Por Pablo Iturralde
La recompra de bonos se debe leer como una operación de manejo de pasivos que llega cuando se termina el período de gracia de la reestructuración de 2020. En esa reestructuración, se creo el bono 2030 (en lugar del 2020) y se postergó el inicio de la amortización de capital hacia 2026.
Ahora, el Estado recompró USD 2.482 millones de los bonos con vencimiento 2030 y USD 575 millones de los bonos 2035. No se recompró todo lo que estaba en circulación, por lo que siguen quedando bonos 2030 y 2035 vivos, aunque en montos menores. Para financiar la recompra el Gobierno colocó una emisión doble por USD 4.000 millones. Aquí está uno de los puntos críticos, esta estrategia combina dos movimientos que tiran en direcciones distintas. Reduce presión de pagos cercanos, al retirar parte del 2030. Pero a la vez, reconstituye obligaciones futuras con una nueva deuda que nace con tasas altas.
El costo financiero, según información reportada, está estructurado por bonos recomprados que pagaban cupones cercanos a 6,9%. Los nuevos bonos se emitieron con cupones de 8,75% y 9,25%. Una comparación simple de intereses ilustra el encarecimiento. La deuda retirada suma USD 3.057 millones en nominal. A 6,9%, implicaba alUSD rededor de USD 211 millones anuales de intereses. La nueva deuda suma USD 4.000 millones. Con cupones de 8,75% y 9,25%, implica cerca de USD 359 millones anuales. La diferencia es del orden de USD 148 millones adicionales por año, antes de comisiones y costos de transacción. De esta manera, haciendo una estimación conservadora, en 10 años son USD 1480 millones. Este dato no agota la necesidad de una evaluación con información completa, pero fija una conclusión mínima: la operación compra tiempo, aunque ese tiempo se paga con una carga de intereses mayor y sostenida.
Hay además un aspecto distributivo dentro del propio mercado que merece atención. Antes del anuncio de la recompra, los bonos ecuatorianos (incluidos los 2030 y 2035) venían cotizando con descuentos significativos, en rangos aproximados de 60 a 70 centavos por dólar. Tras el anuncio de la operación, esos precios subieron de forma inmediata y se alinearon con los valores de recompra ofrecidos por el Estado. En el tramo 2030, el Gobierno pagó el 100% del valor nominal, y en el tramo 2035 alrededor del 90%, niveles muy superiores a los observados antes de la intervención. El propio anuncio público de la recompra elevó el precio de los bonos y permitió que quienes vendieron en esa ventana capturaran una ganancia financiada con recursos públicos. El Estado decidió absorber un riesgo que el mercado había descontado, priorizando certidumbre inmediata para los acreedores y trasladando el costo implícito hacia el presupuesto futuro.
La defensa del gobierno de esta operación se apoya en dos objetivos: el primero es suavizar vencimientos, para reducir el riesgo de un evento de iliquidez. El segundo es bajar el riesgo país mediante una señal de acceso a mercado y gestión “proactiva”. La primera parte es parcialmente verificable. Retirar una porción significativa del 2030 reduce concentración. La segunda parte es más debatible, porque el riesgo país no depende solo de la ingeniería financiera. Depende de crecimiento, ingresos fiscales, estabilidad política, seguridad, y credibilidad institucional. Si esas condiciones no mejoran, la prima de riesgo tiende a reaparecer. En ese caso, el país habrá pagado caro por un alivio reputacional transitorio.
Por eso, la pregunta relevante no es si la operación “funcionó” ese mismo día del anuncio. La pregunta es si la mejora del riesgo país es sostenible. En 2020, el propio FMI destacó que la reestructuración generó reducciones importantes de intereses y amortizaciones en el corto plazo. La recompra 2026, en cambio, no luce como una operación orientada a ahorro neto. Luce como una operación orientada a desplazar plazos. Su éxito depende de lo que ocurra después. Depende de si el tiempo ganado se usa para fortalecer ingresos permanentes, mejorar gestión presupuestaria, reducir fuga de capitales, diversificar la fuente de divisas. Si el tiempo se consume en improvisación y más gestión como la hemos observado en los últimos años, la operación solo habrá movido el problema hacia una fecha más cara.
En este contexto, la exigencia pública central es acceso a información y transparencia. Deben publicarse los términos completos y trazables. Importa el precio promedio efectivo, no solo el máximo anunciado. Importan las comisiones de colocación y costos legales. Importa el uso exacto de los recursos, porque se emitió más que lo recomprado. Sin ese balance, el debate queda reducido a narrativa. Con ese balance, se puede discutir con seriedad qué se compró, cuánto costó y a quién beneficia.
Cómo se puede ver, la recompra no es una victoria estructural, como no fue una victoria la reestructuración del 2020. Es una apuesta de corto plazo. Si el Gobierno quiere sostener que fue correcta, debe demostrarlo con números completos, con rendición de cuentas y con una estrategia que reduzca la dependencia de nuevas emisiones a tasas altas. Si no lo hace, la operación quedará como una señal clara de que el país sigue atrapado en la misma lógica de endeudamiento, default, y más endeudamiento.