El Ministerio de Economía y Finanzas mantiene en su sitio web oficial una sección específica dedicada a los Staff Reports del FMI. Hasta el informe de diciembre 2024 se publican versiones oficiales tanto en inglés como en español. Sin embargo, a partir de julio de 2025 solo aparecen en inglés, sin anuncio, explicación ni justificación alguna sobre este cambio de política.[1]
Es necesario la amplia difusión y acceso a estos documentos pues contienen el diagnóstico detallado del FMI sobre la economía ecuatoriana y las recomendaciones de política sobre subsidios, deuda pública, impuestos, seguridad social y otros de interés público que condicionan desembolsos multimillonarios y, en última instancia, el presupuesto nacional que financia la ciudadanía.
La Constitución de la República del Ecuador (Art.18) garantiza el derecho al acceso a la información pública. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) exige que esta sea completa, oportuna, accesible y en lenguaje comprensible para el público objetivo (Arts. 19, 20 y 31). Por lo tanto, se deben publicar en el idioma Español. Publicar exclusivamente en inglés documentos de alto impacto en salarios, precios de combustibles, gasto social o impuestos constituye una barrera real de acceso, no solo formal.
Precedentes judiciales de 2019: una conquista de los sindicatos y organizaciones sociales que hoy se abandona
Durante el primer acuerdo con el FMI (Carta de Intención de marzo de 2019), la presión conjunta de sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos logró avances concretos en transparencia. Se presentaron al menos dos acciones relevantes de acceso a la información:
- Acción de la Defensoría del Pueblo (Juicio No. 17204-2019-01326, 9 de abril de 2019, jueza Lilia Ernestina Aguilar Gordón, Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en Iñaquito). La Defensoría exigió la entrega completa de la Carta de Intención y anexos, más su publicación visible en la página principal del MEF “en lugar visible y llamativo” para garantizar máxima difusión.
- Acción de Richard Honorio González Dávila y otros (Juicio No. 17233-2019-04943, sentencia de primera instancia 29 de agosto de 2019, jueza Rocío Jaqueline Ayala Reyes; apelación resuelta el 13 de julio de 2020 por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha). Se ordenó parcialmente entregar copias certificadas de la Acta Resolutiva 006 y documentación vinculada. En apelación se reformó la sentencia: se consideró que la información ya había sido entregada .
Las organizaciones accionantes fueron los sindicatos de IFES: FESITRAE, FETRALPI y FRECOOS. Las demás fueron organizaciones sociales: Observatorio de la Dolarización, Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y Acción Jurídica Popular.
Estos accionistas lograron que el MEF traduzca y publique varios Staff Reports en español entre 2019 y 2024. Desde mediados de 2025, el Ministerio abandonó esa práctica sin justificación pública.
El cambio unilateral del MEF viola el espíritu de la LOTAIP y los principios de transparencia activa y buena fe invocados por las juezas en 2019. Limitar el acceso al idioma inglés reduce drásticamente la capacidad de fiscalización ciudadana, académica, legislativa y sindical sobre decisiones que afectan la sostenibilidad fiscal y el bienestar de la población.
Si el MEF considera que traducir es costoso o innecesario, debe explicarlo públicamente y justificar por qué abandonó una práctica conquistada con esfuerzo ciudadano.
[1] Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). Staff report FMI. https://www.finanzas.gob.ec/staff-report-fmi/
[2] Centro de Derechos Económicos y Sociales. (2019, 27 de agosto). ¡Primera victoria! Corte obliga publicación del acuerdo con el FMI. https://cdes.org.ec/primera-victoria-corte-obliga-publicacion-del-acuerdo-con-el-fmi/