La supuesta “prioridad social” que el gobierno y el FMI repiten en comunicados y memorandos no ha impedido que el presupuesto en salud se recorte. En el marco del programa con el FMI, “proteger el gasto social” significa fijar un piso para transferencias monetarias focalizadas (bonos y ayudas a hogares de menores ingresos), pero no existe un compromiso equivalente para blindar el gasto del Ministerio de Salud Pública o del conjunto de la competencia Salud en el Presupuesto General del Estado.
Este diseño deja la puerta abierta para que, aun cumpliendo las metas sociales del acuerdo —por ejemplo, número de familias beneficiarias de transferencias—, se reduzcan asignaciones a hospitales, centros de salud, medicinas e infraestructura sanitaria. En 2024 esto se tradujo en un recorte abrupto al presupuesto codificado de salud a fin de año (–USD 1.249 millones entre noviembre y diciembre), que bajó la ejecución al 2,33 % del PIB, la cifra más baja en más de una década. Además, como 2025 arrancó con presupuesto prorrogado, se arrastró esa base reducida, consolidando el retroceso.
El FMI avala esta lógica porque sus metas fiscales se centran en el déficit, el endeudamiento y la liquidez, no en asegurar un porcentaje mínimo del PIB para salud. La priorización práctica, tanto del gobierno como del Fondo, ha sido sostener la cobertura de bonos, mientras se recortan o difieren pagos en salud para cumplir las metas de consolidación fiscal. Así, la narrativa de “proteger lo social” convive con la realidad de un sistema de salud con menos recursos, más presión sobre su personal y mayor deterioro en la atención.