El Reporte del Jubileo 2025, convocado por el Papa Francisco y elaborado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales junto a la Iniciativa para el Diálogo de Políticas de la Universidad de Columbia, plantea que la actual arquitectura financiera internacional no solo ha fracasado en prevenir crisis de deuda, sino que las reproduce de forma estructural. El diagnóstico parte de cifras críticas: 54 países destinan al menos el 10 % de sus ingresos fiscales solo al pago de intereses; 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en servicio de deuda que en salud y 2.100 millones en países que gastan más que en educación.
El informe documenta cómo, desde 2014, la carga promedio de intereses sobre ingresos fiscales casi se ha duplicado en países en desarrollo. Este drenaje de recursos coexiste con la caída de la inversión productiva: en los países de bajos ingresos, la formación bruta de capital se ha estancado en 22 % del PIB, muy por debajo del 33 % promedio de países de ingresos medios. El resultado es un círculo vicioso: deuda elevada, bajo crecimiento y nuevas rondas de endeudamiento.
A diferencia del Jubileo 2000, centrado en la condonación parcial de la deuda de un grupo limitado de países pobres altamente endeudados mediante la Iniciativa HIPC y la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral, el Jubileo 2025 plantea una agenda más amplia y estructural: incluye a países de ingresos medios con deuda insostenible, exige la participación obligatoria de acreedores privados y bilaterales no tradicionales, incorpora la cancelación de deuda ecológica y vincula el alivio con reformas permanentes en la arquitectura financiera internacional. Mientras el Jubileo 2000 fue un esfuerzo puntual en un contexto de relativa estabilidad económica global, el Jubileo 2025 se concibe como parte de un rediseño sistémico para evitar que las crisis de deuda y las transferencias netas de recursos hacia el Norte se reproduzcan cíclicamente.
La Comisión plantea que, en los casos donde los superávits primarios requeridos para estabilizar la deuda son inviable —aún con refinanciación en condiciones concesionales—, la única salida efectiva es la reducción del valor nominal de la deuda. Esto implica un marco multilateral de anulación similar al de la Iniciativa HIPC de 1996, pero adaptado al escenario actual, donde los acreedores privados representan una proporción mucho mayor del total. El informe propone un HIPC II que incluya:
Participación obligatoria de acreedores privados y bilaterales no pertenecientes al Club de París.
Quitas suficientes para restaurar la sostenibilidad, evitando reestructuraciones “demasiado poco, demasiado tarde” que prolongan la crisis.
Suspensión inmediata de pagos durante la negociación, para frenar transferencias netas de recursos al exterior.
El reporte critica el papel del FMI y otros bancos multilaterales en financiar rescates de facto a acreedores privados, lo que incentiva la demora en reestructuraciones. Propone prohibir explícitamente este uso de fondos, redirigiendo el financiamiento multilateral hacia programas de recuperación y transformación productiva.
También subraya que la anulación de deuda debe integrarse con criterios de desarrollo y clima. Muchos países sobreendeudados son altamente vulnerables a impactos climáticos y requieren espacio fiscal para adaptación y mitigación. Sin alivio sustancial, cualquier agenda de transición energética queda subordinada a las obligaciones de pago.
En términos operativos, el informe recomienda:
Extender plazos de pago a 20 años o más, en línea con los ciclos reales de acceso a mercados.
Reducir tasas de interés a niveles cercanos a los del Banco Mundial en operaciones de refinanciamiento.
Incorporar cláusulas contractuales que activen suspensiones automáticas ante shocks sistémicos.
Revisar los análisis de sostenibilidad de deuda (DSA) para que prioricen el desarrollo inclusivo y la resiliencia climática, no solo la estabilización del ratio deuda/PIB.
El Jubileo 2025 es explícito: sin una reducción sustancial de la deuda —incluida su anulación cuando sea necesario—, no es posible liberar los recursos internos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni para financiar una transición climática justa. El planteamiento es técnico y político: cambiar los incentivos de acreedores y organismos multilaterales, sustituir rescates a corto plazo por soluciones definitivas y crear un mecanismo vinculante de resolución de crisis soberanas.
Deuda y crisis climática: la dimensión ecológica
Uno de los aportes más relevantes del Jubileo 2025 es que vincula la anulación de deuda con la justicia climática. Muchos de los países más endeudados son, simultáneamente, los más vulnerables a desastres ambientales y los que menos han contribuido a las emisiones históricas que provocan la crisis climática. En términos reales, existe una deuda ecológica inversa: los principales acreedores —países con alta responsabilidad climática— son, a la vez, responsables de impactos que erosionan la base productiva y fiscal de sus deudores.
En este marco, la condonación de deuda ecológica no se presenta como un mecanismo de cooperación voluntaria, sino como una medida correctiva. Supone cancelar total o parcialmente obligaciones externas en función de la responsabilidad climática histórica de los acreedores, liberando espacio fiscal para:
Adaptación a impactos climáticos.
Mitigación de emisiones.
Reconstrucción tras desastres.
Inversión en transición energética justa.
El informe advierte que este alivio no debe limitarse a proyectos ambientales aislados o a canjes de deuda por naturaleza de alcance reducido. En cambio, debe integrarse en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, permitiendo reasignar recursos a sectores prioritarios como salud, educación, infraestructura y resiliencia climática.
En su más reciente intervención, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró con contundencia que la era de los combustibles fósiles está llegando a su fin, mientras se abre paso una nueva etapa de energía limpia. El llamado, sin embargo, va más allá del optimismo tecnológico: urge a repensar las reglas financieras, comerciales y jurídicas que moldean dicha transición.
Según datos del nuevo informe respaldado por la ONU, FMI, AIE, IRENA, OCDE y el Banco Mundial, la inversión mundial en energías limpias alcanzó los 2 billones de dólares en 2023, superando en 800.000 millones a las destinadas a fósiles. Las renovables, además, ya representan casi toda la nueva capacidad instalada de generación eléctrica, con costos cada vez más competitivos. Pero Guterres advierte que estos avances no garantizan una transición justa ni equitativa.
Entre los principales desafíos identificados se encuentran:
Persistencia de subsidios fósiles: A pesar de las señales de mercado, los combustibles fósiles aún gozan de ventajas 9 a 1 en subsidios al consumo, distorsionando precios y frenando inversiones limpias.
Concentración de capacidades y beneficios: Mientras la OCDE y China acumulan el 80 % de la capacidad instalada de renovables, África apenas concentra el 1,5 %. En 2023, solo el 2 % de la inversión global en energía limpia llegó al continente africano.
Finanzas climáticas injustas: El acceso al capital sigue siendo costoso y escaso para países del Sur global, debido a modelos de riesgo obsoletos y sesgos estructurales en agencias calificadoras e inversionistas. El discurso reafirma la necesidad de ampliar el uso de herramientas como los canjes de deuda por acción climática, una demanda compartida por el OFC.
Minerales y neoextractivismo: Guterres reconoce que los minerales críticos para la transición —frecuentemente extraídos en el Sur global— están reproduciendo patrones de despojo, degradación ambiental y relegación en las cadenas de valor. Llama a romper con el modelo extractivo dominante.
Tratados de inversión que bloquean la transición: El Secretario General denunció el uso de cláusulas de protección a inversionistas para frenar políticas climáticas. Señaló que los intereses fósiles están utilizando mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) como arma legal para obstaculizar la transición energética, especialmente en países en desarrollo. Urgió a modernizar estos tratados y repensar su rol dentro de una arquitectura comercial compatible con la justicia climática.
El Secretario General propuso seis líneas de acción: 1) rediseñar los planes climáticos nacionales para una transición coherente y completa; 2) construir infraestructura energética del siglo XXI (redes, almacenamiento, electrificación); 3) atender la nueva demanda de energía con renovables; 4) garantizar una transición justa para trabajadores, pueblos indígenas y comunidades afectadas; 5) reformar el comercio e inversión internacional para favorecer la transición; y 6) transformar la arquitectura financiera global.
Desde el Observatorio de Finanzas y Clima, reconocemos el valor de este discurso como síntoma del creciente consenso técnico y político en torno a la urgencia climática. Sin embargo, advertimos que sin un cambio profundo en las reglas de financiamiento, deuda, comercio y fiscalidad internacional, la transición energética corre el riesgo de consolidar nuevas formas de desigualdad y dependencia. Una era limpia sí, pero también justa y soberana.
In a joint effort by LATINDADD (Latin American Network for Economic and Social Justice) and CDES (Center for Economic and Social Rights), the first draft of the “High-Integrity Principles for Debt Swaps” is presented as part of ongoing efforts to promote climate and fiscal justice. This draft encourages global collaboration to develop and implement debt swaps that uphold high standards of transparency, accountability, and inclusivity.
The global community—including governments, multilateral institutions, private actors, and civil society organizations—is invited to actively participate in shaping and refining these principles. The document emphasizes the importance of transparency in negotiations, democratic participation, and independent auditing to ensure a fair distribution of benefits, especially for the most vulnerable communities.
Key Takeaways:
Transparency and Accountability: Ensure open and timely access to information from negotiations through project implementation.
Inclusive Governance: Actively involve local communities in decision-making and ensure equitable benefit sharing.
Environmental and Social Safeguards: Embed safeguards to protect human rights and environmental integrity.
Global Collaboration: A coordinated effort is essential to mobilize resources, develop metrics, and create systemic change in debt swap structures.
Next Steps for Engagement:
1. LATINDADD and CDES invite all interested parties to participate in public dialogues at international forums, such as COP29 and the Conference of the Parties on Biodiversity.
LONDRES, 27 sep (Reuters) – El órgano de supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está examinando si el canje histórico de «deuda por naturaleza» realizado por Ecuador para sus Islas Galápagos el año pasado incumplió las políticas del prestamista tras las demandas de grupos locales.
Los archivos muestran que el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del prestamista con sede en Washington está examinando las preocupaciones de los grupos sobre la «falta de información accesible y relevante» y la «falta de una estrategia de compromiso con las comunidades potencialmente afectadas».
El canje de deuda por Galápagos del año pasado atrajo la atención mundial por ser el primero en superar la barrera de los 1.000 millones de dólares, pero los 24 grupos implicados en la reclamación se sienten frustrados por su falta de participación en las decisiones y porque el dinero para la conservación aún no ha llegado.
Los canjes de deuda por naturaleza generan ese dinero comprando bonos o préstamos existentes de un país. Luego se sustituyen por deuda más barata, normalmente con la ayuda de un banco de desarrollo como el BID, y el ahorro se destina a proyectos medioambientales.
Las investigaciones del MICI se limitan a posibles infracciones de las «políticas y normas medioambientales y sociales» del Grupo del BID, pero las preocupaciones sobre cómo se gestionan los proyectos, incluidos los desembolsos, y la divulgación pública, entran dentro de ese ámbito.
El acuerdo de Galápagos canjeó 1.600 millones de dólares de bonos de Ecuador, pero fue también su interés por preservar las islas que inspiraron la Teoría de la Evolución de Charles Darwin lo que hizo que se anunciara como un ejemplo emblemático de este tipo de transacciones.
Decenas de países los están estudiando y Ecuador quiere hacer más, posiblemente con la ayuda de la organización benéfica de la estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio.
Una de las organizaciones implicadas en el reclamo, el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CDES), declaró en su página web que la decisión del MICI de revisar «representa un paso importante hacia la protección de los derechos soberanos del Ecuador y la conservación medioambiental en las Islas Galápagos». El CDES añadió que esto también beneficiará a futuros canjes de deuda, ya que «se buscará aplicar las mejores prácticas internacionales.»
El Ministerio de Finanzas de Ecuador, «cliente» del BID para el canje de deuda, no respondió a una solicitud de comentarios.
The Galapagos Life Fund (GLF), creado para ayudar a supervisar el canje y copresidido por el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador, afirma que se han celebrado recientemente una serie de reuniones con la población local y que se está preparando para asignar los fondos.
«Nos comprometemos a garantizar que estos fondos se distribuyan de forma justa y eficaz, beneficiando tanto a los ecosistemas como a las personas que dependen de ellos», afirma en un comunicado publicado en su sitio web.
PROCESO
El MICI tiene ahora hasta finales de octubre para evaluar el reclamo y decidir cómo proceder. Si no parece posible una resolución por la vía del diálogo, puede presentar un caso ante el Directorio Ejecutivo del BID en Washington para que se lleve a cabo una investigación más exhaustiva, dijo un portavoz del MICI.
Si el Directorio lo aprueba, el equipo del MICI tiene entonces hasta un año para «investigar imparcial y objetivamente las denuncias de daños y posible incumplimiento de las políticas y normas ambientales y sociales del Grupo del BID».
Una vez hecho esto, elabora un informe para el Directorio del BID, que decide entonces cualquier «medida correctiva».
Estas suelen adoptar la forma de un «plan de acción» que el MICI puede supervisar durante cinco años en consulta con los denunciantes y otras partes interesadas. Los planes no conllevan multas, pero los casos del pasado han dado lugar a cambios en las políticas del BID.
Un proceso de investigación no impediría desembolsar los fondos del canje de deuda.
(Reportaje adicional de Alexandra Valencia en Quito; Edición de Alex Richardson)
