El Observatorio de Finanzas y Clima (OFC) presenta su contribución al estudio temático sobre economías ilícitas, crimen organizado y derechos de los pueblos indígenas, impulsado por Rodrigo Paillalef y Patricia Gualinga, integrantes del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, con el apoyo técnico de las organizaciones de la sociedad civil Amazon Watch y Docip. El documento analiza cómo el endeudamiento externo, la dependencia extractiva, los mercados internacionales del oro y las restricciones financieras contribuyen a crear condiciones que favorecen la expansión de economías criminales y amenazan los territorios indígenas amazónicos. A partir de investigaciones del OFC y QUIPA, plantea propuestas de cooperación y diplomacia internacional para combatir los flujos financieros ilícitos, reformar la arquitectura financiera global y garantizar alternativas económicas que permitan proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios.
Contribución al estudio temático sobre economías ilícitas
1. El aporte: explicar las condiciones de reproducción de las economías ilícitas
La contaminación de ríos, la destrucción de bosques, la violencia y la pérdida de control territorial derivadas de las economías ilícitas amazónicas han sido documentadas por organizaciones indígenas y de derechos humanos. Esta contribución no reitera esos casos, en su lugar examina desde un enfoque de derechos y macroeconomía: ¿qué condiciones financieras y económicas permiten que las actividades responsables de tales afectaciones sigan siendo rentables y se reproduzcan?
La asociación con los derechos indígenas se ofrece de manera que los daños se producen territorialmente, pero parte de sus incentivos, ingresos y condiciones de continuidad se organiza a través de mercados e instituciones que operan fuera de esos territorios. Por tanto, las respuestas internacionales deben actuar sobre sus cadenas económicas y sobre las restricciones que limitan la protección efectiva. [1]
2. Oro, rentabilidad mundial y circulación de ingresos criminales
El oro funciona a la vez como materia prima, activo de inversión y reserva de valor. La demanda financiera y la incertidumbre internacional influyen en su precio y elevan el valor potencial de nuevos yacimientos, incluidos aquellos explotados ilegalmente. La mayor rentabilidad incrementa los incentivos económicos que pueden aprovechar las redes criminales.[2]
La expansión de la minería legal y la ilegal no debe analizarse como dos procesos completamente independientes, pues existen vasos comunicantes que pueden favorecer la reproducción de las economías extractivas ilícitas. La exploración y prospección minera genera información geológica sobre la localización y el potencial económico de los yacimientos que, cuando resulta accesible, puede ser aprovechada por operadores ilegales; asimismo, la información catastral permite identificar áreas concesionadas y zonas de interés minero. La apertura y ampliación de carreteras, caminos de acceso e infraestructura logística vinculada con la expansión extractiva puede reducir los costos de penetración territorial, transporte de maquinaria, combustible, insumos y comercialización del mineral, incluso cuando esas instalaciones fueron concebidas para actividades autorizadas. La demanda compartida de maquinaria, servicios de transporte, combustibles y sustancias utilizadas en el procesamiento genera conexiones adicionales entre ambos circuitos. Sin embargo, el vínculo más preocupante se encuentra en los mecanismos de procesamiento y comercialización: se han documentado casos en los que plantas de beneficio y concesiones formalmente autorizadas permiten incorporar oro de procedencia ilegal a cadenas comerciales regulares, mediante la mezcla de minerales, la atribución ficticia de producción a concesiones legales y la utilización de documentación comercial irregular.[3][4] Estas interconexiones no implican que toda operación minera formal participe en actividades ilícitas, pero muestran cómo la expansión de la frontera extractiva, cuando no está acompañada de controles efectivos, puede proporcionar infraestructura, oportunidades económicas y canales de legitimación comercial a las organizaciones criminales. Para los pueblos indígenas, esta convergencia incrementa los riesgos de expansión extractiva, pérdida de control territorial y reproducción de las actividades responsables de contaminación, violencia y vulneración de sus derechos colectivos.
El oro es transportable, fungible y susceptible de mezcla; por eso, las fallas en la trazabilidad pueden favorecer el blanqueo comercial. Según las series empleadas en el studio del OFC, las exportaciones ecuatorianas registradas alcanzaron alrededor de USD 1.391 millones en 2023 y USD 1.139 millones en 2024.
El OFC sobre Ecuador identifica cadenas de extracción, procesamiento, intermediación y exportación que permiten incorporar oro de procedencia ilegal a circuitos comerciales formales. La magnitud del fenómeno es considerable, aunque difícil de cuantificar. En junio de 2025, la Cámara de Minería del Ecuador estimó que entre el 50 % y el 60 % del oro exportado sería de origen ilícito, mientras que otras estimaciones atribuidas a las Fuerzas Armadas sitúan en el 67 % la proporción de oro extraído ilegalmente.[5] Además, las investigaciones de la OEA y de Global Initiative Against Transnational Organized Crime documentan mecanismos mediante los cuales el oro ilegal puede ingresar a las cadenas formales de comercialización.[6][7]
Mayores rentas potenciales pueden financiar el control armado de accesos, la coerción contra autoridades comunitarias y nuevas operaciones en áreas de importancia territorial, cultural y ecológica. Combatir solamente campamentos y maquinaria deja intactos los eslabones que convierten el mineral en capital disponible para reproducir la actividad.
3. Deuda externa, restricción de divisas y presión extractiva regional
Nuestro estudio regional registra que la deuda externa pública y privada agregada de siete países amazónicos pasó de USD 861.100 millones en 2020 a USD 997.200 millones en 2024 (+15,8 %). Entre 2020 y 2024, los productos primarios representaron, en promedio, el 94,5 % de las exportaciones de bienes de Ecuador, el 90,1 % de Perú, el 78,3 % de Colombia y el 74,3 % de Brasil. Esos porcentajes incluyen productos agropecuarios, además de minerales e hidrocarburos.[8]
El servicio de deuda absorbe presupuesto y exige divisas, mientras las estructuras exportadoras concentradas reducen alternativas inmediatas para obtenerlas. De ello pueden derivarse incentivos para ampliar extracción de petróleo y minerales o acelerar proyectos sin capacidades suficientes de fiscalización. La deuda no causa automáticamente minería illegal, pues esta relación está mediada por decisiones políticas, instituciones, cadenas comerciales y organizaciones criminales. Pero ignorar la restricción externa deja fuera un factor importante de las presiones sobre tierras, recursos naturales y gobierno propio indígena.
Para Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, el estudio compara USD 1,43 billones de pagos por deuda externa en 2016–2023 con USD 54.100 millones de financiamiento climático registrado: 26,5 dólares de servicio por cada dólar climático. Además, en Sudamérica excluido Brasil, el 67 % del financiamiento climático de 2023–2024 se canalizó mediante deuda y el 5 % como donaciones .
El caso del Yasuní, en Ecuador, ilustra cómo la dependencia de ingresos y divisas provenientes del petróleo puede entrar en contradicción con las obligaciones de protección territorial y de los derechos indígenas. Pese a la decisión popular de 2023 de mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43-ITT, la explotación continuaba en septiembre de 2026, en un contexto de restricciones fiscales y externas que dificultan sustituir los ingresos petroleros.[9] Estas presiones no justifican el incumplimiento del mandato popular, pero evidencian las dificultades estructurales para abandonar actividades extractivas sin alternativas económicas y financieras suficientes. El problema trasciende al Yasuní, en la medida que cuando la expansión extractiva deteriora los medios de vida indígenas sin generar opciones sostenibles de subsistencia, puede profundizar el empobrecimiento y la vulnerabilidad de las comunidades, en este caso las comunidades waoranis (pueblos recién contactados), creando condiciones que las redes de minería ilegal y otras economías criminales pueden aprovechar para captar mano de obra y reclutar jóvenes.[10] Así, la transformación de las condiciones económicas internacionales resulta relevante no solo para frenar la expansión extractiva, sino también para reducir los factores de vulnerabilidad que facilitan la reproducción de economías ilícitas.
Estos indicadores revelan las restricciones que reducen las posibilidades de financiar alternativas territoriales, fortalecer fiscalización y sostener decisiones de conservación sin depender de nuevas rentas extractivas.
4. Los marcos internacionales existentes y sus vacíos
La Agenda de Acción de Addis Abeba y la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometen esfuerzos contra los flujos financieros ilícitos, el lavado de activos y las redes criminales. Su aplicación a la Amazonía debe incluir la extracción ilegal de recursos naturales y los mecanismos de legitimación comercial que permiten monetizarla.[11]
El artículo 2.1(c) del Acuerdo de París establece que los flujos financieros deben hacerse compatibles con trayectorias de desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones. El artículo 2.2 incorpora equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas; el artículo 9.1 establece obligaciones de provisión de recursos de los países desarrollados, mientras los artículos 9.3 y 9.4 tratan la movilización del financiamiento y la importancia de recursos públicos y donaciones para adaptación. El artículo 6.8 reconoce enfoques de cooperación no basados en mercados. El preámbulo menciona derechos indígenas y el artículo 7.5 reconoce sus conocimientos en la adaptación.[12]
En este marco proponemos desarrollar una interpretación conjunta: evaluar no solo cuánto financiamiento se etiqueta como climático, sino también cómo las transacciones internacionales, los compromisos de deuda y la financiación extractiva condicionan la integridad de los territorios indígenas.
El Compromiso de Sevilla de 2025, especialmente el párrafo 50(f), abrió un proceso intergubernamental para examinar vacíos de la arquitectura internacional de deuda. Mientras tanto, el Pacto para el Futuro también reconoce la necesidad de revisar la arquitectura de deuda. Estos son son espacios diplomáticos en los que puede impulsarse una evaluación de sostenibilidad que incorpore derechos indígenas, crisis climática y biodiversidad.[13]
La propuesta del Jubileo de la deuda impulsada por el papa Francisco aporta una base ética y política convergente. En Spes non confundit, párrafo 16, llamó a los países ricos a condonar las deudas que otros países nunca podrán pagar y reconoció la deuda ecológica entre Norte y Sur. En junio de 2024, ante la Pontificia Academia de las Ciencias, pidió una arquitectura financiera internacional nueva, audaz y creativa. Esta agenda no constituye un mecanismo jurídico de cancelación, pero ofrece un punto de articulación entre Estados, Santa Sede, organizaciones indígenas y sociedad civil para demandar reformas multilaterales.[14]
La COP29 acordó una meta de al menos USD 300.000 millones anuales hacia países en desarrollo para 2035 y convocó a ampliar los flujos a USD 1,3 billones por año. La escala anunciada no resuelve por sí misma la necesidad de financiamiento no reembolsable, acceso indígena ni reducción de la dependencia extractiva.[15]
5. Recomendaciones
1. Diplomacia comercial contra el oro ilícito: Impulsar acuerdos entre países amazónicos y centros de refinación e importación para verificar origen, balances de producción, beneficiarios finales y trazabilidad de exportaciones. Fortalecer obligaciones exigibles de debida diligencia con base en la guía OCDE para cadenas de minerales de zonas de alto riesgo.[16]
2. Cooperación tributaria y financiera transfronteriza: Coordinar aduanas, administraciones tributarias y unidades de inteligencia financiera para investigar facturación fraudulenta, empresas instrumentales y lavado asociado a cadenas extractivas; promover estándares verificables de transparencia empresarial. Su finalidad debe ser desarticular capitales criminales sin criminalizar a pueblos indígenas y economías de subsistencia.
3. Una alianza diplomática por el Jubileo de la deuda: Proponer que los Estados amazónicos y las organizaciones indígenas se sumen a los esfuerzos de la Santa Sede y de las redes internacionales del Jubileo para promover cancelaciones efectivas de deuda impagable, reconocer la deuda ecológica y reformar las reglas de acreedores. Aprovechar el proceso de Sevilla para impulsar una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Deuda Soberana, propuesta aún no acordada internacionalmente.
4. Financiamiento climático sin nuevas dependencias: Articular una posición regional ante la CMNUCC para priorizar recursos públicos no reembolsables y acceso directo de instituciones indígenas; desarrollar el artículo 6.8 y salvaguardias para instrumentos de carbono y biodiversidad. Reconocer zonas de exclusión extractiva cuando así lo decidan los pueblos titulares de derechos.
5. Cooperación fiscal y liquidez para la transición: Intervenir en las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, aún en curso, para ampliar la capacidad fiscal y reducir la dependencia de rentas extractivas. Promover asignaciones y recanalización de Derechos Especiales de Giro que amplíen liquidez sin transformarse automáticamente en nuevos préstamos.[17]
6. Evaluación de acreedores y garantías indígenas: Solicitar al FMI, Banco Mundial y bancos de desarrollo evaluaciones independientes del impacto de condicionalidades, préstamos y reestructuraciones sobre deforestación, expansión extractiva y derechos humanos, que incluyen los derechos colectivos, económicos, sociales, culturales, ambientales; con participación indígena. Las guías existentes han comenzado a considerar cómo el clima afecta la deuda; es necesario valorar también cómo la deuda afecta al clima y a los territorios.[18]
7. Coordinación en Naciones Unidas: Promover una agenda conjunta entre el Foro Permanente, mecanismos de derechos indígenas, UNODC, UNCTAD, CMNUCC y espacios de financiación para el desarrollo. La cooperación diplomática debe intervenir tanto sobre redes criminales como sobre los marcos financieros que pueden mantener condiciones de vulnerabilidad territorial.
La protección de los pueblos indígenas amazónicos exige actuar no solo donde se producen la violencia y la contaminación, sino también donde se financia, comercializa y rentabiliza la extracción, y donde se definen las condiciones macroeconómicas que hacen más difícil mantener los recursos bajo tierra.
[1] QUIPA y Observatorio de Finanzas y Clima (OFC), Economía política del oro en Ecuador: minería ilegal, crimen organizado y debilitamiento estatal en la Amazonía ecuatoriana (Quito, 2026), secciones III–VI.
[2] World Gold Council, Gold Demand Trends: Q4 and Full Year 2025 (2026), apartado «Gold demand trends». https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends-full-year-2025
[3] Hunter, M. (2025). A golden crisis: Illegal mining and gold supply chains in Ecuador. Global Initiative Against Transnational Organized Crime, pp. 11–14.
[4] OCDE (2025). Illicit flows of gold concentrates in the maritime space. Documenta cómo la mezcla de minerales en plantas de procesamiento puede ocultar la procedencia del oro.
[5] EFE. (2025, 11 de junio). «Más del 50 % del oro exportado desde Ecuador es de origen ilícito, denuncia Cámara de Minería». Primicias.
[8] QUIPA y OFC, Amazonía rumbo a la COP31: deuda, extractivismo, crisis climática y zonas de exclusión (Quito, septiembre de 2026), pp. 2–9 y notas metodológicas.
[9] Observatorio de Finanzas y Clima y QUIPA (2026). Amazonía rumbo a la COP31: deuda, extractivismo, crisis climática y zonas de exclusión. Quito. Véase también Amazon Watch (22 de septiembre de 2026), «Tres años después de la histórica votación del Yasuní en Ecuador, el petróleo sigue fluyendo».
[10] Amazon Underworld, Amazon Watch y Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2023). Inframundo Amazónico: economías criminales en la selva tropical más grande del mundo.
[11] Naciones Unidas, Agenda de Acción de Addis Abeba (2015), párrs. 23–24; Agenda 2030 (2015), meta 16.4.
[12] CMNUCC, Acuerdo de París (2015), preámbulo y arts. 2.1(c), 2.2, 6.8, 7.5 y 9.1–9.4. https://unfccc.int/sites/default/files/paris_agreement_spanish_.pdf
[13] Naciones Unidas, Compromiso de Sevilla (2025), párrs. 47, 50(f), 51–52; Naciones Unidas, Pacto para el Futuro (2024), acciones 47–52.
[14] Francisco, Spes non confundit, bula de convocatoria del Jubileo 2025 (9 de mayo de 2024), párr. 16; «A los participantes en el encuentro Abordando la crisis de deuda en el Sur Global», Pontificia Academia de las Ciencias (5 de junio de 2024). Sitio oficial: www.vatican.va.
[15] CMNUCC, decisión de la COP29 sobre el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de Financiación Climática (2024); CMNUCC, «COP29 acuerda triplicar la financiación a los países en desarrollo», 24 de noviembre de 2024.
[16] OCDE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, 3.ª ed. (2016), suplemento sobre oro. https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
[17] Naciones Unidas, Comité Intergubernamental de Negociación de la Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional, quinta sesión (agosto de 2026); UN DESA, «Making the global tax system work for everyone» (3 de agosto de 2026).
[18] FMI y Banco Mundial, Supplement to 2018 Guidance Note on the Bank-Fund Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries (2024); FMI, Operational Guidance Note on Program Design and Conditionality (2024).
La elección de Efrén Nango Tsetsekip como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) introduce un liderazgo con características distintas a buena parte de los perfiles de la política indígena nacional. Efrén es shiwiar, originario de Pastaza, ingeniero ambiental y tenía 34 años cuando disputó la presidencia de la CONAIE en 2025. Su trayectoria se ha construido en la intersección entre organización indígena, educación intercultural, derechos colectivos, ambiente y cooperación.[3]
La elección de Efrén Nango tampoco ocurre en un momento cualquiera. . La CONFENIAE viene de un período de fuertes tensiones internas y, en un sentido más amplio, el movimiento indígena ecuatoriano atraviesa una disputa sobre su orientación política, su autonomía frente al Estado y su relación con los gobiernos de turno. En un análisis que publicamos después de las elecciones de la CONAIE de 2025 propusimos que esas diferencias no podían reducirse a una oposición simple entre izquierda y derecha: coexistían una izquierda indígena de vocación autónoma y popular, un sector más orientado a la gobernabilidad y un campo intermedio que combinaba autonomismo, ambientalismo institucional y pragmatismo. La propia diversidad territorial e histórica de las organizaciones obliga, sin embargo, a tratar estas categorías como tendencias y no como bloques rígidos.[4]
Efrén puede leerse, provisionalmente, dentro de ese campo intermedio. No porque carezca de posiciones definidas —su crítica al extractivismo y su defensa de los derechos colectivos están documentadas—, sino porque su trayectoria también incluye interlocución institucional, cooperación ambiental y participación en mecanismos de financiamiento climático. Esa combinación es precisamente la que vuelve políticamente relevante su llegada a la CONFENIAE.
La elección de Nango,adquiere además una dimensión política particular por el contexto reciente de la CONFENIAE. Después de un período de fuerte acercamiento de sectores de su dirigencia al Gobierno de Daniel Noboa, la presencia en la contienda de una candidatura identificada por parte de las bases como más cercana al Ejecutivo convirtió la disputa por la presidencia en algo más que una competencia entre dirigentes. La victoria de Efrén Nango puede leerse como una señal de búsqueda de mayor autonomía política y de recomposición interna de la CONFENIAE. Su elección dificulta la continuidad de una conducción identificada con una relación privilegiada con Carondelet y vuelve a colocar en el centro la definición de una agenda amazónica desde las propias organizaciones.
Esto resulta especialmente significativo porque la CONFENIAE se define institucionalmente como una organización autónoma, representa a 23 organizaciones de base que agrupa a 11 nacionalidades; por lo tanto,las decisiones que deberá enfrentar la nueva dirigencia —expansión petrolera, minera, y del catastro minero, el respeto a la consulta previa y control territorial, y debates sobre el financiamiento climático— involucran intereses directos del Estado y de actores económicos privados. La importancia de la elección de Nango no reside, por tanto, en sustituir una alineación gubernamental por otra partidaria, sino en saber si su conducción logra reconstruir una capacidad propia de decisión frente al Gobierno, la CONAIE, la cooperación internacional y las empresas que operan sobre los territorios amazónicos. Reconstruir y llegar a implementar el Estado plurinacional desde la Amazonía, espacio con posibilidades por la misma presencia en incidencia indígena.
Un liderazgo del proceso
Efrén ya había estado cerca de presidir la CONFENIAE. En las elecciones de 2023 obtuvo 261 votos, frente a los 321 de José Esach, mientras Washington Tiwi alcanzó 224 y Manuel Shiguango 46. No era, por tanto, una candidatura marginal: hace tres años ya representaba una de las principales corrientes organizativas de la Amazonía.[5]
Su trayectoria anterior se desarrolló precisamente dentro de su organización la NASHIE () luego de graduarse como ingeniero ambiental en la Universidad Estatal Amazónica, empieza a apoyar como técnico en su organización y es ahí que es reconocido y seleccionado como candidato en la dirigencia de CONFENIAE. Ocupando en la la presidencia de Marlon Vargas la dirigencia de Ciencia, Educación y Tecnología. Desde allí trabajó particularmente sobre las barreras que enfrentan los jóvenes amazónicos para acceder a educación superior y sobre la construcción de una educación intercultural basada en los territorios y conocimientos indígenas.[6] Fue punto focal para el proceso de elaboración de los planes de vida de las 23 organizaciones con fondos de la SCTEA a cargo de IKIAM, enfrentando burocracia y el único momento en que el fondo ha llegado a las organizaciones en 6 años de funcionamiento.
Efrén también representa a la nacionalidad Shiwiar en el Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. Ante la Asamblea Nacional defendió la autonomía del sistema y sostuvo que su fortalecimiento no busca dividir al Estado, sino garantizar derechos colectivos y el ejercicio del derecho ancestral.[7]
En Efrén aparece con más fuerza un perfil técnico-organizativo: educación, ambiente, planificación territorial, derechos colectivos y participación en instituciones interculturales.
Entre Marlon Vargas y una base política propia
La relación con Marlon Vargas es una de las claves para entender su nuevo papel. Efrén formó parte del Consejo de Gobierno de la CONFENIAE presidido por Vargas, pero posteriormente comenzó a disputar espacios de conducción propios.
En junio de 2025 ambos compitieron, en elecciones internas (primarias) de la CONFENIAE, para convertirse en el candidato amazónico a la presidencia de la CONAIE. Vargas consiguió 523 votos, Efrén 157 y Agustín Wachapá 86. Un mes después, Efrén volvió a presentarse como candidato a la presidencia nacional de la CONAIE.[8]
La trayectoria de Efrén, sin embargo, no fue una acumulación política lineal ni una construcción paralela sostenida frente a Marlon Vargas. Después de sus anteriores disputas internas, se retiró durante un tiempo del primer plano organizativo y reapareció principalmente vinculado al Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Proveniente además de una nacionalidad relativamente pequeña dentro de la Amazonía , intentó posteriormente trasladar esa presencia al terreno electoral mediante una candidatura a la concejalía rural por Pachakutik, que tampoco prosperó. Tras esa derrota volvió a mantener un perfil bajo. Su llegada a la presidencia de la CONFENIAE debe leerse, por tanto, menos como la culminación previsible de una trayectoria ascendente que como un retorno al centro de la conducción amazónica después de un período de menor exposición política.
Sobre la posición política
Durante su candidatura de 2025, Efrén buscó diferenciarse de las polarizaciones internas y reivindicó la necesidad de que el movimiento indígena mantenga un proyecto propio, anclado en la plurinacionalidad, los gobiernos territoriales respetando la cosmovisión indígena. También criticó, antes del Congreso, la posibilidad de una reelección inmediata de Leonidas Iza bajo el estatuto entonces vigente.[9], en ese entonces, las elecciones fueron más una pugna de izquierda versus derecha.
Ese posicionamiento no equivale necesariamente a centrismo ni a neutralidad política. La autonomía indígena ha sido históricamente una reivindicación frente a gobiernos y partidos de diferentes signos. La cuestión es cómo se traduce esa autonomía cuando las organizaciones deben decidir entre confrontar, negociar o construir alianzas en coyunturas concretas. En el análisis de las elecciones de la CONAIE de 2025, esta misma cuestión fue planteada como una de las preguntas centrales: ¿es posible sostener la autodeterminación indígena sin subordinación al Estado ni acomodo institucional, y al mismo tiempo construir alianzas sin diluir los objetivos colectivos?.[10]
Su posición frente al Gobierno de Daniel Noboa ilustra esa complejidad. Durante las movilizaciones de octubre de 2025, Efrén cuestionó a la dirigencia nacional de la CONAIE y sostuvo que existía desconfianza en parte de las bases amazónicas. Pero en la misma coyuntura advirtió que la ausencia de diálogo podía provocar nuevas movilizaciones y señaló como una amenaza la propuesta de Asamblea Constituyente, porque consideraba que podía afectar los derechos colectivos reconocidos en los artículos 56 y 57 y los derechos de la naturaleza del artículo 71 de la Constitución.[11]
Una posición anti extractivista
Por otra parte, es claro su apego a la crítica histórica al modelo extractivo. En 2022, al discutir alternativas económicas para Pastaza, Efrén cuestionó la idea de que la generación de empleo y recursos en la Amazonía deba depender de la explotación petrolera o minera. Defendió alternativas vinculadas con las chakras, la agroforestería, la conservación y los planes de vida de las nacionalidades.[12]
Ese posicionamiento tiene además continuidad con las decisiones colectivas de la CONFENIAE. En octubre de 2025, una asamblea extraordinaria de la organización rechazó la Ronda Suroriente y Subandina, cuestionó la expansión petrolera y minera y vinculó la defensa territorial con los derechos de la naturaleza, la autodeterminación y la gobernanza indígena.[13]
El asunto adquiere especial importancia en un momento en que la expansión minera, petrolera y de infraestructura vuelve a colocar a la Amazonía en el centro de la política económica nacional. Para la nueva presidencia de la CONFENIAE, la discusión sobre territorio difícilmente podrá separarse de las decisiones estatales sobre concesiones, consulta previa, nuevas rondas petroleras y apertura de proyectos mineros.
Financiamiento climático y REDD+
Efrén, como dirigente de la CONFENIAE participó directamente en espacios vinculados con REDD+ y financiamiento para conservación de bosques. En 2021 integró reuniones del grupo indígena amazónico de la Mesa REDD+, en las que se discutieron iniciativas de conservación, manejo forestal sostenible, restauración, producción sostenible y la inclusión de los planes de vida.[14]
En Pastaza también defendió una estrategia que buscaba reducir la dependencia de petróleo y minería mediante conservación y sistemas agroforestales, dentro de un programa que incluía financiamiento REDD+. Su discurso de entonces combinaba apertura a mecanismos de cooperación con una advertencia explícita sobre los riesgos de que el Estado utilice programas de desarrollo mientras mantiene concesiones extractivas.[15]
Ese antecedente merece una lectura cuidadosa. Participar en REDD+ no significa necesariamente respaldar, como alternativa óptima, los mercados voluntarios de carbono, los mecanismos de compensación, los canjes de deuda por naturaleza o cualquier forma de financiarización de los bosques. La realidad práctica en la Amazonía es que esos mecanismos existen, y la participación de ciertos sectores en esos mecanismos no implica que no apuesten al mismo tiempo por salidas más estructurales. Por lo tanto, no existe suficiente evidencia pública para atribuirle su posición frente al modelo de finanzas verdes. Lo comprobable es que Efrén conoce desde dentro la arquitectura institucional del financiamiento climático y ha trabajado con mecanismos de conservación vinculados con cooperación internacional.
Esta puede convertirse en una de las discusiones centrales de su gestión. Una parte creciente del financiamiento destinado a la Amazonía llega mediante esquemas climáticos, conservación, carbono y biodiversidad. Al mismo tiempo, organizaciones indígenas de toda la región han cuestionado mecanismos que pueden crear nuevas formas de control externo sobre sus territorios o convertir funciones ecosistémicas en activos financieros. La trayectoria de Efrén se sitúa precisamente en esa frontera: defensa de los territorios y crítica al extractivismo, junto con experiencia técnica en los dispositivos contemporáneos de financiamiento ambiental.
Una CONFENIAE con agenda propia
Reducir el nuevo escenario a una disputa personal entre dirigentes perdería de vista la contradicción principal. La CONFENIAE ocupa una posición particular dentro del movimiento indígena ecuatoriano porque los conflictos fundamentales que enfrentan sus bases están directamente relacionados con control territorial, petróleo, minería, conservación, biodiversidad, economías ilegales y financiamiento internacional.
Efrén proviene de una nacionalidad de menor población, la Shiwiar. Históricamente, en la CONFENIAE han predominado nacionalidades como la Achuar, la Shuar y la Kichwa Amazónica. Sin embargo, su ascenso refleja una acumulación política que superó paso a paso las fronteras de su propia nacionalidad: fue dirigente de Educación en la CONFENIAE (2020-2023),[16] ocupó el segundo lugar en la elección interna de CONFENIAE 2023, compitió como candidato a la CONAIE en 2025 y, finalmente, alcanzó la conducción regional amazónica (2026-2030).
También hay que destacar que la elección de Efrén no elimina las tensiones internas de la CONFENIAE. La salida de la delegación waorani del proceso electoral y las declaraciones sobre un dirigencia cooptada en CONAIE [17] muestra que persisten fracturas que la nueva dirigencia deberá resolver. La NAWE tiene un peso político particular por su papel en la defensa del Yasuní, el territorio y la oposición a la expansión extractiva. Por eso, una de las primeras pruebas de Efrén será reconstruir acuerdos y evitar que la disputa electoral termine debilitando la representación amazónica.
Por ahora, los antecedentes permiten identificar un perfil definido en algunos aspectos y todavía abierto en otros: un dirigente shiwiar joven, formado técnicamente en ambiente, proveniente del trabajo educativo y territorial, crítico del extractivismo, defensor de la autonomía de las nacionalidades y con experiencia directa en la arquitectura institucional de la cooperación y el financiamiento climático. Esa combinación explica tanto las posibilidades como las tensiones que acompañarán su conducción de la principal organización indígena amazónica del Ecuador.
[1] Especialista en política pública regional, comunitaria e indígena, es dirigente del Pueblo Pakkiru.
[2] Economista ecuatoriano y Coordinador General del Observatorio de Finanzas y Clima.
[3]La Hora. “Conaie: ¿habrá un relevo generacional en la presidencia de la organización indígena?”, 17 de julio de 2025; El Universo. “Elecciones en la Conaie: más de 1.400 delegados tienen derecho a votar…”, julio de 2025. Ambas fuentes identifican a Efrén Nango como integrante de la nacionalidad Shiwiar, ingeniero ambiental y exdirigente de Educación de la CONFENIAE.
[4]Iturralde, Pablo José. “Elecciones en la CONAIE: preguntas de fondo”. La Línea de Fuego, 24 de julio de 2025. El artículo propone, como esquema analítico no rígido, tres tendencias: una izquierda indígena autónoma y popular, un sector orientado a la gobernabilidad y un campo intermedio entre autonomismo, ambientalismo institucional y pragmatismo. https://lalineadefuego.info/elecciones-en-la-conaie-preguntas-de-fondo-pablo-jose-iturralde/
[5]El Observador. “José Esach de la nacionalidad Shuar electo presidente de la Confeniae”, 29 de septiembre de 2023. Resultados: José Esach 321 votos; Efrén Nango 261; Washington Tiwi 224. https://elobservador.ec/jose-esach-de-la-nacionalidad-shuar-electo-presidente-de-la-confeniae/
[6]CONFENIAE. “Emergencia Educación Amazonía” y “Inicia proyecto Emergencia de Educación en la Amazonía”. En estas publicaciones Efrén figura como dirigente de Educación y participa en el trabajo sobre acceso a educación superior e interculturalidad. https://confeniae.org/programas/emergencia-de-educacion/ ; https://confeniae.org/inicia-proyecto-emergencia-de-educacion-en-la-amazonia/
[7]Asamblea Nacional del Ecuador. “Comisión revisó el estado de la institucionalización del Sistema de Educación Intercultural”, 2024. Efrén intervino como representante Shiwiar del Consejo Plurinacional y defendió derechos colectivos, autonomía y derecho ancestral. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/99231-comision-reviso-el-estado-de-la-institucionalizacion-del
[8]El Observador. “Marlon Vargas elegido candidato a la presidencia de la CONAIE”, 27 de junio de 2025. Vargas obtuvo 523 votos, Efrén Efrén 157 y Agustín Guachapá/Wachapá 86. https://elobservador.ec/marlon-vargas-elegido-candidato-a-la-presidencia-de-la-conaie/
[9]La Hora. “Conaie: ¿habrá un relevo generacional en la presidencia de la organización indígena?”, 17 de julio de 2025. Efrén sostuvo que la reelección inmediata no constaba en el estatuto vigente y que la decisión final correspondía al Congreso. https://www.lahora.com.ec/listas/Conaie-habra-un-relevo-generacional-en-la-presidencia-de-la-organizacion-indigena-t202507170003.html
[10]Iturralde, Pablo José. “Elecciones en la CONAIE: preguntas de fondo”. La Línea de Fuego, 24 de julio de 2025. El artículo plantea como pregunta central cómo sostener la autodeterminación indígena sin subordinación al Estado ni acomodo institucional y cómo construir alianzas sin diluir objetivos. https://lalineadefuego.info/elecciones-en-la-conaie-preguntas-de-fondo-pablo-jose-iturralde/
[11]La Hora. “Conaie rearma estrategias para mantener el paro en Ecuador”, 15 de octubre de 2025. Efrén afirmó que existía desconfianza desde las bases amazónicas, advirtió sobre una posible reacción si no había diálogo y cuestionó la Constituyente por sus posibles efectos sobre los artículos 56, 57 y 71 de la Constitución. https://www.lahora.com.ec/politica/Conaie-rearma-estrategias-para-mantener-el-paro-en-Ecuador-20251015-0053.html
[12]Mongabay Latam. Dimitri Selibas, “Nace un proyecto de agroforestería para conservar cinco millones de hectáreas en la Amazonía de Ecuador”, 25 de junio de 2022. Efrén cuestionó la visión extractiva del desarrollo amazónico, defendió las chakras y la conservación y expresó cautela frente a acuerdos estatales asociados a concesiones petroleras o mineras. https://es.mongabay.com/2022/06/proyecto-de-agroforesteria-para-conservar-cinco-millones-de-hectareas-en-ecuador/
[13]CONFENIAE. “Resoluciones Asamblea Extraordinaria CONFENIAE”, 20 de octubre de 2025. La organización rechazó los planes petroleros y mineros de la Ronda Suroriente y Subandina y vinculó su posición con derechos colectivos, derechos de la naturaleza, autodeterminación y gobernanza territorial. https://confeniae.org/resoluciones-asamblea-extraordinaria-confeniae/
[14]Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. “Mesa de Trabajo REDD+ Bosques para el Buen Vivir: 1era reunión GTRIA”, julio de 2021. El registro incluye a Efrén Nango por CONFENIAE y discusiones sobre conservación de bosques, manejo forestal sostenible, restauración, producción sostenible y planes de vida. https://reddecuador.ambiente.gob.ec/mesareddmas/wp-content/uploads/2022/04/1era-reunion-GTRIA-jul2021-Ayuda-memoria.pdf
[15]Mongabay Latam. Dimitri Selibas, “Nace un proyecto de agroforestería para conservar cinco millones de hectáreas en la Amazonía de Ecuador”, 25 de junio de 2022. Efrén vinculó conservación y agroforestería con menor dependencia del petróleo y la minería, y expresó cautela frente a acuerdos estatales asociados a concesiones extractivas. https://es.mongabay.com/2022/06/proyecto-de-agroforesteria-para-conservar-cinco-millones-de-hectareas-en-ecuador/
[16]El Observador. “José Esach de la nacionalidad Shuar electo presidente de la Confeniae”, 29 de septiembre de 2023. En esa elección Efrén obtuvo 261 votos y quedó segundo. https://elobservador.ec/jose-esach-de-la-nacionalidad-shuar-electo-presidente-de-la-confeniae/
El Plan de Acción de Puyok ha sabido recoger una construcción política que viene de Belém y Rurrenabaque y da continuidad a procesos que ya habían comenzado en la región, entre ellos el Foro para salir de los Hidrocarburos de Santa Marta. Puyok da otro paso más y convirtió esa acumulación de mandatos y propuestas en una agenda de acción común.
Esto hay que ubicarlo en el nuevo contexto de la diplomacia internacional. La disputa por la amazónico no ocurre solamente alrededor de petróleo, minería o deforestación. Ahora también se juega en las negociaciones sobre deuda, comercio, inversiones, minerales estratégicos, transición energética, financiamiento climático, mercados de carbono y nuevas formas de control territorial. En un escenario donde la región avanza con mayor extractivismo, dependencia financiera y neoliberalismo autoritario.
El Plan de Acción puede cumplir esa función si se lo entiende como una herramienta política, más allá del documento final del Foro. Su debe ser conectar lo construido desde Belém, Rurrenabaque y Santa Marta con lo que viene después de Puyok: organizar agendas regionales, identificar responsables, producir evidencia, activar acciones jurídicas y políticas y llevar posiciones de los pueblos a los espacios internacionales donde se están definiendo las reglas del próximo ciclo económico y climático… en otras palabras, hay que echar a andar Plan de Acción. Para eso el propio Plan plantea responsables, plazos y mecanismos de reporte para evitar que los compromisos queden solamente en el papel.
Puyok fue para todo un punto de llegada, pero debe ir más allá de eso, y convertirse en un punto de acumulación. Que el XIII FOSPA pueda evaluar qué se hizo con los mandatos anteriores y llegar con mayor capacidad política, jurídica y diplomática. La continuidad del proceso es, en sí misma, una forma de disputar poder. Pasar de reaccionar frente a las decisiones que otros toman sobre la Amazonía a construir una agenda propia, popular, plurinacional y profundamente ecológica.
Por qué la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación debe incorporar los derechos de los Pueblos Indígenas
27 de julio de 2026
1. Contexto
Durante décadas, el sistema tributario mundial ha estado determinado por normas que benefician de manera desproporcionada al Norte Global, a las empresas multinacionales y a los ultra-ricos, lo que permite extraer riqueza del Sur Global al tiempo que priva a estos países de los ingresos públicos necesarios para financiar los servicios públicos, apoyar el desarrollo sostenible, reducir la desigualdad y garantizar los derechos humanos. En respuesta a ello, las organizaciones de la sociedad civil han cuestionado estas desigualdades, abogando por una arquitectura tributaria internacional más justa e inclusiva.[1]
En este contexto, las negociaciones para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación representan una oportunidad histórica para reformar el sistema tributario internacional. Durante las últimas dos décadas, las organizaciones de la sociedad civil han contribuido a dar forma a una visión más amplia de la cooperación fiscal internacional que abarca la gobernanza democrática, los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia climática y la redistribución de la riqueza entre los países desarrollados y en desarrollo. Sin embargo, los derechos de los Pueblos Indígenas no se han reflejado de manera sistemática en la incidencia por la justicia fiscal por parte de la sociedad civil.
Durante generaciones, se ha extraído riqueza de los territorios indígenas en violación de sus derechos, mientras que las decisiones sobre impuestos, ingresos públicos y gasto se han tomado sin garantizar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, muchos Pueblos Indígenas de todo el mundo sufren discriminación en la asignación de los ingresos fiscales, lo que da lugar a su exclusión de los servicios públicos y de los fondos necesarios para atender sus necesidades y circunstancias específicas, así como para hacer efectivos sus derechos, incluido su derecho al autogobierno.
Además, en muchos países, los subsidios, incentivos y exenciones fiscales otorgados a industrias perjudiciales, como las de combustibles fósiles, minería y agroindustria, fomentan actividades económicas que afectan los territorios de los Pueblos Indígenas y violan sus derechos, incluidos sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, así como el consentimiento previo, libre e informado (CPLI).
Los Términos de Referencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación establecen que los esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Convención deben estar en consonancia con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.[2] En consecuencia, la Convención también debe estar en consonancia con los derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, este informe identifica consideraciones clave para garantizar que la Convención sea coherente con los derechos de los Pueblos Indígenas y les dé efecto, tal como se afirma en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
2. Los Pueblos Indígenas en la gobernanza tributaria: más allá de la inclusión de las partes interesadas
Muchos documentos de incidencia política y contribuciones existentes relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación omiten a los Pueblos Indígenas o se refieren a ellos como uno más entre varios grupos marginados o vulnerables. Si bien abordar la desigualdad y la marginación es un objetivo esencial de la justicia fiscal, ese enfoque no refleja adecuadamente los derechos y el estatus distintivos de los Pueblos Indígenas bajo el derecho internacional.
Según el derecho internacional, los Pueblos Indígenas no son simplemente grupos vulnerables o marginados. Cuentan con derechos colectivos distintivos y reconocidos internacionalmente, entre ellos los derechos a la libre determinación, al autogobierno y a la autonomía, así como a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos.
Esto incluye el derecho a mantener y fortalecer sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales propias; a desarrollar y determinar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo, incluyendo la salud, la vivienda y otros programas económicos y sociales; y el derecho a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas, tal como se afirma en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.[3]
Por lo tanto, su relación con la tributación no es solo una cuestión de inclusión de los grupos marginados, sino que también se refiere a la participación en la toma de decisiones y a la aplicación de los derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos internacionalmente. De conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Indígenas tienen el derecho a participar, a través de sus propias instituciones representativas, en las decisiones relativas a la movilización y la asignación de los recursos públicos.[4]
Esto incluye también la participación en las decisiones relativas a los incentivos y subsidios que afectan sus derechos y territorios, incluidos los subsidios e incentivos perjudiciales que facilitan actividades que violan los derechos de los Pueblos Indígenas. El diseño de las políticas tributarias y fiscales debe estar sujeto a la debida diligencia para prevenir impactos adversos sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y garantizar la consulta y la cooperación con ellos, a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado en asuntos que puedan afectarlos.[5]
En consecuencia, las referencias a los Pueblos Indígenas en la Convención no deben limitarse a disposiciones generales relativas a las partes interesadas, las poblaciones vulnerables, los beneficiarios o la participación de la sociedad civil, sino que deben reafirmar sus derechos y estatus distintivos de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Este entendimiento se reflejó en la primera Propuesta de la Sociedad Civil para una Convención de las Naciones Unidas sobre Tributación, publicada en 2022, la cual proponía que el preámbulo de la Convención recordara expresamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluidos los artículos 3 y 4 relativos a la libre determinación, la autonomía, el autogobierno y el derecho a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. Específicamente, proponía el siguiente párrafo para el preámbulo de la Convención:
Reafirmando que los pueblos indígenas, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en temas relacionados con sus asuntos internos y locales, así como a los medios y arbitrios para financiar sus funciones autónomas,[6]
Sin embargo, a medida que han avanzado las negociaciones, este reconocimiento ha perdido protagonismo en los debates de la sociedad civil. Por lo tanto, las negociaciones actuales representan una oportunidad no para introducir un tema completamente nuevo, sino para reafirmar un tema que ya está fundamentado en los Términos de Referencia de la Convención y en las obligaciones internacionales de derechos humanos existentes de los Estados.
3. Recomendaciones
El borrador actual de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación ya reconoce que la cooperación fiscal debe contribuir al logro del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental— de manera equilibrada e integrada.[7] Sin embargo, no reconoce las implicaciones de la cooperación fiscal para los derechos de los Pueblos Indígenas.
Garantizar referencias explícitas a los derechos de los Pueblos Indígenas en la Convención fortalecería su coherencia con los Términos de Referencia, que establecen que los esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Convención deben estar en consonancia con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, al tiempo que fortalecería la coherencia jurídica de la Convención con las obligaciones existentes de los Estados en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas.
Con este fin, este informe recomienda las siguientes medidas para los Estados Miembros y los negociadores, al tiempo que alienta a las organizaciones de la sociedad civil a promover estas recomendaciones a través de su incidencia.
Reconocer explícitamente los derechos de los Pueblos Indígenas en la Convención. Incluir referencias explícitas a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y garantizar que todas las referencias a los Pueblos Indígenas en la Convención sean coherentes con la Declaración, incluido el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas a la libre determinación, el autogobierno, la autonomía y el derecho a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.
Fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas en la gobernanza tributaria a todos los niveles. Garantizar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas y sus representantes en la elaboración, aplicación y revisión de la Convención, así como en las leyes, políticas y medidas tributarias y fiscales nacionales que puedan afectar los derechos de los Pueblos Indígenas.
Integrar los derechos de los Pueblos Indígenas en la incidencia por la justicia tributaria. Las organizaciones de la sociedad civil que participan en los procesos relacionados con la cooperación tributaria internacional deben incorporar explícitamente los derechos de los Pueblos Indígenas en su labor de incidencia, análisis de políticas y recomendaciones, y colaborar con los representantes de los Pueblos Indígenas en la elaboración de posiciones, propuestas y estrategias de incidencia política.
Elaborado por: Colectivo Quipa Emil Sirén Gualinga
[2] Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 79/235, Promoción en las Naciones Unidas de la cooperación internacional inclusiva y eficaz en cuestiones de tributación. Véase también el Informe del segundo período de sesiones del Comité Especial encargado de redactar los términos de referencia para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación (A/79/333), anexo I, párr. 9 c).
[3] Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, A/RES/61/295, aprobada el 13 de septiembre de 2007
[4] Artículos 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
[5] Artículos 18 y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
