Entre 2020 y 2024, la deuda externa total de los siete países amazónicos con información disponible aumentó de 857.254 millones a 984.308 millones de dólares. El incremento fue de 127.054 millones, equivalente al 14,8 %.
El endeudamiento podría alcanzar 1,07 billones de dólares en 2026. Esto representaría un crecimiento aproximado del 25 % respecto de 2020.
Brasil concentra la mayor parte de la deuda externa debido al tamaño de su economía. Los mayores aumentos porcentuales se observan en Guyana, Surinam y Colombia. Entre 2020 y 2026, la deuda de Guyana habría crecido 219 %. La de Surinam aumentaría 46 % y la de Colombia 45 %.
La deuda externa de los países amazónicos debe pagarse principalmente en dólares. Por esta razón, los países se ven presionados a generar mayores exportaciones de materias primas. En muchos países la deuda externa se paga con extractivismo.
La explotación petrolera, la minería, la agroindustria y la construcción de infraestructura aparecen entonces como respuestas rápidas frente a las necesidades fiscales y externas. La Amazonía se convierte en una fuente de petróleo, minerales, madera, electricidad y productos agrícolas destinados al mercado internacional.
La deforestación y el extractivismo también dependen de los precios internacionales, las políticas nacionales, la demanda global y el avance de las economías ilegales. Sin embargo, el endeudamiento aumenta los incentivos para ampliar las exportaciones y reduce el espacio político para mantener recursos bajo tierra.
El Yasuní lo demuestra. En 2023, la mayoría de la población ecuatoriana votó por dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43-ITT, pero la decisión no se ha cumplido, todavía se explota petróleo en una de las zonas más mega biodiversas del planeta. El caso muestra que una decisión democrática puede quedar subordinada a una estructura financiera ordenada por la deuda.
La deuda también limita la capacidad de los Estados para financiar una transición ecológica, porque el pago de intereses compite con los presupuestos destinados a protección ambiental y adaptación climática. Y cuando el financiamiento climático llega mediante nuevos préstamos, el problema se reproduce. Los países reciben recursos para enfrentar una crisis que no provocaron en la misma proporción, pero deben devolverlos con intereses.
Por eso, la defensa de la Amazonía también requiere una agenda sobre deuda. Esta agenda debe exigir financiamiento climático no reembolsable, reducción de obligaciones insostenibles y transparencia sobre el destino de los créditos. También debe evaluar los impactos ambientales de los programas económicos promovidos por acreedores internacionales.
Mientras el pago de la deuda dependa de producir más petróleo, minerales y exportaciones agrícolas, la presión sobre la naturaleza no cesará .