Entre 2020 y 2024, la deuda externa total de los siete países amazónicos con información disponible aumentó de 857.254 millones a 984.308 millones de dólares. El incremento fue de 127.054 millones, equivalente al 14,8 %.
El endeudamiento podría alcanzar 1,07 billones de dólares en 2026. Esto representaría un crecimiento aproximado del 25 % respecto de 2020.
Fuente: Observatorio de Finanzas y Clima con datos del Banco Mundial.
Brasil concentra la mayor parte de la deuda externa debido al tamaño de su economía. Los mayores aumentos porcentuales se observan en Guyana, Surinam y Colombia. Entre 2020 y 2026, la deuda de Guyana habría crecido 219 %. La de Surinam aumentaría 46 % y la de Colombia 45 %.
La deuda externa de los países amazónicos debe pagarse principalmente en dólares. Por esta razón, los países se ven presionados a generar mayores exportaciones de materias primas. En muchos países la deuda externa se paga con extractivismo.
Fuente: Observatorio de Finanzas y Clima con datos del Banco Mundial.
La explotación petrolera, la minería, la agroindustria y la construcción de infraestructura aparecen entonces como respuestas rápidas frente a las necesidades fiscales y externas. La Amazonía se convierte en una fuente de petróleo, minerales, madera, electricidad y productos agrícolas destinados al mercado internacional.
La deforestación y el extractivismo también dependen de los precios internacionales, las políticas nacionales, la demanda global y el avance de las economías ilegales. Sin embargo, el endeudamiento aumenta los incentivos para ampliar las exportaciones y reduce el espacio político para mantener recursos bajo tierra.
El Yasuní lo demuestra. En 2023, la mayoría de la población ecuatoriana votó por dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43-ITT, pero la decisión no se ha cumplido, todavía se explota petróleo en una de las zonas más mega biodiversas del planeta. El caso muestra que una decisión democrática puede quedar subordinada a una estructura financiera ordenada por la deuda.
La deuda también limita la capacidad de los Estados para financiar una transición ecológica, porque el pago de intereses compite con los presupuestos destinados a protección ambiental y adaptación climática. Y cuando el financiamiento climático llega mediante nuevos préstamos, el problema se reproduce. Los países reciben recursos para enfrentar una crisis que no provocaron en la misma proporción, pero deben devolverlos con intereses.
Por eso, la defensa de la Amazonía también requiere una agenda sobre deuda. Esta agenda debe exigir financiamiento climático no reembolsable, reducción de obligaciones insostenibles y transparencia sobre el destino de los créditos. También debe evaluar los impactos ambientales de los programas económicos promovidos por acreedores internacionales.
Mientras el pago de la deuda dependa de producir más petróleo, minerales y exportaciones agrícolas, la presión sobre la naturaleza no cesará .
Imagen tomada de PPT por cortesía del despacho del legislador Ricardo Patiño.
El Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario (LODA) debería estar en el centro del debate público. Pero hay un silencio que es grave porque se trata de una reforma del régimen del sector agrícola, que puede redefinir la relación entre Estado, mercado, tierra, territorios indígenas y comunales, agricultura familiar campesina y soberanía alimentaria.
El proyecto ya superó el primer debate. El Pleno de la Asamblea lo trató el 27 de enero de 2026 y luego lo devolvió a la Comisión de Soberanía Alimentaria para sistematizar observaciones, ampliar la participación de los sectores involucrados y preparar el informe para segundo debate.
La ley puede avanzar si la Comisión cierra un informe de mayoría para segundo debate. Según las reglas del trámite legislativo ordinario, después del cierre del primer debate la comisión tiene hasta 90 días para presentar el informe para segundo debate, con posibilidad de solicitar prórroga; una vez recibido ese informe, el segundo debate debe realizarse en una sola sesión dentro de un plazo máximo de seis meses. Si las organizaciones indígenas y campesinas reaccionan tarde, podrían encontrarse con un texto ya listo para votación.
El primer riesgo del proyecto de ley, está en la derogatoria de las normas de derechos colectivos. Así, el proyecto desmonta el marco de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales de 2016, que desarrollaba la función social y ambiental de la tierra, el control del latifundio, la regulación de la concentración, la redistribución y la protección de la propiedad comunitaria. Si se elimina ese marco sin reemplazo equivalente, la Constitución queda debilitada en su aplicación concreta. La prohibición del latifundio y la concentración de tierra puede seguir escrita, pero sin herramientas suficientes para hacerla cumplir.
Debido a que la derogatoria afecta a las comunas, pueblos y nacionalidades, el proyecto debería someterse a consulta legislativa previa. Sin consulta, la ley tendría un problema constitucional de forma.
El tercer riesgo está en los artículos 7 y 9. El 7, sobre clasificación de productores, deja un margen excesivo al reglamento. Eso permite una clasificación aparentemente neutral, pero políticamente regresiva sobre pequeños productores, agricultura familiar campesina, agroindustria y producción comunitaria que pueden terminar tratados bajo criterios homogéneos, como si compitieran en igualdad de condiciones. El artículo 9, sobre productos agropecuarios ancestrales, reduce a pueblos, comunas y nacionalidades a una dimensión productiva o cultural, cuando constitucionalmente son sujetos colectivos con derechos territoriales, sistemas productivos propios y autonomía.
El cuarto riesgo aparece en los artículos 11 y 12. La Autoridad Agraria Nacional queda definida con atribuciones generales, pero sin obligaciones fuertes de redistribución, control de concentración, acceso a tierra y agua, regulación de mercados y protección efectiva de la agricultura familiar campesina. En la práctica, el Estado pasa de garante a intervenir (facilitar). Un Estado garante tiene obligaciones exigibles; un Estado facilitador administra programas, incentivos y coordinación, muchas veces subordinados a presupuesto, reglamento o voluntad política.
El quinto riesgo está en la gobernanza. Los artículos 13, 14, 17 y 18 crean espacios como el Comité Nacional Agropecuario y el Consejo Consultivo Agropecuario, pero el diseño concentra la decisión en el Ejecutivo y reduce la participación social a consulta técnica. Para organizaciones indígenas y campesinas, esto significa pasar de sujetos políticos de la soberanía alimentaria a actores escuchados sin capacidad vinculante.
El sexto riesgo está en los artículos 20, 21, 22 y 23. El proyecto habla de asociatividad, acceso equitativo, equidad y libre producción/comercialización. Pero si la equidad se interpreta como prohibición de tratamientos diferenciados, se bloquean las acciones afirmativas que necesitan los pequeños productores, mujeres rurales, jóvenes campesinos, agricultura familiar campesina y pueblos indígenas. Tratar igual a actores profundamente desiguales consolida la ventaja del más fuerte. En el campo, la neutralidad de mercado suele significar poder para intermediarios, agroindustrias y grandes propietarios.
El séptimo riesgo está en investigación, extensión y crédito. Los artículos 41, 42 y 56 pueden abrir paso a una política pública más dependiente de alianzas privadas, asistencia técnica comercial, crédito bancario e incentivos condicionados. Para una organización campesina, el problema no es solo acceder a crédito; es que el crédito privado no reemplaza una política pública de tierra, agua, asistencia técnica, precios, compras públicas e infraestructura comunitaria.
Los artículos 58, 59, 60 y 61 ponen el énfasis en mercado, competitividad, comercio y exportación, pero no garantizan con suficiente fuerza precios de sustentación, compras públicas, circuitos cortos, reservas estratégicas ni regulación efectiva de la intermediación abusiva.
La Disposición General Tercera es especialmente delicada, porque al remitir los precios de sustentación a una lógica excepcional y temporal, los mínimos garantizados dejan de funcionar como herramienta estructural de protección. Sin precios de sustentación, el productor puede terminar vendiendo a pérdida mientras el intermediario captura la renta.
Si esta ley se aprueba sin cambios sustantivos y sin consulta adecuada, las organizaciones indígenas y campesinas enfrentarían al menos cinco amenazas: debilitamiento de la protección de tierras comunitarias; menor capacidad de exigir redistribución y control de concentración; participación reducida a espacios consultivos; pérdida de instrumentos como precios de sustentación, compras públicas y crédito preferencial; y avance de un modelo agropecuario más favorable a grandes actores comerciales, financieros y agroexportadores.
Si las organizaciones no colocan el tema en la agenda pública, el debate se cerrará entre Comisión, gremios con mayor capacidad de lobby, técnicos del Ejecutivo y operadores legislativos.
En la Asamblea Nacional de Ecuador se tramita actualmente una reforma al Código Orgánico del Ambiente que incluye disposiciones sobre mercados de carbono. El proyecto, originalmente presentado como una ley específica para el combate y la adaptación al cambio climático, fue transformado por la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales en una reforma parcial al marco ambiental vigente. El informe para primer debate de esta comisión, aprobado en marzo de 2026, fue debatido en el Pleno en abril de ese mismo año y regresó a la comisión para la preparación del segundo debate.
Los mercados de carbono aparecen en esta propuesta como uno de los mecanismos para canalizar financiamiento climático internacional y cumplir con los compromisos del país en el Acuerdo de París. La reforma habilita la participación de Ecuador en mercados regulados, mercados voluntarios y enfoques de no mercado, y establece reglas para el registro de transacciones de carbono.
Para las organizaciones indígenas, este tema reviste particular relevancia. Muchos territorios indígenas albergan bosques, páramos y ecosistemas con alta capacidad de captura de carbono. La implementación de proyectos de este tipo puede generar recursos económicos, pero también puede implicar restricciones sobre el uso del territorio, contratos de largo plazo y la intervención de actores externos. La Constitución de la República reconoce los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo la consulta previa, libre e informada. Por ello, resulta necesario comprender con claridad qué establece la propuesta legislativa y qué consecuencias puede tener su aplicación en los territorios.
A continuación respondemos: qué son los mercados de carbono, qué dispone específicamente la reforma en trámite y cuáles son los principales riesgos identificados para los pueblos indígenas.
¿Qué son los mercados de carbono?
Los mercados de carbono son mecanismos mediante los cuales se compran y venden “créditos”que representan la reducción o absorción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En términos simples, una empresa, un país o una organización que emite grandes cantidades de dióxido de carbono puede pagar a otra parte para que realice actividades que compensen esas emisiones.
Estas actividades suelen consistir en la protección de bosques, la reforestación, el cambio de prácticas agrícolas o la implementación de proyectos de energía renovable. A cambio de estas acciones, se generan créditos de carbono que pueden ser comprados por quienes necesitan compensar sus emisiones.
Existen dos tipos principales de mercados de carbono:
Mercados regulados: Son aquellos que funcionan bajo reglas establecidas por acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París. En estos mercados, los países o las empresas están obligados a cumplir metas de reducción de emisiones y pueden usar créditos de carbono como parte de ese cumplimiento.
Mercados voluntarios: Son aquellos en los que participan empresas, organizaciones o gobiernos de forma voluntaria, sin que exista una obligación legal. En estos mercados, los créditos de carbono se generan y se venden de manera más flexible, y suelen ser los más utilizados en proyectos que se hacen en países en desarrollo.
En la práctica, los mercados de carbono permiten que quienes contaminan en un lugar puedan “compensar” esa contaminación financiando proyectos en otro lugar. Esta lógica ha sido impulsada a nivel internacional como una herramienta para movilizar recursos hacia acciones climáticas, especialmente en países con grandes extensiones de bosques y ecosistemas que capturan carbono.
Sin embargo, su implementación ha generado distintos debates. Mientras algunos sectores los presentan como una oportunidad para obtener financiamiento, otros señalan que estos mecanismos pueden desplazar la responsabilidad de reducir emisiones directamente en los lugares donde se generan, y que los beneficios económicos no siempre llegan de forma equitativa a las comunidades que habitan los territorios donde se desarrollan los proyectos.
¿Qué dice la propuesta de ley sobre mercados de carbono?
La reforma que pretende la Asamblea no crea una ley nueva dedicada exclusivamente al cambio climático. Si no que, modifica el Código Orgánico del Ambiente para incorporar disposiciones sobre mercados de carbono dentro del marco legal ambiental existente.
El objetivo declarado de estas modificaciones es establecer un marco legal que permita a Ecuador participar en mecanismos de financiamiento climático internacional, especialmente aquellos relacionados con la reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, la propuesta introduce varios artículos nuevos o modificados que regulan estos mecanismos.
Uno de los artículos más importantes es el Artículo 253.1, que establece los tipos de mecanismos que el país podrá desarrollar. Este artículo distingue tres categorías:
Los mercados de carbono regulados, que se rigen por acuerdos internacionales, como los mecanismos previstos en el Artículo 6 del Acuerdo de París.
Los mercados de carbono voluntarios, que incluyen iniciativas de compensación (conocidas como offsetting) y de reducción de emisiones dentro de cadenas de valor o territorios (insetting).
Los enfoques de no mercado, que son mecanismos de cooperación que no generan créditos de carbono, como pagos por resultados, transferencia de tecnología o fortalecimiento de capacidades.
Según el texto propuesto, la Autoridad Ambiental Nacional será la entidad responsable de establecer los lineamientos, condiciones y procedimientos para participar en estos mecanismos. El artículo indica que estas reglas deben garantizar la integridad ambiental, la transparencia de la información y la coherencia con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del Ecuador.
Por otro lado, el Artículo 253 (modificado) señala que la Autoridad Ambiental Nacional podrá promover el desarrollo de mecanismos financieros de carbono para contribuir a la mitigación del cambio climático, de conformidad con la política nacional y los compromisos internacionales del Estado.
Además, la reforma crea el Registro Nacional de Cambio Climático a través del Artículo 254. Este registro funcionará como la plataforma oficial del Estado para llevar el control y la trazabilidad de las acciones de mitigación, adaptación y financiamiento climático. El artículo establece que este registro incluirá un apartado específico para las transacciones de carbono. También indica que la operación técnica del registro de transacciones podrá ser realizada directamente por el Estado o delegada a terceros autorizados, aunque la rectoría, regulación y supervisión permanecerían en manos de la Autoridad Ambiental Nacional.
En términos generales, la propuesta busca habilitar legalmente la participación de Ecuador en los mercados de carbono, tanto regulados como voluntarios, y crear un sistema institucional para dar seguimiento a estas operaciones. El texto vincula estos mecanismos con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en el Acuerdo de París y con la necesidad de acceder a financiamiento climático internacional.
Así, el Acuerdo de París se refiere al Artículo 6 que es la parte que permite a los países “negociar” reducciones de emisiones entre ellos. En términos simples, este artículo autoriza que un país o una empresa que contamina mucho pueda pagar a otro país para que realice acciones que reduzcan o absorban gases de efecto invernadero (como proteger bosques o plantar árboles), y así “compensar” su propia contaminación.
Ese es el mecanismo que se conoce como mercados de carbono. El Artículo 6 tiene dos partes principales que regulan estos mercados:
El Artículo 6.2 permite que los países se pongan de acuerdo directamente entre ellos para transferir resultados de reducción de emisiones.
El Artículo 6.4 crea un mecanismo más formal, supervisado por las Naciones Unidas, para generar y vender créditos de carbono a nivel internacional.
Aunque el Artículo 6 también menciona otras formas de cooperación que no implican vender créditos de carbono (llamadas “enfoques de no mercado”), en la práctica la mayoría de los países y empresas lo están utilizando principalmente para desarrollar mercados de carbono.
Por esta razón, la reforma que se está tramitando en Ecuador incluye reglas sobre mercados de carbono. El objetivo es que el país pueda participar en estos mecanismos internacionales y acceder a financiamiento climático.
En resumen, aunque el Artículo 6 se presenta como una herramienta de cooperación internacional, en la práctica ha sido utilizado principalmente para crear mercados de carbono que pueden generar nuevos riesgos sobre los territorios y derechos de los pueblos indígenas si no se establecen salvaguardas claras y efectivas.
Los principales riesgos de esta reforma para los pueblos indígenas y la efectividad de la acción climática
La reforma al Código Orgánico del Ambiente que se encuentra en trámite habilita la participación de Ecuador en mercados de carbono, tanto regulados como voluntarios. Sin embargo, las disposiciones incluidas en la reforma no establecen salvaguardas suficientes para proteger los territorios indígenas ni garantías robustas de integridad ambiental. A continuación se presentan los principales riesgos identificados.
Riesgos para los pueblos indígenas
Bajo precio de los créditos vs. alto valor del territorio Los créditos de carbono en los mercados voluntarios se transan en promedio alrededor de 6 dólares por tonelada de CO₂. Esto significa que, incluso si un territorio genera una gran cantidad de créditos, el ingreso por hectárea puede ser relativamente bajo en comparación con el valor económico, cultural y ecológico que tiene el territorio para las comunidades. Esta asimetría puede generar una presión económica para aceptar proyectos que no sean realmente ventajosos a largo plazo.
Falta de reglas claras sobre el reparto de beneficios El Artículo 253.1 habilita la participación en mercados de carbono, pero no establece mecanismos obligatorios ni porcentajes mínimos para garantizar que las comunidades indígenas reciban una parte justa de los recursos económicos que se generen en sus territorios. Esto genera el riesgo de que los beneficios se concentren principalmente en intermediarios, empresas y consultores externos.
Posibilidad de delegar la operación del Registro Nacional de Cambio Climático a terceros El Artículo 254 permite que la operación técnica del registro de transacciones de carbono sea entregada a terceros autorizados. Esta disposición representa un riesgo porque implica que información sensible sobre los proyectos que se desarrollen en territorios indígenas podría quedar bajo administración de actores externos, reduciendo el control de las comunidades y del Estado sobre los datos y las operaciones.
Debilidad en los mecanismos de consulta y consentimiento La reforma menciona de forma general la participación de comunidades y pueblos indígenas, pero no establece procedimientos claros ni obligaciones específicas para realizar procesos de consulta previa, libre e informada antes de implementar proyectos de mercados de carbono en sus territorios. Esta ausencia aumenta el riesgo de que se tomen decisiones que afecten directamente los territorios sin el consentimiento real de las comunidades.
Posibles restricciones al uso tradicional del territorio Los proyectos orientados a la generación de créditos de carbono pueden imponer reglas sobre las actividades permitidas dentro del bosque o el páramo. Esto puede limitar prácticas tradicionales como la caza, la pesca, la recolección de productos forestales o ciertas formas de agricultura, afectando las formas de vida y la relación de los pueblos indígenas con sus territorios.
Ausencia de salvaguardas específicas para pueblos indígenas Los artículos relacionados con mercados de carbono (principalmente los Artículos 253.1 y 254) no desarrollan protecciones concretas para los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza ni los protocolos de consentimiento. Esta falta de salvaguardas específicas aumenta el riesgo de que se implementen proyectos que generen conflictos internos en las comunidades y debiliten el control territorial.
Riesgos para la efectividad de la acción climática
Además de los riesgos para los pueblos indígenas, la forma en que se regulan los mercados de carbono en esta reforma puede debilitar la efectividad de la lucha contra el cambio climático. Los principales riesgos son los siguientes:
Riesgo de greenwashing (lavado verde de cara). Al habilitar los mercados voluntarios sin establecer estándares altos de integridad ambiental, existe el riesgo de que empresas y países utilicen créditos de carbono para aparentar reducciones de emisiones sin realizar cambios estructurales reales en sus patrones de producción y consumo.
Riesgo de créditos de baja calidad. La reforma no establece requisitos estrictos para garantizar que los créditos de carbono representen reducciones reales, adicionales y permanentes de emisiones. Esto puede derivar en la comercialización de créditos que no cumplan efectivamente con su objetivo de mitigación.
Riesgo de doble contabilidad . Si no se implementan sistemas robustos de control y trazabilidad, existe la posibilidad de que las reducciones de emisiones sean contadas simultáneamente por el país donde se desarrolla el proyecto y por el país o empresa que adquiere el crédito, distorsionando los avances reales en la reducción de emisiones.
Priorización de mecanismos de compensación sobre la reducción doméstica de emisiones. La reforma otorga mayor desarrollo normativo a los mercados de carbono que a otros instrumentos. Esto puede generar un enfoque excesivo en la compensación de emisiones de otros actores, en detrimento de políticas más ambiciosas de reducción de emisiones dentro del territorio ecuatoriano.
Dependencia de financiamiento externo volátil Los recursos que podrían obtenerse a través de los mercados de carbono dependen en gran medida de la demanda externa. Esta dependencia puede generar inestabilidad en el financiamiento climático y desviar la atención de la necesidad de fortalecer políticas públicas internas más sólidas y sostenibles.
Posible debilitamiento de la ambición climática Cuando los mercados de carbono se convierten en el mecanismo predominante, existe el riesgo de que se reduzca la presión política para adoptar medidas más transformadoras, como la reducción del uso de combustibles fósiles o el freno a la expansión de actividades extractivas de alto impacto.
Enfoque limitado en adaptación y pérdidas y daños. Aunque la reforma menciona la adaptación y las pérdidas y daños, el mayor desarrollo normativo está concentrado en los mecanismos de mercado. Esto puede generar un desequilibrio en el que se priorice la compensación de emisiones por encima de las acciones de adaptación que son urgentes para las comunidades más vulnerables.
De esta manera, consideramos que la participación de Ecuador en los mercados de carbono sin establecer salvaguardas suficientes para proteger los territorios indígenas ni garantías robustas de integridad ambiental. Los vacíos identificados en el reparto de beneficios, la consulta previa, el control sobre el registro de transacciones y los estándares de calidad de los créditos representan riesgos reales tanto para los pueblos indígenas como para la efectividad de la acción climática. Si estos vacíos no son corregidos durante el trámite legislativo, existe la posibilidad de que la norma facilite la implementación de proyectos que generen conflictos territoriales, concentren beneficios en actores externos y contribuyan poco a una reducción real y estructural de las emisiones. Por ello, resulta fundamental que las organizaciones indígenas analicen con atención el contenido de la reforma y definan una posición clara frente al proceso que se desarrolla en la Asamblea Nacional.
Una experiencia alternativa: el Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena de Perú
En la región existe ya una experiencia liderada por organizaciones indígenas que muestra un camino distinto al que propone la reforma ecuatoriana. Se trata del Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena (RIJ) de la Amazonía peruana, impulsado por el Grupo Perú de Pueblos Indígenas (integrado por AIDESEP, CONAP y ANECAP) en articulación con el Ministerio del Ambiente de Perú.
Este programa se desarrolla bajo el enfoque HFLD (Alta Cobertura de Bosque y Baja Deforestación) y tiene un potencial aproximado de 8 millones de hectáreas de bosque, con la participación de cerca de 992 comunidades nativas. Fue registrado en noviembre de 2024 bajo el estándar ART-TREES, uno de los más exigentes a nivel internacional.
Diferencias de la propuesta peruana y la reforma de Ecuador
Aspecto
Programa RIJ (Perú – AIDESEP et al.)
Reforma Ecuador (propuesta actual)
Diferencia clave
Liderazgo
Organizaciones indígenas (AIDESEP, CONAP, ANECAP) co-lideran con el gobierno
El Estado (Autoridad Ambiental) define las reglas
En propuesta de Perú hay cogobernanza real
Escala
Jurisdiccional (8 millones de hectáreas, 992 comunidades)
No define escala ni enfoque territorial claro
En propuesta de Perú se protege grandes territorios ya conservados (HFLD)
Estándar
ART-TREES (considerado de alta integridad)
Abre tanto mercados regulados como voluntarios sin exigir estándares altos
Mayor riesgo de baja calidad en Ecuador
Reparto de beneficios
Fase explícita de consulta y distribución de beneficios
No establece mecanismos obligatorios ni porcentajes
Gran vacío en la propuesta ecuatoriana
Consentimiento
Incluye obtención de consentimiento de los titulares de derechos
No desarrolla obligaciones específicas de consulta previa en los artículos de carbono
Debilidad importante en Ecuador
Gobernanza
Instancia de toma de decisiones conjunta (MINAM + organizaciones indígenas)
No crea instancias de cogobernanza indígena
Las comunidades tienen menos poder en la propuesta de Ecuador
Lo que distingue a este programa y lo hace especialmente relevante para analizar la reforma ecuatoriana son varios elementos:
Visión basada en derechos y protagonismo indígena: El RIJ parte del principio de que los pueblos indígenas son protagonistas y no simples beneficiarios. Reconoce su aporte histórico a la conservación de los bosques y busca que este esfuerzo sea valorado y compensado. Además, plantea una visión integral del territorio que no se reduce solo al carbono, sino que incluye la biodiversidad, el agua, la cultura y el buen vivir.
Cogobernanza estructurada: Existe una instancia de toma de decisiones conformada de manera paritaria entre el Ministerio del Ambiente y las tres organizaciones indígenas, además de una instancia de coordinación técnica. Esto representa un nivel de participación en la gobernanza que no está contemplado en la reforma ecuatoriana.
Proceso explícito de distribución de beneficios y consentimiento: La Hoja de Ruta del programa incluye pasos específicos para realizar la consulta y alcanzar acuerdos sobre la distribución de beneficios, así como para obtener el consentimiento de los titulares de derechos. A diferencia de la reforma ecuatoriana, que habilita los mercados de carbono sin establecer reglas claras ni procedimientos obligatorios en estos temas, el modelo peruano ha incorporado estas etapas como parte central del diseño.
Gestión propia de los beneficios: Uno de los principios rectores del programa es que los recursos generados se destinen al fortalecimiento de la gobernanza indígena, la educación, la salud, el manejo forestal y la seguridad alimentaria de las comunidades, bajo administración propia.
A junio de 2026, el programa continúa avanzando en la preparación de los documentos de registro y monitoreo bajo el estándar TREES, así como en el proceso de obtención del consentimiento de las comunidades. Esta experiencia demuestra que es posible construir mecanismos de financiamiento climático con mayor participación indígena en la gobernanza, con procesos estructurados de distribución de beneficios y con un enfoque que va más allá de la mera transacción de créditos de carbono.
Evaluación crítica de la posición de las organizaciones indígenas frente a los mercados de carbono
Aspecto
Posición de las organizaciones indígenas
Análisis crítico
Aceptan el mecanismo de compensación (offsetting)
Sí (de forma pragmática)
Participan activamente en REDD+ y acuerdos como LEAF, lo que implica aceptar que otros actores sigan emitiendo mientras se compensa en sus territorios.
Están de acuerdo con la lógica de “puedo seguir contaminando si pago”
Generalmente no
Critican esta lógica, pero al participar en el mecanismo la legitiman en la práctica, generando una contradicción entre discurso y acción.
Quieren controlar cómo se implementan los mecanismos
Sí, de forma fuerte
Exigen gobernanza indígena, reparto de beneficios y estándares altos. Sin embargo, su capacidad real de imponer estas condiciones depende de la correlación de fuerzas con el Estado y los compradores de créditos.
Prefieren otros mecanismos de financiamiento climático
En muchos casos sí
Prefieren pagos por resultados, fondos directos o cooperación no mercantil, pero aceptan los mercados de carbono por ser una de las pocas fuentes de financiamiento disponibles actualmente.
Rechazan totalmente los mercados de carbono
No
Han pasado de una posición de rechazo fuerte (2008-2012) a una de participación crítica. Este cambio reduce su capacidad de cuestionar el modelo en su conjunto.
Creen que los mercados de carbono son una solución climática adecuada
Parcialmente
Los ven más como una fuente de recursos para la conservación y el desarrollo comunitario que como una solución estructural al cambio climático.
Priorizan la reducción de emisiones en origen (en países ricos)
Sí, en el discurso
Critican que los contaminadores sigan emitiendo, pero al generar créditos de compensación facilitan que esta situación continúe.
Consideran que pueden transformar el sistema desde dentro
Sí
Apuestan a mejorar las reglas del juego (estándares, gobernanza, beneficios). Existe el riesgo de que esta estrategia termine adaptándolos al sistema en lugar de transformarlo.
Evalúan los riesgos de cooptación
De forma limitada
Aunque exigen control indígena, subestiman el riesgo de que los mecanismos de carbono terminen capturando su agenda y limitando su crítica más radical.
Abordan el problema de la ambición climática global
De manera débil
Su enfoque está puesto principalmente en cómo se distribuyen los beneficios y quién controla los proyectos, más que en cuestionar si los mercados de carbono reducen o no la presión para que los grandes emisores reduzcan sus emisiones.
Priorizan la adaptación y las pérdidas y daños
No
Sus propuestas se concentran casi exclusivamente en mitigación (generación de créditos de carbono), con escasa atención a la adaptación o a los daños que ya están sufriendo las comunidades.
Exigen transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos
Sí
Plantean mecanismos de control comunitario y fondos autónomos, lo que representa un avance respecto a proyectos convencionales.
Aceptan que sus territorios funcionen como “sumideros de carbono” para otros
Sí, de forma condicionada
Aceptan este rol siempre que exista control indígena y beneficios reales, aunque esto refuerza una división internacional del trabajo climático desigual.
Creen que los mercados de carbono pueden coexistir con una transición justa
Parcialmente
Consideran que pueden obtener recursos para sus comunidades sin renunciar a su visión de buen vivir, aunque esta coexistencia es difícil en la práctica.
¿Qué pueden hacer las organizaciones indígenas en el caso de que sea inevitable los mercados de carbono?
Frente a la reforma que se tramita en la Asamblea Nacional, las organizaciones indígenas pueden tomar varias acciones concretas, inspiradas en experiencias regionales exitosas como el Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena de AIDESEP .
1. Exigir un porcentaje mínimo de reparto de beneficios
No basta con pedir “claridad”. Las organizaciones pueden exigir que la ley establezca un porcentaje mínimo obligatorio (por ejemplo, 40%) de los recursos generados por mercados de carbono que sea canalizado directamente a las comunidades y pueblos indígenas, a través de un fondo con administración indígena.
2. Demandar la creación de un espacio de gobernanza indígena con poder real
Siguiendo la experiencia de cogobernanza del programa peruano, se puede exigir la creación de una instancia formal (similar a un Grupo de Trabajo Técnico Indígena) con participación paritaria en la toma de decisiones sobre mercados de carbono, y no solo como espacio consultivo.
3. Exigir estándares altos de integridad ambiental y social
Las organizaciones pueden demandar que cualquier proyecto de mercado de carbono que se desarrolle en territorios indígenas deba cumplir con estándares internacionales reconocidos de alta integridad (como ART-TREES), y no solo con los requisitos mínimos que establece la reforma actual.
4. Fortalecer la exigencia de Consentimiento Previo, Libre e Informado (CLPI)
Más allá de la consulta general, se debe exigir que el CLPI sea obligatorio y vinculante antes de aprobar cualquier proyecto de carbono en territorios indígenas, incluyendo la aprobación de metodologías de monitoreo y criterios de distribución de beneficios.
5. Impulsar el monitoreo participativo comunitario
Las organizaciones pueden proponer que la ley reconozca y financie sistemas de monitoreo territorial liderados por las propias comunidades.
6. Usar el precedente peruano como argumento de negociación
El hecho de que en Perú las organizaciones indígenas hayan logrado registrar un programa jurisdiccional bajo un estándar exigente (ART-TREES) con participación en la gobernanza, puede ser utilizado como argumento para demostrar que es posible y necesario ir más allá de lo que actualmente propone la reforma ecuatoriana.
7. Articularse regionalmente
Fortalecer la coordinación con organizaciones indígenas de otros países amazónicos (especialmente Perú y Colombia) para intercambiar experiencias, estrategias y aprendizajes sobre negociación de beneficios en mecanismos de carbono.
¿Qué pueden hacer las organizaciones indígenas si deciden rechazar los mercados de carbono?
Rechazar los mercados de carbono no significa renunciar a obtener recursos para la conservación de los territorios ni para el fortalecimiento de las comunidades. Significa cambiar de estrategia: dejar de operar dentro de un modelo basado en la compensación de emisiones y pasar a exigir formas de financiamiento climático más justas, directas y que no dependan de permitir que otros sigan contaminando. A continuación se presentan acciones concretas que las organizaciones indígenas pueden impulsar en este escenario:
1. Exigir financiamiento climático no mercantil y directo
Las organizaciones pueden demandar que los recursos climáticos lleguen de forma directa, sin pasar por la generación de créditos de carbono. Esto implica priorizar el acceso al Fondo de Pérdidas y Daños, al Fondo Verde del Clima y a otros mecanismos de financiamiento público internacional bajo modalidades de donación (no reembolsables) y sin la obligación de generar créditos que compensen emisiones de terceros.
2. Impulsar los enfoques de no mercado del Artículo 6.8 del Acuerdo de París
En lugar de enfocarse en los mercados de carbono (Artículo 6.2 y 6.4), las organizaciones pueden exigir que Ecuador desarrolle e implemente enfoques de cooperación no mercantil. Esto abre la posibilidad de recibir financiamiento climático basado en resultados, transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades y apoyo directo a la adaptación, sin necesidad de vender créditos de carbono.
3. Demandar una moratoria o regulación estricta de los mercados de carbono
Las organizaciones pueden impulsar una posición clara de moratoria temporal a nuevos proyectos de mercados de carbono en territorios indígenas hasta que se cumplan condiciones previas, tales como: titulación masiva de tierras, reconocimiento legal de la gobernanza indígena sobre los bosques y el carbono, y la existencia de mecanismos de financiamiento no mercantil consolidados. También pueden exigir que cualquier proyecto futuro deba someterse a estándares muy altos de derechos humanos y consentimiento vinculante.
4. Fortalecer la titulación y el control territorial como estrategia climática central
Una de las acciones más efectivas y radicales es centrar la estrategia en la defensa y titulación de los territorios indígenas. La evidencia demuestra que los territorios bajo control indígena tienen menores tasas de deforestación. Exigir que el Estado reconozca y respete este control territorial, junto con recursos directos para su fortalecimiento (guardias indígenas, monitoreo comunitario, Planes de Vida), puede ser una estrategia climática más sólida y menos riesgosa que los mercados de carbono.
5. Articularse regionalmente para exigir reparaciones climáticas
Las organizaciones indígenas pueden impulsar, a través de COICA y otras instancias regionales, una posición amazónica común que exija reparaciones climáticas a los países históricamente responsables de las emisiones. Esto implica pasar de una lógica de “venta de servicios ambientales” a una lógica de deuda climática y responsabilidad histórica, demandando financiamiento directo sin contrapartidas de compensación.
6. Construir alianzas más amplias
Rechazar los mercados de carbono puede fortalecerse si se articula con otros movimientos y actores que también cuestionan este modelo, tales como organizaciones ambientales, movimientos por la justicia climática, redes de deuda y organizaciones que impulsan impuestos a la extracción de combustibles fósiles. Esta articulación permite disputar el debate público más allá del ámbito indígena.
Conclusiones
La reforma al Código Orgánico del Ambiente que se tramita actualmente en la Asamblea Nacional constituye una oportunidad desaprovechada para establecer un marco normativo sólido y protector en materia de mercados de carbono. En lugar de desarrollar reglas claras que garanticen la integridad ambiental, la distribución equitativa de beneficios y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la propuesta se limita a habilitar la participación de Ecuador en estos mecanismos sin establecer las salvaguardas mínimas necesarias. Los artículos 253, 253.1 y 254 otorgan amplias facultades a la Autoridad Ambiental Nacional, pero no desarrollan obligaciones concretas ni mecanismos de control que impidan que los beneficios se concentren en actores externos ni que se implementen proyectos sin el consentimiento real de las comunidades afectadas.
Desde el punto de vista de la calidad y la gobernanza, la reforma presenta serias deficiencias. No establece estándares exigentes de integridad ambiental para los créditos de carbono que se generen en el país, lo que abre la puerta a la comercialización de reducciones de baja calidad, con problemas de adicionalidad, permanencia o sobreestimación de los beneficios climáticos. Además, la posibilidad de delegar la operación del Registro Nacional de Cambio Climático a terceros, contemplada en el Artículo 254, debilita el control estatal y comunitario sobre las transacciones. La ausencia de una instancia de gobernanza indígena con poder real de decisión, a diferencia de lo que proponen el modelo peruano liderado por AIDESEP , confirma que la reforma prioriza la facilitación del mercado por encima de la construcción de mecanismos con legitimidad social y control territorial.
Más grave aún son los riesgos estructurales que derivan del modelo de compensación que la reforma habilita. Al no establecer límites claros ni condiciones estrictas para el uso de créditos de carbono como mecanismo de compensación, la norma permite que actores externos —empresas o países— continúen emitiendo gases de efecto invernadero mientras financian proyectos en territorios ecuatorianos. Esta lógica de offsetting no resuelve el problema de fondo de la crisis climática y, por el contrario, puede contribuir a perpetuar patrones de producción y consumo insostenibles. La experiencia internacional ha demostrado que, sin regulaciones robustas, los mercados de carbono tienden a generar créditos de calidad variable y a desplazar la responsabilidad de reducir emisiones desde los principales emisores hacia los países con mayor cobertura forestal.
Desde la perspectiva de la ambición climática, la reforma también resulta insuficiente. Al otorgar un desarrollo normativo mucho mayor a los mecanismos de mercado que a otras herramientas de mitigación, adaptación o financiamiento climático, se corre el riesgo de que Ecuador oriente su estrategia climática hacia la generación de créditos para compensar emisiones de terceros, en lugar de priorizar la reducción estructural de emisiones dentro del país. Esta orientación puede debilitar la presión política para avanzar en transformaciones más profundas, como la reducción del uso de combustibles fósiles, el freno a la expansión de la frontera extractiva o el fortalecimiento de políticas de adaptación. El hecho de que la reforma mencione la adaptación y las pérdidas y daños de forma marginal, mientras desarrolla extensamente los mercados de carbono, refleja un desequilibrio que puede tener consecuencias negativas para las comunidades más vulnerables.
En la línea anterior, los mercados de carbono no constituyen una solución estructural ni definitiva a la crisis climática. Son, en el mejor de los casos, una medida transitoria e insuficiente que permite canalizar algunos recursos hacia los territorios, pero que no sustituye la necesidad de transformaciones más profundas. Por ello, las organizaciones indígenas pueden participar en estos mecanismos de forma crítica y condicionada, mientras exigen simultáneamente el desarrollo de alternativas más justas y efectivas, como el financiamiento climático no mercantil, el Fondo de Pérdidas y Daños, y el fortalecimiento del control territorial indígena como estrategia climática principal.
En definitiva, la reforma que se discute en la Asamblea Nacional habilita la participación de Ecuador en los mercados de carbono sin resolver los problemas de calidad, gobernanza, distribución de beneficios y ambición climática que históricamente han caracterizado a estos mecanismos. Si el texto se aprueba en sus términos actuales, existe un riesgo real de que los mercados de carbono se conviertan en una herramienta que facilite la compensación de emisiones externas, concentre beneficios en intermediarios y ejerza presión sobre los territorios indígenas, sin contribuir de manera significativa a una transformación estructural de la economía ecuatoriana ni a una reducción real de las emisiones globales. Las organizaciones indígenas tienen ante sí la tarea de definir con claridad su posición frente a este proceso y de exigir modificaciones sustanciales durante el segundo debate, si es que pretenden evitar que esta norma consolide un modelo que históricamente les ha sido desfavorable.
Observatorio de Finanzas y Clima se expresa sobre la última encíclica del Papa porque pensamos que la IA tiene un impacto más allá de la productividad y las finanzas, alrededor de ella hay cambios culturales y disputas ético políticas que están cambiando aceleradamente el mundo. A continuación realizaremos un brece resumen del texto de más de 100 páginas, con los puntos relevantes para el debate público que impulsamos.
Así, la encíclica Magnifica Humanitas (“La magnífica humanidad”), publicada por el papa León XIV el 15 de mayo de 2026, es esencialmente una reflexión sobre cómo proteger la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. Puede entenderse, para el siglo XXI, como una especie de nueva Rerum Novarum (siglo XX): si aquella respondía a la revolución industrial y la cuestión obrera, esta intenta responder a la revolución digital y al poder de la IA.
El documento no es “sobre tecnología” en sentido estrecho, sino sobre el ser humano ante una transformación histórica que puede reconfigurar trabajo, política, verdad, guerra y relaciones sociales. La tesis central es que la IA puede ser útil, pero solo si permanece subordinada a la dignidad humana y al bien común; si no, corre el riesgo de crear nuevas formas de dominación y deshumanización.
La encíclica está organizada alrededor de una metáfora bíblica: dos caminos posibles. Uno es la “nueva Torre de Babel”, símbolo de orgullo tecnológico, concentración de poder y pérdida del rostro humano. El otro es la “ciudad donde Dios y la humanidad habitan juntos”, es decir, una sociedad donde la técnica sirve a la fraternidad, la justicia y la vida humana. Desde el inicio plantea una elección civilizatoria: usar la tecnología como potencia emancipadora o para profundizar desigualdades y control social.
Uno de los argumentos más fuertes es la crítica al “paradigma tecnocrático”. Sostiene que el problema no es solo la IA, sino una lógica cultural que convierte eficiencia, cálculo y poder en fines absolutos. Advierte contra la concentración del poder digital en pocas corporaciones privadas capaces de controlar datos, algoritmos e infraestructura tecnológica, lo cual puede debilitar la democracia y el control público. En ese sentido, la encíclica se acerca bastante a críticas contemporáneas sobre monopolios digitales y soberanía tecnológica.
Sobre la inteligencia artificial misma, el texto adopta una posición no conservadora: no la demoniza, pero tampoco la idealiza. Reconoce que puede aportar en medicina, educación, productividad o investigación, pero insiste en que no es neutral. Los sistemas de IA incorporan valores, sesgos e intereses de quienes los diseñan y financian. Por eso pide transparencia, responsabilidad y gobernanza internacional. La IA no debe sustituir decisiones humanas fundamentales ni volverse una autoridad opaca e incontestable.
Hay un capítulo importante sobre trabajo. León XIV retoma explícitamente la tradición de la doctrina social de la iglesia y advierte que la automatización podría degradar el valor del trabajo humano, aumentar desempleo estructural y convertir a las personas en simples piezas de un sistema de productividad. La tecnología, afirma, debe liberar trabajo penoso y ampliar capacidades humanas, no expulsar masivamente trabajadores ni precarizar la vida social. Pide políticas de transición, educación y protección laboral.
Otro eje central es la crisis de la verdad. La encíclica muestra preocupación por la manipulación algorítmica, la desinformación y la erosión de consensos democráticos. Habla de una “ecología de la comunicación”: un entorno mediático donde la información no esté dominada por polarización, manipulación emocional o incentivos puramente comerciales. La escuela y la educación aparecen como espacios decisivos para formar juicio crítico en la era digital.
También dedica un espacio considerable a la guerra y la geopolítica. León XIV es especialmente duro con el uso militar de la IA. Advierte contra armas autónomas, automatización de decisiones letales y una cultura política que normaliza conflictos permanentes. Señala que la tecnología puede reducir el umbral moral de la violencia al volverla distante, estadística e impersonal.
Por ello pide reforzar el multilateralismo, la diplomacia y reglas internacionales sobre IA militar. Pide un multilateralismo “más representativo y solidario”, capaz de evitar que la gobernanza de la IA quede dominada por unos pocos Estados o conglomerados tecnológicos. En términos concretos, propone revitalizar espacios de cooperación internacional para establecer principios compartidos sobre límites éticos, responsabilidad, derechos humanos y desarme tecnológico (en el sentido de quitarle armas).
La encíclica también sugiere que el debate sobre la inteligencia artificial no puede convertirse en una nueva forma de colonialismo tecnológico, donde un reducido grupo de corporaciones define estándares, captura datos y establece marcos regulatorios que el resto del mundo simplemente acata. Desde esta perspectiva, los países del sur global no deberían limitarse al papel de consumidores de tecnologías diseñadas, entrenadas y gobernadas desde el norte, pues ello reproduciría dependencias históricas ya observadas en las finanzas, el comercio o la propiedad intelectual. Por el contrario, Magnifica Humanitas apunta a la necesidad de una gobernanza tecnológica más democrática, donde las naciones periféricas participen activamente en la formulación de normas internacionales sobre ética algorítmica, soberanía de datos, acceso al conocimiento, infraestructura digital y distribución de beneficios económicos derivados de la IA.
Aunque no es el centro el medio ambiente, aunque el texto no desarrolla una crítica ecológica tan extensa como Laudato Si’, (2015) insiste en que la innovación tecnológica debe evaluarse también por sus impactos materiales: consumo energético, presión sobre minerales estratégicos, residuos electrónicos y efectos sobre territorios y comunidades. Desde esta perspectiva, la transición digital no puede desvincularse de la justicia ambiental, pues existe el riesgo de que la expansión de la infraestructura tecnológica reproduzca nuevas desigualdades ecológicas entre el norte y el sur global. Se pregunta si la IA contribuirá a una transición socioecológica justa o si consolidará un modelo de desarrollo intensivo en energía, extracción y explotación de comunidades.
En el plano antropológico, se hace una crítica al transhumanismo y posthumanismo. Se rechaza la idea de que el ser humano sea simplemente un sistema optimizable que puede superarse tecnológicamente hasta diluir sus límites biológicos o morales. Frente a eso, propone una visión cristiana de la persona: vulnerable, relacional, limitada, pero dotada de una dignidad irreductible. La plenitud humana no vendría de “ser más que humano” mediante tecnología, sino de profundizar relaciones, justicia y comunidad.
En nuestra opinión, el mensaje de Magnifica Humanitas se puede condensar en que la cuestión decisiva del siglo XXI no es cuánto puede hacer la inteligencia artificial, sino qué tipo de humanidad queremos preservar mientras la desarrollamos. León XIV ve la IA como un campo de disputa moral, política y civilizatoria, no simplemente técnica.
Finalmente, Magnifica Humanitas ofrece un diagnóstico ético potente, pero hay que decir que mantiene cierta ambigüedad respecto de las estructuras materiales que impulsan esos procesos. Presenta los peligros de la IA principalmente como desviaciones morales o fallas de gobernanza, sin profundizar del todo en cómo las dinámicas de acumulación de capital, competencia y financiarización tecnológica producen incentivos estructurales hacia automatización, concentración y vigilancia. Así, deja abierta la cuestión de qué actores económicos concretos, relaciones de poder y transformaciones del capitalismo contemporáneo deberían ser confrontadas para que esa visión ética pueda materializarse efectivamente.
Este eje propone disputar las lógicas de despojo que atraviesan la Amazonía, sus países y sus pueblos indígenas.. No se limita a denunciar los impactos del extractivismo, la financiarización de la naturaleza y la deuda, sino que busca afirmar horizontes de transformación y propuestas para una agenda de acción colectiva y regional. Su propósito es articular una reflexión crítica sobre las estructuras que subordinan la reproducción de la vida a la lógica del capital, y, al mismo tiempo, visibilizar propuestas, prácticas y marcos políticos orientados a la autodeterminación territorial, la justicia climática, economías locales y estrategias de defensa para enfrentar la arquitectura financiera global.
Dos dimensiones de trabajo
El eje reconoce dos dimensiones que deben ser profundizadas y articuladas entre sí. La primera es una dimensión estructural o macro, que incluye temas como deuda, justicia fiscal, extractivismo, subordinación financiera y gobernanza regional e internacional. La segunda es la dimensión de la economía de la vida cotidiana, donde se ubican las economías indígenas, feministas, comunitarias, del cuidado y otras prácticas orientadas a sostener la vida desde los territorios. La apuesta política y metodológica consiste en relacionar ambas escalas, evitando que el análisis macro quede desconectado de las prácticas concretas de reproducción social y territorial.
Criterios para el desarrollo de cada tema
Cada uno de los temas de esta Casa deberá ser trabajado a partir de seis aspectos comunes.
El marco conceptual que lo define, incluyendo las investigaciones sectoriales necesarias.
El contexto regional en el que se inscribe.
Los eventos previos (Santa Marta) y posteriores al FOSPA que permitan profundizar.
Las luchas territoriales que ya se desarrollan en torno a ese campo.
Su territorialización, es decir, su expresión en políticas públicas, demandas locales y procesos organizativos concretos.
Los trabajos de incidencia ya realizados o que serían necesarios para su consolidación.
Todo esto deberá vincularse además con los debates sobre paz territorial, justicia social y justicia con la naturaleza.
Campos estratégicos de la Casa
La Casa de Economías para la Vida y Justicia Climática se organiza en cuatro campos estratégicos.
El primero es economías para la vida y la transformación. Este campo reúne prácticas, propuestas y horizontes económicos que emergen desde los territorios amazónicos para sostener la vida, fortalecer la autonomía y disputar la organización material de la reproducción social. Aquí se incluyen debates y experiencias vinculadas con economías del cuidado, economía comunitaria, agroecología, formas colectivas de control y uso del territorio, reformas de políticas económicas y otras estrategias orientadas a la soberanía territorial y a la reproducción ampliada de la vida.
El segundo es finanzas climáticas, gobernanza y falsas soluciones. Este campo aborda críticamente las respuestas dominantes frente a la crisis climática, especialmente aquellas que desplazan poder hacia actores financieros, corporativos o tecnocráticos. Se trata de debatir temas como nuevos instrumentos financieros, canje de deuda por naturaleza, falsas soluciones, marcos regulatorios, estándares internacionales y mecanismos de gobernanza, con énfasis en la necesidad de construir control social, transparencia y soberanía territorial sobre las decisiones relativas al clima y la naturaleza.
El tercero es deuda, extractivismo y transiciones estructurales. Este campo examina la relación entre endeudamiento, subordinación financiera y profundización del modelo extractivo. La tesis de fondo es que la deuda no solo subordina a los estados que administran los recursos fiscales, sino que también refuerza trayectorias de dependencia y presión sobre la Amazonía. Al mismo tiempo, este campo abre la discusión sobre salidas estructurales, incluyendo transición energética, cancelación de deudas ilegítimas (Jubileo), tratados bilaterales de inversión y construcción de otros mecanismos más justos para enfrentar las crisis de deuda y financiar transformaciones de fondo.
El cuarto es economías criminales, violencia y fractura territorial. Este campo busca comprender cómo las economías criminales penetran y reconfiguran los territorios indígenas y amazónicos, agravando la violencia, la desposesión y el debilitamiento del tejido comunitario. Así como las respuestas de autonomía indígena y el derechos a la guardia de protección. Su abordaje resulta clave para analizar cómo distintas formas de acumulación, legales e ilegales, se entrelazan en contextos de precariedad estatal, extractivismo y disputa por el control territorial.
Ruta pre-FOSPA
El proceso previo no debe degenerar en una acumulación estéril de reuniones. Cada actividad debe tener un propósito concreto: preparar información, construir acuerdos, reportar avances, planificar incidencia y generar instrumentos comunes.
Se definen cuatro tipos de eventos:
Reuniones temáticas virtuales (quincenales o mensuales): seguimiento operativo, coyuntura, mensajes y validación de documentos.
Seminarios políticos preparatorios (públicos, con invitados regionales): posicionamiento estratégico y ampliación de aliados.
Talleres cerrados de articulación: afinamiento de mandatos, definición de vocerías, reparto de tareas y propuestas de declaración.
Encuentros territoriales o pre-FOSPAs nacionales (presenciales/híbridos): recogida real de mandatos de base, para evitar que todo quede capturado por debates urbanos o de ONG.
Cronograma propuesto:
Abril: elaboración de documentos por eje + webinars.
Mayo-julio: ciclo de preforos y actividades preparatorias.
Agosto: XII FOSPA.
Ruta post-FOSPA
Se plantea como fase de traducción política real de los acuerdos. El foco debe estar en convertir resoluciones en seguimiento concreto, presión política, campañas y agendas operativas.
Actividades clave propuestas:
Reuniones de balance inmediato (resultados, acuerdos y tensiones).
Seminarios de seguimiento temático (transformar mandatos en agendas de incidencia).
Espacios de rendición de cuentas y reporte.
Encuentros de evaluación política (medir impacto real frente a retórica).
Incidencia regional e internacional
Intervenir en espacios donde exista capacidad real de colocar agenda, construir alianzas efectivas o generar presión concreta. No se trata de estar en todos los foros, sino de priorizar aquellos con retorno político.
Objetivos centrales:
Posicionar narrativas amazónicas fuertes sobre deuda, extractivismo y justicia climática.
Disputar el lenguaje dominante en transición energética, financiamiento y resiliencia.
Visibilizar casos concretos de resistencia y violaciones de derechos.
Llevar propuestas, demandas y denuncias específicas ante actores regionales e internacionales.
Espacios prioritarios:
Foros regionales de sociedad civil amazónica y latinoamericana.
Cumbres climáticas (oficiales y paralelos).
Encuentros sobre deuda, financiamiento y justicia fiscal.
Espacios de derechos humanos y pueblos indígenas.
Foros académico-políticos con peso y audiencias ante organismos multilaterales, relatorías y mecanismos internacionales.
Instrumentos propuestos:
Pronunciamientos, declaraciones y cartas abiertas regionales.
Comunicaciones formales a gobiernos y ministerios.
Informes sombra, dossiers y fichas de caso.
Presentaciones y vocerías coordinadas con mensajes unificados.
Campañas comunicacionales estratégicas.
Acciones jurídicas y presencia en territorios en resistencia.
