Nota periodística por Elena Bonilla
Bogotá. La agenda amazónica desembarca en la capital colombiana con dos carriles: el encuentro de pueblos y sociedad civil (19–21 de agosto, Universidad Nacional) y la reunión presidencial del 22 de agosto. En paralelo, del 18 al 23 se realizará el tejido ciudadano “Arropamos para proteger el medio ambiente, el territorio y los pueblos” en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. La secuencia no es menor: lo que se diga abajo debería subir, primero al Consejo de Cooperación Amazónica y a los cancilleres (21 de agosto) y, por último, a los presidentes. Ese es el canal para que las demandas sociales se conviertan en compromisos estatales.
Qué sabemos (y por qué importa)
- Fechas y sede. El Encuentro Regional Amazónico será 19–21 de agosto en la Universidad Nacional (Bogotá) y espera alrededor de 500 participantes de la región. El 22 se verán los presidentes.
- Proceso previo. Los Diálogos Amazónicos Regionales se realizaron del 24 de julio al 6 de agosto con representantes de los ocho países de la OTCA, pueblos indígenas, academia y sociedad civil. Sus insumos alimentan la declaración final.
- Engranaje institucional. El 21 de agosto sesionan el Consejo de Cooperación Amazónica y la reunión de cancilleres para consolidar y elevar el texto a los presidentes.
- Otro eje ciudadano. “Arropamos…” convoca del 18 al 23 de agosto en el Centro de Memoria, como espacio de articulación social paralelo a la agenda oficial.
- Temas sobre la mesa. Además de derechos territoriales y seguridad ambiental, la conversación pone foco en finanzas: financiamiento climático, trazabilidad para oro/madera y gobernanza regional.
La ventana financiera: qué podría cambiar si se escribe bien
1) Jubileo y alivio de deuda con sentido climático.
Desde la Declaración de Belém (2023), los países amazónicos acordaron explorar mecanismos innovadores que incluyan canjes de deuda por acción climática. La sociedad civil empuja ahora por ir más allá de canjes “pequeños” y avanzar hacia condonación sustantiva que libere espacio fiscal para salud, control forestal y una bioeconomía sin deforestación. La clave: que lo acordado sea vinculante y medible, y que los ahorros se asignen con transparencia.
2) Financiamiento climático que no genere más deuda.
Organizaciones y expertos piden donaciones y pagos por resultados (bien auditados) antes que nuevos préstamos. En paralelo, se propone crear o reforzar fondos soberanos amazónicos bajo ley nacional con acceso directo para pueblos indígenas y comunidades, evitando la intermediación costosa que diluye el impacto. (WWF resume qué está en juego para Bogotá camino a la COP30).
3) Bonos Amazónicos… con salvaguardas.
El BID y el Banco Mundial presentaron lineamientos para “Bonos Amazonía”. Son una oportunidad para atraer capital, si se garantizan salvaguardas sociales, no se colateraliza la naturaleza y se evitan métricas de impacto “creativas”. De lo contrario, el instrumento podría derivar en greenwashing financiero.
4) Cerrar la “canilla” de la fuga de divisas.
Otra prioridad que asoma es la justicia fiscal: reglas anti–paraísos fiscales, registro de beneficiarios finales y control de precios de transferencia en extractivas y cadenas de commodities. Sin esto, cualquier inyección de recursos se irá por la alcantarilla. (Varios análisis periodísticos vinculan esta agenda con los esfuerzos contra el crimen ambiental y la trazabilidad).
Oportunidades: dónde puede moverse la aguja esta semana
- Itinerario con “puerta de entrada”. La secuencia Diálogos → Consejo OTCA → Cancilleres → Presidentes abre una ventana real para meter lenguaje concreto sobre jubileo, fondos no reembolsables, acceso directo y trazabilidad. El reto es que quede escrito y con plazos.
- Narrativa regional rumbo a la COP30. Bogotá puede unificar posición amazónica en finanzas, seguridad ambiental y derechos, para llegar con peso político a Belém.
Riesgos: lo que podría salir mal (otra vez)
- Simbolismo sin dientes. Declaraciones bonitas sin obligatoriedad ni metas cuantificadas. Es el riesgo número uno.
- Cooptación o “tokenización”. Participación social sin poder de decisión. Las redes amazónicas piden mecanismo OTCA–SOCIAL permanente y sillas con voto; no basta con fotos.
- Seguridad y protección a defensores. La región sigue siendo peligrosa para quienes defienden el bosque; Escazú ofrece estándares de protección que deben nombrarse en la declaración.
- Desvío de agenda por tensiones bilaterales. La disputa por la Isla Santa Rosa entre Colombia y Perú escaló en los últimos días y puede eclipsar acuerdos de fondo si no se maneja con prudencia diplomática.
- Greenwashing financiero. Bonos o canjes pequeños, con altos costos de transacción y poca transparencia, que no cambian la restricción externa ni frenan la deforestación. (Los análisis sobre canjes recientes en la región señalan límites y lecciones).
Qué mirar en el documento final
- Una frase explícita de “jubileo/condonación de deuda” con destino social–ambiental verificable.
- Compromiso de “financiamiento climático no generador de deuda” y acceso directo a pueblos/comunidades.
- Salvaguardas para Bonos Amazonía (no colateralizar naturaleza; métricas serias; auditorías públicas).
- Trazabilidad de oro y madera y cooperación judicial transfronteriza.
- Mecanismo OTCA–SOCIAL con asiento decisorio y seguimiento postcumbre.
Bogotá tendrá sentido si la voz de los territorios entra al texto… y si el texto mueve dinero real —sin crear nueva deuda— hacia quienes cuidan la selva.