Bogotá. La agenda amazónica desembarca en la capital colombiana con dos carriles: el encuentro de pueblos y sociedad civil (19–21 de agosto, Universidad Nacional) y la reunión presidencial del 22 de agosto. En paralelo, del 18 al 23 se realizará el tejido ciudadano “Arropamos para proteger el medio ambiente, el territorio y los pueblos” en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. La secuencia no es menor: lo que se diga abajo debería subir, primero al Consejo de Cooperación Amazónica y a los cancilleres (21 de agosto) y, por último, a los presidentes. Ese es el canal para que las demandas sociales se conviertan en compromisos estatales.
Qué sabemos (y por qué importa)
Fechas y sede. El Encuentro Regional Amazónico será 19–21 de agosto en la Universidad Nacional (Bogotá) y espera alrededor de 500 participantes de la región. El 22 se verán los presidentes.
Proceso previo. Los Diálogos Amazónicos Regionales se realizaron del 24 de julio al 6 de agosto con representantes de los ocho países de la OTCA, pueblos indígenas, academia y sociedad civil. Sus insumos alimentan la declaración final.
Engranaje institucional. El 21 de agosto sesionan el Consejo de Cooperación Amazónica y la reunión de cancilleres para consolidar y elevar el texto a los presidentes.
Otro eje ciudadano.“Arropamos…” convoca del 18 al 23 de agosto en el Centro de Memoria, como espacio de articulación social paralelo a la agenda oficial.
Temas sobre la mesa. Además de derechos territoriales y seguridad ambiental, la conversación pone foco en finanzas: financiamiento climático, trazabilidad para oro/madera y gobernanza regional.
La ventana financiera: qué podría cambiar si se escribe bien
1) Jubileo y alivio de deuda con sentido climático. Desde la Declaración de Belém (2023), los países amazónicos acordaron explorar mecanismos innovadores que incluyan canjes de deuda por acción climática. La sociedad civil empuja ahora por ir más allá de canjes “pequeños” y avanzar hacia condonación sustantiva que libere espacio fiscal para salud, control forestal y una bioeconomía sin deforestación. La clave: que lo acordado sea vinculante y medible, y que los ahorros se asignen con transparencia.
2) Financiamiento climático que no genere más deuda. Organizaciones y expertos piden donaciones y pagos por resultados (bien auditados) antes que nuevos préstamos. En paralelo, se propone crear o reforzar fondos soberanos amazónicos bajo ley nacional con acceso directo para pueblos indígenas y comunidades, evitando la intermediación costosa que diluye el impacto. (WWF resume qué está en juego para Bogotá camino a la COP30).
3) Bonos Amazónicos… con salvaguardas. El BID y el Banco Mundial presentaron lineamientos para “Bonos Amazonía”. Son una oportunidad para atraer capital, si se garantizan salvaguardas sociales, no se colateraliza la naturaleza y se evitan métricas de impacto “creativas”. De lo contrario, el instrumento podría derivar en greenwashing financiero.
4) Cerrar la “canilla” de la fuga de divisas. Otra prioridad que asoma es la justicia fiscal: reglas anti–paraísos fiscales, registro de beneficiarios finales y control de precios de transferencia en extractivas y cadenas de commodities. Sin esto, cualquier inyección de recursos se irá por la alcantarilla. (Varios análisis periodísticos vinculan esta agenda con los esfuerzos contra el crimen ambiental y la trazabilidad).
Oportunidades: dónde puede moverse la aguja esta semana
Itinerario con “puerta de entrada”. La secuencia Diálogos → Consejo OTCA → Cancilleres → Presidentes abre una ventana real para meter lenguaje concreto sobre jubileo, fondos no reembolsables, acceso directo y trazabilidad. El reto es que quede escrito y con plazos.
Narrativa regional rumbo a la COP30. Bogotá puede unificar posición amazónica en finanzas, seguridad ambiental y derechos, para llegar con peso político a Belém.
Riesgos: lo que podría salir mal (otra vez)
Simbolismo sin dientes. Declaraciones bonitas sin obligatoriedad ni metas cuantificadas. Es el riesgo número uno.
Cooptación o “tokenización”. Participación social sin poder de decisión. Las redes amazónicas piden mecanismo OTCA–SOCIAL permanente y sillas con voto; no basta con fotos.
Seguridad y protección a defensores. La región sigue siendo peligrosa para quienes defienden el bosque; Escazú ofrece estándares de protección que deben nombrarse en la declaración.
Desvío de agenda por tensiones bilaterales. La disputa por la Isla Santa Rosa entre Colombia y Perú escaló en los últimos días y puede eclipsar acuerdos de fondo si no se maneja con prudencia diplomática.
Greenwashing financiero. Bonos o canjes pequeños, con altos costos de transacción y poca transparencia, que no cambian la restricción externa ni frenan la deforestación. (Los análisis sobre canjes recientes en la región señalan límites y lecciones).
Qué mirar en el documento final
Una frase explícita de “jubileo/condonación de deuda” con destino social–ambiental verificable.
Compromiso de “financiamiento climático no generador de deuda” y acceso directo a pueblos/comunidades.
Salvaguardas para Bonos Amazonía (no colateralizar naturaleza; métricas serias; auditorías públicas).
Trazabilidad de oro y madera y cooperación judicial transfronteriza.
Mecanismo OTCA–SOCIAL con asiento decisorio y seguimiento postcumbre.
Bogotá tendrá sentido si la voz de los territorios entra al texto… y si el texto mueve dinero real —sin crear nueva deuda— hacia quienes cuidan la selva.
La supuesta “prioridad social” que el gobierno y el FMI repiten en comunicados y memorandos no ha impedido que el presupuesto en salud se recorte. En el marco del programa con el FMI, “proteger el gasto social” significa fijar un piso para transferencias monetarias focalizadas (bonos y ayudas a hogares de menores ingresos), pero no existe un compromiso equivalente para blindar el gasto del Ministerio de Salud Pública o del conjunto de la competencia Salud en el Presupuesto General del Estado.
Este diseño deja la puerta abierta para que, aun cumpliendo las metas sociales del acuerdo —por ejemplo, número de familias beneficiarias de transferencias—, se reduzcan asignaciones a hospitales, centros de salud, medicinas e infraestructura sanitaria. En 2024 esto se tradujo en un recorte abrupto al presupuesto codificado de salud a fin de año (–USD 1.249 millones entre noviembre y diciembre), que bajó la ejecución al 2,33 % del PIB, la cifra más baja en más de una década. Además, como 2025 arrancó con presupuesto prorrogado, se arrastró esa base reducida, consolidando el retroceso.
El FMI avala esta lógica porque sus metas fiscales se centran en el déficit, el endeudamiento y la liquidez, no en asegurar un porcentaje mínimo del PIB para salud. La priorización práctica, tanto del gobierno como del Fondo, ha sido sostener la cobertura de bonos, mientras se recortan o difieren pagos en salud para cumplir las metas de consolidación fiscal. Así, la narrativa de “proteger lo social” convive con la realidad de un sistema de salud con menos recursos, más presión sobre su personal y mayor deterioro en la atención.
Un Jubileo de la deuda no es solo un planteamiento moral, es además una condición macroeconómica para que la Amazonía pueda sobrevivir. En general, en el Sur global, la variable escasa no son los presupuestos en moneda local sino las divisas, es a lo que se llama la restricción externa. Cuando esta es la realidad, la urgencia por “conseguir dólares como sea” desplaza cualquier otra prioridad, incluyendo la protección de bosques, ríos y pueblos. Bajo esa lógica, la deuda externa se vuelve la válvula de escape de una balanza de pagos crónicamente tensionada; y, así mismo, los países de Amazonía tiene esa basta tegión como principal fuente de recursos naturales para venderla y generar fuentes de finanzas.
Siguiendo las mejores tradiciones estructuralistas, el punto de partida debe ser cuestionar el intercambio desigual comercial, financiero y ecológico. En el plano comercial, la periferia amazónica exporta bienes primarios con bajo contenido tecnológico y alta volatilidad de precios, e importa manufacturas y servicios intensivos en conocimiento. A igual cantidad de trabajo y naturaleza incorporada, el valor agregado que queda en origen es menor: se transfiere excedente al centro. En el plano ecológico, el sesgo es más profundo: los precios de mercado no pagan ni la reposición de los ciclos ecológicos ni los servicios de regulación climática que prestan los bosques húmedos. Y sin embargo, el Sur global se queda con los daños ambientales y el Norte recibe los depósitos de las ganancias. La huella material y de carbono de cada dólar exportado desde la Amazonía es sistemáticamente mayor que la huella de cada dólar importado; la diferencia se asienta como deuda ecológica no reconocida. La región vende barato naturaleza viva y compra caro conocimiento, patentes, regalías y financiamiento público y privado.
Cuando se mira la deuda desde la balanza de pagos —y no solo desde el presupuesto— aparece la causalidad omitida por el credo fiscalista. Incluso con déficit fiscal cero, un país puede endeudarse si su cuenta corriente es negativa o si su cuenta financiera drena más de lo que aporta. Muy poco se habla de esto entre la economía liberal que siempre ve la causa del problema, para todo, en el déficit fiscal. Así, la imposibilidad de retener divisas proviene de varias vías: déficits comerciales en ramas estratégicas; repatriación de utilidades; intereses, regalías y servicios empresariales que eluden la tributación; flujos financieros ilícitos que se escurren hacia bancos extranjeros y paraísos fiscales; y, en ciclos de apreciación cambiaria inducida por commodities. Todo ello erosiona las reservas internacionales. La respuesta típica es reponerlas con nueva deuda externa, a tasas que suben con el riesgo y con cláusulas que reducen soberanía nacional regulatoria. La deuda, así, no nace “del gasto irresponsable” sino de la arquitectura de un comercio y unas finanzas internacionales que extraen valor y naturaleza de la periferia.
Esa dinámica empuja a los gobiernos amazónicos a producir divisas acelerando la frontera extractiva. El servicio de la deuda se paga con barriles, toneladas y hectáreas: más pozos sobre suelos frágiles, más carreteras que fragmentan bosques, más represas que interrumpen ríos sedimentarios, más petróleo y minería, palma y ganadería sobre territorios indígenas. La cadena es inexorable: amortizaciones e intereses vencen en dólares; para cumplir, se negocian “pre financiamientos” de crudo, se flexibilizan licencias, se monetizan reservas de minerales, se ofrecen exenciones tributarias y estabilidad jurídica a gran escala. Mientras tanto la Amazonía se convierte en colateral financiero y en fuente de caja. Y aunque para algunos es un problema local, en realidad cada árbol derribado y cada tonelada de carbono liberada elevan la factura climática global que, paradójicamente, vuelve a la región en forma de eventos extremos y pérdidas económicas.
Un Jubileo 2025 orientado a cancelar deuda externa pública no es, por tanto, un «perdono»: es una corrección de un balance mal llevado entre deudas financieras del Sur y deudas ecológicas del Norte. Condonar deuda quita presión sobre reservas y libera a los gobiernos de la urgencia de convertir el bosque en dólares. Sin embargo, y esto es muy importante, un Jubileo eficaz debe aprender de los límites de los “canjes de deuda” que ahora están de moda. Los mecanismos que truecan pequeños descuentos por condicionamientos ambientales gestionados por fideicomisos con gobernanza externa no alteran la restricción externa ni tocan la raíz del intercambio desigual; convierten la naturaleza en colateral de instrumentos más complejos y trasladan decisiones estratégicas a directorios donde predominan intereses ajenos. Si la meta es salvar la Amazonía, se necesita magnitud, mucho más que cosmética. Solo con reducción sustantiva de stock y servicio de deuda, sin empaquetarla en vehículos que perpetúan dependencia, podremos ver resultados significativos.
El razonamiento macroeconómico es simple: cuando un país gasta más divisas de las que obtiene, solo puede cubrir esa brecha con financiamiento externo; si entran más divisas de las que salen, se acumulan reservas. Cancelar deuda reduce los pagos en moneda extranjera y, con términos comerciales constantes, mejora la balanza de ingresos primarios. Si además se frenan las salidas por repatriación de utilidades y flujos ilícitos mediante reglas efectivas, la necesidad de nueva deuda cae aún más. Una posición externa más sólida reduce el riesgo país y abarata el crédito para financiar la transformación productiva.
La condonación, además, debe reconocer explícitamente la deuda ecológica acumulada. Si el Norte se ha beneficiado por décadas de un sumidero de carbono y de materias primas subvaluadas, el punto de equilibrio no es “aliviar” el pago del Sur, sino dar respuestas extraordinarias correspondientes a una crisis ecológica colosal. Eso se traduce en transferencias no reembolsables para restauración y cuidados —no en préstamos verdes que reencadenan—, en financiamiento para ciencia y tecnología abiertas en bioeconomía, y en respaldo a esquemas de ingreso y servicios públicos que desenganchen a los territorios de la necesidad de arrendar su subsuelo.
Salvar la Amazonía exige tiempo político y fiscal. Un programa serio de moratoria a nuevas concesiones de hidrocarburos y minería en la selva —acompañado de la reconversión energética y logística para reducir la presión sobre el territorio— solo es creíble si el Estado no está atado a vencimientos en dólares cada trimestre. ¿Es viable una condonación de esa magnitud? Pues… hay un llamado inequívoco del Vaticano a un Jubileo 2025. Y hay que convencerse de que para “volver posible lo que hoy parece imposible”, el primer paso es abrir el debate, construir consenso y mover la ventana de lo políticamente realizable.
El Reporte del Jubileo 2025, convocado por el Papa Francisco y elaborado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales junto a la Iniciativa para el Diálogo de Políticas de la Universidad de Columbia, plantea que la actual arquitectura financiera internacional no solo ha fracasado en prevenir crisis de deuda, sino que las reproduce de forma estructural. El diagnóstico parte de cifras críticas: 54 países destinan al menos el 10 % de sus ingresos fiscales solo al pago de intereses; 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en servicio de deuda que en salud y 2.100 millones en países que gastan más que en educación.
El informe documenta cómo, desde 2014, la carga promedio de intereses sobre ingresos fiscales casi se ha duplicado en países en desarrollo. Este drenaje de recursos coexiste con la caída de la inversión productiva: en los países de bajos ingresos, la formación bruta de capital se ha estancado en 22 % del PIB, muy por debajo del 33 % promedio de países de ingresos medios. El resultado es un círculo vicioso: deuda elevada, bajo crecimiento y nuevas rondas de endeudamiento.
A diferencia del Jubileo 2000, centrado en la condonación parcial de la deuda de un grupo limitado de países pobres altamente endeudados mediante la Iniciativa HIPC y la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral, el Jubileo 2025 plantea una agenda más amplia y estructural: incluye a países de ingresos medios con deuda insostenible, exige la participación obligatoria de acreedores privados y bilaterales no tradicionales, incorpora la cancelación de deuda ecológica y vincula el alivio con reformas permanentes en la arquitectura financiera internacional. Mientras el Jubileo 2000 fue un esfuerzo puntual en un contexto de relativa estabilidad económica global, el Jubileo 2025 se concibe como parte de un rediseño sistémico para evitar que las crisis de deuda y las transferencias netas de recursos hacia el Norte se reproduzcan cíclicamente.
La Comisión plantea que, en los casos donde los superávits primarios requeridos para estabilizar la deuda son inviable —aún con refinanciación en condiciones concesionales—, la única salida efectiva es la reducción del valor nominal de la deuda. Esto implica un marco multilateral de anulación similar al de la Iniciativa HIPC de 1996, pero adaptado al escenario actual, donde los acreedores privados representan una proporción mucho mayor del total. El informe propone un HIPC II que incluya:
Participación obligatoria de acreedores privados y bilaterales no pertenecientes al Club de París.
Quitas suficientes para restaurar la sostenibilidad, evitando reestructuraciones “demasiado poco, demasiado tarde” que prolongan la crisis.
Suspensión inmediata de pagos durante la negociación, para frenar transferencias netas de recursos al exterior.
El reporte critica el papel del FMI y otros bancos multilaterales en financiar rescates de facto a acreedores privados, lo que incentiva la demora en reestructuraciones. Propone prohibir explícitamente este uso de fondos, redirigiendo el financiamiento multilateral hacia programas de recuperación y transformación productiva.
También subraya que la anulación de deuda debe integrarse con criterios de desarrollo y clima. Muchos países sobreendeudados son altamente vulnerables a impactos climáticos y requieren espacio fiscal para adaptación y mitigación. Sin alivio sustancial, cualquier agenda de transición energética queda subordinada a las obligaciones de pago.
En términos operativos, el informe recomienda:
Extender plazos de pago a 20 años o más, en línea con los ciclos reales de acceso a mercados.
Reducir tasas de interés a niveles cercanos a los del Banco Mundial en operaciones de refinanciamiento.
Incorporar cláusulas contractuales que activen suspensiones automáticas ante shocks sistémicos.
Revisar los análisis de sostenibilidad de deuda (DSA) para que prioricen el desarrollo inclusivo y la resiliencia climática, no solo la estabilización del ratio deuda/PIB.
El Jubileo 2025 es explícito: sin una reducción sustancial de la deuda —incluida su anulación cuando sea necesario—, no es posible liberar los recursos internos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni para financiar una transición climática justa. El planteamiento es técnico y político: cambiar los incentivos de acreedores y organismos multilaterales, sustituir rescates a corto plazo por soluciones definitivas y crear un mecanismo vinculante de resolución de crisis soberanas.
Deuda y crisis climática: la dimensión ecológica
Uno de los aportes más relevantes del Jubileo 2025 es que vincula la anulación de deuda con la justicia climática. Muchos de los países más endeudados son, simultáneamente, los más vulnerables a desastres ambientales y los que menos han contribuido a las emisiones históricas que provocan la crisis climática. En términos reales, existe una deuda ecológica inversa: los principales acreedores —países con alta responsabilidad climática— son, a la vez, responsables de impactos que erosionan la base productiva y fiscal de sus deudores.
En este marco, la condonación de deuda ecológica no se presenta como un mecanismo de cooperación voluntaria, sino como una medida correctiva. Supone cancelar total o parcialmente obligaciones externas en función de la responsabilidad climática histórica de los acreedores, liberando espacio fiscal para:
Adaptación a impactos climáticos.
Mitigación de emisiones.
Reconstrucción tras desastres.
Inversión en transición energética justa.
El informe advierte que este alivio no debe limitarse a proyectos ambientales aislados o a canjes de deuda por naturaleza de alcance reducido. En cambio, debe integrarse en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, permitiendo reasignar recursos a sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura y resiliencia climática.
En su más reciente intervención, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró con contundencia que la era de los combustibles fósiles está llegando a su fin, mientras se abre paso una nueva etapa de energía limpia. El llamado, sin embargo, va más allá del optimismo tecnológico: urge a repensar las reglas financieras, comerciales y jurídicas que moldean dicha transición.
Según datos del nuevo informe respaldado por la ONU, FMI, AIE, IRENA, OCDE y el Banco Mundial, la inversión mundial en energías limpias alcanzó los 2 billones de dólares en 2023, superando en 800.000 millones a las destinadas a fósiles. Las renovables, además, ya representan casi toda la nueva capacidad instalada de generación eléctrica, con costos cada vez más competitivos. Pero Guterres advierte que estos avances no garantizan una transición justa ni equitativa.
Entre los principales desafíos identificados se encuentran:
Persistencia de subsidios fósiles: A pesar de las señales de mercado, los combustibles fósiles aún gozan de ventajas 9 a 1 en subsidios al consumo, distorsionando precios y frenando inversiones limpias.
Concentración de capacidades y beneficios: Mientras la OCDE y China acumulan el 80 % de la capacidad instalada de renovables, África apenas concentra el 1,5 %. En 2023, solo el 2 % de la inversión global en energía limpia llegó al continente africano.
Finanzas climáticas injustas: El acceso al capital sigue siendo costoso y escaso para países del Sur global, debido a modelos de riesgo obsoletos y sesgos estructurales en agencias calificadoras e inversionistas. El discurso reafirma la necesidad de ampliar el uso de herramientas como los canjes de deuda por acción climática, una demanda compartida por el OFC.
Minerales y neoextractivismo: Guterres reconoce que los minerales críticos para la transición —frecuentemente extraídos en el Sur global— están reproduciendo patrones de despojo, degradación ambiental y relegación en las cadenas de valor. Llama a romper con el modelo extractivo dominante.
Tratados de inversión que bloquean la transición: El Secretario General denunció el uso de cláusulas de protección a inversionistas para frenar políticas climáticas. Señaló que los intereses fósiles están utilizando mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) como arma legal para obstaculizar la transición energética, especialmente en países en desarrollo. Urgió a modernizar estos tratados y repensar su rol dentro de una arquitectura comercial compatible con la justicia climática.
El Secretario General propuso seis líneas de acción: 1) rediseñar los planes climáticos nacionales para una transición coherente y completa; 2) construir infraestructura energética del siglo XXI (redes, almacenamiento, electrificación); 3) atender la nueva demanda de energía con renovables; 4) garantizar una transición justa para trabajadores, pueblos indígenas y comunidades afectadas; 5) reformar el comercio e inversión internacional para favorecer la transición; y 6) transformar la arquitectura financiera global.
Desde el Observatorio de Finanzas y Clima, reconocemos el valor de este discurso como síntoma del creciente consenso técnico y político en torno a la urgencia climática. Sin embargo, advertimos que sin un cambio profundo en las reglas de financiamiento, deuda, comercio y fiscalidad internacional, la transición energética corre el riesgo de consolidar nuevas formas de desigualdad y dependencia. Una era limpia sí, pero también justa y soberana.
