Ecuador avanza hacia una nueva expansión minera: se comprometió con el FMI a completar la reapertura del catastro y el TLC con Canadá incorpora el arbitraje inversionista-Estado que el 65% de los ecuatorianos rechazó en 2024

by | Ago 13, 2026 | FMI / BM

Ecuador se prepara para una nueva expansión de la minería. En primer lugar, el Gobierno se comprometió con el FMI a avanzar en la reapertura del catastro minero, el sistema que permite otorgar nuevas concesiones.

Al mismo tiempo, el BID ha puesto a los minerales críticos entre sus prioridades para América Latina. En julio, Canadá y el BID acordaron una garantía de USD 200 millones que permitirá movilizar hasta USD 1.000 millones para minerales críticos e infraestructura en la región.

A esto se suma el TLC firmado entre Ecuador y Canadá el 24 de julio. Su capítulo de inversiones incluye el mecanismo ISDS, que permite a inversionistas extranjeros demandar al Estado ecuatoriano ante tribunales arbitrales internacionales. Esto ocurre apenas dos años después de que la población ecuatoriana rechazara en las urnas una reforma para permitir el arbitraje internacional en controversias de inversión.

Hay que recordar que Ecuador ya fue demandado por la minera canadiense Copper Mesa después de que se terminaran sus concesiones en Intag y Chaucha. En 2016, un tribunal internacional condenó al Estado a pagar cerca de USD 20 millones más intereses.

La legislación también se está modificando para facilitar nuevas inversiones. Apenas posesionado el nuevo el Gobierno, envió como urgente la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía: llegó a la Asamblea el 28 de enero, fue aprobada el 26 de febrero y publicada el 2 de marzo de 2026.

Nuevas concesiones mineras, reformas para atraer capital, financiamiento para minerales críticos y nuevas protecciones internacionales para los inversionistas.

Si la Corte Constitucional permite la entrada en vigor del mecanismo ISDS del TLC con Canadá, esta expansión minera podría venir acompañada de decisiones del Estado frente a conflictos sociales, ambientales o territoriales que terminen convertidas en demandas internacionales multimillonarias contra Ecuador.

Ya ocurrió con el petróleo. Ya ocurrió con Copper Mesa en la minería. La diferencia es que ahora con el FMI la escala puede ser mucho mayor.