Los fideicomisos públicos como nodos de articulación financiera
El Artículo 5 autoriza la creación de fideicomisos públicos para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estos podrán financiarse mediante donaciones, préstamos, rendimientos de proyectos y tasas derivadas de actividades permitidas.
“La autoridad competente podrá constituir un fideicomiso público para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas […] que se podrá nutrir de […] donaciones nacionales o internacionales; […] préstamos; […] rendimientos de proyectos; y otros ingresos generados […] como tasas, tarifas u otros mecanismos legalmente establecidos” (Art. 5).
Este mecanismo replica esquemas ya utilizados en los canjes de deuda por naturaleza. Como en el caso Galápagos, dichos fideicomisos pueden ser gestionados desde el extranjero, con comités técnicos dominados por actores internacionales y sin garantías efectivas de transparencia, auditoría ciudadana o control parlamentario. Aunque el texto alude a la normativa del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, no incluye mecanismos vinculantes de fiscalización democrática o participación comunitaria.
Gestión privada de territorios: entre la tercerización funcional y la desposesión
El Artículo 4 permite que la administración de las áreas protegidas pueda ser delegada a gestores privados mediante contratos u otros mecanismos asociativos, con la única condición de «no privatizar» formalmente el área.
“El modelo de gestión […] podrá optar por la gestión directa del Estado […] o con gestores privados a través de mecanismos contractuales de administración; mecanismos asociativos; u otros mecanismos […]” (Art. 4).
Esta disposición introduce una tercerización funcional, característica de los esquemas de financiamiento climático. Bajo este régimen, las áreas podrán ser operadas por ONGs transnacionales, fideicomisos con sede en el extranjero o empresas que ofertan servicios ecosistémicos, sin que el control efectivo permanezca en manos del Estado ecuatoriano. Estos arreglos tienden a vaciar de contenido la titularidad pública, restringiendo la capacidad soberana de planificación territorial. Diversos estudios han caracterizado estos procesos como formas contemporáneas de «colonialismo verde» (Büscher y Fletcher, 2020), por subordinar los bienes comunes a lógicas de acumulación financiera global.
Servicios ecosistémicos: apertura normativa al mercado ambiental
El Artículo 7 habilita una variedad de actividades económicas en zonas de uso público, incluyendo infraestructura turística, monitoreo de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
“[Se podrán desarrollar] proyectos enfocados en […] alimentación, alojamiento, transporte, construcción […] monitoreo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos” (Art. 7).
Aunque se prohíbe la extracción de recursos no renovables, la referencia al «monitoreo de servicios ecosistémicos» sin definición normativa precisa anticipa su cuantificación y posible transacción en mercados ambientales. Ecuador ya cuenta con plataformas como TERRA (REDD+), financiada por el Banco Mundial, que permiten monetizar la captura de carbono en bosques nativos. Este marco legal acondiciona el territorio para convertir tales servicios en activos financieros, facilitando futuros canjes de deuda, emisiones verdes o esquemas de «bancos de conservación».
Fideicomisos y arquitectura financiera internacional
El uso del fideicomiso como instrumento de intermediación financiera fue central en el Galápagos Marine Bond (2023), una operación por USD 1.628 millones estructurada por el BID y Credit Suisse. El fideicomiso Galápagos Life Fund, registrado en Delaware (EE.UU.), fue gestionado sin control parlamentario, bajo un comité técnico internacionalizado. La nueva ley permite replicar este modelo con respaldo legal, ampliando su aplicación al conjunto del sistema de áreas protegidas.
Esto configura una infraestructura legal funcional a las exigencias de bancos multilaterales, plataformas de disclosure como el Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) o las iniciativas del FMI sobre deuda y clima. El peligro no es solo técnico: se trata de una cesión de soberanía fiscal, ecológica y territorial que convierte los territorios en colaterales de operaciones financieras estructuradas.
Seguridad y control territorial: riesgo de militarización opaca
La ley habilita la participación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la «protección» de las áreas protegidas (Art. 9), sin establecer mecanismos de control civil ni límites operativos. En un contexto de infiltración del crimen organizado en estructuras estatales, esta disposición plantea serios riesgos de instrumentalización del aparato de seguridad. La experiencia comparada muestra que la militarización de la conservación (como en Colombia o México) suele intensificar conflictos territoriales y criminalizar a comunidades locales.
Tramitación exprés y unidad de materia
El carácter de ley económica urgente ha sido instrumentalizado para evitar un debate estructural. Al incluir disposiciones de carácter fiscal, ambiental, de seguridad interna y de endeudamiento externo bajo la etiqueta de “gestión económica”, el proyecto podría violar el principio constitucional de unidad de materia (art. 136), según jurisprudencia previa de la Corte Constitucional.
Un marco a medida del capital verde
Lejos de fortalecer la conservación, esta ley consolida un marco legal adaptado a la arquitectura de las finanzas verdes globales. En lugar de proteger la biodiversidad, la convierte en activo transable. Legaliza e institucionaliza mecanismos que han demostrado ser opacos, excluyentes y funcionales a lógicas de acumulación externa.
Frente a esta avanzada, es urgente no solo exigir el respeto a los derechos territoriales de pueblos y comunidades, sino también cuestionar la arquitectura financiera que pretende salvar la naturaleza reduciéndola a toneladas de carbono y retornos en divisas. La disputa no es solo por la gestión de las áreas protegidas, sino por el sentido mismo de la conservación y su relación con la soberanía democrática.
El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidió aceptar el Reclamo presentado contra el Galápagos Life Fund , en respuesta a las demandas de las comunidades locales sobre la falta de acceso a la información, transparencia y la gobernanza inadecuada en la gestión de los fondos en el proceso de canje de deuda. Esta decisión representa un paso importante hacia la protección de los derechos soberanos de Ecuador y la conservación ambiental en las Islas Galápagos. El reclamo fue presentado al MICI el 16 de mayo de 2024, y posteriormente se amplió el 11 de septiembre, por organizaciones locales de las Islas Galápagos y el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CDES). En la primera carta enviada, se indicó que previamente se había solicitado información al BID sobre el canje de deuda, pero ante la falta de respuesta, decidieron llevar el caso ante el MICI.
En la ampliación del reclamo realizada el 11 de septiembre, se señala que una parte de la comunidad fue informada sobre la creación de la reserva marina y el logotipo de la fundación que gestionará los fondos de conservación derivados del canje de deuda. Sin embargo, ninguna consulta fue realizada a la comunidad de Galápagos sobre la creación del modelo de gestión ni sobre la distribución de los recursos. El BID está involucrado en este canje, ya que otorgó una garantía de 85 millones de dólares para reducir el riesgo de los tenedores de bonos ecuatorianos.
¿QUÉ ES EL MICI Y POR QUÉ ESTA ES UNA BUENA NOTICIA?
El MICI es un mecanismo independiente dentro del BID creado para asegurar que los proyectos financiados por la institución cumplan con sus políticas operacionales, incluyendo la participación ciudadana, la transparencia y la responsabilidad ambiental. La aceptación de esta demanda es una excelente noticia para Ecuador, ya que permitirá una revisión detallada de las irregularidades del canje y buscará que se implementen las mejores prácticas internacionales en la gestión de recursos financieros y ambientales.
IMPLICACIONES PARA FUTUROS CANJES DE DEUDA
La decisión del MICI tiene implicaciones profundas para los inversionistas que participaron en este canje y para los que evalúan invertir en futuros canjes de deuda similares. Los siguientes puntos deben considerarse como parte de los riesgos significativos asociados con este tipo de operaciones:
1. Recursos no movilizados: A pesar de los anuncios iniciales, a más de un año, no se ha movilizado ni un solo dólar del Galápagos Life Fund (GLF), el fondo destinado a la conservación de las Islas. La demora en la movilización de recursos plantea preguntas serias sobre la viabilidad y el impacto real del canje.
2. Fondos insuficientes para monitoreo y conservación: A largo plazo, los fondos prometidos no serán suficientes para cubrir las necesidades urgentes de monitoreo de la Reserva Marina de Galápagos y de la nueva Reserva Hermandad. Expertos en conservación estiman que la financiación requerida para asegurar una protección efectiva supera ampliamente los recursos prometidos.
3. No resuelve el problema de la deuda: El canje de deuda no ha hecho una contribución significativa a la reducción de la alta carga de deuda soberana de Ecuador. Debido a que las condiciones de la operación financiera no han sido suficientemente claras, no se conoce si en realidad Ecuador tendrá una disminución de su deuda externa al terminar de pagar los bonos azules de canje de deuda. Al igual que en canjes similares en otros países, el impacto neto sobre los niveles de deuda es mínimo, el ahorro nominal para Ecuador representa el 3.5% del servicio de la deuda del año 2023. Mientras que los beneficios parecen inclinarse en favor de actores internacionales, por ejemplo, los costos operacionales pagados principalmente a la intermediación financiera fueron 80 millones de dólares en Bélice, con un canje de deuda por la mitad del valor del de Galápagos. Sin embargo, los costos operacionales de este canje se desconocen. Por ahora, lo que se sabe es que la Galápagos Life Fund está domiciliada en Delaware, hace poco reconocida como un paraíso fiscal por la OCDE.
4. Recursos históricamente mal distribuidos: A pesar de que Galápagos recibe millones de dólares al año en nombre de la conservación, las comunidades locales aún tienen necesidades básicas insatisfechas como falta de acceso a agua de calidad, atención en salud y una reingeniería total del colapsado sistema de alcantarillado y el correcto tratamiento de aguas negras. El Galápagos Life Found, mediante su actual modelo de gobernanza, perpetúa la exclusión de las comunidades y mantiene latentes estas problemáticas.
UN LLAMADO A LOS INVERSIONISTAS DE CANJES DE DEUDA
La revisión en curso del MICI refuerza la necesidad de que los inversionistas reconsideren su participación en futuros canjes de deuda por naturaleza promovidos por ONGs internacionales y bancos de desarrollo. El caso de Galápagos demuestra que las promesas de conservación y sostenibilidad a menudo se ven comprometidas por problemas de gobernanza, falta de transparencia y una distribución inequitativa de riesgos y beneficios. Con la movilización de recursos aún incierta y la insatisfacción generalizada con el modelo de financiación actual, existe un riesgo claro de que los inversionistas sufran repercusiones reputacionales y financieras a medida que estos problemas se amplíen y se hagan más visibles. La decisión del MICI representa un avance crucial hacia la transparencia y la equidad en los canjes de deuda por naturaleza. Mientras tanto, se debe reevaluar la estructura y gestión de estos acuerdos para garantizar que realmente beneficien a las comunidades locales, resuelvan problemas ambientales urgentes y ayuden a los países a enfrentar sus desafíos financieros sin comprometer su soberanía.
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En un esfuerzo conjunto de LATINDADD (Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social) y CDES (Centro de Derechos Económicos y Sociales), se presenta el primer borrador de los “Principios de Alta Integridad para Canjes de Deuda”, como parte de sus continuos esfuerzos por promover la justicia climática y fiscal. Este documento busca fomentar la colaboración de actores globales para desarrollar e implementar canjes de deuda que respeten altos estándares de transparencia, responsabilidad e inclusión.
Se invita a la comunidad global, incluidos gobiernos, instituciones multilaterales, actores privados y organizaciones de la sociedad civil, a participar activamente en la construcción y perfeccionamiento de estos principios. El documento destaca la importancia de la transparencia en las negociaciones, la participación democrática y la auditoría independiente, para asegurar una distribución justa de los beneficios, especialmente para las comunidades más vulnerables.
Puntos Clave:
Transparencia y Responsabilidad: Garantizar el acceso abierto y oportuno a la información desde las negociaciones hasta la implementación de proyectos.
Gobernanza Inclusiva: Involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones y asegurar que compartan equitativamente los beneficios.
Salvaguardias Ambientales y Sociales: Incorporar salvaguardias que protejan los derechos humanos y la integridad ambiental.
Colaboración Global: Es fundamental un esfuerzo coordinado para movilizar recursos, desarrollar métricas y generar un cambio sistémico en la estructura de los canjes de deuda.
Próximos Pasos para la Participación:
1. LATINDADD y CDES invitan a todos los interesados a participar en los diálogos públicos en foros internacionales como la COP29 y la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad.
3. Se planea una revisión y ajuste del borrador con base en las contribuciones recibidas para generar una nueva versión que garantice la efectividad y la integridad de los canjes de deuda.
¡Únete a Nosotros en Este Esfuerzo Colectivo para Fomentar Canjes de Deuda de Alta Integridad!
