En la coyuntura ecuatoriana no conviene eliminar (de golpe) los subsidios a combustibles por razones macroeconómicas, distributivas e institucionales. Bajo dolarización no hay política monetaria que amortigüe un shock de precios relativos: si el diésel y el GLP saltan, el traspaso a fletes, alimentos y medicinas llega rápido y los salarios reales caen—sobre todo en hogares de ingresos bajos, donde transporte y comida pesan mucho en la canasta. El propio BCE muestra que “Transporte” suele ser de las divisiones con mayor incidencia mensual en el IPC; presionar ese componente sin amortiguadores arriesga acelerar una inflación que luego no se puede “esterilizar” con tipo de cambio o tasa de interés.
El multiplicador de recortes sobre el consumo de los hogares pobres y de los pequeños productores es alto: retirarles poder de compra enfría la demanda interna, encarece la logística y puede cortar producción local (agro, pesca artesanal, construcción). Lo que el fisco “ahorra” puede diluirse por menor recaudación de IVA y por compensaciones que inevitablemente hay que pagar para evitar alzas de pasajes y quiebras de operadores. No es teórico: el anuncio oficial ya reconoce subsidios transitorios directos al transporte por alrededor de USD 220 millones y otras ayudas, que recortan el ahorro neto y, si se ejecutan tarde o mal, no evitan el impacto en precios.
En términos de señales y credibilidad, saltos bruscos en precios administrados bajo un tejido social frágil (y con memoria de Octubre 2019 y Junio 2022) aumentan el riesgo de conflictividad y de paros que, a la postre, cuestan más en PIB, empleo y recaudación que el ahorro presupuestario buscado. Esa prima de riesgo social puede neutralizar mejoras puntuales del riesgo país; y no hay evidencia de que un “shock” por sí mismo atraiga financiamiento más barato sin una narrativa creíble de servicios públicos mejores. El propio programa con el FMI, aunque promueve focalización y corrección de precios, ha venido avalando pasos graduales (p. ej., la reforma del mecanismo de precios de gasolina de bajo octanaje en 2024 y la eliminación del diésel sólo para un sector en 2025), no un desmantelamiento súbito y generalizado. Eso sugiere que incluso en la hoja de ruta oficial la secuencia importa.
Desde la distribución, un alza pareja castiga más a territorios donde cada kilómetro cuesta: Amazonía, zonas rurales y fronterizas. Allí el diésel es insumo de riego, faena y transporte a mercados; sin diésel productivo focalizado y sin alternativas reales (crédito para recambio tecnológico, redes eléctricas robustas y tarifa social de energía), el shock empuja a abandonar producción o a informalizar costos. En cocción, mover el GLP sin transición vuelve a hogares pobres a combustibles sólidos, con efectos sanitarios y de tiempo de cuidado no remunerado. En términos de diseño de política, los subsidios—aunque ineficientes—actúan hoy como segundo mejor frente a fallas de mercado (transporte público insuficiente, crédito caro, baja densidad de redes) y de Estado (protección social con cuellos de botella). Quitar el “parche” antes de arreglar la carretera crea más baches que soluciones.
En lo fiscal, los números grandes existen, pero hay que leerlos con cuidado: para 2024, Finanzas y EP Petroecuador proyectaron subsidios a combustibles de ~USD 3.093 millones (49% diésel, 24% GLP, 20% gasolinas). Eso da escala, sí; pero pasar de ese gasto implícito a ahorro efectivo exige 1) que el Estado no lo “reemplace” por compensaciones permanentes mal focalizadas, y 2) que el costo en actividad e ingresos no erosione la base tributaria. En países con alta informalidad como Ecuador, esos dos supuestos rara vez se cumplen si la reforma no es gradual y con buen padrón social.
Además, la aritmética social importa, porque el costo de la Canasta Familiar Básica ya roza el ingreso del hogar tipo; cualquier alza de transporte empuja más hogares al límite. Una reforma bien hecha debería empezar por proteger explícitamente esa relación (bloque vital de energía, bonos de movilidad territoriales, contratos con operadores de transporte que amarren compensación a frecuencias y calidad), y recién luego reducir el subsidio según bandas y con cláusulas de pausa si el petróleo internacional se dispara.
En un país dolarizado, con redes públicas tensas y alta informalidad, eliminar subsidios hoy y de golpe es económicamente ineficiente y fiscalmente riesgoso. Si el objetivo es responsabilidad fiscal, la vía dominante no es el hachazo, sino la secuencia: primero capacidad de focalización y protección social que funcione en territorio, alternativas de energía y transporte, y compromisos verificables de uso del ahorro (salud, educación, seguridad); después, bandas y recortes medidos. Incluso el ancla del programa con el FMI apunta a focalizar y alinear gradualmente, no a un salto ciego. En este contexto, la decisión responsable no es “no cambiar”, sino no eliminar ahora sin haber construido antes el puente que evite que el ajuste caiga, otra vez, sobre quienes menos margen tienen.
Por Pablo Iturralde y los comentarios del equipo de CDES.
No llegamos al azar, para pagar 800 millones a Chevron, justo en medio de una crisis sin precedentes. Las decisiones de varios gobiernos son responsables: Bajo Lenín Moreno, con Íñigo Salvador en la Procuraduría, el país pasó de defender la sentencia de Lago Agrio a acatar activamente el laudo arbitral: se proyectó su autoridad ante cortes extranjeras (incluida la carta a la Corte Suprema de Canadá) y se instaló la lógica de “cumplir para pagar menos”, incluso atando financiamiento externo al eventual pago. Con Guillermo Lasso, esa línea se institucionalizó: reingreso al CIADI, impulso a TBI y una defensa internacional que no revirtió nada en Países Bajos. Daniel Noboa hereda el expediente perdido y opta por pagar USD 800 millones, priorizando “cerrar” el frente externo aunque ello desplace gasto social y la remediación en la Amazonía. Además se ha mostrado como pro tratados bilaterales de inversión con arbitraje internacional (donde la mayoría de las veces los estados pierden contra la corporación).
Estamos frente una situación polémica, injusta, donde el contaminador no paga y, en cambio, el Estado socializa la factura. Recientemente se acaban de reducir los subsidios al diesel en una cantidad similar al laudo que el país debe pagar. Esta continuidad de gobierno a gobierno es la verdadera irresponsabilidad: subordinar la justicia ambiental y la soberanía jurídica a un andamiaje arbitral que nos pone de rodillas. Acá unos breves cálculos del impacto fiscal:
Si hacemos comparaciones sectoriales, la Proforma 2025 proyecta ingresos por USD 27.440 millones y gastos por USD 33.065 millones, con un déficit de USD 5.625 millones (4,4% del PIB) (MEF, 2025a). Un pago de USD 800 millones equivale al 14,2% del déficit proyectado y presionaría a la caja pública si no se compensa con ingresos nuevos o recortes (MEF, 2025a). Respecto al tamaño de la economía, el PIB nominal 2024 fue USD 124.676 millones; el pago es 0,64% del PIB (BCE, 2025a). El presupuesto del MSP para 2025 ronda USD 2.959 millones; un pago de USD 800 millones representa 27% de ese monto (Lupa, 2025). En Educación, la ejecución prorrogada 2025 asciende a USD 4.011 millones; el pago equivale a 20% de ese volumen anual (Asamblea Nacional, 2025b).
Contexto macro y de financiamiento. El Banco Central prevé crecimiento del 2,8% en 2025 (BCE, 2025b). El programa con el FMI fue aumentado a USD 5.000 millones y habilitó un desembolso inmediato de USD 600 millones tras la segunda revisión (FMI, 2025a, 2025b). Además, el Gobierno anunció el retiro del subsidio al diésel (ahorro anual estimado USD 1.100 millones), un orden de magnitud comparable al laudo (Reuters, 2025). La estructura del gasto es rígida (>80% atado a sueldos, deuda y preasignaciones), por lo que el ajuste tiende a recaer sobre inversión y bienes/servicios si se paga al contado.
¿Cómo se pagaría y qué efectos tiene? Si se paga en efectivo, el “crowding-out” afectaría medicinas, inversión y transferencias. Si se financia con deuda, aumenta el servicio futuro; si se escalona, reduce el bache de caja pero prolonga la restricción (MEF, 2025a; FMI, 2025a).
Usos alternativos (escalas comparables).
Protección social (BDH). El BDH es USD 55/mes. Con USD 800 millones se financian 1,21 millones de hogares-año (MIES, 2025).
Salud. El Ejecutivo anunció compras masivas de medicinas por USD 60 millones; USD 800 millones equivalen a 13 paquetes de ese tamaño (Primicias, 2025a). Para ambulancias y tomógrafos de 64 cortes, los costos unitarios referenciales en procesos SERCOP se ubican en rangos de USD 75.000–150.000 por ambulancia y USD 650.000–1.000.000 por tomógrafo; así, USD 800 millones permitirían, por ejemplo, 5.300–10.600 ambulancias o 800–1.230 tomógrafos (SERCOP, 2021, 2023; SERCOP, s. f.).
Educación. USD 800 millones podrían cubrir 20% del presupuesto anual del ministerio o “cerrar” cuellos de inversión priorizada un año (Asamblea Nacional, 2025b).
Digamos que ya no hay nada qué hacer, nos podemos limitar a alagunas recomendaciones técnicas: (i) fijar una regla de no desplazamiento social (cada USD pagado por laudo ≥1 USD adicional para medicinas, alimentación escolar y transferencias); (ii) transparencia trimestral sobre el financiamiento del laudo y la protección de la canasta social; (iii) explorar un fideicomiso amazónico de remediación con cofinanciamiento reputacional donde los recursos de laudo sean invertidos en la Amazonía; (iv) acelerar inversión ya aprobada en agua, salud primaria y conectividad escolar (MEF, 2025a; BCE, 2025b).
Bien, para pagar USD 800 millones hoy es 0,64% del PIB y 14,2% del déficit 2025; a escala sectorial, equivale a 27% del MSP o 20% de Educación. Sin cuotas y blindajes sociales, ese monto desplaza medicinas, escuelas y transferencias que el país necesita (MEF, 2025a; Lupa, 2025; Asambleaa Nacional, 2025b; BCE, 2025a).
Referencias
Asamblea Nacional del Ecuador. (2025a, 4 de septiembre). Asamblea aprueba la Proforma Presupuestaria 2025 y la Programación Cuatrianual. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/109209-asamblea-aprueba-la-proforma-presupuestaria-2025-y-la
Asamblea Nacional del Ecuador. (2025b, 8 de septiembre). Carteras del sector educativo exponen ejecución presupuestaria 2025 ante la Comisión de Educación [nota de prensa)
Banco Central del Ecuador (BCE). (2025a). Estadísticas del Sector Real (PIB nominal 2024, preliminar).
Banco Central del Ecuador (BCE). (2025b, 15 de abril). Programación Macroeconómica Sector Real 2025–2028 (pdf).
Fondo Monetario Internacional (FMI). (2025b, 21 de julio). Ecuador—Second Review under the Extended Arrangement under the Extended Fund Facility (Country Report). https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/07/21/Ecuador-Second-Review-under-the-Extended-Arrangement-under-the-Extended-Fund-Facility-568812
Lupa. (2025, 4 de agosto). ¿Gobierno de Noboa recortó el presupuesto de salud?
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (2025a, 22 de agosto). Proforma presupuestaria 2025 prioriza la atención social.
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (2025b, 22 de agosto). Proforma 2025 (documentación y anexos). https://www.finanzas.gob.ec/proforma-2025-22-de-agosto-de-2025/
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). (2025). ¿Qué tipos de bonos y pensiones entrega el MIES?
Primicias. (2025a, 21 de agosto). Gobierno de Ecuador ofrece recuperar USD 60 millones para compra masiva de medicinas por la crisis de salud.
Primicias. (2025b, 5 de septiembre). El Presupuesto 2025 de Ecuador muestra un Estado con el gasto atado de manos (análisis). https://www.primicias.ec/revistagestion/analisis/presupuesto-general-estado-ecuador-gasto-deuda-ingresos-104506/
Reuters. (2025, 13 de septiembre). Gobierno de Ecuador anuncia retiro de subsidio a diésel (ahorro anual US$1.100 millones).
Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). (2021). Adquisición de equipo de tomografía de 64 cortes – Hospital Miguel Hilario Alcívar (presupuesto referencial: USD 655.200) (pdf). https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2021/11/aviso_union_europea_equipamiento_tomografia_-signed.pdf
Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). (2023). Aviso de contratación – equipos de imagen (tablas de mantenimiento y referencias de tomografía 64 cortes) (pdf). https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2023/06/aviso_de_contratacion_tomografos.pdf
Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). (s. f.). Proceso de contratación – referencia ambulancias (Q&A con rangos referenciales por tipo). https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/PC/pregunta.cpe?id=OKTHYyWm6T20HYZLwnIQZuLxopzvsywuTdBR5QIBH_I%2C&pagina=5
En la última cumbre amazónica, Brasil puso sobre la mesa un nuevo mecanismo para cuidar los bosques: el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés). La idea parece sencilla: juntar un fondo internacional con aportes de gobiernos y donantes, invertir ese dinero de manera segura y, con las ganancias, pagar cada año a los países amazónicos por cada hectárea de bosque que logren conservar.
El atractivo está en la previsibilidad. A diferencia de los mercados de carbono, donde los precios suben y bajan y no siempre hay compradores, el TFFF promete un flujo estable de dinero año tras año, sin tener que vender “permisos de contaminación”.
¿Cómo funcionaría?
Cada hectárea de bosque recibe un pago fijo, de unos 4 dólares por año según las primeras ideas.
El dinero saldría de las utilidades de un gran portafolio de inversión global.
Países como Ecuador, Perú o Colombia recibirían recursos de acuerdo a cuántas hectáreas de bosque mantengan en pie.
Los puntos débiles
Aunque suena bien, el diseño trae varias dudas:
Precio demasiado bajo: 4 dólares por hectárea difícilmente cubren el costo real de proteger un bosque donde hay minería ilegal, cultivos de droga o presiones por ganadería y palma. Solo el monitoreo y el control cuestan mucho más.
Dependencia de la bolsa: si el fondo se financia con inversiones de mercado, los pagos podrían variar según la rentabilidad. Eso significa que podría haber años con menos dinero justo cuando más se necesita para frenar la deforestación.
Problemas de cambio de moneda: si los pagos llegan en dólares y deben convertirse a monedas locales, una devaluación podría recortar el incentivo para las comunidades y autoridades locales.
Burocracia y costos ocultos: un fondo internacional siempre implica capas de gestores, auditores y consultores. Mientras más intermediarios, menos recursos llegan directo a las comunidades.
Coherencia política: de nada sirve pagar por conservar bosques si al mismo tiempo los gobiernos autorizan nuevas minas, carreteras o pozos petroleros que destruyen esos mismos bosques. El TFFF podría convertirse en maquillaje verde si no se acompaña de políticas claras contra la expansión extractiva.
El gran ausente: la deuda
Lo más llamativo es lo que no se discutió. En esta cumbre, los presidentes amazónicos no hablaron de alivio de deuda externa, un tema clave para liberar recursos fiscales en países que destinan buena parte de su presupuesto al pago de acreedores. Sin esa recomposición, los fondos como el TFFF corren el riesgo de financiar “islas de conservación” mientras hospitales, escuelas y sistemas de control ambiental siguen desfinanciados.
Bogotá. La agenda amazónica desembarca en la capital colombiana con dos carriles: el encuentro de pueblos y sociedad civil (19–21 de agosto, Universidad Nacional) y la reunión presidencial del 22 de agosto. En paralelo, del 18 al 23 se realizará el tejido ciudadano “Arropamos para proteger el medio ambiente, el territorio y los pueblos” en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. La secuencia no es menor: lo que se diga abajo debería subir, primero al Consejo de Cooperación Amazónica y a los cancilleres (21 de agosto) y, por último, a los presidentes. Ese es el canal para que las demandas sociales se conviertan en compromisos estatales.
Qué sabemos (y por qué importa)
Fechas y sede. El Encuentro Regional Amazónico será 19–21 de agosto en la Universidad Nacional (Bogotá) y espera alrededor de 500 participantes de la región. El 22 se verán los presidentes.
Proceso previo. Los Diálogos Amazónicos Regionales se realizaron del 24 de julio al 6 de agosto con representantes de los ocho países de la OTCA, pueblos indígenas, academia y sociedad civil. Sus insumos alimentan la declaración final.
Engranaje institucional. El 21 de agosto sesionan el Consejo de Cooperación Amazónica y la reunión de cancilleres para consolidar y elevar el texto a los presidentes.
Otro eje ciudadano.“Arropamos…” convoca del 18 al 23 de agosto en el Centro de Memoria, como espacio de articulación social paralelo a la agenda oficial.
Temas sobre la mesa. Además de derechos territoriales y seguridad ambiental, la conversación pone foco en finanzas: financiamiento climático, trazabilidad para oro/madera y gobernanza regional.
La ventana financiera: qué podría cambiar si se escribe bien
1) Jubileo y alivio de deuda con sentido climático. Desde la Declaración de Belém (2023), los países amazónicos acordaron explorar mecanismos innovadores que incluyan canjes de deuda por acción climática. La sociedad civil empuja ahora por ir más allá de canjes “pequeños” y avanzar hacia condonación sustantiva que libere espacio fiscal para salud, control forestal y una bioeconomía sin deforestación. La clave: que lo acordado sea vinculante y medible, y que los ahorros se asignen con transparencia.
2) Financiamiento climático que no genere más deuda. Organizaciones y expertos piden donaciones y pagos por resultados (bien auditados) antes que nuevos préstamos. En paralelo, se propone crear o reforzar fondos soberanos amazónicos bajo ley nacional con acceso directo para pueblos indígenas y comunidades, evitando la intermediación costosa que diluye el impacto. (WWF resume qué está en juego para Bogotá camino a la COP30).
3) Bonos Amazónicos… con salvaguardas. El BID y el Banco Mundial presentaron lineamientos para “Bonos Amazonía”. Son una oportunidad para atraer capital, si se garantizan salvaguardas sociales, no se colateraliza la naturaleza y se evitan métricas de impacto “creativas”. De lo contrario, el instrumento podría derivar en greenwashing financiero.
4) Cerrar la “canilla” de la fuga de divisas. Otra prioridad que asoma es la justicia fiscal: reglas anti–paraísos fiscales, registro de beneficiarios finales y control de precios de transferencia en extractivas y cadenas de commodities. Sin esto, cualquier inyección de recursos se irá por la alcantarilla. (Varios análisis periodísticos vinculan esta agenda con los esfuerzos contra el crimen ambiental y la trazabilidad).
Oportunidades: dónde puede moverse la aguja esta semana
Itinerario con “puerta de entrada”. La secuencia Diálogos → Consejo OTCA → Cancilleres → Presidentes abre una ventana real para meter lenguaje concreto sobre jubileo, fondos no reembolsables, acceso directo y trazabilidad. El reto es que quede escrito y con plazos.
Narrativa regional rumbo a la COP30. Bogotá puede unificar posición amazónica en finanzas, seguridad ambiental y derechos, para llegar con peso político a Belém.
Riesgos: lo que podría salir mal (otra vez)
Simbolismo sin dientes. Declaraciones bonitas sin obligatoriedad ni metas cuantificadas. Es el riesgo número uno.
Cooptación o “tokenización”. Participación social sin poder de decisión. Las redes amazónicas piden mecanismo OTCA–SOCIAL permanente y sillas con voto; no basta con fotos.
Seguridad y protección a defensores. La región sigue siendo peligrosa para quienes defienden el bosque; Escazú ofrece estándares de protección que deben nombrarse en la declaración.
Desvío de agenda por tensiones bilaterales. La disputa por la Isla Santa Rosa entre Colombia y Perú escaló en los últimos días y puede eclipsar acuerdos de fondo si no se maneja con prudencia diplomática.
Greenwashing financiero. Bonos o canjes pequeños, con altos costos de transacción y poca transparencia, que no cambian la restricción externa ni frenan la deforestación. (Los análisis sobre canjes recientes en la región señalan límites y lecciones).
Qué mirar en el documento final
Una frase explícita de “jubileo/condonación de deuda” con destino social–ambiental verificable.
Compromiso de “financiamiento climático no generador de deuda” y acceso directo a pueblos/comunidades.
Salvaguardas para Bonos Amazonía (no colateralizar naturaleza; métricas serias; auditorías públicas).
Trazabilidad de oro y madera y cooperación judicial transfronteriza.
Mecanismo OTCA–SOCIAL con asiento decisorio y seguimiento postcumbre.
Bogotá tendrá sentido si la voz de los territorios entra al texto… y si el texto mueve dinero real —sin crear nueva deuda— hacia quienes cuidan la selva.
La supuesta “prioridad social” que el gobierno y el FMI repiten en comunicados y memorandos no ha impedido que el presupuesto en salud se recorte. En el marco del programa con el FMI, “proteger el gasto social” significa fijar un piso para transferencias monetarias focalizadas (bonos y ayudas a hogares de menores ingresos), pero no existe un compromiso equivalente para blindar el gasto del Ministerio de Salud Pública o del conjunto de la competencia Salud en el Presupuesto General del Estado.
Este diseño deja la puerta abierta para que, aun cumpliendo las metas sociales del acuerdo —por ejemplo, número de familias beneficiarias de transferencias—, se reduzcan asignaciones a hospitales, centros de salud, medicinas e infraestructura sanitaria. En 2024 esto se tradujo en un recorte abrupto al presupuesto codificado de salud a fin de año (–USD 1.249 millones entre noviembre y diciembre), que bajó la ejecución al 2,33 % del PIB, la cifra más baja en más de una década. Además, como 2025 arrancó con presupuesto prorrogado, se arrastró esa base reducida, consolidando el retroceso.
El FMI avala esta lógica porque sus metas fiscales se centran en el déficit, el endeudamiento y la liquidez, no en asegurar un porcentaje mínimo del PIB para salud. La priorización práctica, tanto del gobierno como del Fondo, ha sido sostener la cobertura de bonos, mientras se recortan o difieren pagos en salud para cumplir las metas de consolidación fiscal. Así, la narrativa de “proteger lo social” convive con la realidad de un sistema de salud con menos recursos, más presión sobre su personal y mayor deterioro en la atención.
Un Jubileo de la deuda no es solo un planteamiento moral, es además una condición macroeconómica para que la Amazonía pueda sobrevivir. En general, en el Sur global, la variable escasa no son los presupuestos en moneda local sino las divisas, es a lo que se llama la restricción externa. Cuando esta es la realidad, la urgencia por “conseguir dólares como sea” desplaza cualquier otra prioridad, incluyendo la protección de bosques, ríos y pueblos. Bajo esa lógica, la deuda externa se vuelve la válvula de escape de una balanza de pagos crónicamente tensionada; y, así mismo, los países de Amazonía tiene esa basta tegión como principal fuente de recursos naturales para venderla y generar fuentes de finanzas.
Siguiendo las mejores tradiciones estructuralistas, el punto de partida debe ser cuestionar el intercambio desigual comercial, financiero y ecológico. En el plano comercial, la periferia amazónica exporta bienes primarios con bajo contenido tecnológico y alta volatilidad de precios, e importa manufacturas y servicios intensivos en conocimiento. A igual cantidad de trabajo y naturaleza incorporada, el valor agregado que queda en origen es menor: se transfiere excedente al centro. En el plano ecológico, el sesgo es más profundo: los precios de mercado no pagan ni la reposición de los ciclos ecológicos ni los servicios de regulación climática que prestan los bosques húmedos. Y sin embargo, el Sur global se queda con los daños ambientales y el Norte recibe los depósitos de las ganancias. La huella material y de carbono de cada dólar exportado desde la Amazonía es sistemáticamente mayor que la huella de cada dólar importado; la diferencia se asienta como deuda ecológica no reconocida. La región vende barato naturaleza viva y compra caro conocimiento, patentes, regalías y financiamiento público y privado.
Cuando se mira la deuda desde la balanza de pagos —y no solo desde el presupuesto— aparece la causalidad omitida por el credo fiscalista. Incluso con déficit fiscal cero, un país puede endeudarse si su cuenta corriente es negativa o si su cuenta financiera drena más de lo que aporta. Muy poco se habla de esto entre la economía liberal que siempre ve la causa del problema, para todo, en el déficit fiscal. Así, la imposibilidad de retener divisas proviene de varias vías: déficits comerciales en ramas estratégicas; repatriación de utilidades; intereses, regalías y servicios empresariales que eluden la tributación; flujos financieros ilícitos que se escurren hacia bancos extranjeros y paraísos fiscales; y, en ciclos de apreciación cambiaria inducida por commodities. Todo ello erosiona las reservas internacionales. La respuesta típica es reponerlas con nueva deuda externa, a tasas que suben con el riesgo y con cláusulas que reducen soberanía nacional regulatoria. La deuda, así, no nace “del gasto irresponsable” sino de la arquitectura de un comercio y unas finanzas internacionales que extraen valor y naturaleza de la periferia.
Esa dinámica empuja a los gobiernos amazónicos a producir divisas acelerando la frontera extractiva. El servicio de la deuda se paga con barriles, toneladas y hectáreas: más pozos sobre suelos frágiles, más carreteras que fragmentan bosques, más represas que interrumpen ríos sedimentarios, más petróleo y minería, palma y ganadería sobre territorios indígenas. La cadena es inexorable: amortizaciones e intereses vencen en dólares; para cumplir, se negocian “pre financiamientos” de crudo, se flexibilizan licencias, se monetizan reservas de minerales, se ofrecen exenciones tributarias y estabilidad jurídica a gran escala. Mientras tanto la Amazonía se convierte en colateral financiero y en fuente de caja. Y aunque para algunos es un problema local, en realidad cada árbol derribado y cada tonelada de carbono liberada elevan la factura climática global que, paradójicamente, vuelve a la región en forma de eventos extremos y pérdidas económicas.
Un Jubileo 2025 orientado a cancelar deuda externa pública no es, por tanto, un «perdono»: es una corrección de un balance mal llevado entre deudas financieras del Sur y deudas ecológicas del Norte. Condonar deuda quita presión sobre reservas y libera a los gobiernos de la urgencia de convertir el bosque en dólares. Sin embargo, y esto es muy importante, un Jubileo eficaz debe aprender de los límites de los “canjes de deuda” que ahora están de moda. Los mecanismos que truecan pequeños descuentos por condicionamientos ambientales gestionados por fideicomisos con gobernanza externa no alteran la restricción externa ni tocan la raíz del intercambio desigual; convierten la naturaleza en colateral de instrumentos más complejos y trasladan decisiones estratégicas a directorios donde predominan intereses ajenos. Si la meta es salvar la Amazonía, se necesita magnitud, mucho más que cosmética. Solo con reducción sustantiva de stock y servicio de deuda, sin empaquetarla en vehículos que perpetúan dependencia, podremos ver resultados significativos.
El razonamiento macroeconómico es simple: cuando un país gasta más divisas de las que obtiene, solo puede cubrir esa brecha con financiamiento externo; si entran más divisas de las que salen, se acumulan reservas. Cancelar deuda reduce los pagos en moneda extranjera y, con términos comerciales constantes, mejora la balanza de ingresos primarios. Si además se frenan las salidas por repatriación de utilidades y flujos ilícitos mediante reglas efectivas, la necesidad de nueva deuda cae aún más. Una posición externa más sólida reduce el riesgo país y abarata el crédito para financiar la transformación productiva.
La condonación, además, debe reconocer explícitamente la deuda ecológica acumulada. Si el Norte se ha beneficiado por décadas de un sumidero de carbono y de materias primas subvaluadas, el punto de equilibrio no es “aliviar” el pago del Sur, sino dar respuestas extraordinarias correspondientes a una crisis ecológica colosal. Eso se traduce en transferencias no reembolsables para restauración y cuidados —no en préstamos verdes que reencadenan—, en financiamiento para ciencia y tecnología abiertas en bioeconomía, y en respaldo a esquemas de ingreso y servicios públicos que desenganchen a los territorios de la necesidad de arrendar su subsuelo.
Salvar la Amazonía exige tiempo político y fiscal. Un programa serio de moratoria a nuevas concesiones de hidrocarburos y minería en la selva —acompañado de la reconversión energética y logística para reducir la presión sobre el territorio— solo es creíble si el Estado no está atado a vencimientos en dólares cada trimestre. ¿Es viable una condonación de esa magnitud? Pues… hay un llamado inequívoco del Vaticano a un Jubileo 2025. Y hay que convencerse de que para “volver posible lo que hoy parece imposible”, el primer paso es abrir el debate, construir consenso y mover la ventana de lo políticamente realizable.
