Análisis de contexto y oportunidades de la Conferencia de Santa Marta
La Conferencia Internacional sobre la Transición Justa Lejos de los Combustibles Fósiles (Santa Marta, 24-29 abril 2026), está coorganizada por Colombia y Países Bajos, constituye la primera cumbre gubernamental dedicada exclusivamente a la fase-out (salida gradual) de los combustibles fósiles. Surge en un momento estratégico: la COP30 de Belém (2025) terminó sin incluir ninguna mención a los fósiles en su texto final, a pesar del impulso de más de 80 países. Esto convierte a Santa Marta en un espacio de “coalición de ambiciosos” (no de consenso universal como en la CMNUCC), diseñado para generar avances concretos entre países dispuestos a avanzar más allá de los bloqueos tradicionales.
Contexto geopolítico actual
Participan 46 países confirmados, incluyendo productores medianos como Canadá, Australia, Brasil y Noruega, y 24 países que ya firmaron la Declaración de Belém.
Europa juega un rol activo y constructivo (Países Bajos como coanfitrión), y las islas y países vulnerables (Tuvalu, Vanuatu, Fiji, Islas Marshall, etc.) son de los más ambiciosos por su supervivencia directa frente al cambio climático.
En América Latina y el Caribe destacan como aliados fuertes Colombia (anfitrión), Chile, Costa Rica, Panamá, México, Brasil y Uruguay.
Probabilidad de éxito
Alta: Existe una elevada probabilidad de alcanzar un acuerdo político significativo entre los países participantes, que incluya una declaración fuerte, coaliciones temáticas y propuestas operativas sobre caminos legales, económicos y sociales.
Baja a nivel global y vinculante en el corto-mediano plazo, debido a la ausencia deliberada de los mayores productores y consumidores mundiales de petróleo.
Posiciones de los paísesAlta probabilidad de apoyar
Países confirmados (45-46): Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Camerún, Canadá, Dinamarca, España, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Irlanda, Islas Marshall, Italia, Jamaica, Luxemburgo, Maldivas, Mauricio, México, Países Bajos, Noruega, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sierra Leona, Suecia, Suiza, Tanzania, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Vietnam.
Islas y países vulnerables (muy activos): Tuvalu, Vanuatu, Palau, Islas Marshall, Fiji, Micronesia.
América Latina y Caribe (fuertes aliados): Colombia (anfitrión), Chile, Costa Rica, Panamá, México, Brasil, Uruguay.
Alta probabilidad de oponerse o no participar
Principales petrostates ausentes: Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, China, Irán, Iraq, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Venezuela, Nigeria.
Países con alta dependencia fiscal: Bolivia, Turkmenistán, Azerbaiyán, Ecuador.
Bloqueadores históricos más fuertes (controlan más del 56 % de la producción mundial de petróleo 2025):
Bloqueadores históricos más fuertes
Razones principales
Participación en la oferta mundial de petróleo (2025)
Estados Unidos
Mayor productor mundial, fuerte lobby fósil
16.08 %
Rusia
Socio clave de OPEP+
11.69 %
Arabia Saudita
Líder de la OPEP, veto sistemático en COPs
11.26 %
Irán
Bloqueo consistente
4.96 %
Emiratos Árabes Unidos
Bloquea ambición climática
4.52 %
Iraq
Alta dependencia fiscal
5.20 %
Kuwait
Miembro OPEP histórico
3.05 %
TOTAL
—
56.77 %
Oportunidades estratégicas Santa Marta ofrece una ventana única para posicionar una visión plurinacional de la transición: una que fortalezca simultáneamente la soberanía nacional y la autonomía indígena, integre las economías para la vida y proteja efectivamente territorios con PIACI y áreas protegidas. Al ser una coalición de ambiciosos y no una negociación de 197 países, es un espacio propicio para introducir propuestas territoriales ambiciosas que, de otro modo, serían bloqueadas en la CMNUCC.
Contribuciones para los “3 pilares”.
En general se comparte el diagnóstico estructural y las prioridades estratégicas de los 3 Pilares Temáticos, que representan un avance significativo para orientar la transición de manera ordenada y justa. Para enriquecer esta visión y asegurar que la transición responda también a las realidades de los territorios amazónicos, se sugiere los siguientes complementos:
En el Pilar 1: Vincular la ampliación del espacio fiscal y la reestructuración de la deuda externa con sus impactos directos sobre los pueblos indígenas y las áreas protegidas. La reconversión económica debe anclarse prioritariamente en las economías para la vida (reproducción comunitaria, cuidado, reciprocidad y vínculo con la selva), además de los modelos productivos alternos.
En el Pilar 2: Incorporar la prohibición expresa y permanente de hidrocarburos y gran minería en territorios con Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial (PIACI) y en áreas protegidas, como expresión concreta de soberanía plurinacional.
En el Pilar 3:
Exigir que la cooperación internacional incluya mecanismos de acceso directo al financiamiento climático con gobernanza indígena real y efectiva.
Promover el reconocimiento de la deuda ecológica como fundamento legítimo de una cooperación más equitativa entre Norte y Sur.
Garantizar la participación directa y vinculante de organizaciones indígenas y plataformas amazónicas en las coaliciones de pioneros y en la definición de las reglas de la diplomacia climática.
Asegurar que cualquier instrumento o acuerdo internacional respete y fortalezca la protección efectiva de territorios con PIACI y los Derechos de la Naturaleza, evitando nuevas formas de intermediación o condicionalidades que limiten la soberanía nacional y la autonomía territorial.
Resumen y análisis del documento de los “3 Pilares”, propuesta de Colombia y Holanda
Los 3 Pilares Temáticos constituyen el documento marco principal y el insumo conceptual central de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, elaborado conjuntamente por los gobiernos de Colombia y Países Bajos. Este documento estructura toda la agenda de la conferencia alrededor de tres ejes estratégicos: superar la dependencia económica de los combustibles fósiles, transformar la oferta y la demanda, y avanzar en la cooperación internacional y la diplomacia climática. Aunque existen otros insumos preparatorios (encuentros regionales, aportes de sociedad civil, pueblos indígenas y documentos de background), los 3 Pilares tienen la máxima prioridad como guía oficial de discusión y base para las propuestas y eventuales acuerdos de la cumbre.
PILAR TEMÁTICO 1: Superar la dependencia económica de los combustibles fósiles
La dependencia de los combustibles fósiles (FF) es un “cerrojo macroeconómico” para muchos países.
Casi el 78 % de las reservas mundiales de FF están en el Sur Global; al menos 38 países en desarrollo son exportadores netos.
Riesgos diferenciados:
Transición retrasada → mayores impactos físicos del clima (muchos países ya muy expuestos).
Transición rápida → pérdidas agudas y potencialmente permanentes de ingresos fiscales, exportaciones, empleo y balanza de pagos.
Importadores netos también son vulnerables (shocks de precios y suministro).
1. Dependencia fiscal
Exposición fiscal + altos niveles de deuda amenazan el apoyo político a la transición.
Países en desarrollo reciben solo 3 % de la inversión mundial en transición energética (excluyendo China y G20 en desarrollo).
Se necesitan 1,7 billones USD anuales para descarbonización en el Sur Global.
La mayor parte del financiamiento llega como deuda (solo 1 % en donaciones), (promedio 30 % del PIB; 44 % en América Latina y 47 % en África subsahariana).
Muy importante: Se requiere ampliar el espacio fiscal, reducir el costo del capital y alinear las finanzas internacionales con las realidades de economías endeudadas.
La dependencia fiscal está entrelazada con problemas estructurales: alto endeudamiento, ingresos tributarios limitados, desigualdad y dependencia persistente.
Las reformas de precios (eliminación de subsidios y fijación de precio al carbono) deben proteger a los hogares vulnerables y mantener la confianza pública.
2. Reconversión económica y laboral
Oportunidad: la expansión de energías renovables ofrece crecimiento económico real en países que también son ricos en potencial verde y minerales críticos.
Riesgo: sustituir ingresos de FF por nuevo extractivismo (minerales críticos, trasnporte de gas, mega-infraestructuras) que, con gobernanza débil, reproduce despojo, daño ambiental y desigualdad.
Principios de la ONU sobre minerales de transición: la expansión debe ir acompañada de salvaguardias (derechos, participación, transparencia, distribución de beneficios, límites ambientales).
Transición justa = ir más allá de modelos extractivos hacia estrategias diversificadas y territoriales:
Campesinado y agricultura a pequeña escala.
Bioeconomías.
Industrialización cooperativa.
Turismo arraigado en patrimonio natural y cultural.
Modelos productivos locales y comunitarios.
Estos sectores generan empleo, resiliencia y distribución más equitativa de beneficios, especialmente en regiones históricamente dependientes de FF.
3. Responsabilidades y compromisos compartidos
Se necesitan responsabilidades compartidas pero diferenciadas a nivel internacional.
Cooperación entre divisiones: exportador-importador / productor-consumidor / desarrollado-en desarrollo.
Reorientar políticas globales de finanzas, comercio e industriales hacia los objetivos de la transición.
Todos los países deben comprometerse a:
Evitar nuevas formas de extractivismo.
Mantener salvaguardias, trazabilidad, participación significativa y transparencia fiscal.
Objetivo final: estabilizar condiciones macroeconómicas, reducir dependencia estructural y garantizar beneficios equitativos, medios de vida sostenibles y justicia territorial.
PILAR TEMÁTICO 2: Transformar la oferta y la demanda
Según la AIE, para lograr cero emisiones netas a mediados de siglo la demanda mundial debe disminuir drásticamente:
Carbón: ↓ 90 %
Petróleo: ↓ 75 %
Gas natural: ↓ 55 %
1. Demanda
1.1 Sustitución de combustibles
Es la forma más directa de reducir emisiones.
La expansión de energía limpia debe desplazar (no solo complementar) el uso de combustibles fósiles.
Electricidad: sustituir sistemáticamente carbón y gas por renovables.
Transporte: acelerar electrificación (vehículos eléctricos: 60 % ventas en 2030 → 90% en 2050).
1.2 Seguridad y soberanía energética
El gas ya no puede justificarse como “combustible de transición”.
Reduce dependencia de mercados volátiles y shocks geopolíticos.
1.3 Cerrar los motores de nueva demanda
Sin medidas adicionales, la demanda de fósiles seguiría creciendo pese a avances en energía y transporte.
Principal impulsor futuro: sector petroquímico
⅓ del crecimiento de la demanda de petróleo hasta 2030
Casi ½ hasta 2050
Acción necesaria: cerrar activamente nuevas fuentes de demanda.
1.4 Acceso a la energía
La transición debe promover acceso universal a energía asequible, fiable y limpia.
Soluciones más baratas: sistemas solares domésticos, mini-redes y electrodomésticos eficientes (especialmente en zonas rurales).
Bien diseñada, la transición reduce costos energéticos de los hogares y la pobreza energética, alineando mitigación climática con mejoras en salud, educación y equidad.
2. Oferta
2.1 Reducción y cierre planificado de la extracción
Las reservas y proyectos existentes ya son suficientes para la demanda en trayectorias (el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y la AIE confirman que no se necesitan nuevos yacimientos).
Se requiere un declive progresivo y cierre responsable de la extracción.
Debe abordar: restauración ambiental, justicia social/laboral, distribución equitativa de costos y gestión de activos varados (estimados en 13-17 billones USD a nivel global).
2.2 Internalizar los costos y eliminar los incentivos a los combustibles fósiles
Los subsidios a fósiles distorsionan el mercado, mantienen la demanda y retrasan la transición.
Medidas clave:
Eliminación progresiva de subsidios
Fortalecimiento de la tarificación del carbono
Beneficios: mayor competitividad de renovables, liberación de espacio fiscal y reducción de emisiones globales entre 5-10 %.
PILAR TEMÁTICO 3: Avanzar la cooperación internacional y la diplomacia climática
A pesar de décadas de negociaciones y compromisos mundiales, la transición no avanza a la escala, velocidad ni nivel de coordinación que exige la ciencia.
La producción e inversión en combustibles fósiles siguen aumentando (AIE).
Persiste una brecha entre ambición y acción, incluso bajo el Acuerdo de París (Informe de Brecha de Emisiones del PNUMA).
Los países enfrentan restricciones legales e institucionales (ej. cláusulas ISDS).
Clave: se necesita fortalecer la cooperación internacional, acelerar la acción práctica y aumentar la ambición colectiva, reforzando los esfuerzos multilaterales existentes.
1. Abordar las brechas de implementación, cooperación y gobernanza
Existen compromisos políticos (Llamado de Port Vila, párrafo 28 de la Decisión 1/CMA.5, Declaración de Belém), pero no hay regulación internacional explícita para eliminar la producción de combustibles fósiles a gran escala.
Los marcos de la CMNUCC se centran principalmente en emisiones, no en la producción, el consumo ni la transformación de los sistemas energéticos.
Se requiere una reflexión honesta sobre dónde la CMNUCC ha sido eficaz y dónde hacen falta mecanismos adicionales, coaliciones y herramientas complementarias para:
Apoyar la implementación
Acelerar la transición
Fortalecer la gobernanza y cooperación climática global
2. Eliminar las barreras jurídicas internacionales
Las respuestas climáticas tienen que verse con el derecho internacional, donde persisten barreras jurídicas.
Miles de acuerdos de inversión incluyen cláusulas de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS).
Estas permiten a corporaciones demandar a Estados por medidas de interés público (pérdida de ganancias futuras).
Consecuencias:
Restricción a la toma de decisiones soberana
Socavamiento de obligaciones climáticas
Refuerzo de desigualdades estructurales (intereses corporativos sobre derechos humanos y protección ambiental)
3. Cooperación de los pioneros
Las coaliciones voluntarias son cada vez más importantes:
Gobiernos ambiciosos
Ciudades
Sector privado
Sociedad civil
Ejemplos: Coalición Clima y Aire Limpio, Alianza para Dejar Atrás el Carbón, Alianza Solar Internacional.
Estas colaboraciones permiten acción rápida y concreta, superando muchas veces las negociaciones multilaterales formales.
Beneficios: impulsar soluciones prácticas, reforzar objetivos multilaterales y generar el impulso necesario ante la urgencia climática.
4. Llamado a la acción – Conferencia de Santa Marta
Invitación a los Estados y actores reunidos en Santa Marta a debatir:
Implicaciones del estado actual de la gobernanza global
Posibles soluciones colectivas: • Colaboraciones entre vanguardias • Instrumentos jurídicos internacionales vinculantes • Mecanismos de cooperación • También derecho blando
Objetivo: avanzar hacia una transición más efectiva, justa y acelerada.
Conclusiones
La Conferencia de Santa Marta surge como una respuesta necesaria ante los limitados avances de las últimas COPs, cuyas narrativas se ratifican una vez más en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (abril 2026), donde las agendas financieras tradicionales —centradas en la estabilidad fiscal y el servicio de la deuda— siguen prevaleciendo sobre una transición energética estructural y concreta.
En un contexto global marcado por la guerra en Medio Oriente, que acentúa la volatilidad de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en torno a los recursos energéticos, esta cumbre adquiere más relevancia. Que un país como Colombia —sujeto a presiones externas significativas por parte de Estados Unidos— asuma el liderazgo y convoque la primera cumbre gubernamental dedicada exclusivamente a la salida gradual de los combustibles fósiles representa un acto de soberanía y coraje político que merece ser respaldado.
Los 3 Pilares Temáticos ofrecen una base sólida y ambiciosa. Al enriquecerlos con la visión territorial —que equilibra autonomía indígena y soberanía nacional, toma en cuenta las economías para la vida y protege efectivamente los territorios con PIACI—, la transición puede avanzar de manera más justa y duradera, incluso si los acuerdos alcanzados en Santa Marta constituyen solo el primer paso de un proceso más largo y complejo.
Santa Marta tiene la oportunidad histórica de demostrar que una transición real es posible cuando se construye desde la soberanía nacional, de la mano con los territorios que sostienen la vida. En este momento no se trata de exigir perfección inmediata, sino de abrir un camino donde la ambición macroeconómica dialogue con la profundidad territorial amazónica.
El Observatorio de Finanzas y Clima (OFC) ha seguido de cerca los debates y conclusiones de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que concluyeron el pasado 18 de abril de 2026 en Washington D.C. A dos días del cierre de los encuentros, los informes oficiales —World Economic Outlook, Fiscal Monitor y Global Financial Stability Report— ya circulan públicamente y confirman un panorama de crecientes presiones sobre la economía global, agravadas por la escalada del conflicto en Medio Oriente.
Según el Fiscal Monitor[1] de abril 2026 (“Fiscal Policy under Pressure: High Debt, Rising Risks”), la deuda pública mundial alcanzó aproximadamente el 94 % del PIB en 2025 y se proyecta que supere el 100 % en 2029, un año antes de lo estimado en ediciones anteriores. Este aumento responde a mayores gastos en defensa, necesidades sociales, autonomía estratégica y, sobre todo, a la creciente carga de intereses derivada de tasas de interés más elevadas.[2] El conflicto en Medio Oriente ha intensificado estas tensiones fiscales, generando disrupciones en los precios de la energía, subsidios y expectativas inflacionarias.
El World Economic Outlook[3] revisó a la baja el crecimiento global para 2026 hasta el 3,1 %, frente al 3,4 % previsto antes del conflicto. En un escenario adverso, el crecimiento caería al 2,5 % y la inflación podría subir al 5,4 %; en el escenario más severo, el crecimiento se contraería cerca del 2 % y la inflación superaría el 6 %. Los países importadores de energía y las economías emergentes y vulnerables son los más afectados, con impactos diferenciados según su exposición a los precios del petróleo y a las cadenas de suministro globales.
Ante este diagnóstico, el FMI reitera la necesidad de ajustes fiscales creíbles y bien secuenciados, la reconstrucción de “espacios fiscales” (buffers) y una mayor eficiencia del gasto público. Kristalina Georgieva y otros funcionarios han enfatizado que los riesgos están claramente inclinados a la baja y que, en escenarios adversos, la “deuda en riesgo” podría alcanzar el 117 % del PIB. Paralelamente, se subraya la importancia de la vigilancia macroprudencial ante la mayor participación de inversores no bancarios y fondos apalancados en los mercados de deuda soberana.
Un aspecto destacado de estas reuniones fue el lanzamiento, el 15 de abril, de la Borrowers’ Platform (Plataforma de Deudores). Impulsada por ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de países en desarrollo, con UNCTAD como secretariado técnico, esta iniciativa se enmarca en el Compromiso de Sevilla de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4). Su objetivo es fortalecer la voz colectiva de los deudores, mejorar la gestión de la deuda y facilitar aprendizajes entre pares. Valoramos este paso como un avance en la representación de los países vulnerables, aunque su impacto real dependerá de que se traduzca en mecanismos concretos de alivio.[4][5]
La sociedad civil y diversos think tanks —entre ellos el Center for Global Development (CGD), Brookings, UNCTAD y Jubilee USA— han insistido durante los encuentros en la necesidad de mecanismos temporales de suspensión del servicio de la deuda durante shocks como el actual (guerra, clima o salud), así como en una movilización responsable de capital privado. Estos actores destacan que la ayuda oficial es limitada y que se requieren instrumentos que atraigan inversión sin comprometer el gasto social ni la acción climática.[6]
Desde el Observatorio de Finanzas y Clima, como organización especializada en el análisis de flujos financieros y su relación con la crisis climática y la Amazonía, consideramos que el enfoque predominante —ajustes fiscales y movilización de inversión privada— no aborda con la profundidad necesaria el círculo vicioso entre endeudamiento externo, dependencia extractivista y vulnerabilidad climática que afecta especialmente a los países amazónicos.
En la Amazonía, la presión por generar ingresos fiscales para atender el servicio de la deuda continúa incentivando la expansión de actividades de hidrocarburos, minería y agroindustria. Esto reduce el margen real para avanzar hacia una transición energética justa y soberana, al tiempo que aumenta los riesgos de deforestación y pérdida de biodiversidad. La “movilización de capital privado” que se promueve puede derivar, en la práctica, en mayores presiones para abrir territorios a megaproyectos sin salvaguardas ambientales y sociales suficientes.
Coincidimos en la importancia de una mejor coordinación internacional para el manejo de la deuda y en la utilidad de suspensiones temporales durante shocks múltiples. No obstante, es indispensable avanzar hacia condonaciones que liberen recursos reales para la adaptación y la mitigación, y reconocer la deuda ecológica y climática que los países históricamente emisores mantienen con las naciones que conservan biomas críticos como la Amazonía.
El OFC, como parte del movimiento del Foro Social Panamazónico (FOSPA) y en apoyo a la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles que se celebrará en Santa Marta (Colombia) del 24 al 29 de abril de 2026, observa que estos debates refuerzan la urgencia de un cambio de paradigma. La Conferencia de Santa Marta se organiza en torno a tres pilares fundamentales: superar la dependencia económica de los combustibles fósiles (incluyendo la dependencia fiscal y la carga de la deuda pública), transformar de manera equitativa la oferta y la demanda energética, e impulsar la cooperación internacional y la diplomacia climática.
Las Reuniones de Primavera 2026 confirman que la economía global pierde impulso y enfrenta riesgos inclinados a la baja. En este contexto, la verdadera sostenibilidad fiscal no puede lograrse a costa de mayor deforestación o pérdida de biodiversidad, sino mediante una reorientación profunda de los flujos financieros hacia la reconversión productiva, la protección de territorios y la justicia climática.
El Observatorio de Finanzas y Clima continuará aportando análisis independientes y propuestas técnicas para que las decisiones financieras contribuyan efectivamente a la conservación de la Amazonía y a una transición justa más allá de los combustibles fósiles.
[2] El aumento masivo en la emisión de bonos del Tesoro de Estados Unidos está comprimiendo la “prima de seguridad” (safety premium) y la “convenience yield” que tradicionalmente han tenido estos instrumentos. Esto se evidencia en el estrechamiento del diferencial entre los rendimientos de bonos corporativos AAA y los Treasuries, lo que eleva los costos de financiamiento a nivel global. Ver: Curran, E. (2026, 15 de abril). IMF Warns US Debt Issuance Erodes Treasuries’ Premium, Raises Global Risks. Bloomberg. IMF Warns US Debt Issuance Erodes Treasuries’ Premium, Raises Global Risks – Bloomberg
On April 15, 2026, during the Spring Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank in Washington, D.C., developing countries took a historic step by launching theBorrowers’ Platform. Driven by finance ministers and central bank governors from around 30 countries of the Global South — including India, South Africa, the Maldives, Egypt, Pakistan, Colombia, Honduras, Nepal, and Zambia — the initiative marks the first formal and permanent space devoted exclusively to sovereign borrowers.
The Platform stems from the mandate of the Sevilla Commitment, adopted at the Fourth International Conference on Financing for Development (FfD4) in July 2025, and is supported by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) as its technical secretariat. United Nations Secretary-General António Guterres described it as “a breakthrough in global finance,” emphasizing that it brings borrowing countries together so they can learn from one another and speak with a collective voice.
What is the Platform, and what is it for?
Until now, the international financial architecture has been asymmetric: creditors have long had established mechanisms such as the Paris Club and the G20 Common Framework, while debtors lacked an equivalent forum through which to coordinate. The Borrowers’ Platform fills that gap.
Its concrete functions include:
exchanging successful experiences and emerging risks in debt management;
providing timely technical support to improve debt transparency and sustainability; and
building common positions for engagement with multilateral forums such as the IMF, the World Bank, and future United Nations conferences.
With developing countries’ external debt reaching $11.7 trillion in 2024, and interest payments absorbing nearly 10% of public revenues — and up to 25% in the least developed countries — 54 nations, home to 3.4 billion people, now devote more resources to debt service than to health or education. This dynamic not only slows growth; it also erodes countries’ capacity to respond to climate shocks.
Implications for the international financial architecture
The creation of the Platform challenges the structural balance of global financial governance. For decades, the rules of the game have been defined predominantly by creditors, with the IMF and the World Bank acting as arbiters that, in practice, prioritize the stability of Northern financial markets.
The Platform introduces an organized counterpart of borrowers that can push for greater transparency in debt sustainability analyses (DSAs), less procyclical conditionality, and more inclusive and predictable restructuring frameworks.
In the medium term, it could catalyze deeper reforms in the IMF and the World Bank, including greater representation of the Global South in their decision-making bodies and the systematic inclusion of disaster pause clauses for climate-related shocks in new lending.
Organizations such as LATINDADD, which were active in the launch, underline that the initiative’s success will depend on its capacity to help build a “fair, democratic and inclusive debt architecture” capable of counterbalancing the current dominance of private and multilateral creditors.
Implications for climate change: from fiscal constraint to transformative action
High debt-service burdens crowd out public investment in adaptation and mitigation. In the context of an accelerating climate crisis — marked by droughts, hurricanes, and biodiversity loss that hit the Global South with particular force — the most vulnerable countries are being pushed to choose between paying creditors and protecting their populations.
The Platform opens three promising avenues for climate action:
Fiscal space freed up: better coordination among borrowers can facilitate more ambitious and timely restructurings, releasing resources now absorbed by interest payments so they can be used to finance Nationally Determined Contributions (NDCs) and adaptation plans.
Momentum for reforming debt instruments: a collective voice can strengthen demands for “loss and damage” clauses in debt contracts and may also help place limits on contractual provisions that are harmful to national sovereignty and the environment.
Influence over the global agenda: the Platform enables more strategic participation in the COPs, in the negotiations on the New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG), and in reviews of the IMF’s debt sustainability framework. By aligning debt management with the goals of the Paris Agreement, it can help break the vicious circle between climate vulnerability and over-indebtedness.
Ultimately, this is not only about “relieving” debt, but about redirecting financial flows toward a just, low-carbon transition.
As the Observatorio de Finanzas y Clima argues, external debt remains one of the main obstacles to Amazon conservation and climate mitigation in Latin America; a coordinated borrowers’ platform can make a significant contribution to changing the rules of the game that have effectively normalized the repayment of external debt through the exploitation of nature.
A first step that requires follow-up and support
The Borrowers’ Platform is a necessary institutional milestone. Its success will depend on sustained participation by countries of the Global South, continued technical support from UNCTAD, and the willingness of creditors and multilateral institutions to accept a fairer set of rules.
The next major test will be the IMF and World Bank Annual Meetings in October 2026. There, the Platform will need to present its work programme and begin turning coordination into concrete results: greater transparency, better financing terms, and, above all, a stronger capacity for developing countries to invest in a viable climate future.
Debt cannot continue to be the chain that blocks climate action. With the Borrowers’ Platform, developing countries have taken the first step. It is now up to the international community — including Northern creditors — to decide whether they are willing to open the door.
El 15 de abril de 2026, en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington D.C., los países en desarrollo dieron un paso histórico al lanzar la Plataforma de los Prestatarios (Borrowers’ Platform). Esta iniciativa, impulsada por ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de alrededor de 30 naciones del Sur Global —entre ellas India, Sudáfrica, Maldivas, Egipto (presidencia), Pakistán (vicepresidencia), Colombia, Honduras, Nepal y Zambia—, marca el primer espacio formal y permanente dedicado exclusivamente a los prestatarios soberanos.
La Plataforma surge del mandato del Compromiso de Sevilla, adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4) de julio de 2025, y cuenta con la Secretaría técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Según el Secretario General de la ONU, António Guterres, representa “un avance decisivo en la financiación global”, al permitir que los países prestatarios se reúnan, aprendan unos de otros y hablen con una voz colectiva.
¿Qué es y para qué sirve la Plataforma?
Hasta ahora, la arquitectura financiera internacional ha sido asimétrica: los acreedores cuentan con mecanismos consolidados como el Club de París o el G20 Common Framework, mientras que los deudores carecían de un foro equivalente para coordinarse. La Plataforma de los Prestatarios cierra esa brecha.
Sus funciones concretas incluyen:
Intercambio de experiencias exitosas y riesgos emergentes en gestión de deuda.
Apoyo técnico oportuno para mejorar la transparencia y sostenibilidad de las deudas.
Construcción de posiciones comunes ante foros multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y futuras conferencias de la ONU.
Con la deuda externa de los países en desarrollo alcanzando los 11,7 billones de dólares en 2024 y los pagos de intereses absorbiendo casi el 10 % de los ingresos públicos (y hasta el 25 % en los países menos adelantados), 54 naciones —donde viven 3.400 millones de personas— destinan hoy más recursos al servicio de la deuda que a salud o educación. Esta dinámica no solo frena el crecimiento, sino que erosiona la capacidad de respuesta a los choques climáticos.
Implicaciones para la arquitectura financiera internacional
La creación de la Plataforma representa una interpelación al equilibrio estructural en la gobernanza financiera global. Durante décadas, las reglas del juego han sido definidas predominantemente por acreedores, con el FMI y el Banco Mundial actuando como árbitros que, en la práctica, priorizan la estabilidad de los mercados financieros del Norte. La Plataforma introduce una contraparte organizada de prestatarios que puede presionar por mayor transparencia en los análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA), condicionalidades menos procíclicas y marcos de reestructuración más inclusivos y predecibles.
A mediano plazo, podría catalizar reformas más profundas en el FMI y el Banco Mundial, como una mayor representación del Sur Global en sus órganos de decisión y la incorporación sistemática de cláusulas de suspensión de pagos por desastres climáticos en los nuevos préstamos. Organizaciones como LATINDADD, activas en el lanzamiento, subrayan que el éxito dependerá de la capacidad de esta plataforma para construir una “arquitectura de deuda justa, democrática e inclusiva” que contrarreste el actual dominio de los acreedores privados y multilaterales.
Implicaciones para el cambio climático: de la restricción fiscal a la acción transformadora
El elevado servicio de la deuda “desplaza” la inversión pública en adaptación y mitigación. En un contexto de crisis climática acelerada —sequías, huracanes y pérdida de biodiversidad que golpean con mayor fuerza al Sur Global—, los países más vulnerables se ven obligados a elegir entre pagar acreedores o proteger a sus poblaciones.
La Plataforma abre tres vías prometedoras para la acción climática:
Espacio fiscal liberado: Una mejor coordinación entre prestatarios puede facilitar reestructuraciones más ambiciosas y oportunas, liberando recursos que hoy se destinan a intereses para financiar Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC) y planes de adaptación.
Impulso de cambios en instrumentos: La voz colectiva fortalecerá demandas como las cláusulas de “pérdida y daño” en los contratos de deuda, o pude ayudar a poner límites a cláusulas lesivas con la soberanía nacional y el medio ambiente.
Influencia en la agenda global: La Plataforma permite una participación más estratégica en las COP, en las negociaciones del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática (NCQG) y en las revisiones del Marco de Sostenibilidad de la Deuda del FMI. Al alinear la gestión de la deuda con los objetivos del Acuerdo de París, contribuye a romper el círculo vicioso entre vulnerabilidad climática y sobreendeudamiento.
En definitiva, no se trata solo de “aliviar” la deuda, sino de redirigir los flujos financieros hacia una transición justa y baja en carbono. Como Observatorio de Finanzas y Clima, consideramos que la deuda externa sigue siendo uno de los principales obstáculos para la conservación de la Amazonía y la mitigación en América Latina; una plataforma de prestatarios coordinada puede contribuir significativamente a cambiar las reglas del juego que han instalado como patrón el pago de la deuda externa con explotación de la naturaleza.
Un primer paso que exige seguimiento y apoyo
La Plataforma de los Prestatarios es un hito institucional necesario. Su éxito dependerá de la participación sostenida de los países del Sur, del apoyo técnico continuo de UNCTAD y de la voluntad de acreedores y multilaterales de aceptar un juego más justo.
El próximo gran test será la Reunión Anual del FMI y el Banco Mundial de octubre de 2026. Allí, la Plataforma debe presentar su programa de trabajo y comenzar a traducir coordinación en resultados concretos: mayor transparencia, mejores términos de financiación y, sobre todo, una mayor capacidad de los países en desarrollo para invertir en un futuro climático viable.
La deuda no puede seguir siendo la cadena que impide la acción climática. Con la Plataforma de los Prestatarios, los países en desarrollo han dado el primer paso. Ahora corresponde a la comunidad internacional —incluyendo a los acreedores del Norte— decidir si están dispuestos a abrir la puerta.
CAF aprobó la creación del Fondo de Inversión de Impacto en América Latina y el Caribe (FIIALC), presentado como el primer fondo de inversión de impacto regional impulsado por una banca multilateral de desarrollo. El banco asignará hasta USD 20 millones como capital semilla y buscará movilizar recursos adicionales de otros multilaterales, fondos de pensiones, fundaciones e inversionistas institucionales, con un tamaño objetivo de entre USD 100 y 150 millones. La iniciativa se orienta a canalizar recursos hacia proyectos con impacto social y ambiental medible en la región.
El dato central del anuncio es que CAF no está presentando un préstamo soberano tradicional, sino un vehículo de inversión para apalancar capital privado. En principio, eso significa que este fondo no generaría deuda externa pública directa para los Estados en la forma en que lo hace un crédito soberano convencional. El riesgo financiero inmediato recae más bien en la estructura del fondo y en sus inversionistas. Dicho de otra forma: no es, por sí mismo, un nuevo endeudamiento externo de los países. Pero sería ingenuo venderlo como si estuviera fuera de toda lógica financiera: sigue siendo un mecanismo diseñado para atraer rentabilidad junto con impacto, por lo que la selección de proyectos, la gobernanza del fondo y las condiciones de salida del capital privado serán decisivas para evaluar quién captura realmente el valor generado.
En octubre de 2025, CAF ya había abierto una consulta para estructurar este fondo, planteando que financiaría proyectos en áreas como biodiversidad, economía azul e inclusión financiera. En paralelo, la propia CAF viene reforzando su identidad como “banco verde” regional: en su estrategia corporativa 2022-2026 afirma que busca consolidarse como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe, y en otra operación reciente vinculada a El Salvador señaló que está invirtiendo USD 25.000 millones hasta 2026 para financiar iniciativas ambientales, climáticas y de biodiversidad. El nuevo fondo debe leerse, entonces, como parte de una expansión más amplia de instrumentos financieros “verdes” y de impacto dentro de la arquitectura regional de desarrollo.
También conviene poner la cifra en perspectiva. Aunque USD 100 a 150 millones no es una suma menor para un fondo regional nuevo, sigue siendo pequeña frente a la escala real de las necesidades. La propia estrategia de CAF recoge que los países de América Latina y el Caribe han declarado necesidades de financiamiento climático por USD 152.000 millones en sus NDC. A nivel global, el nuevo objetivo acordado en la COP29 plantea movilizar al menos USD 300.000 millones anuales para países en desarrollo hacia 2035, dentro de una meta más amplia de USD 1,3 billones por año. Si se toma como referencia el último dato consolidado de la OCDE, en 2022 los países desarrollados movilizaron USD 115.900 millones en financiamiento climático. Eso implica una brecha aproximada de USD 184.100 millones frente al piso de USD 300.000 millones, y de alrededor de USD 1,184 billones frente al objetivo ampliado de USD 1,3 billones. El nuevo fondo de CAF puede sumar, pero está muy lejos de alterar por sí solo la insuficiencia estructural del financiamiento ambiental y climático.
Por otra parte, CAF ya venía participando en mecanismos financieros innovadores ligados a objetivos ambientales, aunque con otra arquitectura. En el canje de deuda por conservación de cuencas en El Salvador, por ejemplo, CAF aportó una carta de crédito en espera por USD 200 millones como parte de la mejora crediticia de la operación. Eso muestra que la institución no solo presta, sino que también está ampliando su papel como estructurador y catalizador de finanzas ambientales más complejas. El nuevo fondo de impacto regional profundiza esa trayectoria. La pregunta relevante no es solo cuánto dinero logrará atraer, sino bajo qué criterios de gobernanza, transparencia, adicionalidad y rendición de cuentas operará, y si esos recursos fortalecerán prioridades públicas y territoriales o terminarán subordinándolas a la lógica de valorización financiera del “impacto”.
En Ecuador se intenta imponer el Acuerdo Ministerial MDT-2026-046, impulsado desde el Ministerio del Trabajo de Noboa. El acuerdo plantea reglas para turnos y horarios especiales y, sobre todo, la posibilidad de organizar semanas laborales con días más largos: incluso hasta 12 horas al día “a cambio” de días adicionales de descanso.
El ministro Harold Burbano declaró que el acuerdo “no está vigente” porque no fue publicado en el Registro Oficial; pero el propio texto del acuerdo indica que “entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación”, y el contenido se trasladó al debate del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. En este momento hay disputa jurídica y política real, por eso vale la pena sacar este mini análisis, que muestra que “puedes trabajar días de 12 horas sin que eso signifique pagar horas extra, porque se compensa con descanso”.
El problema es que el descanso no reemplaza el ingreso, y la jornada larga tiene costos humanos (cansancio, accidentes, enfermedades) que no desaparecen porque te den “un día libre”.
A continuación lo explico con números, usando el Salario Básico Unificado.
1) El punto de partida: el SBU 2026 es USD 482
El Estado fijó el Salario Básico Unificado (SBU) para 2026 en USD 482, vigente desde enero.
En la práctica, el SBU se entiende como el pago mensual por una jornada estándar de 40 horas semanales, entonces estimemos el costo de la hora:
40 horas/semana × 4,33 semanas/mes = 173,2 horas al mes[1]
Valor hora aproximado = 482 / 173,2 = USD 2,78/hora
Esta cifra (USD 2,78) será nuestra base para visualizar pérdidas cuando se alargan días sin pago extra.
2) Dos semanas “con el mismo sueldo”: 8 horas vs 12 horas
Escenario A: semana tradicional (8 horas diarias)
Día
Horas trabajadas
Lunes
8
Martes
8
Miércoles
8
Jueves
8
Viernes
8
Total
40
En este caso:
se trabaja 40 horas,
con días de 8,
y el trabajador recibe el SBU: USD 482.
Escenario B: semana “redistribuida” con tres días de 12 horas
Ejemplo típico de concentración:
Día
Horas trabajadas
Lunes
12
Martes
12
Miércoles
12
Jueves
4
Viernes
0
Total
40
Entonces:
también son 40 horas semanales (como en el esenario A)
pero aparecen días mucho más largos y el viernes libre.
Solo en esa semana, el trabajador hizo:
(12 − 8) × 3 = 12 horas por encima de 8 horas diarias (en 3 días de la semana)
En el régimen general del Código del Trabajo, esas horas que exceden la jornada diaria entran en el terreno de horas suplementarias/extraordinarias, con límites y recargos. El artículo 55, por ejemplo, fija que las horas suplementarias no pueden exceder 4 al día ni 12 a la semana y establece recargos (50% en ciertas franjas, 100% en otras y fines de semana).
3) Lo que el trabajador deja de recibir
Aquí está la parte más importante. Si la jornada se estira a 12 horas y se “compensa” con descanso, el riesgo es que esas horas largas dejen de pagarse con recargo.
Si calculamos la pérdida del trabajador de su salario en el escenario B (3 días de 12 horas), usando el valor hora de USD 2,78.
Opción 1: cálculo conservador (todas esas 12 horas con recargo mínimo de 50%)
Conclusión conservadora: si las horas largas pasan a ser “normales” sin recargo, un trabajador que gana SBU puede perder del orden de USD 70 al mes solo por el cambio de organización de la jornada.
Opción 2: cálculo realista (las últimas horas del día son las más “extra”)
En la vida real, las últimas horas de una jornada larga se parecen más a horas extraordinarias (más fatiga, más riesgo). Para aproximarlo:
Conclusión realista: el orden de magnitud sube a USD 100 al mes.
Resumamos en una tabla la pérdida para el trabajador
Escenario (mismo total semanal)
Sueldo recibido
Sueldo “equivalente” si se pagaran recargos
Pérdida mensual estimada
8h × 5 días
482
482
0
12h × 3 días + 4h × 1 día
482
554 a 590
72 a 108
La banda (72–108) depende de qué recargo se use para estimar, pero el mensaje es: con jornadas largas sin recargo, el trabajador produce más horas “duras” (que deberían costar más) y cobra lo mismo.
4) El incremento de la explotación es evidente y se puede explicar en varios lenguajes, desde Marx a Marshall
Aumento de la explotación por plusvalía absoluta
Quiere decir que:
El trabajador sigue recibiendo el mismo sueldo mensual.
Pero trabaja días más largos.
Si esas horas adicionales no generan pago extra, entonces el empleador obtiene más tiempo de trabajo efectivo por el mismo salario.
Eso es, en el lenguaje clásico, aumentar la explotación por plusvalía absoluta: extraer más valor no por mejoras tecnológicas o productividad, sino por alargar la jornada (o concentrarla en días más intensos y cansados) sin subir proporcionalmente el pago.
Esa es la forma más simple de describir un traslado de valor desde el trabajador hacia la empresa.
Incluso desde economía “marshalliana”: es apropiación, no eficiencia
Hay otra forma estándar (no marxistas) de llegar a la misma crítica.
Rendimientos marginales decrecientes desde el trabajador
Desde el punto de vista del trabajador, cada hora adicional tiene dos efectos:
le da ingreso,
le cuesta cansancio, dolor, estrés, tiempo familiar, recuperación.
Las primeras horas “cuestan menos”. Con la fatiga acumulada, cada hora extra cuesta más.
Entonces, aunque el ingreso por hora sea el mismo (USD 2,78), la utilidad de cada hora adicional cae porque el costo humano se dispara. Eso es exactamente lo que significa:
Cada unidad adicional de trabajo reporta menos utilidad al trabajador.
Entonces:
El ingreso marginal por hora no sube (si no hay recargos).
El costo marginal en cansancio sí sube.
En términos cotidianos:
esa hora 11 y 12 no “valen” lo mismo para el trabajador que la hora 2 o 3,
pero se pagan igual .
Esto, en economía estándar, ya es un indicador de desequilibrio de poder: si fuera una negociación entre iguales, esas horas se pagarían más, porque son más costosas en esfuerzo y bienestar.
6) El engaño del “descanso compensatorio”
La frase típica es: “trabajas 12 horas, pero después descansas más”.
El punto es que el descanso:
no paga arriendo,
no paga comida,
no paga transporte,
no paga medicinas,
y no compensa automáticamente el daño físico acumulado de jornadas prolongadas.
En una economía donde mucha gente vive al día o al mes, “te doy un día libre” puede sonar bien, pero si a cambio desaparece el recargo de horas suplementarias/extraordinarias, el trabajador termina con:
menos ingreso real,
más desgaste,
y una normalización de condiciones que, en la práctica, no puede negociar.
Y eso es justamente lo que varias críticas han señalado: que compensar con descanso sin reglas claras puede vaciar de contenido los recargos previstos en el régimen general.
7) Qué significa todo esto
Con salario de USD 482, jornadas de 12 horas “compensadas” con descanso pueden implicar que el trabajador deje de recibir del orden de USD 70 a USD 100 al mes en pagos equivalentes a recargos, aun cuando el sueldo mensual no baje.
Y, además, lo que se normaliza es un modelo donde:
el capital capta más valor por tiempo adicional (plusvalía absoluta),
la productividad de esas horas cae (rendimientos marginales decrecientes),
y la utilidad para el trabajador cae todavía más rápido (cada hora extra duele más y vale menos para su vida).
Como el acuerdo está en disputa, mucha gente cree que “no pasa nada”. Pero el debate ya abrió una puerta en donde se empieza a decir que trabajar 12 horas es normal si te dan descanso después.
_____________________________________________________________________________ [1] Un año tiene 52 semanas. Un año tiene 12 meses. Entonces, en promedio: 52 ÷ 12 = 4,33 semanas por mes. Si la jornada esándar es de 40 horas semanales: 40 horas/semana × 4,33 semanas/mes = 173,2 horas al mes
