Por el Observatorio de Finanzas y Clima
CAF aprobó la creación del Fondo de Inversión de Impacto en América Latina y el Caribe (FIIALC), presentado como el primer fondo de inversión de impacto regional impulsado por una banca multilateral de desarrollo. El banco asignará hasta USD 20 millones como capital semilla y buscará movilizar recursos adicionales de otros multilaterales, fondos de pensiones, fundaciones e inversionistas institucionales, con un tamaño objetivo de entre USD 100 y 150 millones. La iniciativa se orienta a canalizar recursos hacia proyectos con impacto social y ambiental medible en la región.
El dato central del anuncio es que CAF no está presentando un préstamo soberano tradicional, sino un vehículo de inversión para apalancar capital privado. En principio, eso significa que este fondo no generaría deuda externa pública directa para los Estados en la forma en que lo hace un crédito soberano convencional. El riesgo financiero inmediato recae más bien en la estructura del fondo y en sus inversionistas. Dicho de otra forma: no es, por sí mismo, un nuevo endeudamiento externo de los países. Pero sería ingenuo venderlo como si estuviera fuera de toda lógica financiera: sigue siendo un mecanismo diseñado para atraer rentabilidad junto con impacto, por lo que la selección de proyectos, la gobernanza del fondo y las condiciones de salida del capital privado serán decisivas para evaluar quién captura realmente el valor generado.
En octubre de 2025, CAF ya había abierto una consulta para estructurar este fondo, planteando que financiaría proyectos en áreas como biodiversidad, economía azul e inclusión financiera. En paralelo, la propia CAF viene reforzando su identidad como “banco verde” regional: en su estrategia corporativa 2022-2026 afirma que busca consolidarse como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe, y en otra operación reciente vinculada a El Salvador señaló que está invirtiendo USD 25.000 millones hasta 2026 para financiar iniciativas ambientales, climáticas y de biodiversidad. El nuevo fondo debe leerse, entonces, como parte de una expansión más amplia de instrumentos financieros “verdes” y de impacto dentro de la arquitectura regional de desarrollo.
También conviene poner la cifra en perspectiva. Aunque USD 100 a 150 millones no es una suma menor para un fondo regional nuevo, sigue siendo pequeña frente a la escala real de las necesidades. La propia estrategia de CAF recoge que los países de América Latina y el Caribe han declarado necesidades de financiamiento climático por USD 152.000 millones en sus NDC. A nivel global, el nuevo objetivo acordado en la COP29 plantea movilizar al menos USD 300.000 millones anuales para países en desarrollo hacia 2035, dentro de una meta más amplia de USD 1,3 billones por año. Si se toma como referencia el último dato consolidado de la OCDE, en 2022 los países desarrollados movilizaron USD 115.900 millones en financiamiento climático. Eso implica una brecha aproximada de USD 184.100 millones frente al piso de USD 300.000 millones, y de alrededor de USD 1,184 billones frente al objetivo ampliado de USD 1,3 billones. El nuevo fondo de CAF puede sumar, pero está muy lejos de alterar por sí solo la insuficiencia estructural del financiamiento ambiental y climático.
Por otra parte, CAF ya venía participando en mecanismos financieros innovadores ligados a objetivos ambientales, aunque con otra arquitectura. En el canje de deuda por conservación de cuencas en El Salvador, por ejemplo, CAF aportó una carta de crédito en espera por USD 200 millones como parte de la mejora crediticia de la operación. Eso muestra que la institución no solo presta, sino que también está ampliando su papel como estructurador y catalizador de finanzas ambientales más complejas. El nuevo fondo de impacto regional profundiza esa trayectoria. La pregunta relevante no es solo cuánto dinero logrará atraer, sino bajo qué criterios de gobernanza, transparencia, adicionalidad y rendición de cuentas operará, y si esos recursos fortalecerán prioridades públicas y territoriales o terminarán subordinándolas a la lógica de valorización financiera del “impacto”.