Entre el 19 y el 26 de septiembre de 2025 se reportaron congelamientos de cuentas a 58 personas vinculadas al movimiento indígena y defensores de derechos humanos (incluyendo la Fundación Pachamama), en paralelo a unas veinte detenciones arbitrarias y al menos una ejecución extrajudicial en el contexto del paro. Con la normativa vigente, esos bloqueos resultan incompatibles con la Constitución y con la ley: un oficio fiscal para pedir información no autoriza inmovilizaciones; la única vía administrativa sin juez —temporal y excepcional— es el art. 17.3 de la ley antilavado reformada por la Ley Orgánica de Transparencia Social (LOTS, 28-ago-2025), que exige indicios objetivos, graves y verificables, proporcionalidad estricta al monto sospechoso y control judicial en máximo ocho días. Nada de eso aparece hoy acreditado públicamente.
El art. 17.3 de la Ley pretendía ser una medida cautelar administrativa excepcional que permite a la UAFE —no a la Fiscalía— ordenar de inmediato la inmovilización de fondos cuando existan indicios objetivos, graves y verificables provenientes de Reporte de Operación Sospechosa (ROS), alertas tempranas, denuncias, Sistema Nacional de Inteligencia (SIN) o inteligencia propia. El alcance está limitado al monto equivalente de la operación sospechosa (proporcionalidad); la orden debe ejecutarse en 72 horas y caduca si no es ratificada, modificada o revocada por un juez especializado dentro de ocho días. Solo si hay ratificación judicial e instrucción fiscal, los fondos pasan en custodia al BCE.
Aquí hay que hacer una diferencia clave: oficios de Fiscalía para recabar datos no equivalen a una orden de inmovilización; y los bancos solo pueden bloquear por orden judicial o por un acto válido de la UAFE bajo el art. 17.3 (o en supuestos específicos, v. gr. coactiva tributaria).
Sin embargo, el registro periodístico muestra el cuadro de los hechos: líderes y organizaciones reportaron que, al ingresar a su banca electrónica, encontraban mensajes como “servicio no disponible” o “no existen datos para la consulta realizada” en distintas instituciones (Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Banco Internacional). La CONAIE denunció el bloqueo de su cuenta institucional y de la de su presidente. En una entrevista, el ministro del Interior, John Reimberg, vinculó “el tema de las cuentas” con la estrategia para frenar el paro: “Estos grupos tienen gente detrás que busca desestabilizar”; realizó también una asociación grave de sus declaraciones a recursos del “crimen organizado”. Al mismo tiempo, desde comunicación gubernamental se deslizó que las “alertas” se levantan en la institución, pero que la investigación la realiza la UAFE.
En el terreno, los testimonios coinciden en la opacidad:
Lenin Sarzosa, abogado de CONAIE, relató que el 22 de septiembre no pudo acceder a sus cuentas en dos bancos. En ventanilla, le habrían dicho que era “una orden de la Superintendencia de Bancos”, sin detallar fundamento ni plazo.
Shiashia José Esach, presidente de CONFENIAE, afirmó que su cuenta y la de su organización permanecían bloqueadas “por disposición del gobierno”.
María Belén Páez, directora de Fundación Pachamama, informó el congelamiento de la cuenta de su organización y de dirigentes indígenas con quienes trabajan. Exigió respuestas escritas a los bancos sobre autoridad, motivación y duración. En carta posterior —de la que se desprende un reclamo reiterado de motivación individualizada— la organización solicitó identificación de cuentas afectadas, montos inmovilizados, norma aplicada y copia de la orden competente, bajo advertencia de accionar judicial.
En paralelo, la Asociación de Bancos recordó públicamente que las entidades “solo ejecutan retenciones, bloqueos o embargos por orden de autoridad competente”. Y una verificación en SATJE y SRI no halló denuncias por delitos financieros contra quienes habían reportado bloqueos.
Por qué los bloqueos serían ilegales
Falta de competencia. Si los bancos actuaron sobre oficios de Fiscalía o comunicaciones de la Superintendencia sin un acto formal de la UAFE (art. 17.3) ni auto judicial, la base jurídica no existe. Ninguno de esos oficios sustituye a la autoridad legalmente competente ni al juez.
Falta de motivación individualizada. No se han publicado resoluciones que identifiquen cuentas, montos y operaciones concretas, ni la fuente de los indicios (ROS, denuncia, etc.).
Violación de la proporcionalidad. La inmovilización no puede ser masiva ni total: debe ceñirse al monto de la transacción sospechosa. Congelar todos los saldos o hacerlo indiferenciadamente es arbitrario.
Falta de control judicial. Si la medida excedió ocho días sin ratificación por juez especializado, caducó de pleno derecho y deviene nula.
Desvío de finalidad. Emplear herramientas financieras para inhibir protesta social contradice la finalidad antilavado, vulnera asociación, reunión y expresión, y viola debido proceso y propiedad (Constitución y CADH).
El centro del argumento —jurídico y probatorio— es que sin acto válido de UAFE conforme al art. 17.3 y auto judicial dentro de ocho días, no hay cobertura legal para bloquear cuentas. Las alusiones generales a “alertas” o “órdenes administrativas” no suplen ese déficit.
Estándar internacional: ¿persecución como crimen de lesa humanidad?
Si se acredita que los bloqueos masivos (58 personas + Pachamama) integraron un ataque generalizado o sistemático contra población civil indígena/dirigente, ejecutado conforme a una política estatal, con intención discriminatoria, y que implicó privación grave de derechos vinculada a otros actos del art. 7 del Estatuto de Roma (detenciones arbitrarias, al menos una ejecución extrajudicial en el mismo contexto), podría configurarse persecución (art. 7.1.h). La jurisprudencia internacional admite que medidas económicas discriminatorias —cuando quiebran medios de vida o impiden acceso a salud, alimentos o sustento— alcanzan el umbral de persecución.
Por otro lado, un bloqueo aislado o breve, sin política estatal, sin discriminación y sin afectación grave a la subsistencia, no llega a lesa humanidad (aunque sigue siendo ilegal y contrario a la CADH). Hay que ver el desarrollo de los acontecimientos.
Ecuador es Estado Parte del Estatuto de Roma; rige la complementariedad: la CPI interviene si el Estado no puede o no quiere investigar seriamente. En todo caso, aun sin llegar a lesa humanidad, los bloqueos sin sustento constituyen violaciones graves en sede constitucional e interamericana.
Deberes de las entidades financieras y cadena de mando
Dos planos deben distinguirse. Operativo: la UAFE puede cursar la orden; los bancos deben verificar competencia y forma (autoridad, norma, monto, plazos) y ejecutar dentro de 72 horas solo si la orden es válida. Regulador: la Superintendencia de Bancos no ordena inmovilizaciones; vigila el cumplimiento normativo. Cualquier “traslado” de una disposición de la UAFE a un banco no suple la motivación ni el control judicial.
Por otro lado, es muy importante tomar en cuenta que el bloqueo masivo, total o sin motivación abre frentes de responsabilidad estatal (por actos propios o por omisión de control) y eventual responsabilidad civil o administrativa para entidades que ejecuten órdenes incompetentes.
El derecho en la vida cotidiana
El costado humano del expediente hay que tomarlo en cuenta. En pocos días, familias y organizaciones reportaron nóminas detenidas, compras médicas suspendidas y actividades paralizadas. “Si cierran una cuenta, deben decir qué, cómo, quién ordena, por cuánto tiempo y con qué motivación. Eso no existe”, reclamó uno de los afectados. Desde la Amazonía, dirigentes describieron la incertidumbre de no saber si podrán pagar transporte o alimentos para sostener sus comunidades. En su carta, Fundación Pachamama pidió lo que el Estado y los bancos deben por norma: fundamentación, límites y control judicial.
La discusión no es si el Estado puede perseguir el lavado —debe hacerlo—, sino cómo: con ley, con juez y con proporcionalidad. Cuando el instrumento que nació para seguir el rastro del dinero ilícito se usa para silenciar la protesta y castigar identidades, deja de ser derecho y se vuelve persecución y un delito.
Sin acto competente de la UAFE (art. 17.3), sin motivación individualizada, sin proporcionalidad estricta y sin ratificación judicial en ocho días, los bloqueos de septiembre de 2025 son ilegales y anticonstitucionales. A la luz del contexto —detenciones arbitrarias y una ejecución extrajudicial—, si se acreditan política estatal, discriminación y gravedad de la privación, el patrón podría encuadrar en persecución como lesa humanidad. Si ese umbral no se alcanza, persisten violaciones severas al derecho interno y al Sistema Interamericano que exigen reparación inmediata, restitución de fondos, control judicial efectivo y garantías de no repetición.
En la última cumbre amazónica, Brasil puso sobre la mesa un nuevo mecanismo para cuidar los bosques: el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés). La idea parece sencilla: juntar un fondo internacional con aportes de gobiernos y donantes, invertir ese dinero de manera segura y, con las ganancias, pagar cada año a los países amazónicos por cada hectárea de bosque que logren conservar.
El atractivo está en la previsibilidad. A diferencia de los mercados de carbono, donde los precios suben y bajan y no siempre hay compradores, el TFFF promete un flujo estable de dinero año tras año, sin tener que vender “permisos de contaminación”.
¿Cómo funcionaría?
Cada hectárea de bosque recibe un pago fijo, de unos 4 dólares por año según las primeras ideas.
El dinero saldría de las utilidades de un gran portafolio de inversión global.
Países como Ecuador, Perú o Colombia recibirían recursos de acuerdo a cuántas hectáreas de bosque mantengan en pie.
Los puntos débiles
Aunque suena bien, el diseño trae varias dudas:
Precio demasiado bajo: 4 dólares por hectárea difícilmente cubren el costo real de proteger un bosque donde hay minería ilegal, cultivos de droga o presiones por ganadería y palma. Solo el monitoreo y el control cuestan mucho más.
Dependencia de la bolsa: si el fondo se financia con inversiones de mercado, los pagos podrían variar según la rentabilidad. Eso significa que podría haber años con menos dinero justo cuando más se necesita para frenar la deforestación.
Problemas de cambio de moneda: si los pagos llegan en dólares y deben convertirse a monedas locales, una devaluación podría recortar el incentivo para las comunidades y autoridades locales.
Burocracia y costos ocultos: un fondo internacional siempre implica capas de gestores, auditores y consultores. Mientras más intermediarios, menos recursos llegan directo a las comunidades.
Coherencia política: de nada sirve pagar por conservar bosques si al mismo tiempo los gobiernos autorizan nuevas minas, carreteras o pozos petroleros que destruyen esos mismos bosques. El TFFF podría convertirse en maquillaje verde si no se acompaña de políticas claras contra la expansión extractiva.
El gran ausente: la deuda
Lo más llamativo es lo que no se discutió. En esta cumbre, los presidentes amazónicos no hablaron de alivio de deuda externa, un tema clave para liberar recursos fiscales en países que destinan buena parte de su presupuesto al pago de acreedores. Sin esa recomposición, los fondos como el TFFF corren el riesgo de financiar “islas de conservación” mientras hospitales, escuelas y sistemas de control ambiental siguen desfinanciados.
Bogotá. La agenda amazónica desembarca en la capital colombiana con dos carriles: el encuentro de pueblos y sociedad civil (19–21 de agosto, Universidad Nacional) y la reunión presidencial del 22 de agosto. En paralelo, del 18 al 23 se realizará el tejido ciudadano “Arropamos para proteger el medio ambiente, el territorio y los pueblos” en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. La secuencia no es menor: lo que se diga abajo debería subir, primero al Consejo de Cooperación Amazónica y a los cancilleres (21 de agosto) y, por último, a los presidentes. Ese es el canal para que las demandas sociales se conviertan en compromisos estatales.
Qué sabemos (y por qué importa)
Fechas y sede. El Encuentro Regional Amazónico será 19–21 de agosto en la Universidad Nacional (Bogotá) y espera alrededor de 500 participantes de la región. El 22 se verán los presidentes.
Proceso previo. Los Diálogos Amazónicos Regionales se realizaron del 24 de julio al 6 de agosto con representantes de los ocho países de la OTCA, pueblos indígenas, academia y sociedad civil. Sus insumos alimentan la declaración final.
Engranaje institucional. El 21 de agosto sesionan el Consejo de Cooperación Amazónica y la reunión de cancilleres para consolidar y elevar el texto a los presidentes.
Otro eje ciudadano.“Arropamos…” convoca del 18 al 23 de agosto en el Centro de Memoria, como espacio de articulación social paralelo a la agenda oficial.
Temas sobre la mesa. Además de derechos territoriales y seguridad ambiental, la conversación pone foco en finanzas: financiamiento climático, trazabilidad para oro/madera y gobernanza regional.
La ventana financiera: qué podría cambiar si se escribe bien
1) Jubileo y alivio de deuda con sentido climático. Desde la Declaración de Belém (2023), los países amazónicos acordaron explorar mecanismos innovadores que incluyan canjes de deuda por acción climática. La sociedad civil empuja ahora por ir más allá de canjes “pequeños” y avanzar hacia condonación sustantiva que libere espacio fiscal para salud, control forestal y una bioeconomía sin deforestación. La clave: que lo acordado sea vinculante y medible, y que los ahorros se asignen con transparencia.
2) Financiamiento climático que no genere más deuda. Organizaciones y expertos piden donaciones y pagos por resultados (bien auditados) antes que nuevos préstamos. En paralelo, se propone crear o reforzar fondos soberanos amazónicos bajo ley nacional con acceso directo para pueblos indígenas y comunidades, evitando la intermediación costosa que diluye el impacto. (WWF resume qué está en juego para Bogotá camino a la COP30).
3) Bonos Amazónicos… con salvaguardas. El BID y el Banco Mundial presentaron lineamientos para “Bonos Amazonía”. Son una oportunidad para atraer capital, si se garantizan salvaguardas sociales, no se colateraliza la naturaleza y se evitan métricas de impacto “creativas”. De lo contrario, el instrumento podría derivar en greenwashing financiero.
4) Cerrar la “canilla” de la fuga de divisas. Otra prioridad que asoma es la justicia fiscal: reglas anti–paraísos fiscales, registro de beneficiarios finales y control de precios de transferencia en extractivas y cadenas de commodities. Sin esto, cualquier inyección de recursos se irá por la alcantarilla. (Varios análisis periodísticos vinculan esta agenda con los esfuerzos contra el crimen ambiental y la trazabilidad).
Oportunidades: dónde puede moverse la aguja esta semana
Itinerario con “puerta de entrada”. La secuencia Diálogos → Consejo OTCA → Cancilleres → Presidentes abre una ventana real para meter lenguaje concreto sobre jubileo, fondos no reembolsables, acceso directo y trazabilidad. El reto es que quede escrito y con plazos.
Narrativa regional rumbo a la COP30. Bogotá puede unificar posición amazónica en finanzas, seguridad ambiental y derechos, para llegar con peso político a Belém.
Riesgos: lo que podría salir mal (otra vez)
Simbolismo sin dientes. Declaraciones bonitas sin obligatoriedad ni metas cuantificadas. Es el riesgo número uno.
Cooptación o “tokenización”. Participación social sin poder de decisión. Las redes amazónicas piden mecanismo OTCA–SOCIAL permanente y sillas con voto; no basta con fotos.
Seguridad y protección a defensores. La región sigue siendo peligrosa para quienes defienden el bosque; Escazú ofrece estándares de protección que deben nombrarse en la declaración.
Desvío de agenda por tensiones bilaterales. La disputa por la Isla Santa Rosa entre Colombia y Perú escaló en los últimos días y puede eclipsar acuerdos de fondo si no se maneja con prudencia diplomática.
Greenwashing financiero. Bonos o canjes pequeños, con altos costos de transacción y poca transparencia, que no cambian la restricción externa ni frenan la deforestación. (Los análisis sobre canjes recientes en la región señalan límites y lecciones).
Qué mirar en el documento final
Una frase explícita de “jubileo/condonación de deuda” con destino social–ambiental verificable.
Compromiso de “financiamiento climático no generador de deuda” y acceso directo a pueblos/comunidades.
Salvaguardas para Bonos Amazonía (no colateralizar naturaleza; métricas serias; auditorías públicas).
Trazabilidad de oro y madera y cooperación judicial transfronteriza.
Mecanismo OTCA–SOCIAL con asiento decisorio y seguimiento postcumbre.
Bogotá tendrá sentido si la voz de los territorios entra al texto… y si el texto mueve dinero real —sin crear nueva deuda— hacia quienes cuidan la selva.
Un Jubileo de la deuda no es solo un planteamiento moral, es además una condición macroeconómica para que la Amazonía pueda sobrevivir. En general, en el Sur global, la variable escasa no son los presupuestos en moneda local sino las divisas, es a lo que se llama la restricción externa. Cuando esta es la realidad, la urgencia por “conseguir dólares como sea” desplaza cualquier otra prioridad, incluyendo la protección de bosques, ríos y pueblos. Bajo esa lógica, la deuda externa se vuelve la válvula de escape de una balanza de pagos crónicamente tensionada; y, así mismo, los países de Amazonía tiene esa basta tegión como principal fuente de recursos naturales para venderla y generar fuentes de finanzas.
Siguiendo las mejores tradiciones estructuralistas, el punto de partida debe ser cuestionar el intercambio desigual comercial, financiero y ecológico. En el plano comercial, la periferia amazónica exporta bienes primarios con bajo contenido tecnológico y alta volatilidad de precios, e importa manufacturas y servicios intensivos en conocimiento. A igual cantidad de trabajo y naturaleza incorporada, el valor agregado que queda en origen es menor: se transfiere excedente al centro. En el plano ecológico, el sesgo es más profundo: los precios de mercado no pagan ni la reposición de los ciclos ecológicos ni los servicios de regulación climática que prestan los bosques húmedos. Y sin embargo, el Sur global se queda con los daños ambientales y el Norte recibe los depósitos de las ganancias. La huella material y de carbono de cada dólar exportado desde la Amazonía es sistemáticamente mayor que la huella de cada dólar importado; la diferencia se asienta como deuda ecológica no reconocida. La región vende barato naturaleza viva y compra caro conocimiento, patentes, regalías y financiamiento público y privado.
Cuando se mira la deuda desde la balanza de pagos —y no solo desde el presupuesto— aparece la causalidad omitida por el credo fiscalista. Incluso con déficit fiscal cero, un país puede endeudarse si su cuenta corriente es negativa o si su cuenta financiera drena más de lo que aporta. Muy poco se habla de esto entre la economía liberal que siempre ve la causa del problema, para todo, en el déficit fiscal. Así, la imposibilidad de retener divisas proviene de varias vías: déficits comerciales en ramas estratégicas; repatriación de utilidades; intereses, regalías y servicios empresariales que eluden la tributación; flujos financieros ilícitos que se escurren hacia bancos extranjeros y paraísos fiscales; y, en ciclos de apreciación cambiaria inducida por commodities. Todo ello erosiona las reservas internacionales. La respuesta típica es reponerlas con nueva deuda externa, a tasas que suben con el riesgo y con cláusulas que reducen soberanía nacional regulatoria. La deuda, así, no nace “del gasto irresponsable” sino de la arquitectura de un comercio y unas finanzas internacionales que extraen valor y naturaleza de la periferia.
Esa dinámica empuja a los gobiernos amazónicos a producir divisas acelerando la frontera extractiva. El servicio de la deuda se paga con barriles, toneladas y hectáreas: más pozos sobre suelos frágiles, más carreteras que fragmentan bosques, más represas que interrumpen ríos sedimentarios, más petróleo y minería, palma y ganadería sobre territorios indígenas. La cadena es inexorable: amortizaciones e intereses vencen en dólares; para cumplir, se negocian “pre financiamientos” de crudo, se flexibilizan licencias, se monetizan reservas de minerales, se ofrecen exenciones tributarias y estabilidad jurídica a gran escala. Mientras tanto la Amazonía se convierte en colateral financiero y en fuente de caja. Y aunque para algunos es un problema local, en realidad cada árbol derribado y cada tonelada de carbono liberada elevan la factura climática global que, paradójicamente, vuelve a la región en forma de eventos extremos y pérdidas económicas.
Un Jubileo 2025 orientado a cancelar deuda externa pública no es, por tanto, un «perdono»: es una corrección de un balance mal llevado entre deudas financieras del Sur y deudas ecológicas del Norte. Condonar deuda quita presión sobre reservas y libera a los gobiernos de la urgencia de convertir el bosque en dólares. Sin embargo, y esto es muy importante, un Jubileo eficaz debe aprender de los límites de los “canjes de deuda” que ahora están de moda. Los mecanismos que truecan pequeños descuentos por condicionamientos ambientales gestionados por fideicomisos con gobernanza externa no alteran la restricción externa ni tocan la raíz del intercambio desigual; convierten la naturaleza en colateral de instrumentos más complejos y trasladan decisiones estratégicas a directorios donde predominan intereses ajenos. Si la meta es salvar la Amazonía, se necesita magnitud, mucho más que cosmética. Solo con reducción sustantiva de stock y servicio de deuda, sin empaquetarla en vehículos que perpetúan dependencia, podremos ver resultados significativos.
El razonamiento macroeconómico es simple: cuando un país gasta más divisas de las que obtiene, solo puede cubrir esa brecha con financiamiento externo; si entran más divisas de las que salen, se acumulan reservas. Cancelar deuda reduce los pagos en moneda extranjera y, con términos comerciales constantes, mejora la balanza de ingresos primarios. Si además se frenan las salidas por repatriación de utilidades y flujos ilícitos mediante reglas efectivas, la necesidad de nueva deuda cae aún más. Una posición externa más sólida reduce el riesgo país y abarata el crédito para financiar la transformación productiva.
La condonación, además, debe reconocer explícitamente la deuda ecológica acumulada. Si el Norte se ha beneficiado por décadas de un sumidero de carbono y de materias primas subvaluadas, el punto de equilibrio no es “aliviar” el pago del Sur, sino dar respuestas extraordinarias correspondientes a una crisis ecológica colosal. Eso se traduce en transferencias no reembolsables para restauración y cuidados —no en préstamos verdes que reencadenan—, en financiamiento para ciencia y tecnología abiertas en bioeconomía, y en respaldo a esquemas de ingreso y servicios públicos que desenganchen a los territorios de la necesidad de arrendar su subsuelo.
Salvar la Amazonía exige tiempo político y fiscal. Un programa serio de moratoria a nuevas concesiones de hidrocarburos y minería en la selva —acompañado de la reconversión energética y logística para reducir la presión sobre el territorio— solo es creíble si el Estado no está atado a vencimientos en dólares cada trimestre. ¿Es viable una condonación de esa magnitud? Pues… hay un llamado inequívoco del Vaticano a un Jubileo 2025. Y hay que convencerse de que para “volver posible lo que hoy parece imposible”, el primer paso es abrir el debate, construir consenso y mover la ventana de lo políticamente realizable.
El Reporte del Jubileo 2025, convocado por el Papa Francisco y elaborado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales junto a la Iniciativa para el Diálogo de Políticas de la Universidad de Columbia, plantea que la actual arquitectura financiera internacional no solo ha fracasado en prevenir crisis de deuda, sino que las reproduce de forma estructural. El diagnóstico parte de cifras críticas: 54 países destinan al menos el 10 % de sus ingresos fiscales solo al pago de intereses; 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en servicio de deuda que en salud y 2.100 millones en países que gastan más que en educación.
El informe documenta cómo, desde 2014, la carga promedio de intereses sobre ingresos fiscales casi se ha duplicado en países en desarrollo. Este drenaje de recursos coexiste con la caída de la inversión productiva: en los países de bajos ingresos, la formación bruta de capital se ha estancado en 22 % del PIB, muy por debajo del 33 % promedio de países de ingresos medios. El resultado es un círculo vicioso: deuda elevada, bajo crecimiento y nuevas rondas de endeudamiento.
A diferencia del Jubileo 2000, centrado en la condonación parcial de la deuda de un grupo limitado de países pobres altamente endeudados mediante la Iniciativa HIPC y la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral, el Jubileo 2025 plantea una agenda más amplia y estructural: incluye a países de ingresos medios con deuda insostenible, exige la participación obligatoria de acreedores privados y bilaterales no tradicionales, incorpora la cancelación de deuda ecológica y vincula el alivio con reformas permanentes en la arquitectura financiera internacional. Mientras el Jubileo 2000 fue un esfuerzo puntual en un contexto de relativa estabilidad económica global, el Jubileo 2025 se concibe como parte de un rediseño sistémico para evitar que las crisis de deuda y las transferencias netas de recursos hacia el Norte se reproduzcan cíclicamente.
La Comisión plantea que, en los casos donde los superávits primarios requeridos para estabilizar la deuda son inviable —aún con refinanciación en condiciones concesionales—, la única salida efectiva es la reducción del valor nominal de la deuda. Esto implica un marco multilateral de anulación similar al de la Iniciativa HIPC de 1996, pero adaptado al escenario actual, donde los acreedores privados representan una proporción mucho mayor del total. El informe propone un HIPC II que incluya:
Participación obligatoria de acreedores privados y bilaterales no pertenecientes al Club de París.
Quitas suficientes para restaurar la sostenibilidad, evitando reestructuraciones “demasiado poco, demasiado tarde” que prolongan la crisis.
Suspensión inmediata de pagos durante la negociación, para frenar transferencias netas de recursos al exterior.
El reporte critica el papel del FMI y otros bancos multilaterales en financiar rescates de facto a acreedores privados, lo que incentiva la demora en reestructuraciones. Propone prohibir explícitamente este uso de fondos, redirigiendo el financiamiento multilateral hacia programas de recuperación y transformación productiva.
También subraya que la anulación de deuda debe integrarse con criterios de desarrollo y clima. Muchos países sobreendeudados son altamente vulnerables a impactos climáticos y requieren espacio fiscal para adaptación y mitigación. Sin alivio sustancial, cualquier agenda de transición energética queda subordinada a las obligaciones de pago.
En términos operativos, el informe recomienda:
Extender plazos de pago a 20 años o más, en línea con los ciclos reales de acceso a mercados.
Reducir tasas de interés a niveles cercanos a los del Banco Mundial en operaciones de refinanciamiento.
Incorporar cláusulas contractuales que activen suspensiones automáticas ante shocks sistémicos.
Revisar los análisis de sostenibilidad de deuda (DSA) para que prioricen el desarrollo inclusivo y la resiliencia climática, no solo la estabilización del ratio deuda/PIB.
El Jubileo 2025 es explícito: sin una reducción sustancial de la deuda —incluida su anulación cuando sea necesario—, no es posible liberar los recursos internos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni para financiar una transición climática justa. El planteamiento es técnico y político: cambiar los incentivos de acreedores y organismos multilaterales, sustituir rescates a corto plazo por soluciones definitivas y crear un mecanismo vinculante de resolución de crisis soberanas.
Deuda y crisis climática: la dimensión ecológica
Uno de los aportes más relevantes del Jubileo 2025 es que vincula la anulación de deuda con la justicia climática. Muchos de los países más endeudados son, simultáneamente, los más vulnerables a desastres ambientales y los que menos han contribuido a las emisiones históricas que provocan la crisis climática. En términos reales, existe una deuda ecológica inversa: los principales acreedores —países con alta responsabilidad climática— son, a la vez, responsables de impactos que erosionan la base productiva y fiscal de sus deudores.
En este marco, la condonación de deuda ecológica no se presenta como un mecanismo de cooperación voluntaria, sino como una medida correctiva. Supone cancelar total o parcialmente obligaciones externas en función de la responsabilidad climática histórica de los acreedores, liberando espacio fiscal para:
Adaptación a impactos climáticos.
Mitigación de emisiones.
Reconstrucción tras desastres.
Inversión en transición energética justa.
El informe advierte que este alivio no debe limitarse a proyectos ambientales aislados o a canjes de deuda por naturaleza de alcance reducido. En cambio, debe integrarse en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, permitiendo reasignar recursos a sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura y resiliencia climática.
En su más reciente intervención, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró con contundencia que la era de los combustibles fósiles está llegando a su fin, mientras se abre paso una nueva etapa de energía limpia. El llamado, sin embargo, va más allá del optimismo tecnológico: urge a repensar las reglas financieras, comerciales y jurídicas que moldean dicha transición.
Según datos del nuevo informe respaldado por la ONU, FMI, AIE, IRENA, OCDE y el Banco Mundial, la inversión mundial en energías limpias alcanzó los 2 billones de dólares en 2023, superando en 800.000 millones a las destinadas a fósiles. Las renovables, además, ya representan casi toda la nueva capacidad instalada de generación eléctrica, con costos cada vez más competitivos. Pero Guterres advierte que estos avances no garantizan una transición justa ni equitativa.
Entre los principales desafíos identificados se encuentran:
Persistencia de subsidios fósiles: A pesar de las señales de mercado, los combustibles fósiles aún gozan de ventajas 9 a 1 en subsidios al consumo, distorsionando precios y frenando inversiones limpias.
Concentración de capacidades y beneficios: Mientras la OCDE y China acumulan el 80 % de la capacidad instalada de renovables, África apenas concentra el 1,5 %. En 2023, solo el 2 % de la inversión global en energía limpia llegó al continente africano.
Finanzas climáticas injustas: El acceso al capital sigue siendo costoso y escaso para países del Sur global, debido a modelos de riesgo obsoletos y sesgos estructurales en agencias calificadoras e inversionistas. El discurso reafirma la necesidad de ampliar el uso de herramientas como los canjes de deuda por acción climática, una demanda compartida por el OFC.
Minerales y neoextractivismo: Guterres reconoce que los minerales críticos para la transición —frecuentemente extraídos en el Sur global— están reproduciendo patrones de despojo, degradación ambiental y relegación en las cadenas de valor. Llama a romper con el modelo extractivo dominante.
Tratados de inversión que bloquean la transición: El Secretario General denunció el uso de cláusulas de protección a inversionistas para frenar políticas climáticas. Señaló que los intereses fósiles están utilizando mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) como arma legal para obstaculizar la transición energética, especialmente en países en desarrollo. Urgió a modernizar estos tratados y repensar su rol dentro de una arquitectura comercial compatible con la justicia climática.
El Secretario General propuso seis líneas de acción: 1) rediseñar los planes climáticos nacionales para una transición coherente y completa; 2) construir infraestructura energética del siglo XXI (redes, almacenamiento, electrificación); 3) atender la nueva demanda de energía con renovables; 4) garantizar una transición justa para trabajadores, pueblos indígenas y comunidades afectadas; 5) reformar el comercio e inversión internacional para favorecer la transición; y 6) transformar la arquitectura financiera global.
Desde el Observatorio de Finanzas y Clima, reconocemos el valor de este discurso como síntoma del creciente consenso técnico y político en torno a la urgencia climática. Sin embargo, advertimos que sin un cambio profundo en las reglas de financiamiento, deuda, comercio y fiscalidad internacional, la transición energética corre el riesgo de consolidar nuevas formas de desigualdad y dependencia. Una era limpia sí, pero también justa y soberana.
