Bogotá. La agenda amazónica desembarca en la capital colombiana con dos carriles: el encuentro de pueblos y sociedad civil (19–21 de agosto, Universidad Nacional) y la reunión presidencial del 22 de agosto. En paralelo, del 18 al 23 se realizará el tejido ciudadano “Arropamos para proteger el medio ambiente, el territorio y los pueblos” en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. La secuencia no es menor: lo que se diga abajo debería subir, primero al Consejo de Cooperación Amazónica y a los cancilleres (21 de agosto) y, por último, a los presidentes. Ese es el canal para que las demandas sociales se conviertan en compromisos estatales.
Qué sabemos (y por qué importa)
Fechas y sede. El Encuentro Regional Amazónico será 19–21 de agosto en la Universidad Nacional (Bogotá) y espera alrededor de 500 participantes de la región. El 22 se verán los presidentes.
Proceso previo. Los Diálogos Amazónicos Regionales se realizaron del 24 de julio al 6 de agosto con representantes de los ocho países de la OTCA, pueblos indígenas, academia y sociedad civil. Sus insumos alimentan la declaración final.
Engranaje institucional. El 21 de agosto sesionan el Consejo de Cooperación Amazónica y la reunión de cancilleres para consolidar y elevar el texto a los presidentes.
Otro eje ciudadano.“Arropamos…” convoca del 18 al 23 de agosto en el Centro de Memoria, como espacio de articulación social paralelo a la agenda oficial.
Temas sobre la mesa. Además de derechos territoriales y seguridad ambiental, la conversación pone foco en finanzas: financiamiento climático, trazabilidad para oro/madera y gobernanza regional.
La ventana financiera: qué podría cambiar si se escribe bien
1) Jubileo y alivio de deuda con sentido climático. Desde la Declaración de Belém (2023), los países amazónicos acordaron explorar mecanismos innovadores que incluyan canjes de deuda por acción climática. La sociedad civil empuja ahora por ir más allá de canjes “pequeños” y avanzar hacia condonación sustantiva que libere espacio fiscal para salud, control forestal y una bioeconomía sin deforestación. La clave: que lo acordado sea vinculante y medible, y que los ahorros se asignen con transparencia.
2) Financiamiento climático que no genere más deuda. Organizaciones y expertos piden donaciones y pagos por resultados (bien auditados) antes que nuevos préstamos. En paralelo, se propone crear o reforzar fondos soberanos amazónicos bajo ley nacional con acceso directo para pueblos indígenas y comunidades, evitando la intermediación costosa que diluye el impacto. (WWF resume qué está en juego para Bogotá camino a la COP30).
3) Bonos Amazónicos… con salvaguardas. El BID y el Banco Mundial presentaron lineamientos para “Bonos Amazonía”. Son una oportunidad para atraer capital, si se garantizan salvaguardas sociales, no se colateraliza la naturaleza y se evitan métricas de impacto “creativas”. De lo contrario, el instrumento podría derivar en greenwashing financiero.
4) Cerrar la “canilla” de la fuga de divisas. Otra prioridad que asoma es la justicia fiscal: reglas anti–paraísos fiscales, registro de beneficiarios finales y control de precios de transferencia en extractivas y cadenas de commodities. Sin esto, cualquier inyección de recursos se irá por la alcantarilla. (Varios análisis periodísticos vinculan esta agenda con los esfuerzos contra el crimen ambiental y la trazabilidad).
Oportunidades: dónde puede moverse la aguja esta semana
Itinerario con “puerta de entrada”. La secuencia Diálogos → Consejo OTCA → Cancilleres → Presidentes abre una ventana real para meter lenguaje concreto sobre jubileo, fondos no reembolsables, acceso directo y trazabilidad. El reto es que quede escrito y con plazos.
Narrativa regional rumbo a la COP30. Bogotá puede unificar posición amazónica en finanzas, seguridad ambiental y derechos, para llegar con peso político a Belém.
Riesgos: lo que podría salir mal (otra vez)
Simbolismo sin dientes. Declaraciones bonitas sin obligatoriedad ni metas cuantificadas. Es el riesgo número uno.
Cooptación o “tokenización”. Participación social sin poder de decisión. Las redes amazónicas piden mecanismo OTCA–SOCIAL permanente y sillas con voto; no basta con fotos.
Seguridad y protección a defensores. La región sigue siendo peligrosa para quienes defienden el bosque; Escazú ofrece estándares de protección que deben nombrarse en la declaración.
Desvío de agenda por tensiones bilaterales. La disputa por la Isla Santa Rosa entre Colombia y Perú escaló en los últimos días y puede eclipsar acuerdos de fondo si no se maneja con prudencia diplomática.
Greenwashing financiero. Bonos o canjes pequeños, con altos costos de transacción y poca transparencia, que no cambian la restricción externa ni frenan la deforestación. (Los análisis sobre canjes recientes en la región señalan límites y lecciones).
Qué mirar en el documento final
Una frase explícita de “jubileo/condonación de deuda” con destino social–ambiental verificable.
Compromiso de “financiamiento climático no generador de deuda” y acceso directo a pueblos/comunidades.
Salvaguardas para Bonos Amazonía (no colateralizar naturaleza; métricas serias; auditorías públicas).
Trazabilidad de oro y madera y cooperación judicial transfronteriza.
Mecanismo OTCA–SOCIAL con asiento decisorio y seguimiento postcumbre.
Bogotá tendrá sentido si la voz de los territorios entra al texto… y si el texto mueve dinero real —sin crear nueva deuda— hacia quienes cuidan la selva.
La supuesta “prioridad social” que el gobierno y el FMI repiten en comunicados y memorandos no ha impedido que el presupuesto en salud se recorte. En el marco del programa con el FMI, “proteger el gasto social” significa fijar un piso para transferencias monetarias focalizadas (bonos y ayudas a hogares de menores ingresos), pero no existe un compromiso equivalente para blindar el gasto del Ministerio de Salud Pública o del conjunto de la competencia Salud en el Presupuesto General del Estado.
Este diseño deja la puerta abierta para que, aun cumpliendo las metas sociales del acuerdo —por ejemplo, número de familias beneficiarias de transferencias—, se reduzcan asignaciones a hospitales, centros de salud, medicinas e infraestructura sanitaria. En 2024 esto se tradujo en un recorte abrupto al presupuesto codificado de salud a fin de año (–USD 1.249 millones entre noviembre y diciembre), que bajó la ejecución al 2,33 % del PIB, la cifra más baja en más de una década. Además, como 2025 arrancó con presupuesto prorrogado, se arrastró esa base reducida, consolidando el retroceso.
El FMI avala esta lógica porque sus metas fiscales se centran en el déficit, el endeudamiento y la liquidez, no en asegurar un porcentaje mínimo del PIB para salud. La priorización práctica, tanto del gobierno como del Fondo, ha sido sostener la cobertura de bonos, mientras se recortan o difieren pagos en salud para cumplir las metas de consolidación fiscal. Así, la narrativa de “proteger lo social” convive con la realidad de un sistema de salud con menos recursos, más presión sobre su personal y mayor deterioro en la atención.
Un Jubileo de la deuda no es solo un planteamiento moral, es además una condición macroeconómica para que la Amazonía pueda sobrevivir. En general, en el Sur global, la variable escasa no son los presupuestos en moneda local sino las divisas, es a lo que se llama la restricción externa. Cuando esta es la realidad, la urgencia por “conseguir dólares como sea” desplaza cualquier otra prioridad, incluyendo la protección de bosques, ríos y pueblos. Bajo esa lógica, la deuda externa se vuelve la válvula de escape de una balanza de pagos crónicamente tensionada; y, así mismo, los países de Amazonía tiene esa basta tegión como principal fuente de recursos naturales para venderla y generar fuentes de finanzas.
Siguiendo las mejores tradiciones estructuralistas, el punto de partida debe ser cuestionar el intercambio desigual comercial, financiero y ecológico. En el plano comercial, la periferia amazónica exporta bienes primarios con bajo contenido tecnológico y alta volatilidad de precios, e importa manufacturas y servicios intensivos en conocimiento. A igual cantidad de trabajo y naturaleza incorporada, el valor agregado que queda en origen es menor: se transfiere excedente al centro. En el plano ecológico, el sesgo es más profundo: los precios de mercado no pagan ni la reposición de los ciclos ecológicos ni los servicios de regulación climática que prestan los bosques húmedos. Y sin embargo, el Sur global se queda con los daños ambientales y el Norte recibe los depósitos de las ganancias. La huella material y de carbono de cada dólar exportado desde la Amazonía es sistemáticamente mayor que la huella de cada dólar importado; la diferencia se asienta como deuda ecológica no reconocida. La región vende barato naturaleza viva y compra caro conocimiento, patentes, regalías y financiamiento público y privado.
Cuando se mira la deuda desde la balanza de pagos —y no solo desde el presupuesto— aparece la causalidad omitida por el credo fiscalista. Incluso con déficit fiscal cero, un país puede endeudarse si su cuenta corriente es negativa o si su cuenta financiera drena más de lo que aporta. Muy poco se habla de esto entre la economía liberal que siempre ve la causa del problema, para todo, en el déficit fiscal. Así, la imposibilidad de retener divisas proviene de varias vías: déficits comerciales en ramas estratégicas; repatriación de utilidades; intereses, regalías y servicios empresariales que eluden la tributación; flujos financieros ilícitos que se escurren hacia bancos extranjeros y paraísos fiscales; y, en ciclos de apreciación cambiaria inducida por commodities. Todo ello erosiona las reservas internacionales. La respuesta típica es reponerlas con nueva deuda externa, a tasas que suben con el riesgo y con cláusulas que reducen soberanía nacional regulatoria. La deuda, así, no nace “del gasto irresponsable” sino de la arquitectura de un comercio y unas finanzas internacionales que extraen valor y naturaleza de la periferia.
Esa dinámica empuja a los gobiernos amazónicos a producir divisas acelerando la frontera extractiva. El servicio de la deuda se paga con barriles, toneladas y hectáreas: más pozos sobre suelos frágiles, más carreteras que fragmentan bosques, más represas que interrumpen ríos sedimentarios, más petróleo y minería, palma y ganadería sobre territorios indígenas. La cadena es inexorable: amortizaciones e intereses vencen en dólares; para cumplir, se negocian “pre financiamientos” de crudo, se flexibilizan licencias, se monetizan reservas de minerales, se ofrecen exenciones tributarias y estabilidad jurídica a gran escala. Mientras tanto la Amazonía se convierte en colateral financiero y en fuente de caja. Y aunque para algunos es un problema local, en realidad cada árbol derribado y cada tonelada de carbono liberada elevan la factura climática global que, paradójicamente, vuelve a la región en forma de eventos extremos y pérdidas económicas.
Un Jubileo 2025 orientado a cancelar deuda externa pública no es, por tanto, un «perdono»: es una corrección de un balance mal llevado entre deudas financieras del Sur y deudas ecológicas del Norte. Condonar deuda quita presión sobre reservas y libera a los gobiernos de la urgencia de convertir el bosque en dólares. Sin embargo, y esto es muy importante, un Jubileo eficaz debe aprender de los límites de los “canjes de deuda” que ahora están de moda. Los mecanismos que truecan pequeños descuentos por condicionamientos ambientales gestionados por fideicomisos con gobernanza externa no alteran la restricción externa ni tocan la raíz del intercambio desigual; convierten la naturaleza en colateral de instrumentos más complejos y trasladan decisiones estratégicas a directorios donde predominan intereses ajenos. Si la meta es salvar la Amazonía, se necesita magnitud, mucho más que cosmética. Solo con reducción sustantiva de stock y servicio de deuda, sin empaquetarla en vehículos que perpetúan dependencia, podremos ver resultados significativos.
El razonamiento macroeconómico es simple: cuando un país gasta más divisas de las que obtiene, solo puede cubrir esa brecha con financiamiento externo; si entran más divisas de las que salen, se acumulan reservas. Cancelar deuda reduce los pagos en moneda extranjera y, con términos comerciales constantes, mejora la balanza de ingresos primarios. Si además se frenan las salidas por repatriación de utilidades y flujos ilícitos mediante reglas efectivas, la necesidad de nueva deuda cae aún más. Una posición externa más sólida reduce el riesgo país y abarata el crédito para financiar la transformación productiva.
La condonación, además, debe reconocer explícitamente la deuda ecológica acumulada. Si el Norte se ha beneficiado por décadas de un sumidero de carbono y de materias primas subvaluadas, el punto de equilibrio no es “aliviar” el pago del Sur, sino dar respuestas extraordinarias correspondientes a una crisis ecológica colosal. Eso se traduce en transferencias no reembolsables para restauración y cuidados —no en préstamos verdes que reencadenan—, en financiamiento para ciencia y tecnología abiertas en bioeconomía, y en respaldo a esquemas de ingreso y servicios públicos que desenganchen a los territorios de la necesidad de arrendar su subsuelo.
Salvar la Amazonía exige tiempo político y fiscal. Un programa serio de moratoria a nuevas concesiones de hidrocarburos y minería en la selva —acompañado de la reconversión energética y logística para reducir la presión sobre el territorio— solo es creíble si el Estado no está atado a vencimientos en dólares cada trimestre. ¿Es viable una condonación de esa magnitud? Pues… hay un llamado inequívoco del Vaticano a un Jubileo 2025. Y hay que convencerse de que para “volver posible lo que hoy parece imposible”, el primer paso es abrir el debate, construir consenso y mover la ventana de lo políticamente realizable.
En su más reciente intervención, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró con contundencia que la era de los combustibles fósiles está llegando a su fin, mientras se abre paso una nueva etapa de energía limpia. El llamado, sin embargo, va más allá del optimismo tecnológico: urge a repensar las reglas financieras, comerciales y jurídicas que moldean dicha transición.
Según datos del nuevo informe respaldado por la ONU, FMI, AIE, IRENA, OCDE y el Banco Mundial, la inversión mundial en energías limpias alcanzó los 2 billones de dólares en 2023, superando en 800.000 millones a las destinadas a fósiles. Las renovables, además, ya representan casi toda la nueva capacidad instalada de generación eléctrica, con costos cada vez más competitivos. Pero Guterres advierte que estos avances no garantizan una transición justa ni equitativa.
Entre los principales desafíos identificados se encuentran:
Persistencia de subsidios fósiles: A pesar de las señales de mercado, los combustibles fósiles aún gozan de ventajas 9 a 1 en subsidios al consumo, distorsionando precios y frenando inversiones limpias.
Concentración de capacidades y beneficios: Mientras la OCDE y China acumulan el 80 % de la capacidad instalada de renovables, África apenas concentra el 1,5 %. En 2023, solo el 2 % de la inversión global en energía limpia llegó al continente africano.
Finanzas climáticas injustas: El acceso al capital sigue siendo costoso y escaso para países del Sur global, debido a modelos de riesgo obsoletos y sesgos estructurales en agencias calificadoras e inversionistas. El discurso reafirma la necesidad de ampliar el uso de herramientas como los canjes de deuda por acción climática, una demanda compartida por el OFC.
Minerales y neoextractivismo: Guterres reconoce que los minerales críticos para la transición —frecuentemente extraídos en el Sur global— están reproduciendo patrones de despojo, degradación ambiental y relegación en las cadenas de valor. Llama a romper con el modelo extractivo dominante.
Tratados de inversión que bloquean la transición: El Secretario General denunció el uso de cláusulas de protección a inversionistas para frenar políticas climáticas. Señaló que los intereses fósiles están utilizando mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) como arma legal para obstaculizar la transición energética, especialmente en países en desarrollo. Urgió a modernizar estos tratados y repensar su rol dentro de una arquitectura comercial compatible con la justicia climática.
El Secretario General propuso seis líneas de acción: 1) rediseñar los planes climáticos nacionales para una transición coherente y completa; 2) construir infraestructura energética del siglo XXI (redes, almacenamiento, electrificación); 3) atender la nueva demanda de energía con renovables; 4) garantizar una transición justa para trabajadores, pueblos indígenas y comunidades afectadas; 5) reformar el comercio e inversión internacional para favorecer la transición; y 6) transformar la arquitectura financiera global.
Desde el Observatorio de Finanzas y Clima, reconocemos el valor de este discurso como síntoma del creciente consenso técnico y político en torno a la urgencia climática. Sin embargo, advertimos que sin un cambio profundo en las reglas de financiamiento, deuda, comercio y fiscalidad internacional, la transición energética corre el riesgo de consolidar nuevas formas de desigualdad y dependencia. Una era limpia sí, pero también justa y soberana.
En Ecuador, la fusión del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el Ministerio de Energía y Minas —anunciada el 24 de julio de 2025 por el presidente Daniel Noboa como parte de una reducción de 20 a 14 ministerios— implicará consecuencias profundas, riesgos institucionales, retrocesos ambientales y desafíos financieros que conviene valorar con detalle.
Esta decisión se da en un país donde los sectores petrolero y minero no solo representan pilares clave de la economía —aportando una parte sustancial de los ingresos fiscales, las exportaciones y la inversión extranjera—, sino que también concentran conflictos socioambientales, disputas territoriales y tensiones entre desarrollo económico y protección de la naturaleza.
En primer término, organizaciones ambientales como WWF‑Ecuador[i] o CONAIE[ii] han alertado que esta medida representa un retroceso institucional sin precedentes, pues se subordina el órgano encargado de proteger el medioambiente a los intereses del sector de las industrias extractivas, creando un claro conflicto de interés: ahora el controlador y el controlado estarán dentro de la misma estructura. Asimismo, la Coordinadora CEDENMA[iii] expresó que la independencia del MAATE es parte de las garantías para la protección de los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución ecuatoriana; su desaparición equivaldrá a su erosión.
Sobre el plano operativo, se teme que la fusión debilite la capacidad de fiscalización ambiental: la pérdida de autonomía, los despidos de personal técnico y una menor independencia institucional podrían traducirse en un descenso en el control de tala ilegal, minería clandestina, tráfico de fauna y derrames de hidrocarburos, que ya han tenido impactos graves para la salud pública y los ecosistemas, como ocurrió en el derrame en Esmeraldas en marzo de 2025 y después la explosión de la refinería de hidrocarburos en la misma provincia[iv].
El debilitamiento de la institucionalidad en marcha, ya ha traído consecuencias. ¿Qué podemos esperar en el futuro con las fusiones y los nuevos despidos? Solamente en julio de este año, se despidieron unos 250 técnicos especializados de Petroecuador —incluyendo geólogos, geofísicos e ingenieros— en este marco del plan de “optimización” estatal[v]. Sindicatos de trabajadores petroleros como ANTEP y SINTEP advierten que esta decisión amenaza la operatividad de la producción, transporte y comercialización de hidrocarburos, justo cuando un estudio de 2022 ya señalaba un déficit de alrededor de 1.200 profesionales en el sector[vi]. Al mismo tiempo, la fusión del Ministerio de Ambiente con el de Minas implica despidos y reorganización interna que podrían reducir aún más el personal técnico del antiguo MAATE, debilitando su capacidad de fiscalización ambiental, supervisión de proyectos extractivos y protección de los derechos de la naturaleza.
En lo económico, hay también implicaciones relevantes. El gobierno afirma que busca optimizar que estas reformas se realizan con apoyo del FMI, como parte de un plan de austeridad fiscal[vii]. Sin embargo, los ahorros previstos, 0,1% del PIB anual, parecen modestos y podrían venir acompañados de costos ocultos, por ejemplo, si la degradación ambiental reduce ingresos de sectores como el turismo ecológico, pagos por servicios ecosistémicos o potenciales financiamientos internacionales vinculados a biodiversidad y cambio climático.
Noboa ha defendido la fusión citando como modelo a Costa Rica, pero esa comparación es bastante superficial. En Costa Rica, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) existe desde la década de 1990 y funciona en un entorno donde existe una fuerte legislación ambiental, marcos técnicos sólidos, agencias desconcentradas independientes como SETENA (Evaluación de Impacto Ambiental), SINAC (áreas protegidas), DIGECA (calidad ambiental) y estructuras de control claramente separadas dentro del ministerio, más control judicial especializado y acreditación de laboratorios reconociendo estándares internacionales.
Más aún, Costa Rica no cuenta con petróleo ni minería significativa, ha limitado la extracción de combustibles fósiles mediante moratoria hasta 2050, y genera más del 98 % de su electricidad con fuentes renovables. Comparar esa realidad con un país como Ecuador —dependiente históricamente de la renta petrolera y con conflictos sociales derivados de la extracción— es simplemente inapropiado y engañoso.
La fusión no solo supone un cambio administrativo, sino un cambio de paradigma: de conservación al extracción como prioridad, en un momento crítico del cambio climático y la crisis de biodiversidad. Desde una perspectiva tanto financiera como ambiental, el costo podría superar ampliamente los ahorros inmediatos.
[iv] Uno de los más graves desastres naturales en Ecuador, el derrame de más de 25 000 barriles de crudo afectó ríos y manglares en Esmeraldas. Dos meses después, una explosión en la refinería estatal dejó fuera de operación su principal planta petrolera.
El caso de la Exportadora Bananera Noboa S.A., empresa del Grupo Noboa y propiedad de la familia de Álvaro Noboa, padre del presidente del gobierno de Ecuador, es uno de los ejemplos más representativos de evasión y elusión tributaria del país. La deuda tributaria que arrastra desde 2005 expone no solo las debilidades estructurales del sistema fiscal, sino también las tensiones entre poder económico, administración tributaria y finanzas públicas.
El origen de la deuda se remonta al ejercicio fiscal de 2005, cuando el SRI (la autoridad tributaria) detectó irregularidades graves en la subvaloración de exportaciones de banano. La empresa vendía su producto a compañías relacionadas ubicadas en paraísos fiscales, a precios menores al de mercado. Esta maniobra -conocida como precios de transferencia- permitía desviar utilidades al exterior y reducir la base imponible en Ecuador. Según el SRI, la empresa omitió declarar ingresos por cerca de USD 226 millones, lo que implicó un pago adicional de USD 85 millones por Impuesto a la Renta.
El proceso de determinación tributaria extraordinaria derivó en una glosa inicial de USD 46 a 49 millones, que con intereses y multas creció a más de USD 90 millones para 2012. Desde 2007, la empresa inició una extensa batalla legal en todas las instancias disponibles: reclamos administrativos, acciones en el Tribunal Distrital Fiscal, la Corte Nacional de Justicia e incluso cortes extranjeras. Alegó errores técnicos del SRI en el cálculo de los precios de exportación, comparaciones con precios internacionales inadecuados, y la supuesta falta de vínculos con las empresas offshore.
No obstante, el SRI logró demostrar los nexos entre las compañías off-shore y el Grupo Noboa, y la Corte Nacional de Justicia falló finalmente en contra de la empresa, dejando firme la deuda tributaria. Esta victoria legal fue calificada por el entonces director del SRI, Carlos Marx Carrasco, como emblemática en la lucha contra la evasión fiscal, aunque también señaló que este era solo un caso entre muchos: el grupo completo adeudaría al menos otros USD 200 millones por diferentes conceptos.
Así, con la deuda ejecutoriada en firme desde 2012, el Estado desplegó mecanismos de cobro coactivo. Sin embargo, se enfrentó a tácticas de elusión por parte del Grupo Noboa, como la reorganización interna de sus empresas. Mientras litigaban, muchas operaciones comerciales fueron transferidas a otras firmas del conglomerado, dejando a Exportadora Noboa sin activos, sin flujo de negocios y sin posibilidad real de cobro.
El SRI adoptó medidas cautelares. Congelamiento de cuentas, prohibición de enajenar activos y hasta impedimentos de salida del país para Álvaro Noboa. En 2013 se procedió al embargo de bienes, incluyendo terrenos agrícolas, vehículos y aeronaves. El caso más conocido fue el de la Hacienda La Clementina, una plantación bananera de 11.500 hectáreas, incautada en mayo de 2013. La propiedad fue subastada y, con financiamiento público, fue adquirida por una cooperativa de ex trabajadores Noboa.[1]
Pese a estos esfuerzos, el cobro total de la deuda fue limitado. Muchos activos eran difíciles de liquidar o habían sido transferidos a otras razones sociales. Así, aunque el Estado mostró voluntad de confrontar a un grupo económico poderoso, las limitaciones legales y estructurales redujeron la eficacia de la acción fiscal.
Remisiones tributarias y persistencia de la deuda
Entre 2008 y 2022, sucesivos gobiernos impulsaron al menos seis leyes de remisión tributaria. Estas permitían condonar intereses y multas si se pagaba el capital en un plazo determinado. Aunque se presentaban como herramientas para facilitar la regularización tributaria de miles de contribuyentes, también beneficiaban potencialmente a grandes deudores. Sin embargo, Exportadora Noboa se abstuvo sistemáticamente de acogerse a estas facilidades.
Hasta el viernes del 25 de julio del 2025, según el portal de la página web del SRI, la deuda de la empresa Noboa ascendía a unos USD 89 millones: USD 30 millones de capital y casi USD 59 millones en recargos. Aunque la empresa reportaba activos por USD 3,7 millones, su disposición a pagar parecía nula. Según expertos tributarios, este tipo de empresas suelen operar como “cáscaras vacías”, sin patrimonio, lo que imposibilita el cobro. La estructura productiva real ya operaba desde otras razones sociales del grupo.
La llegada de Daniel Noboa y la nueva remisión de 2025
Con la elección de Daniel Noboa como Presidente de la República en 2023, el caso recobró atención pública. Durante la campaña, Noboa fue cuestionado sobre si cobraría la deuda familiar. Su respuesta fue ambigua: dijo que el SRI debía actuar sin intervención política.
No obstante, una de las primeras medidas económicas de su gobierno fue la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública en 2025. Esta norma, vigente desde junio, estableció una nueva remisión de intereses y multas para deudas acumuladas hasta diciembre de 2024, sin excluir a grandes empresas. Según el SRI, se esperaba recaudar hasta USD 100 millones por regularización voluntaria. Pero la polémica surgió al conocerse que entre los beneficiarios potenciales figuraba explícitamente Exportadora Bananera Noboa.
Para julio de 2025, el sistema del SRI ya reflejaba una drástica reducción de la deuda: de USD 98 millones a USD 21,8 millones. Es decir, el Estado condonó más de USD 76 millones en intereses y multas. Aunque legalmente cualquier contribuyente podía acogerse a la ley, la coincidencia temporal -una norma aprobada en el mandato del hijo del principal deudor- generó críticas por conflicto de interés.
El SRI aclaró que la deuda “sigue existiendo” y que se exigirá el pago del capital restante. Sin embargo, muchos observadores señalan que el Grupo Noboa logró, tras casi dos décadas, evitar pagar la mayor parte del monto adeudado. La empresa dejó de figurar como el principal deudor del país, bajando posiciones en el ranking del SRI.
Implicaciones estructurales: inequidad y captura fiscal
El caso Noboa es paradigmático de una estructura tributaria regresiva y capturada por intereses económicos concentrados. En Ecuador, donde la riqueza está fuertemente concentrada, la evasión fiscal de las élites debilita la progresividad impositiva. Al reducirse la recaudación de impuestos directos, el Estado depende más del IVA y otros tributos indirectos, que afectan proporcionalmente más a los sectores populares.
El propio SRI ha reconocido que la fuga de capitales hacia paraísos fiscales deteriora el carácter redistributivo del sistema tributario. Mientras los grandes contribuyentes logran eludir sus obligaciones mediante estructuras legales complejas, la mayoría de ecuatorianos —sin acceso a esos mecanismos— terminan soportando mayor carga fiscal. En términos prácticos: cuando unos pocos no pagan, los demás pagan más.
Se estima que las deudas tributarias firmes superan los USD 2.000 millones, de los cuales USD 800 millones corresponden a apenas 25 grupos económicos. Las remisiones, si bien aportan liquidez inmediata, pueden debilitar la credibilidad del sistema. La experiencia muestra que quienes postergan el pago acaban siendo premiados con condonaciones, incentivando el incumplimiento. En el caso Noboa, litigar y esperar resultó ser una estrategia efectiva.
El proceso judicial y político de la deuda del Grupo Noboa deja múltiples lecciones. Por un lado, demuestra que incluso una administración como la de Correa no logró revertir del todo el incumplimiento tributario de grandes grupos. Por otro, muestra que la vía conciliadora -como la remisión de 2025- puede implicar costos de legitimidad y percepción pública, especialmente si se entrecruzan intereses familiares y decisiones de política pública.
Más allá del caso individual, el episodio revela la urgencia de fortalecer la capacidad del Estado para cobrar a los grupos de poder. Esto implica:
cerrar vacíos normativos,
regular los flujos hacia paraísos fiscales,
impedir reestructuraciones fraudulentas,
y proteger la institucionalidad tributaria frente a presiones políticas.
Al mismo tiempo, es indispensable avanzar hacia una arquitectura tributaria más progresiva y transparente, donde las grandes fortunas contribuyan de forma justa, y no haya espacio para privilegios encubiertos. De lo contrario, la economía ecuatoriana seguirá atrapada en un régimen fiscal donde las élites se benefician de resquicios legales mientras las mayorías cargan con el peso de sostener al Estado.
Referencias
Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. (s. f.). Furukawa Nunca Más. Recuperado el 28 de julio de 2025, de https://www.furukawanuncamas.org/
Dávila, D. (2025, 27 de julio). Denuncian la desaparición de USD 76,2 millones de la deuda de la Bananera Noboa con el SRI. Radio Pichincha. Recuperado de https://www.radiopichincha.com/desaparece-millones-deuda-bananera-noboa-sri/
Tapia, E. (2023, 7 de diciembre). ¿Quiénes son los mayores deudores a los que el SRI perdonaría intereses millonarios? Primicias. Recuperado de https://www.primicias.ec/noticias/economia/mayores-deudores-sri-perdon-intereses-noboa/
Ecuador Chequea. (2024, 26 de noviembre). Es impreciso decir que la deuda actual de “Corporación Noboa” con el SRI es de 91 millones. Ecuador Chequea. Recuperado de https://ecuadorchequea.com/es-impreciso-decir-que-la-deuda-actual-de-corporacion-noboa-con-el-sri-es-de-91-millones/
El Telégrafo. (2013, 13 de marzo). Bienes de Bananera Noboa son embargados por el SRI. El Telégrafo. Recuperado de https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/bienes-de-bananera-noboa-son-embargados-por-el-sri
Presidencia de la República del Ecuador. (2013). Remate de La Clementina, un paso más hacia la equidad social. Boletín de prensa. Recuperado de https://www.presidencia.gob.ec/remate-de-la-clementina-un-paso-mas-hacia-la-equidad-social/
El Comercio. (2010, 15 de junio). Bananera Noboa y el SRI, en pugna por los tributos. El Comercio. Recuperado de https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/bananera-noboa-y-sri-pugna/
[1] Durante el período en que la Hacienda pertenecía al Grupo Noboa, diversos testimonios y reportajes periodísticos señalaron condiciones laborales caracterizadas por jornadas extenuantes, pagos irregulares, falta de afiliación a la seguridad social y control territorial de los trabajadores. Estas prácticas presentan similitudes con las formas evidenciadas en el caso Furukawa, por formas de esclavitud modernas, particularmente en lo referente a la dependencia económica, la privación de derechos y la vulnerabilidad estructural de los trabajadores y sus familias.
