El 10 de febrero de 2026 se publicó un nuevo informe de Global Financial Integrity sobre flujos financieros ilícitos vinculados al comercio en el hemisferio occidental (2013–2022).[1] Se puede creer que se trata solamente un documento de economía y gráficos de comercio exterior, tomando en cuenta que el planteamiento principal del informe es que una parte masiva del valor que se mueve en el comercio internacional puede ocultarse, distorsionarse o invisibilizarse mediante la manipulación de facturas, provocando evasión fiscal. Sin embargo, cuando eso ocurre, no solamente se pierden impuestos de un país, pues al daño hay que medirlo en todos los niveles, tanto como pérdidas de inversión social, así como productivas. Por otra parte, en esta nota queremos también hablar del impacto que provoca a nivel ambiental; ¿por qué? Porque es indispensable promocionar que la principal causa de la destrucción del ambiente está controlada por los abusos financieros, y la detener la destrucción de la naturaleza debe ser una de las prioridades de nuestra era.
En el comercio internacional, cada contenedor, cada cargamento, cada embarque se acompaña de documentos, como: facturas, declaración aduanera, descripción del producto, cantidad, precio, país de origen, destino, etc. Esos papeles muestran cuánto dinero sale, cuánto entra, cuánto se paga en impuestos, qué se controla y que tiene autorización de pasar.En este marco, el documento llama a falsa facturación a la declaración deliberada de precios o cantidades por encima o por debajo de lo real en facturas comerciales, esto es:
- Si alguien subfactura una exportación (declara menos de lo que realmente vale), puede esconder ingresos afuera y pagar menos impuestos en otro país de baja tributación.
- Si alguien sobrefactura una importación (declara más de lo que realmente vale), puede justificar que “salió” más dinero del país del que de verdad salió, y con eso inflar gastos y declarar menos renta.
Para descubrir si existe falsa facturación la investigación usa un método de analices del comercio que se llama “doble espejo”, donde se compara lo que un país dice que exportó/importó con lo que sus socios dicen que importaron/exportaron. Si las diferencias son pequeñas, se puede deber a errores administrativos, ruido. Pero si son grandes y persistentes, aparece una señal roja que se las llama: “brechas de valor”, es decir, la diferencias significativas entre el valor declarado en un puerto que exporta, y el valor declarado en un puerto que importa, y viceversa.
Sobre estas grandes diferencias de valor, extraordinariamente, en la región el informe estima que:
- no hay una mejora sostenida en 2013–2022;
- y, peor aún, después de 2020 hay un fuerte crecimiento que alcanzó USD 473,2 mil millones de brechas anuales;
- en la década completa, se calcula un acumulado regional de USD 3,64 billones (USD 3.640.000.000.000)
Brechas de valor comercial en el hemisferio occidental (2013 – 2022) con todos los socios comerciales
En otras palabras, si sumamos país por país, durante diez años hubo una “zona gris” de valor comercial tan grande que podría haber financiado salud, infraestructura y protección ambiental, pero en cambio se filtró o se distorsionó en circuitos opacos. El propio texto subraya que estos flujos drenan recursos y limitan la capacidad de financiar desarrollo “inclusivo y sostenible”.
¿Y por qué esto importa a los ambientalistas y ecologistas? Se trata de que los delitos ambientales, principalmente en los países primario exportadores, necesitan dos factores para crecer:
- Territorio para extraer (bosque que talar, río que contaminar, mina ilegal, comunidades enfermas o bajo condiciones de violencia).
- Un sistema para convertir esa extracción en dinero “limpio” o al menos “usable”.
La primera parte es más fácil de identifica (la motosierra, la draga, la ruta clandestina). La segunda parte es la más difícil de ver: cómo se lava, se mueve y se reinvierte el dinero para garantizar el extractivismo con grandes rentas debido a que las formas de falsa facturación logran elevar las utilidades y generan incentivos para alimentar la propia industria y para para que el Estado desinvierta en gasto público para el desarrollo.
Pero además existe un agravante. Se podría pensar que el producto ilegal se lava solo localmente, pero la evidencia muestra que cada vez más esas economías criminales logran lavar el producto en el comercio internacional. Un ejemplo de esto lo ilustra Ecuador
Pero además existe un agravante. Se podría pensar que el producto ilegal se lava solo localmente, pero la evidencia periodística muestra que cada vez más esas economías criminales logran convertir el producto en exportación formal y lavar valor en el comercio internacional. Un ejemplo lo ilustra Ecuador: en el marco de la investigación de Plan V junto con CLIP y Convoca.pe[2], se documenta un repunte inédito de exportaciones de oro proveniente de fuentes fantasmas: en 2020 se exportaron 8,1 toneladas por USD 378,4 millones, mientras que en 2023 se exportaron 25,1 toneladas por USD 1.279 millones. En ese mismo universo de reportajes, el propio Gobierno llegó a reconocer que la minería ilegal habría exportado oro por alrededor de USD 1.300 millones[3], lo que sugiere que el “lavado” no se limita a la compraventa local, sino que puede culminar en envíos internacionales con documentos que habilitan la salida del metal.
En términos concretos, Plan V describe mecanismos que ayudan a entender cómo se produce ese salto del río al mercado global: exportadores que, en pocos meses, enviaron cientos de kilos a destinos como India y Emiratos Árabes Unidos (por ejemplo, 778 kg valorados en USD 23,6 millones entre agosto de 2023 y marzo de 2024), y redes de empresas de “papel” capaces de movilizar cientos de millones (diez firmas creadas entre 2020 y 2023 habrían exportado USD 529,7 millones[4] y pagado una fracción mínima en impuesto a la renta). La desproporción institucional también aparece como telón de fondo: mientras el negocio diario puede mover montos enormes, el presupuesto anual de ARCOM[5] para 2024 fue de apenas USD 1,6 millones, y la agencia identificó 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias. En conjunto, estos datos no “prueban” por sí solos una cifra macro de brechas comerciales, pero el propio reportaje recoge entrevistas de la Cámara de Minería donde advierten que, si la minería ilegal pudo extorsionar la cadena de control, también es posible que hayan subfacturado. Así que Plan V no ‘demuestra’ que estas exportaciones estén subfacturadas, pero sí deja sobre la mesa el mecanismo —la tergiversación de precio/cantidad/calidad— y muestra valores declarados que merecen explicación. En un negocio donde el oro ilegal circula con descuento y donde la trazabilidad depende de papeles frágiles, exportar a menor precio en documentos no es una teoría exótica.
La red internacional que fija estándares contra lavado, el Financial Action Task Force (FATF),[6] define el lavado basado en comercio como disfrazar el origen de dinero criminal y mover valor usando transacciones de comercio. Es decir, si el comercio tiene grietas, esas grietas se pueden usar para mover valor sin levantar sospechas, porque las facturas “parecen normales”. El informe de GFI, además, coloca esto en un contexto regional donde hay redes criminales transnacionales que explotan esquemas de lavado basados en la explotación de recursos naturales sensibles, como el oro.
Expliquemos en cadena, como funciona en la vida real en un proceso que va desde el bosque a la factura:
- Primero, el dinero: los delitos ambientales generan ganancias que no pueden circular libremente si quedan “marcadas” como ilegales. Por eso, además de motosierra o tractor, necesitan un sistema para convertir destrucción en dinero usable. El enfoque del FATF[7] sobre lavado ligado a delitos ambientales es útil para entender este punto. Lo que dice es que cuando existen grietas en controles financieros y comerciales, se multiplican las formas de lavar e integrar esas ganancias. En palabras más simple: si puedes transformar madera ilegal, oro ilegal o fauna traficada en ingresos que se mueven como si fueran normales, ese delito deja de ser una actividad local y se vuelve industria.
- Luego, el oro amazónico (y otras extractivas): en la Amazonía, la minería ilegal de oro se asocia a contaminación de ríos, deforestación, contaminación por mercurio, además de expandir el horro de las bandas criminales. El puente con las brechas comerciales es el mecanismo: si una red puede esconder valor en documentos (precios, cantidades, calidades), también puede mover producto y ganancias con apariencia de normalidad. Rutas que conectan zonas de extracción con ciudades logísticas; exportadores de fachada; intermediarios que mezclan oro de distinto origen; y documentación que “cuadra” lo suficiente como para cruzar fronteras sin activar alarmas.
- Después, los puntos ciegos logísticos: los grandes nodos de comercio -puertos, depósitos, regímenes especiales y zonas francas- pueden convertirse en lugares donde la mercancía y el valor se “re-etiquetan” y adquieren apariencia de regularidad. La OCDE[8] ha advertido que estos espacios pueden ser vulnerables a comercio ilícito, y que la vulnerabilidad se vuelve especialmente crítica con bienes de alto riesgo como el oro, que incluso puede “lavarse” dentro de la región antes de llegar a mercados finales. Ambientalmente esto importa mucho: el nodo logístico no es donde se deforesta, pero es donde el delito se estabiliza como negocio, porque consigue rutas, intermediarios, servicios y una capa adicional de legalidad. Por eso, en debates regionales aparece tanto el rol de hubs del istmo[9] (por ejemplo, Panamá) como parte de circuitos de transbordo donde convergen comercio, reexportación y servicios.
- La madera y el “lavado documental”: la tala ilegal no es solo cortar árboles; es lograr que esa madera entre a mercados como si fuera legal. UNODC[10] ha descrito cómo la madera talada ilegalmente puede infiltrarse mediante permisos fraudulentos, sobornos y vacíos regulatorios: en la práctica, un “lavado” de papeles. La conexión con el enfoque de GFI es intuitiva: si el ecosistema comercial permite manipular valores y documentación, se vuelve más fácil normalizar mercancías de origen irregular (aunque cada cadena y cada caso requieren evidencia específica).
- La biodiversidad también viaja en rutas y facturas: el tráfico de vida silvestre no depende solo de cazadores o redes locales; depende de rutas, intermediarios y mecanismos financieros que permitan cobrar y mover ganancias. Un mensaje clave del FATF sobre comercio ilegal de vida silvestre es que el componente financiero suele estar subatendido: sin mecanismos para mover y blanquear dinero, el tráfico no se sostiene a gran escala. El comercio —contenedores, envíos, documentación— puede funcionar como cobertura o como ruta, y por eso el problema es global (origen–tránsito–destino), no “una anécdota” local.
- El daño fiscal (la consecuencia más subestimada): incluso si una parte de las brechas fuera estadística, el argumento estructural es que los flujos ilícitos ligados al comercio drenan demasiado capital y reducen la capacidad estatal de financiar desarrollo sostenible. Y eso golpea al ambiente porque deja menos recursos para control y monitoreo, fiscalización, remediación, guardaparques, sistemas de trazabilidad, y justicia ambiental. Es el tipo de daño que no se ve en un titular, pero que determina si un país puede -o no- sostener la protección efectiva de sus ecosistemas.
- Más violencia, más captura institucional, menos gobernanza territorial:
Cuando economías ilícitas ambientales crecen, raramente se quedan “solo en ambiente”, pasan a corrupción, violencia y crimen organizado. En 2025, por ejemplo, una operación regional liderada por Interpol reportó cientos de arrestos y casos vinculados a minería ilegal, tala, tráfico de fauna y pesca ilegal, justamente mostrando el carácter transnacional y convergente de estas redes.
Esto golpea el ambiente por tres frentes simultáneos: degradación ecológica, vulneración de derechos (sobre todo en territorios indígenas y rurales) y debilitamiento del Estado por captura o intim
idación, ejemplos como Perú, Ecuador y Colombia, ilustra esto.
Para dimensionar la magnitud de estas pérdidas en el período 2013–2022, el informe ubica a México con USD 1,27 billones (1.270.000.000.000) y a Brasil con USD 873 mil millones (873.000.000.000); juntos concentran casi el 60 % del total entre los diez países con mayores brechas. Aun así, los montos también son significativos en economías medianas: Argentina con USD 268 mil millones, Chile con USD 229 mil millones, Colombia con USD 229 mil millones, Perú con USD 220 mil millones; además de República Dominicana con USD 100 mil millones y Ecuador con USD 94 mil millones, entre otros.
Para dimensionar la magnitud de estas pérdidas en el período 2013–2022 en el comercio con economías avanzadas (medido en USD millones), el informe muestra que México acumula USD 983.047 millones (USD 983 mil millones) y Brasil USD 434.572 millones (USD 435 mil millones). Juntos suman alrededor de USD 1,42 billones y concentran 71% del total entre los diez países con mayores brechas en este recorte. Aun así, las cifras siguen siendo relevantes en economías medianas: Colombia ( USD 108 mil millones), Perú ( USD 106 mil millones), Chile ( USD 99,5 mil millones) y Argentina ( USD 92 mil millones); además de República Dominicana ( USD 65 mil millones) y Ecuador ( USD 42,8 mil millones), entre otros.
Brecha acumulada del valor comercial de los 10 principales países del hemisferio occidental con las economías avanzadas, 2013 – 2022 (millones de USD)
Más allá de los grandes FFI concentrados por el tamaño de las grandes economías, un dato revelador para cada país es el porcentaje de estas brechas respecto de su comercio total (en este gráfico, el comercio con economías avanzadas): México no solo lidera el volumen, sino también la proporción, con 26,7%. Le siguen Brasil (25,6%) y Uruguay (25,5%), y luego Trinidad y Tobago (24,6%); muy cerca aparecen Perú y Argentina, ambos alrededor de 24,1%. Más abajo, pero todavía en niveles extraordinariamente altos, están Bahamas (23,5%), Panamá (22,8%), y finalmente Colombia y Ecuador, ambos con 22,4%. Para tener una referencia, en el informe el promedio regional de brecha como porcentaje del comercio total se ubica alrededor de 20,6% (en el agregado regional), lo que ayuda a ver cuán por encima de ese umbral están estos casos.
Brecha acumulada del valor comercial de los 10 principales países del hemisferio occidental con las economías avanzadas como porcentaje del comercio, 2013 – 2022
De esta manera, si estas brechas de valor se toman como una señal de riesgo estructural -no todos los flujos financieros provienen de los recursos naturales, pero todas las pérdidas del Estado afectan al desarrollo sostenible-, la respuesta ambiental y democrática no puede limitarse a operativos solamente en territorio: se debe cerrar las grietas por donde el comercio convierte extracción ilegal en dinero usable. Eso implica, de forma prioritaria, fortalecer controles aduaneros basados y el intercambio de datos “en espejo” con socios comerciales; exigir trazabilidad verificable para cadenas de alto impacto (oro, madera, pesca) y transparencia de beneficiario final; reforzar la supervisión en puertos, depósitos y regímenes especiales; y articular una fuerza de tarea permanente entre aduanas, tributación, unidad antilavado y fiscalía, con metas públicas de auditoría y sanción. Solo así se corta el incentivo financiero que alimenta la destrucción ecológica y se recupera capacidad fiscal para proteger ecosistemas y derechos.
[1] Global Financial Integrity (GFI). “Trade-Related Illicit Financial Flows in the Western Hemisphere, 2013–2022.” Washington, DC: Global Financial Integrity, 10 de febrero de 2026. El informe estima brechas comerciales acumuladas por USD 3,64 billones (3.640.000.000.000; “trillion” en inglés) en 2013–2022 y un máximo anual de USD 473,2 mil millones en 2022, destacando la magnitud regional de los flujos ilícitos asociados al comercio. Ver: https://gfintegrity.org/report/trade-related-illicit-financial-flows-in-the-western-hemisphere-2013-2022/ . En su trabajo que se muestra en su página web, existe un repositorio de investigaciones y publicaciones sobre flujos financieros ilícitos, incluyendo su serie/actualizaciones sobre trade misinvoicing e IFF Ver: https://gfintegrity.org/research/
[2] https://planv.com.ec/historias/crimen-organizado/la-mineria-ilegal-se-expande-por-falta-de-control-estatal/
[3] https://planv.com.ec/investigacion/investigacion-investigacion/gobierno-mineria-ilegal-exportaciones-oro/
[4] https://planv.com.ec/investigacion/oro-sin-rastro-x-mas-1300millones-ecuador/
[5] La Agencia de Regulación y Control Minero. Ver: https://controlminero.gob.ec/
[6] https://www.fatf-gafi.org/en/home.html
[7] https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Trade-basedmoneylaundering.html
[8] https://doi.org/10.1787/7536db96-en
[9] Puertos, zonas logísticas, centros de transbordo y reexportación en esa zona que reciben carga, la almacenan, la reetiquetan o la reenvían a otros destinos.
[10] https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crimes%20on%20Environment/ECR25_P2a_Deforestation.pdf