para primer debate de esta comisión, aprobado en marzo de 2026, fue debatido en el Pleno en abril de ese mismo año y regresó a la comisión para la preparación del segundo debate.
Los mercados de carbono aparecen en esta propuesta como uno de los mecanismos para canalizar financiamiento climático internacional y cumplir con los compromisos del país en el Acuerdo de París. La reforma habilita la participación de Ecuador en mercados regulados, mercados voluntarios y enfoques de no mercado, y establece reglas para el registro de transacciones de carbono.
Para las organizaciones indígenas, este tema reviste particular relevancia. Muchos territorios indígenas albergan bosques, páramos y ecosistemas con alta capacidad de captura de carbono. La implementación de proyectos de este tipo puede generar recursos económicos, pero también puede implicar restricciones sobre el uso del territorio, contratos de largo plazo y la intervención de actores externos. La Constitución de la República reconoce los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo la consulta previa, libre e informada. Por ello, resulta necesario comprender con claridad qué establece la propuesta legislativa y qué consecuencias puede tener su aplicación en los territorios.
A continuación respondemos: qué son los mercados de carbono, qué dispone específicamente la reforma en trámite y cuáles son los principales riesgos identificados para los pueblos indígenas.
¿Qué son los mercados de carbono?
Los mercados de carbono son mecanismos mediante los cuales se compran y venden “créditos”que representan la reducción o absorción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En términos simples, una empresa, un país o una organización que emite grandes cantidades de dióxido de carbono puede pagar a otra parte para que realice actividades que compensen esas emisiones.
Estas actividades suelen consistir en la protección de bosques, la reforestación, el cambio de prácticas agrícolas o la implementación de proyectos de energía renovable. A cambio de estas acciones, se generan créditos de carbono que pueden ser comprados por quienes necesitan compensar sus emisiones.
Existen dos tipos principales de mercados de carbono:
Mercados regulados: Son aquellos que funcionan bajo reglas establecidas por acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París. En estos mercados, los países o las empresas están obligados a cumplir metas de reducción de emisiones y pueden usar créditos de carbono como parte de ese cumplimiento.
Mercados voluntarios: Son aquellos en los que participan empresas, organizaciones o gobiernos de forma voluntaria, sin que exista una obligación legal. En estos mercados, los créditos de carbono se generan y se venden de manera más flexible, y suelen ser los más utilizados en proyectos que se hacen en países en desarrollo.
En la práctica, los mercados de carbono permiten que quienes contaminan en un lugar puedan “compensar” esa contaminación financiando proyectos en otro lugar. Esta lógica ha sido impulsada a nivel internacional como una herramienta para movilizar recursos hacia acciones climáticas, especialmente en países con grandes extensiones de bosques y ecosistemas que capturan carbono.
Sin embargo, su implementación ha generado distintos debates. Mientras algunos sectores los presentan como una oportunidad para obtener financiamiento, otros señalan que estos mecanismos pueden desplazar la responsabilidad de reducir emisiones directamente en los lugares donde se generan, y que los beneficios económicos no siempre llegan de forma equitativa a las comunidades que habitan los territorios donde se desarrollan los proyectos.
¿Qué dice la propuesta de ley sobre mercados de carbono?
La reforma que pretende la Asamblea no crea una ley nueva dedicada exclusivamente al cambio climático. Si no que, modifica el Código Orgánico del Ambiente para incorporar disposiciones sobre mercados de carbono dentro del marco legal ambiental existente.
El objetivo declarado de estas modificaciones es establecer un marco legal que permita a Ecuador participar en mecanismos de financiamiento climático internacional, especialmente aquellos relacionados con la reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, la propuesta introduce varios artículos nuevos o modificados que regulan estos mecanismos.
Uno de los artículos más importantes es el Artículo 253.1, que establece los tipos de mecanismos que el país podrá desarrollar. Este artículo distingue tres categorías:
Los mercados de carbono regulados, que se rigen por acuerdos internacionales, como los mecanismos previstos en el Artículo 6 del Acuerdo de París.
Los mercados de carbono voluntarios, que incluyen iniciativas de compensación (conocidas como offsetting) y de reducción de emisiones dentro de cadenas de valor o territorios (insetting).
Los enfoques de no mercado, que son mecanismos de cooperación que no generan créditos de carbono, como pagos por resultados, transferencia de tecnología o fortalecimiento de capacidades.
Según el texto propuesto, la Autoridad Ambiental Nacional será la entidad responsable de establecer los lineamientos, condiciones y procedimientos para participar en estos mecanismos. El artículo indica que estas reglas deben garantizar la integridad ambiental, la transparencia de la información y la coherencia con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Ecuador.
Por otro lado, el Artículo 253 (modificado) señala que la Autoridad Ambiental Nacional podrá promover el desarrollo de mecanismos financieros de carbono para contribuir a la mitigación del cambio climático, de conformidad con la política nacional y los compromisos internacionales del Estado.
Además, la reforma crea el Registro Nacional de Cambio Climático a través del Artículo 254. Este registro funcionará como la plataforma oficial del Estado para llevar el control y la trazabilidad de las acciones de mitigación, adaptación y financiamiento climático. El artículo establece que este registro incluirá un apartado específico para las transacciones de carbono. También indica que la operación técnica del registro de transacciones podrá ser realizada directamente por el Estado o delegada a terceros autorizados, aunque la rectoría, regulación y supervisión permanecerían en manos de la Autoridad Ambiental Nacional.
En términos generales, la propuesta busca habilitar legalmente la participación de Ecuador en los mercados de carbono, tanto regulados como voluntarios, y crear un sistema institucional para dar seguimiento a estas operaciones. El texto vincula estos mecanismos con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en el Acuerdo de París y con la necesidad de acceder a financiamiento climático internacional.
Así, el Acuerdo de París se refiere al Artículo 6 que es la parte que permite a los países “negociar” reducciones de emisiones entre ellos. En términos simples, este artículo autoriza que un país o una empresa que contamina mucho pueda pagar a otro país para que realice acciones que reduzcan o absorban gases de efecto invernadero (como proteger bosques o plantar árboles), y así “compensar” su propia contaminación.
Ese es el mecanismo que se conoce como mercados de carbono. El Artículo 6 tiene dos partes principales que regulan estos mercados:
El Artículo 6.2 permite que los países se pongan de acuerdo directamente entre ellos para transferir resultados de reducción de emisiones.
El Artículo 6.4 crea un mecanismo más formal, supervisado por las Naciones Unidas, para generar y vender créditos de carbono a nivel internacional.
Aunque el Artículo 6 también menciona otras formas de cooperación que no implican vender créditos de carbono (llamadas “enfoques de no mercado”), en la práctica la mayoría de los países y empresas lo están utilizando principalmente para desarrollar mercados de carbono.
Por esta razón, la reforma que se está tramitando en Ecuador incluye reglas sobre mercados de carbono. El objetivo es que el país pueda participar en estos mecanismos internacionales y acceder a financiamiento climático.
En resumen, aunque el Artículo 6 se presenta como una herramienta de cooperación internacional, en la práctica ha sido utilizado principalmente para crear mercados de carbono que pueden generar nuevos riesgos sobre los territorios y derechos de los pueblos indígenas si no se establecen salvaguardas claras y efectivas.
Los principales riesgos de esta reforma para los pueblos indígenas y la efectividad de la acción climática
La reforma al Código Orgánico del Ambiente que se encuentra en trámite habilita la participación de Ecuador en mercados de carbono, tanto regulados como voluntarios. Sin embargo, las disposiciones incluidas en la reforma no establecen salvaguardas suficientes para proteger los territorios indígenas ni garantías robustas de integridad ambiental. A continuación se presentan los principales riesgos identificados.
Riesgos para los pueblos indígenas
Bajo precio de los créditos vs. alto valor del territorio Los créditos de carbono en los mercados voluntarios se transan en promedio alrededor de 6 dólares por tonelada de CO₂. Esto significa que, incluso si un territorio genera una gran cantidad de créditos, el ingreso por hectárea puede ser relativamente bajo en comparación con el valor económico, cultural y ecológico que tiene el territorio para las comunidades. Esta asimetría puede generar una presión económica para aceptar proyectos que no sean realmente ventajosos a largo plazo.
Falta de reglas claras sobre el reparto de beneficios El Artículo 253.1 habilita la participación en mercados de carbono, pero no establece mecanismos obligatorios ni porcentajes mínimos para garantizar que las comunidades indígenas reciban una parte justa de los recursos económicos que se generen en sus territorios. Esto genera el riesgo de que los beneficios se concentren principalmente en intermediarios, empresas y consultores externos.
Posibilidad de delegar la operación del Registro Nacional de Cambio Climático a terceros El Artículo 254 permite que la operación técnica del registro de transacciones de carbono sea entregada a terceros autorizados. Esta disposición representa un riesgo porque implica que información sensible sobre los proyectos que se desarrollen en territorios indígenas podría quedar bajo administración de actores externos, reduciendo el control de las comunidades y del Estado sobre los datos y las operaciones.
Debilidad en los mecanismos de consulta y consentimiento La reforma menciona de forma general la participación de comunidades y pueblos indígenas, pero no establece procedimientos claros ni obligaciones específicas para realizar procesos de consulta previa, libre e informada antes de implementar proyectos de mercados de carbono en sus territorios. Esta ausencia aumenta el riesgo de que se tomen decisiones que afecten directamente los territorios sin el consentimiento real de las comunidades.
Posibles restricciones al uso tradicional del territorio Los proyectos orientados a la generación de créditos de carbono pueden imponer reglas sobre las actividades permitidas dentro del bosque o el páramo. Esto puede limitar prácticas tradicionales como la caza, la pesca, la recolección de productos forestales o ciertas formas de agricultura, afectando las formas de vida y la relación de los pueblos indígenas con sus territorios.
Ausencia de salvaguardas específicas para pueblos indígenas Los artículos relacionados con mercados de carbono (principalmente los Artículos 253.1 y 254) no desarrollan protecciones concretas para los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza ni los protocolos de consentimiento. Esta falta de salvaguardas específicas aumenta el riesgo de que se implementen proyectos que generen conflictos internos en las comunidades y debiliten el control territorial.
Riesgos para la efectividad de la acción climática
Además de los riesgos para los pueblos indígenas, la forma en que se regulan los mercados de carbono en esta reforma puede debilitar la efectividad de la lucha contra el cambio climático. Los principales riesgos son los siguientes:
Riesgo de greenwashing (lavado verde de cara). Al habilitar los mercados voluntarios sin establecer estándares altos de integridad ambiental, existe el riesgo de que empresas y países utilicen créditos de carbono para aparentar reducciones de emisiones sin realizar cambios estructurales reales en sus patrones de producción y consumo.
Riesgo de créditos de baja calidad. La reforma no establece requisitos estrictos para garantizar que los créditos de carbono representen reducciones reales, adicionales y permanentes de emisiones. Esto puede derivar en la comercialización de créditos que no cumplan efectivamente con su objetivo de mitigación.
Riesgo de doble contabilidad . Si no se implementan sistemas robustos de control y trazabilidad, existe la posibilidad de que las reducciones de emisiones sean contadas simultáneamente por el país donde se desarrolla el proyecto y por el país o empresa que adquiere el crédito, distorsionando los avances reales en la reducción de emisiones.
Priorización de mecanismos de compensación sobre la reducción doméstica de emisiones. La reforma otorga mayor desarrollo normativo a los mercados de carbono que a otros instrumentos. Esto puede generar un enfoque excesivo en la compensación de emisiones de otros actores, en detrimento de políticas más ambiciosas de reducción de emisiones dentro del territorio ecuatoriano.
Dependencia de financiamiento externo volátil Los recursos que podrían obtenerse a través de los mercados de carbono dependen en gran medida de la demanda externa. Esta dependencia puede generar inestabilidad en el financiamiento climático y desviar la atención de la necesidad de fortalecer políticas públicas internas más sólidas y sostenibles.
Posible debilitamiento de la ambición climática Cuando los mercados de carbono se convierten en el mecanismo predominante, existe el riesgo de que se reduzca la presión política para adoptar medidas más transformadoras, como la reducción del uso de combustibles fósiles o el freno a la expansión de actividades extractivas de alto impacto.
Enfoque limitado en adaptación y pérdidas y daños. Aunque la reforma menciona la adaptación y las pérdidas y daños, el mayor desarrollo normativo está concentrado en los mecanismos de mercado. Esto puede generar un desequilibrio en el que se priorice la compensación de emisiones por encima de las acciones de adaptación que son urgentes para las comunidades más vulnerables.
De esta manera, consideramos que la participación de Ecuador en los mercados de carbono sin establecer salvaguardas suficientes para proteger los territorios indígenas ni garantías robustas de integridad ambiental. Los vacíos identificados en el reparto de beneficios, la consulta previa, el control sobre el registro de transacciones y los estándares de calidad de los créditos representan riesgos reales tanto para los pueblos indígenas como para la efectividad de la acción climática. Si estos vacíos no son corregidos durante el trámite legislativo, existe la posibilidad de que la norma facilite la implementación de proyectos que generen conflictos territoriales, concentren beneficios en actores externos y contribuyan poco a una reducción real y estructural de las emisiones. Por ello, resulta fundamental que las organizaciones indígenas analicen con atención el contenido de la reforma y definan una posición clara frente al proceso que se desarrolla en la Asamblea Nacional.
Una experiencia alternativa: el Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena de Perú
En la región existe ya una experiencia liderada por organizaciones indígenas que muestra un camino distinto al que propone la reforma ecuatoriana. Se trata del Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena (RIJ) de la Amazonía peruana, impulsado por el Grupo Perú de Pueblos Indígenas (integrado por AIDESEP, CONAP y ANECAP) en articulación con el Ministerio del Ambiente de Perú.
Este programa se desarrolla bajo el enfoque HFLD (Alta Cobertura de Bosque y Baja Deforestación) y tiene un potencial aproximado de 8 millones de hectáreas de bosque, con la participación de cerca de 992 comunidades nativas. Fue registrado en noviembre de 2024 bajo el estándar ART-TREES, uno de los más exigentes a nivel internacional.
Diferencias de la propuesta peruana y la reforma de Ecuador
Aspecto
Programa RIJ (Perú – AIDESEP et al.)
Reforma Ecuador (propuesta actual)
Diferencia clave
Liderazgo
Organizaciones indígenas (AIDESEP, CONAP, ANECAP) co-lideran con el gobierno
El Estado (Autoridad Ambiental) define las reglas
En propuesta de Perú hay cogobernanza real
Escala
Jurisdiccional (8 millones de hectáreas, 992 comunidades)
No define escala ni enfoque territorial claro
En propuesta de Perú se protege grandes territorios ya conservados (HFLD)
Estándar
ART-TREES (considerado de alta integridad)
Abre tanto mercados regulados como voluntarios sin exigir estándares altos
Mayor riesgo de baja calidad en Ecuador
Reparto de beneficios
Fase explícita de consulta y distribución de beneficios
No establece mecanismos obligatorios ni porcentajes
Gran vacío en la propuesta ecuatoriana
Consentimiento
Incluye obtención de consentimiento de los titulares de derechos
No desarrolla obligaciones específicas de consulta previa en los artículos de carbono
Debilidad importante en Ecuador
Gobernanza
Instancia de toma de decisiones conjunta (MINAM + organizaciones indígenas)
No crea instancias de cogobernanza indígena
Las comunidades tienen menos poder en la propuesta de Ecuador
Lo que distingue a este programa y lo hace especialmente relevante para analizar la reforma ecuatoriana son varios elementos:
Visión basada en derechos y protagonismo indígena: El RIJ parte del principio de que los pueblos indígenas son protagonistas y no simples beneficiarios. Reconoce su aporte histórico a la conservación de los bosques y busca que este esfuerzo sea valorado y compensado. Además, plantea una visión integral del territorio que no se reduce solo al carbono, sino que incluye la biodiversidad, el agua, la cultura y el buen vivir.
Cogobernanza estructurada: Existe una instancia de toma de decisiones conformada de manera paritaria entre el Ministerio del Ambiente y las tres organizaciones indígenas, además de una instancia de coordinación técnica. Esto representa un nivel de participación en la gobernanza que no está contemplado en la reforma ecuatoriana.
Proceso explícito de distribución de beneficios y consentimiento: La Hoja de Ruta del programa incluye pasos específicos para realizar la consulta y alcanzar acuerdos sobre la distribución de beneficios, así como para obtener el consentimiento de los titulares de derechos. A diferencia de la reforma ecuatoriana, que habilita los mercados de carbono sin establecer reglas claras ni procedimientos obligatorios en estos temas, el modelo peruano ha incorporado estas etapas como parte central del diseño.
Gestión propia de los beneficios: Uno de los principios rectores del programa es que los recursos generados se destinen al fortalecimiento de la gobernanza indígena, la educación, la salud, el manejo forestal y la seguridad alimentaria de las comunidades, bajo administración propia.
A junio de 2026, el programa continúa avanzando en la preparación de los documentos de registro y monitoreo bajo el estándar TREES, así como en el proceso de obtención del consentimiento de las comunidades. Esta experiencia demuestra que es posible construir mecanismos de financiamiento climático con mayor participación indígena en la gobernanza, con procesos estructurados de distribución de beneficios y con un enfoque que va más allá de la mera transacción de créditos de carbono.
Evaluación crítica de la posición de las organizaciones indígenas frente a los mercados de carbono
Aspecto
Posición de las organizaciones indígenas
Análisis crítico
Aceptan el mecanismo de compensación (offsetting)
Sí (de forma pragmática)
Participan activamente en REDD+ y acuerdos como LEAF, lo que implica aceptar que otros actores sigan emitiendo mientras se compensa en sus territorios.
Están de acuerdo con la lógica de “puedo seguir contaminando si pago”
Generalmente no
Critican esta lógica, pero al participar en el mecanismo la legitiman en la práctica, generando una contradicción entre discurso y acción.
Quieren controlar cómo se implementan los mecanismos
Sí, de forma fuerte
Exigen gobernanza indígena, reparto de beneficios y estándares altos. Sin embargo, su capacidad real de imponer estas condiciones depende de la correlación de fuerzas con el Estado y los compradores de créditos.
Prefieren otros mecanismos de financiamiento climático
En muchos casos sí
Prefieren pagos por resultados, fondos directos o cooperación no mercantil, pero aceptan los mercados de carbono por ser una de las pocas fuentes de financiamiento disponibles actualmente.
Rechazan totalmente los mercados de carbono
No
Han pasado de una posición de rechazo fuerte (2008-2012) a una de participación crítica. Este cambio reduce su capacidad de cuestionar el modelo en su conjunto.
Creen que los mercados de carbono son una solución climática adecuada
Parcialmente
Los ven más como una fuente de recursos para la conservación y el desarrollo comunitario que como una solución estructural al cambio climático.
Priorizan la reducción de emisiones en origen (en países ricos)
Sí, en el discurso
Critican que los contaminadores sigan emitiendo, pero al generar créditos de compensación facilitan que esta situación continúe.
Consideran que pueden transformar el sistema desde dentro
Sí
Apuestan a mejorar las reglas del juego (estándares, gobernanza, beneficios). Existe el riesgo de que esta estrategia termine adaptándolos al sistema en lugar de transformarlo.
Evalúan los riesgos de cooptación
De forma limitada
Aunque exigen control indígena, subestiman el riesgo de que los mecanismos de carbono terminen capturando su agenda y limitando su crítica más radical.
Abordan el problema de la ambición climática global
De manera débil
Su enfoque está puesto principalmente en cómo se distribuyen los beneficios y quién controla los proyectos, más que en cuestionar si los mercados de carbono reducen o no la presión para que los grandes emisores reduzcan sus emisiones.
Priorizan la adaptación y las pérdidas y daños
No
Sus propuestas se concentran casi exclusivamente en mitigación (generación de créditos de carbono), con escasa atención a la adaptación o a los daños que ya están sufriendo las comunidades.
Exigen transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos
Sí
Plantean mecanismos de control comunitario y fondos autónomos, lo que representa un avance respecto a proyectos convencionales.
Aceptan que sus territorios funcionen como “sumideros de carbono” para otros
Sí, de forma condicionada
Aceptan este rol siempre que exista control indígena y beneficios reales, aunque esto refuerza una división internacional del trabajo climático desigual.
Creen que los mercados de carbono pueden coexistir con una transición justa
Parcialmente
Consideran que pueden obtener recursos para sus comunidades sin renunciar a su visión de buen vivir, aunque esta coexistencia es difícil en la práctica.
¿Qué pueden hacer las organizaciones indígenas en el caso de que sea inevitable los mercados de carbono?
Frente a la reforma que se tramita en la Asamblea Nacional, las organizaciones indígenas pueden tomar varias acciones concretas, inspiradas en experiencias regionales exitosas como el Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena de AIDESEP .
1. Exigir un porcentaje mínimo de reparto de beneficios
No basta con pedir “claridad”. Las organizaciones pueden exigir que la ley establezca un porcentaje mínimo obligatorio (por ejemplo, 40%) de los recursos generados por mercados de carbono que sea canalizado directamente a las comunidades y pueblos indígenas, a través de un fondo con administración indígena.
2. Demandar la creación de un espacio de gobernanza indígena con poder real
Siguiendo la experiencia de cogobernanza del programa peruano, se puede exigir la creación de una instancia formal (similar a un Grupo de Trabajo Técnico Indígena) con participación paritaria en la toma de decisiones sobre mercados de carbono, y no solo como espacio consultivo.
3. Exigir estándares altos de integridad ambiental y social
Las organizaciones pueden demandar que cualquier proyecto de mercado de carbono que se desarrolle en territorios indígenas deba cumplir con estándares internacionales reconocidos de alta integridad (como ART-TREES), y no solo con los requisitos mínimos que establece la reforma actual.
4. Fortalecer la exigencia de Consentimiento Previo, Libre e Informado (CLPI)
Más allá de la consulta general, se debe exigir que el CLPI sea obligatorio y vinculante antes de aprobar cualquier proyecto de carbono en territorios indígenas, incluyendo la aprobación de metodologías de monitoreo y criterios de distribución de beneficios.
5. Impulsar el monitoreo participativo comunitario
Las organizaciones pueden proponer que la ley reconozca y financie sistemas de monitoreo territorial liderados por las propias comunidades.
6. Usar el precedente peruano como argumento de negociación
El hecho de que en Perú las organizaciones indígenas hayan logrado registrar un programa jurisdiccional bajo un estándar exigente (ART-TREES) con participación en la gobernanza, puede ser utilizado como argumento para demostrar que es posible y necesario ir más allá de lo que actualmente propone la reforma ecuatoriana.
7. Articularse regionalmente
Fortalecer la coordinación con organizaciones indígenas de otros países amazónicos (especialmente Perú y Colombia) para intercambiar experiencias, estrategias y aprendizajes sobre negociación de beneficios en mecanismos de carbono.
¿Qué pueden hacer las organizaciones indígenas si deciden rechazar los mercados de carbono?
Rechazar los mercados de carbono no significa renunciar a obtener recursos para la conservación de los territorios ni para el fortalecimiento de las comunidades. Significa cambiar de estrategia: dejar de operar dentro de un modelo basado en la compensación de emisiones y pasar a exigir formas de financiamiento climático más justas, directas y que no dependan de permitir que otros sigan contaminando. A continuación se presentan acciones concretas que las organizaciones indígenas pueden impulsar en este escenario:
1. Exigir financiamiento climático no mercantil y directo
Las organizaciones pueden demandar que los recursos climáticos lleguen de forma directa, sin pasar por la generación de créditos de carbono. Esto implica priorizar el acceso al Fondo de Pérdidas y Daños, al Fondo Verde del Clima y a otros mecanismos de financiamiento público internacional bajo modalidades de donación (no reembolsables) y sin la obligación de generar créditos que compensen emisiones de terceros.
2. Impulsar los enfoques de no mercado del Artículo 6.8 del Acuerdo de París
En lugar de enfocarse en los mercados de carbono (Artículo 6.2 y 6.4), las organizaciones pueden exigir que Ecuador desarrolle e implemente enfoques de cooperación no mercantil. Esto abre la posibilidad de recibir financiamiento climático basado en resultados, transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades y apoyo directo a la adaptación, sin necesidad de vender créditos de carbono.
3. Demandar una moratoria o regulación estricta de los mercados de carbono
Las organizaciones pueden impulsar una posición clara de moratoria temporal a nuevos proyectos de mercados de carbono en territorios indígenas hasta que se cumplan condiciones previas, tales como: titulación masiva de tierras, reconocimiento legal de la gobernanza indígena sobre los bosques y el carbono, y la existencia de mecanismos de financiamiento no mercantil consolidados. También pueden exigir que cualquier proyecto futuro deba someterse a estándares muy altos de derechos humanos y consentimiento vinculante.
4. Fortalecer la titulación y el control territorial como estrategia climática central
Una de las acciones más efectivas y radicales es centrar la estrategia en la defensa y titulación de los territorios indígenas. La evidencia demuestra que los territorios bajo control indígena tienen menores tasas de deforestación. Exigir que el Estado reconozca y respete este control territorial, junto con recursos directos para su fortalecimiento (guardias indígenas, monitoreo comunitario, Planes de Vida), puede ser una estrategia climática más sólida y menos riesgosa que los mercados de carbono.
5. Articularse regionalmente para exigir reparaciones climáticas
Las organizaciones indígenas pueden impulsar, a través de COICA y otras instancias regionales, una posición amazónica común que exija reparaciones climáticas a los países históricamente responsables de las emisiones. Esto implica pasar de una lógica de “venta de servicios ambientales” a una lógica de deuda climática y responsabilidad histórica, demandando financiamiento directo sin contrapartidas de compensación.
6. Construir alianzas más amplias
Rechazar los mercados de carbono puede fortalecerse si se articula con otros movimientos y actores que también cuestionan este modelo, tales como organizaciones ambientales, movimientos por la justicia climática, redes de deuda y organizaciones que impulsan impuestos a la extracción de combustibles fósiles. Esta articulación permite disputar el debate público más allá del ámbito indígena.
Conclusiones
La reforma al Código Orgánico del Ambiente que se tramita actualmente en la Asamblea Nacional constituye una oportunidad desaprovechada para establecer un marco normativo sólido y protector en materia de mercados de carbono. En lugar de desarrollar reglas claras que garanticen la integridad ambiental, la distribución equitativa de beneficios y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la propuesta se limita a habilitar la participación de Ecuador en estos mecanismos sin establecer las salvaguardas mínimas necesarias. Los artículos 253, 253.1 y 254 otorgan amplias facultades a la Autoridad Ambiental Nacional, pero no desarrollan obligaciones concretas ni mecanismos de control que impidan que los beneficios se concentren en actores externos ni que se implementen proyectos sin el consentimiento real de las comunidades afectadas.
Desde el punto de vista de la calidad y la gobernanza, la reforma presenta serias deficiencias. No establece estándares exigentes de integridad ambiental para los créditos de carbono que se generen en el país, lo que abre la puerta a la comercialización de reducciones de baja calidad, con problemas de adicionalidad, permanencia o sobreestimación de los beneficios climáticos. Además, la posibilidad de delegar la operación del Registro Nacional de Cambio Climático a terceros, contemplada en el Artículo 254, debilita el control estatal y comunitario sobre las transacciones. La ausencia de una instancia de gobernanza indígena con poder real de decisión, a diferencia de lo que proponen el modelo peruano liderado por AIDESEP , confirma que la reforma prioriza la facilitación del mercado por encima de la construcción de mecanismos con legitimidad social y control territorial.
Más grave aún son los riesgos estructurales que derivan del modelo de compensación que la reforma habilita. Al no establecer límites claros ni condiciones estrictas para el uso de créditos de carbono como mecanismo de compensación, la norma permite que actores externos —empresas o países— continúen emitiendo gases de efecto invernadero mientras financian proyectos en territorios ecuatorianos. Esta lógica de offsetting no resuelve el problema de fondo de la crisis climática y, por el contrario, puede contribuir a perpetuar patrones de producción y consumo insostenibles. La experiencia internacional ha demostrado que, sin regulaciones robustas, los mercados de carbono tienden a generar créditos de calidad variable y a desplazar la responsabilidad de reducir emisiones desde los principales emisores hacia los países con mayor cobertura forestal.
Desde la perspectiva de la ambición climática, la reforma también resulta insuficiente. Al otorgar un desarrollo normativo mucho mayor a los mecanismos de mercado que a otras herramientas de mitigación, adaptación o financiamiento climático, se corre el riesgo de que Ecuador oriente su estrategia climática hacia la generación de créditos para compensar emisiones de terceros, en lugar de priorizar la reducción estructural de emisiones dentro del país. Esta orientación puede debilitar la presión política para avanzar en transformaciones más profundas, como la reducción del uso de combustibles fósiles, el freno a la expansión de la frontera extractiva o el fortalecimiento de políticas de adaptación. El hecho de que la reforma mencione la adaptación y las pérdidas y daños de forma marginal, mientras desarrolla extensamente los mercados de carbono, refleja un desequilibrio que puede tener consecuencias negativas para las comunidades más vulnerables.
En la línea anterior, los mercados de carbono no constituyen una solución estructural ni definitiva a la crisis climática. Son, en el mejor de los casos, una medida transitoria e insuficiente que permite canalizar algunos recursos hacia los territorios, pero que no sustituye la necesidad de transformaciones más profundas. Por ello, las organizaciones indígenas pueden participar en estos mecanismos de forma crítica y condicionada, mientras exigen simultáneamente el desarrollo de alternativas más justas y efectivas, como el financiamiento climático no mercantil, el Fondo de Pérdidas y Daños, y el fortalecimiento del control territorial indígena como estrategia climática principal.
En definitiva, la reforma que se discute en la Asamblea Nacional habilita la participación de Ecuador en los mercados de carbono sin resolver los problemas de calidad, gobernanza, distribución de beneficios y ambición climática que históricamente han caracterizado a estos mecanismos. Si el texto se aprueba en sus términos actuales, existe un riesgo real de que los mercados de carbono se conviertan en una herramienta que facilite la compensación de emisiones externas, concentre beneficios en intermediarios y ejerza presión sobre los territorios indígenas, sin contribuir de manera significativa a una transformación estructural de la economía ecuatoriana ni a una reducción real de las emisiones globales. Las organizaciones indígenas tienen ante sí la tarea de definir con claridad su posición frente a este proceso y de exigir modificaciones sustanciales durante el segundo debate, si es que pretenden evitar que esta norma consolide un modelo que históricamente les ha sido desfavorable.
